La tarea del capitán de Carabineros Manuel Arenas y del suboficial Miguel Vergara era aparentemente simple, dados sus conocimientos. Arenas era el encargado de implementar el proyecto de innovación tecnológica para la 50 comisaría de San Joaquín, llevado adelante con fondos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Vergara, ingeniero informático, se desempeñaba como asesor técnico.

Bajo este contexto, ambos participaron de la puesta en marcha del nuevo sistema de cámaras corporales, compradas por la ex subsecretaria Katherine Martorell por $379 millones. Cabe recordar que la licitación para esta compra ha sido fuertemente cuestionada, detectando la Contraloría General de la República en una auditoría que ésta fue adjudicada a la empresa Motorola a pesar de incumplir requerimientos establecidos en las bases –la función de post grabado de 120 segundos; requisito que no cumplía la oferta ganadora– y ser presentada fuera de plazo; circunstancias que hacían la oferta inadmisible. 

Los problemas nacidos de la compra de cámaras corporales no se detienen ahí. La implementación del sistema adquirido por la ahora vocera del comando de Sichel involucra la utilización del software Videomanager, el cual según pudo constatar el equipo liderado por el capitán Arenas presentaba graves fallas de seguridad: los registros obtenidos de las cámaras sólo podían compartirse a través de un enlace, el cual una vez entregado, por ejemplo, al Ministerio Público, podía ser reenviado a cualquier persona sin que se mantuviera registro.

El hallazgo –informado en su minuto por Radio Bío Bío– no cayó bien en los superiores de los funcionarios expertos en tecnología, gatillando la salida del proyecto de Arenas y Vergara y su posterior traslado a las comisarías de Bajos de Mena y La Pintana; respectivamente, algo que carabineros y ex carabineros contactados por este medio califican como un castigo.

"Tienen que saber que este proyecto sí o sí debe salir. ¿No entienden que no puedo representar y cuestionar al gobierno o me quitan los recursos? Está todo bien y no representen nada más. Se acabó”, habría ordenado Banda.

INTERFERENCIA tuvo acceso a documentos electrónicos internos de Carabineros, donde el capitán Arenas relata la ofuscada reacción a la denuncia por brechas de seguridad en el manejo de evidencia emanada de las cámaras del teniente coronel Juan Carlos Banda; jefe del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación de la institución y quien supervisaba el proyecto.

Aquel relato -revelado a continuación- gatilló la apertura de una investigación administrativa interna en Carabineros por el accionar del superior de Arenas y Vergara. Se desconocen sus resultados. 

Esta redacción también contactó al capitán Manuel Arenas para saber más sobre su expulsión de la puesta en marcha y traslado a otra comisaría, quien indicó que no emitiría ningún comentario y que cualquier solicitud debía gestionarse con "la institución a la que pertenezco". 

Castigados por detectar fallas de seguridad

“No digan nada sobre problemas de la plataforma, todo está bien y funcionando y ya basta de estar informando por documento las observaciones”, le habría dicho al equipo el teniente coronel Banda, según el Documento Electrónico Ordinario (DOE) 121573874 de Carabineros. La advertencia se dio el 1 de septiembre de 2020, previo a una reunión entre los encargados de implementar el sistema con personal de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Los funcionarios hicieron caso omiso a la orden de Banda, e informaron sobre “algunas fallas graves de seguridad en relación al envío de evidencias como incidentes a los fiscales”. Es en este momento, según relata Arenas en el documento, que Banda “se empieza a ofuscar”.

Finalizada la reunión, el teniente coronel, a solas con el equipo encargado de implementar el sistema de cámaras, “de manera prepotente, altanera y descontrolada que no es consecuente con un oficial de Carabineros” los increpó, según el relato oficial de Arenas en el documento electrónico ordinario.

“Ya estoy aburrido de ustedes. Capitán ya basta, ustedes cuestionan todo el proyecto, no informen más. Yo estoy a cargo del proyecto y nadie más. Yo tomo las decisiones y cuando digo algo se dice ‘a su orden’, ¿o no suboficial [Vergara]? Qué se ha imaginado. Tienen que saber que este proyecto sí o sí debe salir. ¿No entienden que no puedo representar y cuestionar al gobierno o me quitan los recursos? Por lo tanto, está todo bien y no representen nada más. Se acabó”, habría ordenado Banda de acuerdo al documento.

Vergara, en tanto, le habría explicado la gravedad de lo detectado, manifestando tener “los estudios y la experiencia de 26 años en Carabineros”, además de no querer “que usted y nadie del equipo sea observado posteriormente”.

“El po’, el estudios… Cállese y se dice a su orden”, se indica en el documento que habría sido la respuesta de Banda.

Ese mismo mes, según explicó Carabineros, Arenas y Vergara fueron trasladados desde la comisaría de San Joaquín a la 66 de Bajos de Mena y 41 de La Pintana, respectivamente; siendo excluidos de la puesta en marcha del proyecto.

El documento fue ingresado al sistema de Carabineros el 7 de septiembre. Semanas después, el 28 de septiembre, el relato sería complementado mediante el DOE 122593439: el 11 de septiembre, un usuario desconocido revisó a la 1:35 am un video en la plataforma donde un oficial de la institución daba instrucciones a un piquete para un operativo durante manifestaciones por el golpe de estado. “Es dable hacer presente que no se puede comprobar que el citado usuario haya dado a conocer o divulgado las grabaciones antes mencionadas”, se indica.

Ese mismo mes, según explicó Carabineros, Arenas y Vergara fueron trasladados desde la comisaría de San Joaquín a la 66 de Bajos de Mena y 41 de La Pintana, respectivamente; siendo excluidos de la puesta en marcha del proyecto.

En opinión de uno de estos, la redestinación a Bajos de Mena y La Pintana es interpretable como un castigo para ambos, dada la “alta cantidad y gran complejidad de casos” atendidos por ambas reparticiones policiales.

Este medio también consultó a miembros de la institución sobre el traslado de ambos funcionarios luego de ser reprendidos por su superior, el teniente coronel Banda; quienes coincidieron en que se trataba de una represalia. En opinión de uno de estos, la redestinación a Bajos de Mena y La Pintana es interpretable como un castigo para ambos, dada la “alta cantidad y gran complejidad de casos” atendidos por ambas reparticiones policiales.

En cuanto a las fallas detectadas, Carabineros aseguró que lo denunciado por Arenas y Vergara ya fue resuelto, incorporándose un sistema para compartir registros “a través de la creación de un perfil de usuario en el software Videomanager que permite, mediante autentificación del usuario y su contraseña para ingresar al sistema, mantener la trazabilidad y posterior auditoría a la evidencia”; algo que permite según la institución que quede “todo registrado”.