El 18 de junio, Interferencia reveló que el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, había contratado al abogado y panelista del programa político Sin Filtros, Francisco ‘Pancho’ Orrego. A cambio de $2,2 millones mensuales, el abogado elaboró una serie de informes que a todas luces trataban sobre temas de actualidad nacional, cuyo interés para la comuna de La Florida no estaba claro. 

Todo en el marco de que el alcalde Carter —quien dejará el municipio en la próxima elección luego de cumplir el límite de tres periodos— ha indicado que estaría preparándose para una eventual candidatura presidencial. El propio Orrego, en tanto, será candidato a Gobernador por la Región Metropolitana. 

El reportaje motivó que el concejal de La Florida, Reinaldo Rosales (PPD), solicitara a la Contraloría General de la República pronunciarse sobre la legalidad de la contratación; entidad que estimó que, en relación a la llegada del panelista de Sin Filtros, “no corresponde a las finalidades del municipio la elaboración de minutas de análisis de contingencia política”, por lo cual “no resulta procedente que la Municipalidad de La Florida disponga contrataciones a honorarios para esa finalidad ajena a sus objetivos”.

"Estos informes, realmente, ¿qué tienen que ver con acciones para y por los vecinos de La Florida? Acá, uno determina y se da cuenta que estaban en realidad siendo utilizados para que el alcalde pudiera posicionarse en la opinión pública-política respecto de su candidatura presidencial".

Esta semana, la diputada Mónica Arce fue más allá, y solicitó a Contraloría entregarle todos los antecedentes levantados durante el pronunciamiento sobre la contratación y evaluar la entrega de estos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado “para que estos investiguen la procedencia de algún delito, a fin de imputar a quien resulte responsable”. (Revise acá el oficio de la parlamentaria). 

Interferencia conversó con la diputada Arce al respecto, quien profundizó en las similitudes que ella y su equipo parlamentario encontraron con el caso de Karen Rojo (Independiente cercana a la UDI), ex alcaldesa de Antofagasta condenada a 5 años de cárcel por fraude al fisco y negociación incompatible. 

¿Cuáles son las similitudes con el caso de Karen Rojo?

Estudiando los casos nos dimos cuenta que eventualmente existían similitudes con el de la ex alcaldesa Karen Rojo. En este caso, fue el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta que la sentenció a cinco años y un día de prisión efectiva por fraude al fisco, además de una inhabilidad absoluta para ejercer cargos públicos. El Tribunal concluyó que la exalcaldesa utilizó fondos públicos para pagar una asesoría comunicacional con la empresa Main, que en realidad fue contratada para mejorar su imagen pública de cara a las elecciones municipales del 2016. Para financiar esta asesoría, la exalcaldesa junto con Edgardo Vergara, que era el ex secretario ejecutivo de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta, celebra un contrato con la empresa Main y la Corporación; a pesar de que no existía una necesidad inmediata para la Corporación. El tribunal determinó que esta acción fue un beneficio exclusivo para la ex alcaldesa y lo configuró como delito de fraude al fisco. 

Se trata de una gestión indebida de los recursos públicos por parte de funcionarios y es a causa de estas asesorías comunicacionales, donde nosotros hacemos el enganche con el mismo tipo de figura y de contratación que se hace por parte del alcalde Carter en la Corporación Municipal de La Florida hacia el señor Francisco Orrego. 

Esto por el tipo de informe que desarrolló Orrego para La Florida, ¿no?

Claro. Yo acá tengo parte del informe de la Contraloría [el cual califica la contratación de improcedente] y se supone que Orrego estaba contratado para "asesoramiento estratégico al gabinete del alcalde en la planificación y evaluación de estrategias de comunicación"; había también "redacción de minutas de análisis de contingencia" que tuvieran vinculación con la comunidad por supuesto, y la "coordinación entre el gabinete y la administración municipal". 

Pero en realidad lo que después se determinó también en este mismo informe de la Contraloría es que los informes del señor Orrego abordaban, por ejemplo, temas de delincuencia en Chile y las supuestas propuestas de respuesta municipales; recabando antecedentes judiciales sobre figuras como el director de Carabineros, sobre el caso de asesinatos de Carabineros también. Había otro informe que incluía la crisis de las Isapre; otro que hablaba de los acuerdos internacionales sobre seguridad... Ahí uno se da cuenta que esto no tiene relación con una necesidad que aporte realmente a la municipalidad. Por ejemplo, había otro que decía "atentado terrorista en Cañete y propuestas de cursos de acción". Eso no tiene nada que ver con la comuna. Las acusaciones de corrupción contra la Asociación de Farmacias Populares de Chile y la formalización del ex alcalde Daniel Jadue; la biografía de Héctor Llaitul; el resumen del proyecto de ley sobre las reglas del uso de la fuerza... 

