En su libro Cómo Mueren las Democracias, los académicos estadounidenses de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, se refieren a la “negación de la legitimidad de los adversarios políticos” como uno de los indicadores de un comportamiento autoritario. La investigación acerca del debilitamiento de varias democracias en Europa y Latinoamérica en las últimas dos décadas, enuncia cuatro características de esta conducta antidemocrática: describir a sus rivales como subversivos, asegurar que constituyen una amenaza para la seguridad nacional, caracterizarlos como delincuentes y asegurar que son aliados de un gobierno foráneo.

¿Hay alguna de estos rasgos que no se le hayan atribuido al PC? Abundan las acusaciones de ser aliados de las dictaduras comunistas, instigar la ola de violencia del estallido y haber pretendido asestar un golpe de Estado contra el Presidente Sebastián Piñera. 

A tres décadas del fin de la Guerra Fría varios partidos de signo comunista son parte de las coaliciones de gobierno de países democráticos como España, Portugal, Sudáfrica, Colombia, Perú, Chile y próximamente Brasil. No llegaron allí por un plan chino de dominación u otra conspiración internacional, sino porque compitieron en elecciones libres, secretas e informadas, en las que algunos ciudadanos consideraron que se trata de partidos políticos adecuados para representarlos.  

Cuando la diputada Cariola dijo sentirse blanco de misoginia y anticomunismo, el jefe de la bancada demócratacristiana, Eric Aedo, le pidió al PC que "no juegue a ser víctima” por la ruptura del acuerdo de administración de la Cámara. Aedo parece no haber escuchado las expresiones de su colega de RN, Andrés Longhton, quien piensa que “el radicalismo que representa el Partido Comunista no podía estar a cargo de la Cámara de Diputados”. 

Sin embargo, las demandas del Estallido Social de 2019, el fallido proceso constituyente y el crecimiento de la derecha radical revivieron en Chile un sectarismo anticomunista que se creía superado tras el fin de la Guerra Fría y la recuperación democrática. Así lo demuestran una serie de acciones y expresiones destinadas a negar la legitimidad del PC, cuya última manifestación fue la ruptura del acuerdo para la administración de la Cámara Baja, que terminó con la declinación de la diputada Karol Cariola a presidir esa corporación. 

Antes de ese incidente, se había producido una secuencia de cuestionamientos a la idoneidad política y moral de profesionales comunistas nombrados en distintas reparticiones públicas, como la Embajadora en Argentina y ex Presidenta de la CUT Bárbara Figueroa, el subsecretario de Defensa Galo Eidelstein y el subsecretario de Desarrollo Regional Nicolás Cataldo. 

Cuando la diputada Cariola dijo sentirse blanco de misoginia y anticomunismo, el jefe de la bancada demócratacristiana, Eric Aedo, le pidió al PC que "no juegue a ser víctima” por la ruptura del acuerdo de administración de la Cámara. Aedo parece no haber escuchado las expresiones de su colega de RN, Andrés Longhton, quien piensa que “el radicalismo que representa el Partido Comunista no podía estar a cargo de la Cámara de Diputados”. 

Según Aedo, el PC no debe victimizarse cuando el diputado UDI, Juan Antonio Coloma, asegura que "por el historial de sus votaciones el PC no está en condiciones de presidir la TCámara de Diputados”. Tal vez el diputado Aedo tampoco escuchó al ex candidato presidencial José Antonio Kast celebrar el retiro de Cariola. porque “las ideas del Partido Comunista son un peligro para la democracia y amenazan el futuro de Chile”.

La DC consideró inaceptable que dos diputadas comunistas se expresaran a favor de una querella contra el ex director del INDH, Sergio Micco -quien renunció hace años a la DC-, presentada por una ONG independiente y sin ninguna relación formal con el partido de Cariola. Sin embargo, los demócratacristianos no se inquietan por la negación de credenciales democráticas de un partido con el que compartieron coalición en la Nueva Mayoría. “Que no jueguen a la víctima”.  

Tampoco habría motivo para que los comunistas se sientan discriminados cuando fue vetado el nombramiento de Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior y doblemente descalificado cuando lo nombraron a cargo de Desarrollo Regional. El senador Iván Moreira advirtió que “vamos a estar atentos a fiscalizar al nuevo subsecretario en la entrega de recursos, porque no cabe duda que la actitud permanente de odiosidad va a impedir que se le entregue a las comunas de la oposición recursos”. El prejuicio anticomunista contra Cataldo quedó al descubierto cuando la alcaldesa UDI de Providencia, Evelyn Matthei, contradijo la avalancha de  descalificaciones de la que había sido parte y comentó que “lo he ido conociendo, es una persona encantadora, preocupado que las cosas se hagan bien, hemos tenido muy buenas conversaciones y creo que ese es el clima que tiene que prevalecer en nuestro país".

