El miércoles pasado, INTERFERENCIA publicó el artículo “La red creada por el alcalde Alessandri y Carabineros en el INBA para que profesores delaten estudiantes”, donde este medio pudo acceder a pantallazos de un grupo de WhatsApp compuesto por carabineros, funcionarios municipales, el rector del INBA y profesores, mediante el cual se buscaba evidencia para expulsar o detener estudiantes, junto con la declaración de un profesor involucrado sin su voluntad en esa red ilegal de delación. 

La información contenida en la publicación generó una serie de denuncias y declaraciones en contra de este espionaje a menores de edad, además de investigaciones al respecto en Carabineros, Contraloría y en el Congreso Nacional. 

Nuestro medio conversó con la Corporación de DDH 4 de Agosto, abogados defensores de algunos alumnos afectados por Aula Segura, para analizar la situación jurídica en la que esta red se llevó a cabo, junto con las irregularidades en la aplicación de la Ley Aula Segura a más de dos años de su implementación y la situación en la que se encuentran las comunidades educativas ante estos hechos. 

Fundados en 2011 al alero de la movilización estudiantil de ese año, esta Corporación originalmente se constituyó como un organismo jurídico que pudiera brindar asesoría, protección y acompañamiento a quienes se veían afectados por detenciones o expulsiones en el contexto de dichas movilizaciones. A la fecha, han ampliado su ámbito jurídico y entre sus acciones más relevantes se cuentan los fallos favorables que obtuvieron en la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema por dos casos de expulsión indebida en el Instituto Nacional y en el Internado Nacional Barros Arana en el contexto de Aula Segura.

“Sus características idénticas, mecánicas y repetitivas mostraban la aplicación de un sistema de procesamientos escolares a partir de detenciones arbitrarias. En esos dos juicios, los tribunales superiores reconocieron la total falta de fundamentos de tales expulsiones sumarias. Sin embargo, la gran mayoría de expulsiones se ejecutaron sin ninguna resistencia judicial o administrativa”, explican respecto a esos casos desde la Corporación, representada por el abogado Javier Pineda en esta entrevista. 

¿Cuáles fueron las conclusiones que sacaron a partir de la información de este grupo de WhatsApp donde se coordinaban Carabineros, funcionarios municipales y autoridades educativas para seguir y delatar estudiantes? 

Viene muy bien la información que aportó INTERFERENCIA, porque lo que hace es visibilizar algo respecto a lo cual teníamos sospechas. En el caso nuestro, como Corporación de DDHH 4 de Agosto, habíamos llevado casos a nivel administrativo y también a nivel judicial de estudiantes del INBA y del Instituto Nacional, en lo cual podíamos ver que se ensañaban con determinados estudiantes que ocupaban un rol dinamizador de la organización estudiantil. Y por otro lado, también expulsaban a estudiantes que de forma azarosa habían sido detenidos por Carabineros. 

Entonces lo que concluimos es que por un lado había operado una red de funcionarios que de alguna forma aportaban los antecedentes de los estudiantes dinamizadores del conflicto principalmente. Y eso provocaba que los persiguieran y los expulsaran vía sumarios a través de Aula Segura. Entonces al entregar las conversaciones de WhatsApp de forma directa donde se acredita esta coordinación desde el municipio y autoridades de los mismos establecimientos educacionales, viene a soportar la tesis que tenían las comunidades educativas respecto a la persecución y que Aula Segura en definitiva se había utilizado como una ley que permitía desarticular la organización estudiantil dentro de los establecimientos educacionales. Eso también fue denunciado en el momento que se tramitaba la ley. 

En una declaración que hicieron llegar a nuestro medio, ustedes recalcan que esto se trata de una política ejecutada en clandestinidad. Se refieren en particular a las condiciones en que se generan estas supuestas evidencias, las que estarían fuera de todo ámbito legal, especialmente considerando que se trata de menores de edad. 

