Este lunes, La Moneda vivió una jornada negra tras la renuncia de dos cargos claves. En primera instancia, el presidente Gabriel Boric aceptó la renuncia de Miguel Crispi (FA) al cargo de jefe de asesores tras su visita a la Comisión Monsalve de la Cámara y, en segundo lugar, la caída de Maya Fernández (PS) al Ministerio de Defensa tras la fallida compra de la casa del ex presidente Salvador Allende. 

Crispi hasta el cuello

La presión sobre Crispi iba en aumento debido a su rol como asesor clave en las decisiones que llevaron a Boric a mantener durante dos días al ex subsecretario Manuel Monsalve en su cargo antes de conocerse públicamente la denuncia por violación que pesaba en su contra.

La mañana de este lunes, Crispi asistió a la comisión investigadora del caso y evitó contestar las preguntas de los diputados amparándose en la calidad de su cargo generando un momento incómodo y tenso en la instancia que buscaba conocer detalles respecto a las decisiones de Palacio, por ejemplo, respecto al viaje que Monsalve realizó a la región del Biobío una vez el Gobierno tomó conocimiento de la denuncia. 

No obstante, esta no fue la única polémica que puso en escrutinio público la labor de Crispi como jefe de asesores. Otro de los conflictos que enfrentó en su calidad de asesor fue el caso Democracia Viva. 

Ante la comisión investigadora, Crispi afirmó haber tomado conocimiento de un “rumor” el 7 de junio respecto a los convenios de Democracia Viva. Es decir, nueve días antes de estallar públicamente el caso. 

En ese sentido, nunca quedó claro si Crispi informó al presidente Boric sobre este “rumor” o bien omitió la información del caso que detonaron militantes de Revolución Democrática, su partido y del que fue uno de los principales arquitectos. 

Así también, cabe destacar que Crispi asumió su cargo en el Segundo Piso tras haber estado a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) y en el marco del Caso Convenios, la Fiscalía decidió indagar también dicha repartición de Gobierno. 

Bajo ese contexto, el frenteamplista decidió fichar para su defensa al abogado Luis Hermosilla, hoy en prisión preventiva e investigado como el personaje central del Caso Audios. La conexión se dio por medio del hijo del penalista, Juan Cristóbal Hermosilla, ex militante de Revolución Democrática y uno de los fundadores del partido. Tras el inicio de la investigación contra Luis Hermosilla, Crispi cambió de abogado. 

Por si fuera poco, otra de las polémicas que enlodó a Crispi guarda relación con su familia. 

Su tía, Verónica Serrano, quien ocupó el cargo de jefa nacional del Programa de Asentamientos Precarios salió a la luz pública tras una indagatoria del Ministerio Público en que se hallaron correos electrónicos en que había apurado la suscripción de contratos con entidades privadas, Democracia Viva, entre ellas. 

Pero no fue el único parentesco que golpeó a Crispi. En las últimas semanas, The Clinic dio a conocer que Olivia Contreras, esposa del ex jefe de asesores, fue contratada por el director ejecutivo del MIM (Museo Interactivo Mirador) como productora de la entidad. La contratación fue polémica, pues Contreras solo cuenta con enseñanza media lo que levantó las críticas de parlamentarios de las comisiones de Cultura y Ciencias de la Cámara. 

En la misma línea, Interferencia dio a conocer el caso de Catalina Serrano, otra tía de Crispi, quien ascendió de asesora a directora de comunicaciones hasta jefa de gabinete de Parquemet durante el gobierno de Gabriel Boric.

La lenta sangría de Fernández

El 31 de diciembre de 2024 se dio a conocer la noticia de que el Gobierno adquiriría las históricas residencias de los ex presidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin para convertirlas en casas-museo.

Sin embargo, un dato que se omitió es que entre las propietarias de la casa del socialista estaban su hija, la senadora Isabel Allende (PS), y su nieta, la ministra de Defensa, Maya Fernández. Según publicó Fast Check, el Ministerio de Bienes Nacionales pagaría $933 millones a las descendientes por la casa de Allende. ¿Lo grave? Los contratos entre parlamentarios y ministros están prohibidos constitucionalmente.

A costa de mantener a Fernández en su cargo, el Gobierno pidió la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. Pero ello calmó a la oposición.

En tres meses, la derecha presentó un recurso de inhabilidad contra la ministra ante el Tribunal Constitucional, el que fue admitido a trámite el 5 de marzo, y una querella penal, impulsada por la fundación Fuerza Ciudadana, encabezada por el abogado y militante republicano, Ricardo Palamara.

En esta línea, horas antes de la renuncia de Fernández, se esperaba que el Partido Republicano y Chile Vamos ingresaran una acusación constitucional contra la ministra. La interposición del libelo quedó en veremos tras la salida de la socialista, y la última palabra la tienen los militantes de la UDI y RN.

Quiénes entran 

En reemplazo de Fernández, Boric nombró a Adriana Delpiano (PPD) a la cabeza del Ministerio, quien a pesar de haber ostentado importantes cargos en el Estado, no cuenta con experiencia particular en materia militar. 

En ese sentido, Delpiano es asistente social de la Universidad Católica, fue ministra

de Educación (2015-2018), intendenta de la Región Metropolitana (2007-2008), subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (2003 y 2006), directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (2003) y ministra de Bienes Nacionales (1994-1999).

En cuanto al cargo de jefe de asesores, Boric nombró a Felipe Melo Rivara, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y magíster en Public Management and Governance del London School of Economics. Hasta marzo de 2025, Melo se desempeñó como director del Servicio Civil. 

Por otra parte, tras el cese en el cargo de ministro Secretario General de la Presidencia de Álvaro Elizalde (PS) para asumir el Ministerio del Interior tras la renuncia de Carolina Tohá (PPD), el jefe de Estado nombró a Macarena Lobos en el cargo, tras su paso como subsecretaria en la cartera y asumió en su reemplazo Nicolás Facuse, quien se había desempeñado como jefe de división de Relaciones Políticas e Institucionales de dicha repartición.