El gobierno de Gabriel Boric confirmó en las últimas horas una serie de medidas respecto de la relación del Estado con el pueblo mapuche, las cuales en gran parte van en un sentido punitivo más que hacia la posibilidad de establecer un diálogo, contrario a lo que fue una de las principales promesas de campaña del mandatario.

Durante la noche de ayer lunes, la ministra de Interior, Izkia Siches, anunció en un punto de prensa desde La Moneda la aplicación de un estado de emergencia “acotado” en la Provincia de Arauco y Provincia de Bío Bío (ambas de la Región del Bío Bío) y la Región de la Araucanía. 

La medida será “para el resguardo de las rutas en la provincia de Arauco y del Bio Bío, y en la Región de la Araucanía, para permitir el libre tránsito de las personas, el abastecimiento y la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios”, según Siches.

El Ejecutivo adoptó esto luego que fracasara el acuerdo entre las coaliciones oficialistas Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, el que buscaba legalizar un “estado de excepción intermedio” a través de la presentación de indicaciones al proyecto de ley protección de infraestructura crítica presentado por Sebastián Piñera después del Estallido Social.

En paralelo, Siches hizo anuncios sociales (ver último subtítulo), como el incremento de los presupuestos para la entrega de tierras a través de Conadi, pero estos no contrapesaron la decisión de militarizar la zona, pues -siguiendo el ejemplo- Conadi no tiene credibilidad como solución territorial, en tanto no logra ejecutar el presupuesto del que dispone pues en muchos casos los propietarios legales -entre ellos las forestales- no quieren vender a los propietarios ancestrales. 

Asimismo, la ministra también anunció una solicitud realizada al Ministerio Público para que nombren a un fiscal con dedicación preferente para la investigación de organizaciones criminales en estas zonas. 

Con esto el Gobierno busca revertir los hechos de violencia que vienen ocurriendo durante los últimos meses en los sectores aludidos.

La presentación de Siches se suma a la noticia entregada por la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega (PPD), quien confirmó el domingo que el gobierno presentará una querella contra el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

La presentación de Siches se suma a la noticia entregada por la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega (PPD), quien en entrevista con CNN Chile confirmó el domingo que el gobierno presentará una querella contra el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, a raíz de su llamado a “preparar la resistencia armada”, frente a la posibilidad de que el Gobierno de Boric envíe militares a la Provincia de Arauco y Región de La Araucanía.

“Se viene el estado intermedio, que no es otra cosa que un nuevo estado de excepción. Es decir, los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Wallmapu custodiando los intereses del gran capital. Es la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuche siempre hemos sufrido, dictadura que ahora asume el gobierno lacayo de Boric”, fueron las palabras de Llaitul, según rescató Info Werken.

Hasta el momento no se conoce cuándo se presentaría la querella ni el detalle de ésta, aunque según las palabras de Vega en CNN Chile, sería dentro de esta semana en voz del Ministerio del Interior. 

Con estas medidas, el Gobierno avanza en perfilar su política en sintonía con lo hecho por el subsecretario del Interior de Michelle Bachelet, Mahmud Aleuy (PS), quien desde su cargo persiguió judicialmente a Llaitul con la Operación Huracán que derivó en un montaje por parte de Carabineros para inculpar al líder mapuche. Asimismo, replica la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de enviar a las Fuerzas Armadas al Wallmapu, algo que el presidente Boric en tiempos de campaña dijo que no haría.

Asimismo, el Ministerio del Interior no ha anunciado hasta el momento si es que Salvador Millaleo, ex asesor de Siches en Asuntos Indígenas, tendrá un reemplazante o si el cargo quedará vacante.

Reacciones

El anuncio del gobierno provocó reacciones desde distintos referentes mapuche en contra de la medida. Por ejemplo, el periodista Pascual Pichun Collonao, hijo del emblemático lonko del Lof Temulemu, de la comuna de Traiguén, Pascual Pichun -quien desde la década de los 90 encabezó la reivindicación del fundo Santa Rosa de Colpi y Nancahue, poniendo en la opinión pública las reivindicaciones del pueblo mapuche- señaló a Interferencia: 

“Me parece una muy mala señal y abandona totalmente un posible camino de diálogo con el cual llegaba hace un par de semanas atrás. Aquel lejano anuncio que hacían hacia un posible tratamiento de las demandas históricas quedaron solo en esos "anuncios" porque finalmente se impone la misma mirada racista y fracasada de la política noventera que han aplicado los gobiernos de todos los sectores políticos de Chile. Para sanar las heridas profundas en Wallmapu se requieren de voluntades robustas diálogos y es lo que le está faltando a este gobierno, convicciones reales de encabezar un proceso de entendimiento”.