Hay distintos elementos que quedan al descubierto a propósito de esta red. En primer lugar, la persecución hacia estudiantes secundarios, eso significa hacia menores de edad. Entonces el manejo de información sensible respecto a menores, que va desde las fotografías que les tomaban sin la autorización de los padres ni de los menores al interior de los establecimientos ya es un tema vulneratorio de derechos. 

Pero por otro lado también el nivel de articulación da cuenta de la visión que tiene el municipio e incluso algunas autoridades educativas en la cual criminalizan a los estudiantes y se autoasignan funciones que no son propias de ellas, que son las labores investigativas, las cuales son privativas de Carabineros. 

Entonces esa alianza con características de levantamiento de información de inteligencia es una clara violación de garantías constitucionales, en particular el principio de juridicidad y legalidad que ordena las labores y funciones que tienen las autoridades. Por tanto, hay una vulneración por parte de las autoridades educativas a nivel municipal y en cada uno de los establecimientos -especialmente en el INBA- que realizaban labores por fuera de las funciones que tenían que desarrollar y por otro lado hay una vulneración por parte de los propios carabineros, quienes comparten una información con autoridades con quienes no están autorizados a coordinarlas ni revelarlas de esa forma. Por eso catalogamos a esta red como ‘un actor clandestino y que está por fuera de las normas del Derecho’. 

A partir de los antecedentes de los casos en los que les ha tocado interceder y con más de dos años de experiencia con esta legislación, ¿cómo evaluarían la aplicación que ha tenido la Ley Aula Segura hasta la fecha? 

Nosotros desde un principio manifestamos nuestro rechazo a esta legislación, porque considerábamos que era una ley que profundizaba la criminalización respecto a los estudiantes secundarios y daba un paso más de este discurso político instalado por el gobierno de Sebastián Piñera, en su momento por la ex ministra de Educación Marcela Cubillos, y también replicado por las autoridades municipales, tales como el alcalde Felipe Alessandri para el caso de Santiago. Nosotros consideramos que esta ley lo que iba a significar era una carta blanca para los directores de expulsar sumariamente y en realidad era una redundancia, porque los directores tenían facultad para expulsar estudiantes desde antes de Aula Segura. Pero bajo este discurso fue dar paso libre para que expulsaran a quien quisieran, contando con el aval de los legisladores, entre los que se encontraban algunos de los que se denominan de centro izquierda. Por tanto, nuestra primera conclusión es que esto es una ley innecesaria y que debe ser derogada. 

Por otra parte, a nivel de tribunales, la acción es más compleja. Porque está claro el discurso de las comunidades educativas en relación a la innecesaria y criminalizadora ley, pero a nivel jurídico el argumento que yo creo que fue la consecuencia de que nuestras causas hayan sido las únicas favorables a estudiantes de Aula Segura -a diferencia de otros recursos de protección que fueron presentados por otros abogados y comunidades- es que los nuestros, además de basarse en el debido proceso, nuestra garantía constitucional que tiene un mayor rango de protección es la igualdad ante la ley. 

Por tanto, si uno revisa la jurisprudencia, lo que nosotros alegamos es que existía un actuar ilegal y arbitrario, toda vez que las resoluciones que fundamentaban la expulsión de estos estudiantes, eran arbitrarias. Es decir, no cumplían con los requisitos de todo acto administrativo. Y eso es problemático puesto que jurídicamente nos permitió ganar los casos porque las autoridades no cumplieron con los requisitos propios de todo acto administrativo que es fundamentar las resoluciones que se realizan, y eso implicaba haber realizado una investigación acorde a los hechos relatados como causal de expulsión, cuestión que no ocurrió en los casos que representamos. Pero lamentablemente los casos que ganamos respondieron más bien a criterios jurídicos que a criterios en relación al discurso político que han levantado las comunidades educativas, y eso demuestra lo malo que es esta ley, porque faculta a los directores a expulsar sumariamente a los estudiantes y lamentablemente la cantidad de casos judicializados es ínfima respecto a la cantidad de estudiantes afectados por la aplicación de esta ley. 

¿En particular, podrían profundizar en qué fue lo que los tribunales reconocieron en favor de los estudiantes que habían sido afectados por la aplicación de esta ley en los casos que a ustedes les tocó representar?

