Este martes la oposición cumplió su palabra y presentó una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS). El catalizador de la decisión fue la declaración que la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), prestó ante el Ministerio Público en calidad de testigo. Rojas, la primera en caer tras conocerse los millonarios traspasos a la Fundación Democracia Viva, afirmó que había entregado los primeros antecedentes a Montes en abril, semanas antes que el caso estallara ante la opinión pública. 

La declaración de Rojas contradijo al ministro Montes, quien había señalado el 13 de noviembre que "información previa hasta el 16 de junio yo no tuve" lo que hacía intuir que el titular de Vivienda se enteró precisamente el mismo día que Timeline publicó la información que abrió la caja de pandora.

Sin embargo, ante la declaración de Rojas, Montes reaccionó y en entrevista con Radio Adn sostuvo que "lo único que le puedo decir es que yo no tuve acceso a ninguna información de ilegalidad, irregularidades, delitos ni nada por el estilo", pese a reconocer que "apareció un informe de esa época, de ese tiempo y ya lo tenemos. Lo que dice es que está todo regular, en condiciones adecuadas".

Con estos nuevos antecedentes, que se suman a la detención de Daniel Andrade (representante legal de Democracia Viva) y Carlos Contreras (ex seremi de Vivienda de Antofagasta), el Partido Republicano, la UDI, Renovación Nacional, el Partido de la Gente, parte de la bancada Social Cristiana e independientes concretaron la acusación constitucional contra Montes, quien sigue a la cabeza del Ministerio pese a que la Contraloría auditó 15 de 16 regiones debido a convenios por trato directo entre fundaciones y el Estado. 

La declaración de Rojas contradijo al ministro Montes, quien había señalado el 13 de noviembre que "información previa hasta el 16 de junio yo no tuve" lo que hacía intuir que el titular de Vivienda se enteró precisamente el mismo día que Timeline publicó la información que abrió la caja de pandora. Luego Montes reconoció que "apareció un informe de esa época, de ese tiempo y ya lo tenemos. Lo que dice es que está todo regular, en condiciones adecuadas".

También, a fines de noviembre, Montes recibió un nuevo golpe, pues las oficinas del Ministerio fueron allanadas por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) quienes llegaron hasta la calle Serrano luego de que una serie de oficios no fueran respondidos por parte de la cartera que encabeza el socialista. En específico, por traspasos realizados desde la Seremi de Vivienda de Tarapacá a la Fundación Enlace Urbano.

De esta forma, la presión sobre Montes no paró de crecer y la Comisión Revisora que quedó conformada por los diputados Cristián Labbé (UDI), Víctor Pino (ACh), Emilia Nuyado (PS) 
Tomás Hirsch (AH) y Natalia Romero (Independiente-UDI) tendrá que revisar el libelo acusatorio presentado durante la pasada jornada. 

Reacciones políticas

Entre los parlamentarios de oposición que presentaron la acusación constitucional, el diputado Agustín Romero (Republicanos) señaló que "cada día nos enteramos de más aristas dentro de este caso. Por un lado, parientes, amigos, amigotes de diputados. Por otro lado, autoridades que no hicieron su rol. Por otro lado, fiscalizaciones que demuestran que prácticamente en todas las Seremías del Ministerio de la Vivienda existía un mecanismo destinado a defraudar al fisco y quitarle la plata a los más pobres de Chile".

En adición, Francesca Muñoz (PSC), indicó que "recordar que hay un informe de Contraloría donde es contundente, también hay una persecución penal al respecto, ya se están siendo imputados. Entonces, esta es la arista en el ámbito político. Le hemos planteado eso al Presidente una y otra vez de la importancia de que el ministro dejara su cargo, pero frente a que él no ha tomado esas decisiones es que nosotros hoy vamos a ingresar esta Acusación Constitucional".

En tanto, Jorge Durán (RN) afirmó que "acá es necesario que el Congreso de una vez por todas tome cartas en el asunto, que deje de votar por argumentos políticos y que vote por la prioridad. Basta de impunidad y tenemos que dar una señal concreta a la ciudadanía que independiente de los colores políticos, acá están pasando hechos graves de corrupción y Chile no lo puede seguir tolerando"

Por su parte, desde el oficialismo defienden al ministro. Daniel Manouchehri (PS) expresó que "“esta es una acusación mala leche, ociosa y mentirosa [...] todo el mundo sabe que el ministro Montes no tiene nada que ver en los escándalos de corrupción". 

Con la acusación constitucional en contra de Montes, la oposición totaliza cinco libelos acusatorios en contra de ministros del gabinete del presidente Gabriel Boric. La primera de ellas se presentó el 15 de junio de 2022 contra Izkia Siches y se sumaron posteriormente los nombres de Giorgio Jackson (RD), Marcela Ríos (CS) y Marco Antonio Ávila (RD). A pesar de que todos ya no forman parte del Gobierno, ninguna de ellas logró prosperar en la Cámara. 

Adicionalmente, Tomás Lagomarsino (PR) manifestó que "el ministro Montes es una persona con una amplia y respetada trayectoria política, y que unos pendejos irresponsables se la están arruinando [...] no es una cuestión que yo vea con buen ojo el tema de la Acusación Constitucional, independiente de que siempre hay que leerla".

Asimismo, desde la DC (5 diputados) también brindaron apoyo a Montes y anunciaron que los votos de la bancada no estarían para apoyar al ministro. "La decisión predominante en la bancada de la Democracia Cristiana es que nuestros votos no van a estar para una Acusación Constitucional en contra del ministro Montes [...] basta de tonterías, basta de peleas, dedíquense a los temas que a nosotros nos interesan, seguridad, desarrollo económico, resuelvan la crisis de salud y no pierdan más el tiempo en acusaciones constitucionales", afirmó Eric Aedo (DC).