Aquella ola anticomunista llegó a Chile con el presidente Gabriel González Videla, quien promulgó en 1948 la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, para proscribir al PC e imponer varias restricciones a la prensa, los sindicatos y otras libertades individuales.

Una de las acciones más inéditas de la oposición contra los comunistas fue la solicitud de la derecha a la Contraloría para que se investigara la contratación de militantes del PC en la subsecretaría para las FFAA que dirige el comunista Galo Eidelstein.

El hecho recuerda la lista negra del senador republicano Joseph McCarthy, quien en 1947 presentó una nómina de más de 200 funcionarios comunistas del gobierno federal, que supuestamente complotaban con la Unión Soviética para debilitar al país “líder del mundo libre”. Ese año se creó, en Estados Unidos, un Comité de Actividades Antiamericanas que persiguió a célebres figuras del arte y la cultura, por expandir propaganda comunista. La cacería se extendería por casi una década, con grupos de vigilancia privados a cargo de detectar “antiamericanos”; mientras se promulgaban decretos que permitían investigar la lealtad de los funcionarios de gobierno y emprender despidos masivos, detenciones e interrogatorios indiscriminados. La persecución acalló artistas como Charlie Chaplin, Bertolt Brecht y Arthur Miller. Incluso se condenó a pena de muerte al matrimonio de Ethel y Julius Rosenberg, acusados de filtrar la fórmula secreta de la bomba atómica a la URSS.

Aquella ola anticomunista llegó a Chile con el presidente Gabriel González Videla, quien promulgó en 1948 la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, para proscribir al PC e imponer varias restricciones a la prensa, los sindicatos y otras libertades individuales. La norma no era solo un capricho del Presidente, deseoso de aliarse con los sectores más conservadores, sino una respuesta mayoritaria del sistema político a la agitación social interna y la influencia internacional estadounidense. La denominada Ley Maldita se aprobó democráticamente en el Congreso, por 122 parlamentarios a favor y 28 en contra. 

Pero la persecución anticomunista era anterior a la Guerra Fría. El Presidente Carlos Ibáñez previamente había declarado ilegal al PC en 1928. Incluso durante la República Socialista de 1932, se promulgó un decreto que calificaba como enemigo a quien propagara doctrinas con el propósito de destruir el orden social por medio de la violencia.

En su publicación La Guerra Fría Chilena. Gabriel González Videla y La Ley Maldita, el politólogo Carlos Huneeus detecta evidencia sobre el impacto de la persecución hacia los comunistas en el debilitamiento del sistema político y en la consolidación de una cultura militar proclive a la intervención política. También indaga cómo la idea de la seguridad interna limitó el desarrollo del movimiento sindical y causó un rezago en la solución de problemas estructurales como la propiedad de la tierra.

Una pieza icónica de la persecución de ideas, como el marxismo, fue el execrable artículo octavo de la Constitución del 80, hoy derogado, que declaraba ilícito y perseguía a personas o grupos que propagaran doctrinas que atentaran contra la familia o estuviesen fundados en la lucha de clases, entre otros contenidos.

Los oficiales jóvenes a cargo de implementar la represión a los comunistas dictaminada por la Ley Maldita habían ascendido a generales cuando se produjo el golpe de 1973. Tenían la experiencia y formación para promover las acciones más brutales, que golpearon especialmente duro a los comunistas. 

Una pieza icónica de la persecución de ideas, como el marxismo, fue el execrable artículo octavo de la Constitución del 80, hoy derogado, que declaraba ilícito y perseguía a personas o grupos que propagaran doctrinas que atentaran contra la familia o estuviesen fundados en la lucha de clases, entre otros contenidos. Jaime Guzmán denominaba este principio como “pluralismo político restringido”, idea que parece resurgir con fuerza después del triunfo del rechazo en el plebiscito. 

Con estos antecedentes a la vista, tómese unos segundos y hágase estas escalofriantes preguntas ¿cuántos votos tendría una ley para proscribir al PC en el actual parlamento?, ¿qué otro partido seguiría en la nómina de los enemigos internos?

Cuando radicales, pepedeístas e incluso socialistas interpretan el quiebre del acuerdo de gobernabilidad de la Cámara como mera cuestión de poder o contingencia debieran recordar el conocido verso de Martin Niemöller, también atribuido a Bertolt Brecht: “primero vinieron por los comunistas…”.