Estos informes, realmente, ¿qué tienen que ver con acciones para y por los vecinos de La Florida? Acá, uno determina y se da cuenta que estos informes estaban en realidad siendo utilizados para que el alcalde pudiera posicionarse en la opinión pública-política respecto de su candidatura presidencial. Si eso es lo que necesitaba el alcalde, lo tiene que costear de su bolsillo, y esos seis millones que se le pagaron a Francisco Orrego deben ser restituidos en las arcas de la Municipalidad, porque es un trabajo poco ético. Acá nosotros enviamos a la Contraloría los antecedentes para que también pudiesen analizar si constituye enviarlos al Consejo de Defensa del Estado. Porque aquí hay dos temas: Uno es el alcalde, que es candidato presidencial, pero el señor Orrego también es candidato a gobernador, y yo la verdad es que lo encuentro poco ético de parte de ambos.

¿Ve algún riesgo en eso?

Al estar en un espacio de poder, si es que salieran electos, yo no quiero ni pensar qué harían ellos con esa administración, con ese poder, con ese uso de los recursos. A mí me parece que son personas que la verdad no están capacitadas éticamente para estar en esos puestos. 

Respecto a los informes, Interferencia solicitó la entrega de los documentos íntegros que presentó Orrego a La Florida a cambio de su sueldo a honorarios, pero la misma municipalidad nos respondió 15 días hábiles después que "los documentos requeridos que se deben recabar requieren reorganizar y desarrollar una amplia búsqueda del material requerido"; por lo que solicitaron una prórroga de diez días hábiles para la entrega de estos. ¿Qué le parece que La Florida no tenga a mano los informes de Orrego a apenas cuatro meses después de que prestó servicios?

La verdad es que este proceso, así como otros que hemos visto en la misma municipalidad, tienen varias aristas desde un comienzo bastante irregulares. Además de que me parece insólito la respuesta de tener que hacer un reordenamiento para poder encontrar estos pseudo informes que justamente son de hace un par de meses nada más; para la contratación del señor Orrego hay un pago que se entiende en mayo del 2024, y ese pago fue por aproximadamente 4 millones de pesos líquidos. Después se dijo que en realidad era un pago que correspondía a dos meses, o sea, el señor Orrego estuvo abril y mayo, y se le pagó por esos dos meses acumulados en mayo. En junio se le hizo otro pago por dos millones. 

¿Por qué es importante lo que pasó en mayo? Porque lo que figura en Transparencia Activa de la Municipalidad de La Florida es que los cuatro millones y fracción líquidos de pesos pagados al señor Orrego eran la remuneración más alta de entre 917 trabajadores que estaban contratados a honorarios en ese momento. 

Claro, era la más alta junto a los pagos al ex fiscal Manuel Guerra y a la ex ministra Cecilia Pérez.

"Queremos que, uno, Contraloría o el Consejo de Defensa del Estado determinen las responsabilidades aquí, caiga quien caiga, si es el si el mismo contratado Francisco Orrego, si es el alcalde... Pero también queremos que se determine si esto corresponde a fraude al fisco".

Los floridanos necesitan utilizar esos recursos en otras cosas que son más concretas y más prácticas. Entonces, creo por eso ellos salen diciendo que [los $4.4 millones que aparecen en Transparencia Activa] en realidad corresponden a un pago de dos meses, ahí ya empezamos con irregularidades, porque en realidad esto no debería haber pasado así, que él haya estado trabajando ya en abril. Debiese haber estado el contrato desde ese mes, y el pago desde abril, como corresponde, y que se desglosara así los siguientes meses. 

Las mismas leyes son las que dicen que esta contratación de Orrego no se acoge a lo legal, que es lo que nosotros estudiamos. A mí eso es lo que me preocupa, que un edil que tiene bastante experiencia en la administración municipal falte a las mismas leyes, o intente saltar estas leyes.

Usted le solicita a Contraloría que, si esta entidad lo estima, se entreguen los antecedentes del caso y el expediente de la investigación al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. ¿Qué estima usted que podría concluir el Consejo de Defensa o bien el Ministerio Público respecto a los antecedentes de este caso?

Nosotros, remitimos los antecedentes justamente para que la Contraloría determine si es efectivo o no enviarlos al Consejo de Defensa del Estado, porque nosotros encontramos estas similitudes con el caso de la ex alcaldesa Rojo. Queremos que, uno, Contraloría o el Consejo de Defensa del Estado determinen las responsabilidades aquí, caiga quien caiga, si es el si el mismo contratado Francisco Orrego, si es el alcalde... Pero también queremos que se determine si esto corresponde a fraude al fisco.

Me encantaría que la Contraloría, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, de alguna manera entreguen un mensaje a las autoridades, todas aquellas que manejan bolsas de financiamiento, que acá no podemos hacer lo que queramos con los dineros de todos los chilenos. Y yo, en ese sentido, voy a seguir defendiendo a mis vecinos de La Florida ante las muchísimas irregularidades que han ocurrido durante la administración del alcalde Carter.