Misma línea seguiría la bancada de Demócratas (4 diputados). "Nosotros no hemos acordado aun una posición como bancada respecto a la acusación, sin embargo, no nos gusta la forma en que se ha presentado esta acusación, sin diálogo político, porque las fuerzas políticas no conocen los argumentos. Evidentemente, no hay agua en la piscina parta avanzar en una acusación constitucional contra el ministro Montes", sostuvo Miguel Ángel Calisto (Demócratas).

En tanto, Montes se refirió a la acusación constitucional que se presentaría en su contra antes de que esta se concretara formalmente. "Yo estoy aquí porque me lo pidió el Presidente Boric, y si el Presidente Boric estima que yo no debo seguir, yo no voy a seguir [...]", afirmó Montes y añadió sobre el mecanismo que "son parte de los instrumentos que tiene el parlamento, es propio de la democracia".

Mientras que, desde La Moneda, la ministra Vocera, Camila Vallejo (PC) sostuvo que "tenemos la confianza y la tranquilidad que no hay argumentos jurídicos y políticos para una acusación constitucional y, por cierto, aunque los parlamentarios tengan derecho a presentarla porque está entre sus facultades, nosotros tenemos la tranquilidad de que los argumentos están de nuestro lado".

La quinta Acusación Constitucional en 550 días

El escenario ahora se dibuja hacia un camino similar si es que el oficialismo logra cuadrarse y se considera la decisión de la DC, a la que eventualmente podría sumarse Demócratas, Esto, pues con todos los diputados presentes en Sala, el libelo requiere de 78 votos para aprobarse, lo que deja a la oposición de nueve apoyos más para avanzar en su estrategia. 

Con la acusación constitucional en contra de Montes, la oposición totaliza cinco libelos acusatorios en contra de ministros del gabinete del presidente Gabriel Boric. La primera de ellas se presentó el 15 de junio de 2022 contra Izkia Siches y se sumaron posteriormente los nombres de Giorgio Jackson (RD), Marcela Ríos (CS) y Marco Antonio Ávila (RD). A pesar de que todos ya no forman parte del Gobierno, ninguna de ellas logró prosperar en la Cámara. 

El escenario ahora se dibuja hacia un camino similar si es que el oficialismo logra cuadrarse y se considera la decisión de la DC, a la que eventualmente podría sumarse Demócratas, Esto, pues con todos los diputados presentes en Sala, el libelo requiere de 78 votos para aprobarse, lo que deja a la oposición de nueve apoyos más para avanzar en su estrategia. 

Con todo, la Comisión Revisora se constituirá este miércoles a las 14:30 horas y se pretende que sesione entre el 27 y el 29 de diciembre. De no tener éxito, la oposición se anotaría una nueva derrota y el desacreditado mecanisno de acusación constitucional volvería a estar en entredicho desde que el 2020 comenzó a ser una táctica recurrente. Asimismo, de las 24 presentadas en contra de ministros de Gobierno desde la constitución de 1980, solo tres han tenido éxito: Yasna Provoste, Harald Beyer y Andrés Chadwick. 

Los cinco capítulos del libelo acusatorio

Según el documento ingresado por la oposición este martes, la acusación constitucional se compone de cinco capítulos: 

Capítulo primero: Responsabilidad constitucional del ministro de Vivienda y Urbanismo, Sr. Carlos Montes Cisternas al haber dejado de ejecutar los artículos 3°, inciso segundo y 11 de la Ley 18.575, al no ejercer el control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia; y el artículo 41 letra d) de la Ley 18.575 al no cumplir con las obligaciones de dirección y fiscalización en la delegación de firma a las Seremis en el contexto de la ejecución del programa asentamientos precarios durante los años 2022 y 2023.

Capítulo segundo: Responsabilidad constitucional del ministro de Vivienda y Urbanismo, Sr. Carlos Montes Cisternas, al infringir los artículos 3°, inciso segundo, y 5°, de la Ley N.º 18.575, al no observar los principios de eficiencia y eficacia en la ejecución del programa asentamientos precarios durante los años 2022 y 2023 en curso.

Capítulo tercero: Responsabilidad constitucional del ministro de Vivienda y Urbanismo, Sr. Carlos Montes Cisternas al infringir el artículo 62 n°8 del Decreto con Fuerza de Ley que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Capítulo cuarto: Responsabilidad constitucional del ministro de Vivienda y Urbanismo, Sr. Carlos Montes Cisternas, por haber infringido el artículo 8 inciso primero de la Constitución Política de la República de Chile.

Para precisar este capítulo se agrega que: "Carlos Montes, en su calidad de ministro de Estado, debió a lo menos haber sabido que en la cartera que dirigía se ejecutaban una serie de irregularidades que terminaron por configurar el caso de corrupción más grande de los últimos años".

Y se añade que: "De la información consignada en los hechos, resulta evidente que el ministro de Estado, una vez estallado el caso convenios no obró con los deberes de transparencia que exige la ley, comunicando a la opinión pública todo lo que acontecía de manera veraz, lo que era imperativo dadas las proporciones del escándalo. Mucha de esa información terminó por conocerse meses después".

Capítulo quinto: Responsabilidad constitucional del ministro de Vivienda y Urbanismo, Sr. Carlos Montes Cisternas por la infracción de la norma del artículo 175 letra b) del Código Procesal Penal que obliga al empleado público a denunciar los delitos respecto de los cuales toma conocimiento.