El 11 de diciembre de 2016 el fiscal nacional, Jorge Abbott, designó a Pablo Gómez, entonces fiscal regional de Valparaíso, como jefe de la investigación del caso SQM. Ahora, a casi tres años y ya fuera del Ministerio Público –desde fines de 2018–, el ex persecutor que lideró aquellas pesquisas por financiamiento irregular de la política, se encuentra trabajando con algunos de los abogados que defendieron a los involucrados tanto en dicha causa como en su símil Penta, situación poco estética.

En un breve del cuerpo de Reportajes de El Mercurio en su edición del 24 de noviembre pasado, se informaba que Gómez –junto con su oficina de abogados “De la Fuente, Godoy y Gómez”–, asesoría al Ministerio del Interior en investigaciones iniciadas en el marco de las manifestaciones que partieron el 18 de octubre. El foco del ex persecutor estaría puesto en Santiago y Valparaíso, informaba el matutino, y en esta labor se sumaría a cuatro abogados que algunos días antes habían sido reclutados por el presidente Sebastián Piñera para la misma tarea: Samuel Donoso, Jorge Bofill, Gabriel Zaliasnik y Marcelo Sanfeliú.

Algo que no apuntó el diario de la familia Edwards y que no tuvo mayor ruido mediáticamente –salvo un tuit del abogado querellante en el caso SQM, Mauricio Daza–, es que Pablo Gómez pasaba a formar parte de un equipo con abogados que fueron su contraparte en las investigaciones por financiamiento irregular de campañas políticas.

El 7 de noviembre pasado, Sebastián Piñera anunció una agenda de seguridad para fortalecer el orden público. Entre las diez medidas que anunció, destacó la conformación de un grupo especializado de abogados encargados de presentar querellas por el Ministerio del Interior en el contexto del estallido social. “Identificar a los responsables, llevarlos ante la ley y sancionarlos como lo merecen”, fueron la palabras que dio el presidente cuando se refirió al tema en cadena nacional.

Y así fue como el “equipo especializado de abogados” quedó conformado por Samuel Donoso, Jorge Bofill, Gabriel Zaliasnik y Marcelo Sanfeliú inicialmente, y con la marcha de los días se sumó Pablo Gómez y su estudio de abogados, al selecto grupo encargado de llevar adelante la agenda de seguridad del Ejecutivo.

Los defensores de Penta y SQM

En marzo de 2017, Jorge Bofill, molesto por las penas de 10 años de cárcel efectiva que solicitaba la Fiscalía contra los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Lavín, en el caso de financiamiento irregular de campañas políticas que involucraba a esta empresa, declaró que “la pena es completamente desproporcionada en base a las imputaciones, pero la Fiscalía nos tiene acostumbrados a actuar de esta manera”.

Años después, luego del estallido social, el mismo Bofill –junto al resto de abogados– impulsa querellas invocando la Ley de Seguridad del Estado contra el ex dirigente estudiantil de la Universidad de Chile, Dauno Tótoro, por pedir la renuncia de Sebastián Piñera, también contra personas que participaron de “el que baila pasa” en Santiago, además de los casos de quema en estaciones del Metro y buses del Transantiago. 

La trayectoria laboral de Bofill va de la mano con el poder. En el marco del caso SQM, se encargó, por ejemplo, de la representación jurídica del ex yerno de Pinochet y dueño de la minera no metálica, Julio Ponce Lerou, hombre que concentra la segunda riqueza más grande de Chile con US$3.800 millones, según el ranking Forbes de marzo de 2019.

También presidió la defensa del ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, quien fue formalizado por soborno y evasión tributaria en el caso de financiamiento irregular de campañas que involucró a dicha pesquera. 

En tanto, Samuel Donoso, socio del estudio de abogados “Donoso, Bonilla y Arenas (DBA)”, fue militante del PPD hasta 2015, año en que renunció al colectivo para defender al ex gerente general de SQM y mano derecha de Ponce Lerou, Patricio Contesse. Así, su nombre también resuena dentro del mundo de los delitos tributarios. Junto a Marcelo Sanfeliú es el abogado de Aldo Motta, ex ejecutivo de las sociedades que controlan a SQM y que está involucrado en el caso Cascadas. Su rol en la centroizquierda lo llevó incluso a ser asesor de Rodrigo Peñailillo mientras este era ministro de Interior de Michelle Bachelet. Hoy por hoy, además es parte de la defensa del presidente Sebastián Piñera ante la querella por delitos de lesa humanidad.

Marcelo Sanfeliú, en tanto, además de su defensa a Aldo Motta, representó a Francisca Ponce Pinochet, nieta del dictador Augusto Pinochet e hija de Julio Ponce Lerou, en el contexto del caso Cascadas. Además, es socio del estudio de abogados “Gamboa, Fuenzalida, Sanfeliú y Ugarte (GFSU)”.

En la representación de Francisca Ponce también participó Gabriel Zaliasnik. Su nombre es bien conocido dentro de la derecha, ya que fue el abogado de la UDI en el Caso Spiniak. También, cuando el ex presidente peruano Alberto Fujimori pisó territorio chileno en 2005, fue detenido y representado por Zaliasnik, quien el año anterior ya había hecho lo mismo por Carlos Menem. También ha sido asesor del ex ministro del Interior de Michelle Bachelet,  Rodrigo Peñailillo y defendió a Roberto Guzmán Lyon en el caso SQM, personaje que fue el histórico abogado de Julio Ponce Lerou.