El argumento principal dado por la autoridad para expulsar era que a uno de los estudiantes en el INBA o en el Instituto Nacional los habían identificado portando artefactos explosivos. Esa era la causal de expulsión. Lo que nosotros alegamos es que en realidad las facultades de determinar el porte de artefacto explosivo en cuanto a delito son los Tribunales de Justicia, no una autoridad administrativa. Por tanto, si no existía ningún tribunal que condenara a los estudiantes y ni siquiera los hubiera formalizado -porque en este caso no existían tampoco formalizaciones- nos encontramos frente a actos arbitrarios e ilegales que no estaban debidamente fundamentados. Es decir, lo que allí decían como causal no tenían cómo acreditarla. Eso fue lo que en definitiva reconoció y falló la Corte de Apelaciones de Santiago y luego ratificado por la Corte Suprema. 

Por contraexcepción, si un establecimiento educacional hubiese realizado una investigación acorde y hubiese demostrado que los estudiantes efectivamente habían concurrido en delito de desórdenes públicos o de esas características a los cuales a veces los estudiantes se enfrentan, podría haber decretado lo contrario, que el acto se encontraba bien fundamentado. Eso es lo problemático de la aplicación jurisprudencial. 

Y dentro de los antecedentes de dichas causas, ¿qué puede aportar el conocer una información como la de esta red de delación de alumnos coordinada entre carabineros, autoridades municipales y educativas, respecto a la aplicación de los elementos que se utilizaban para encontrar pruebas en contra de los alumnos?

Yo diría que en el caso de la Municipalidad de Santiago fueron bastante poco prolijos, porque no daban a conocer ni administrativamente ni judicialmente los antecedentes en esos WhatsApp. Pero para lo que servía esa red era para identificar a aquellos alumnos que ellos catalogaban como problemáticos y darles seguimiento ilegal aún cuando no existiera ningún delito cometido por parte de ellos. Por tanto, la forma en que operaba, y ese es nuestro parecer, es que las autoridades del colegio en conjunto con carabineros cruzaban información e identificaban estudiantes y luego aplicaban Aula Segura, sin importar la causal. Por eso se cruzan. 

Expulsaron a los dinamizadores de la movilización estudiantil, pero por contrapartida expulsaron a aquellos estudiantes que eran detenidos arbitrariamente cuando Carabineros hacía ingreso a las inmediaciones de los establecimientos educativos, que ocurrió muchas veces en el INBA y en el Instituto Nacional, donde la policía uniformada ingresaba y tomaba detenido a cualquier estudiante que se encontraba al frente. 

Imagino que cuando recabaron y analizaron los antecedentes de los casos que presentaron, ya había un ambiente de quiebre de confianzas dentro de las comunidades educativas…

Sí, claro. Yo agregaría que esto se cruza con otro factor, que es el reproche que reciben algunos funcionarios y trabajadores de los establecimientos educacionales por oponerse a las prácticas de represión arbitrarias y discriminatorias. Por ejemplo, yo llevo una causa de una trabajadora del Instituto Nacional que por oponerse a las prácticas de criminalización por parte de un inspector, comenzó a recibir represalias hasta que fue trasladada a otro establecimiento educacional. Y que ahora esa causa está a la espera de la sentencia que debería salir en los próximos días. 

Esto demuestra que en la práctica el municipio daba instrucciones a los funcionarios dentro del establecimiento educacional para que intentaran desarticular todo tipo de organización estudiantil y toda movilización que pudiese surgir de esos espacios, con el objetivo también de mermar a un actor que ha sido fundamental en las movilizaciones de los últimos años, como son los estudiantes secundarios. Y que luego se ve a efectos prácticos en la represión a el salto de los torniquetes en la revuelta de octubre de 2019, que es una de las consecuencias a esa política criminalizadora que lejos de impedir la movilización lo que hizo fue aumentarla, al menos en estos establecimientos educacionales con algunas excepciones, como la que ocurrió en el Liceo Darío Salas.