Mientras que Ana Llao, actual consejera nacional de Conadi, dijo a esta redacción que “esto fue como un balde de agua fría como dirigente mapuche que llevo bastante décadas. Nuevamente vivimos una decepción, que nos ha pasado gobierno tras gobierno. Lamento la decisión del presidente Gabriel Boric, hoy queda demostrado que independientemente de su posición política, están bajo el mandato de los empresarios, de los dueños del fundo, me refiero a los camioneros, a las forestales, quiero decir, los poderes económicos. Me siento engañada nuevamente, esto es lo que dejó instalado Piñera”.

Ana Llao, werken (vocera) de la histórica agrupación Ad Mapu, quien asistió al Acuerdo de Nueva Imperial (1989) -del cual también dijo sentirse decepcionada.

Ana Llao, werken (vocera) de la histórica agrupación Ad Mapu, quien asistió al Acuerdo de Nueva Imperial (1989) -del cual también dijo sentirse decepcionada- planteó que “hay una contradicción terrible del Gobierno del presidente Boric. Estuve el 11 de mayo en La Moneda cuando mostró voluntad política de poder aumentar el presupuesto para poder resolver la problemática que tenemos de territorio en Wallmapu, hasta ese momento me había creído el discurso, pero al ver que vuelve el estado de excepción, la contradicción me deja perpleja”.

Además, sostiene que la Conadi es una institución que debe solucionar temas administrativos, pero los temas políticos deben ser resueltos hoy por el Estado, “y hoy la asumen militarizando el Wallmapu. Te hablan de agilizar un Ministerio Indigena, ¿cuál será su facultad? Dan un caramelo con un fusil en la mano”.

“¿Cómo pueden hablar de parlamentos territoriales si nos encontramos con estado de excepción, de qué estamos hablando? Los asesores de la ministra Izkia Siches están llevando a un fracaso rotundo al gobierno frente a esta temática. Esto me preocupa, es peligroso, otorgándole poder a los militares y más poder a carabineros para que hagan y deshagan en nuestras comunidades, pero siguen habiendo atentados. No creo que aplaudan al presidente Boric en las comunidades que están levantado recuperaciones territoriales ancestrales o las que están con compras incompletas y con aplicabilidad. Yo tampoco lo aplaudo, siempre voy a estar apoyando a mi gente”, concluye Ana Llao.

Por su parte, el periodista Pedro Cayuqueo se mostró crítico a través de sus publicaciones en Twitter, donde indicó “los militares en cualquier conflicto social, cultural e histórico representan el fracaso de la política. Sucedió con Piñera y ahora también, por lo visto, con el joven gobierno de Gabriel Boric #AraucoTieneUnaPena”. 

El ex asesor en temas indígenas de Interior Salvador Millaleo, también cuestionó al Gobierno, “luchamos por una solución política y ahora tendremos un nuevo estado de excepción constitucional".

Mientras que en la misma red social, El ex asesor en temas indígenas de Interior Salvador Millaleo, también cuestionó al Gobierno, “luchamos por una solución política y ahora tendremos un nuevo estado de excepción constitucional. Necesitamos otra forma de ver y hacer las cosas. Construir la plurinacionalidad requiere de mayor convicción”.  

Otras medidas

Siches además anunció el ‘Plan Buen Vivir’ –llamado así en alusión al concepto del mapuzungun ‘Küme Mongen’–, el cual incluye el mandato a las nuevas autoridades de la Conadi a la compra de predios, por lo que duplicaron el presupuesto del organismo. 

Asimismo, la ministra informó la reactivación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, junto con manifestar la intención de retomar los 'parlamentos' entre el Estado chileno y el pueblo mapuche para dar respuesta a demandas políticas, territoriales y de buen vivir (vivienda, gestión urbana y telecomunicaciones). 

Además, la secretaria de Estado, indicó que en julio comenzarán los diálogos para solicitar el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas. 

En cuanto a inversión, desembolsará $400 mil millones para construir obras públicas, infraestructura para el agua potable rural y mejores capacidades en materia de salud.