Gómez en caso SQM

No es raro que Gómez atienda el llamado de Piñera. El ex fiscal es esposo de Patricia Pérez, quien fuera subsecretaria y luego ministra de Justicia durante el primer mandato del inversionista. De hecho, la cercanía entre el matrimonio y el jefe de gobierno es tal que en enero de 2016, cuando nacieron las gemelas de la pareja, Piñera y Cecilia Pérez los visitaron en el hospital, algo que quedó retratado en una fotografía que causó una fuerte molestia al interior de la Fiscalía, según contaron a INTERFERENCIA altas fuentes del Ministerio Público.

Pero lo antiestético de la actual labor de Pablo Gómez toma fuerza por el estilo que caracterizó al abogado cuando dirigió las investigaciones en el caso SQM, el cual al menos resonó mediáticamente de manera negativa. 

Por ejemplo, en febrero de 2018, el entonces persecutor solicitó el sobreseimiento de 58 imputados en el caso, argumentando que el tiempo de prescripción ya se había cumplido, deteniendo así la investigación a esos individuos cuyos dineros involucrados a través de la emisión de boletas ideológicamente falsas, según él mismo agregó en aquel momento, habían sido destinados al financiamiento de campañas políticas.

Entre las personas que fueron sobreseídas se encontraba, por ejemplo, María Inés Alliende Barbiera, quien era representante legal de la productora Pandemia Producciones Limitada, la cual emitió una boleta ideológicamente falsa a SQM por $4,9 millones de pesos en 2010 por servicios para la campaña presidencial de Piñera en 2009, hechos que fueron declarados por Alliende en agosto de 2017 ante la Fiscalía, según informó El Mercurio.

A propósito de esta nueva función de Pablo Gómez, INTERFERENCIA conversó con Mauricio Daza, abogado de Ciudadano Inteligente querellante en el caso SQM, quien fuera el más duro con la labor del ex fiscal y que criticó su actual función en el Ministerio del Interior.

El profesional partió apuntando al grupo inicial liderado por Jorge Bofill, Gabriel Zaliasnik, Samuel Donoso y Marcelo Sanfeliu, porque para él “representar supuestamente gratis al gobierno en querellas por ley de seguridad interior del estado, bajo un discurso de defensa a la democracia y con gran despliegue de publicidad, resulta inverosímil”.

En particular sobre la entrada del ex fiscal a este grupo, dijo “que el gobierno haya contratado a Pablo Gómez Niada, un ex fiscal regional de desempeño mediocre, quien tuvo a su cargo precisamente la investigación del caso SQM, es impresentable, considerando que él desmanteló el caso SQM a través de un conjunto de decisiones cuestionables, las que finalmente fueron funcionales a que no se pudiera desarrollar una investigación acabada y profunda que permitiera esclarecer toda la verdad de la red de corrupción que se había imputado, hecho que para muchos es sinónimo de impunidad. Y ahora resulta que el ex fiscal del caso SQM se suma a un grupo de abogados que lo único que los ha unido profesionalmente ha sido defender intereses relacionados con el ex yerno de Pinochet y controlador de Soquimich”, sentenció.

INTERFERENCIA contactó a Pablo Gómez, quien se encontraba fuera de Chile. Se le consultó cómo se le explica este actual trabajo a la ciudadanía, tomando en cuenta el contexto actual de manifestaciones sociales, a lo que contestó:

"A quien representara Gabriel Zaliasnik (Guzmán Lyon) fue condenado y a quien aún representa Samuel Donoso (Patricio Contesse) está acusado y va a juicio oral. Luego cuando piden el apoyo a la oficina en la que trabajo –no a mí en particular– nos pareció importante colaborar con todas aquellas personas que fueron víctimas de violencia y por esa razón, estamos apoyando", dijo el profesional.

Es una teleserie

Hasta ahora el desempeño del grupo de abogados convocado por Sebastián Piñera sólo se puede medir por su performance comunicacional. Han presentando querellas lógicas como las que van en contra de los saqueos, quemas del metro y buses del Transantiago, las cuales siguen siendo investigadas. Pero también otras excéntricas como contra “el que baila pasa” y la fallida avanzada contra el ex dirigente estudiantil y candidato a concejal, Dauno Tótoro. 

Pero uno de los puntos más llamativos ocurrió durante esta semana. Los cuatro abogados convocados inicialmente –antes que se integrara Gómez–, se enfrentaron al Fiscal Nacional luego de que el Ministerio Público decidiera solicitar una salida alternativa para 26 imputados por saquear un supermercado de Conchalí. Calificaron la situación como un “abandono de deberes grave”.

Sin embargo, Abbott no guardó sus palabras y en una entrevista con T13 el pasado lunes, respondió “nos llama la atención que nuestros críticos son precisamente quienes han sido abogados de empresas o instituciones o personas que han accedido a suspensiones condicionales por hechos que han sido particularmente graves también. Por ejemplo en el caso Penta, en el caso SQM, en el caso del senador Iván Moreira”.

De hecho, una de las salidas alternativas benefició a Roberto Guzmán Lyon, representado por Zaliasnik cuando Gómez dirigía el caso.

INTERFERENCIA consultó a la Fiscalía sobre esta polémica entre los asesores de Interior y Abbott, desde donde explicaron que los cuatro abogados iniciales no eran querellantes en los casos que reclamaron, sino que en estos los encargados eran los juristas del estudio de Pablo Gómez. Además agregaron que antes de las quejas mediatizadas, el tema ya se había resuelto con uno de los profesionales de la oficina del ex fiscal.

Ante esto, nuestro medio contactó a Donoso y Bofill, no pudiendo conversar con ninguno sobre cuál es el nivel de coordinación que tienen, el que queda en duda con el episodio protagonizado con Jorge Abbott. 

Por otra parte, este diario intentó obtener alguna opinión del fiscal nacional sobre la actual labor de Gómez en Interior, pero desde el equipo de comunicaciones del Ministerio Público señalaron que no habrían declaraciones al respecto.