El pasado lunes, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta anuló la decisión del Comité de Ministros que rechazó el proyecto Dominga acogiendo de forma unánime la reclamación que la empresa Andes Iron presentó ante la resolución el comité en enero de 2023. 

La decisión, supone una dura derrota para el Gobierno de Gabriel Boric y también para la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, mientras la compañía controlada por la familia Délano se anotaba una importante victoria para sus pretenciones para efectuar el proyecto en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo. 

Según el dictamen, la instancia que conforma la ministra Rojas, junto con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, el ministro de Energía, Diego Pardow y la entonces ministra de Minería, Marcela Hernando, no respetó los principios de imparcialidad y confianza legítima al incluir secretarios de Estado que se manifestaron opiniones previas al proyecto. 

Así las cosas, el proyecto retorna al Comité de Ministros que en un plazo de 15 días tendrá que elaborar una nueva determinación al respecto. 

En ese contexto, Interferencia entrevistó al abogado Ezio Costa, Msc en Regulacion, Doctor en Derecho y Director Ejecutivo de la ONG Fima. "Cuando las dos o tres veces que ha sucedido que un Comité de Ministros rechaza un proyecto, salen las voces a decir 'esto es una decisión política', pero ese es un argumento engañoso, porque cuando se aprueban los proyectos está todo bien", explica Costa. 

-Planteó que la sentencia del Tribunal Ambiental contiene claras ilegalidades, según su opinión, ¿cuáles son esas ilegalidades cometidas en virtud de las atribuciones del tribunal?

"Hay que mirar en detalle cuáles son las declaraciones que se le imputan a las dos ministras que teóricamente no fueron imparciales o tuvieron problemas de probidad, ya que son bastante genéricas ambas apreciaciones y son opiniones que permanentemente hacen los ministros de Estado. Si El Tribunal Ambiental y los tribunales Ambientales van a sostener este tipo de interpretación a futuro, entonces tendremos a un montón de ministros de Estado que no van a poder participar de los Comités de Ministros. Eso no es ni bueno ni malo de por sí, pero es un cambio muy considerable en la manera en que se han resuelto las cosas antes".

-Son distintas las ilegalidades que haremos valer en los recursos de casación, pero la principal radica en que el Tribunal Ambiental ha sobrepasado sus funciones al querer determinar el contenido que debe tener el acto administrativo de aprobación o rechazo del proyecto Dominga. El Tribunal Ambiental no puede hacer esa determinación por sí mismo y es algo que está muy claro en la ley, pero en este caso lo ha hecho y busca —de alguna manera— forzar una decisión del Comité de Ministros que contenga la misma apreciación que el Tribunal ha realizado de los hechos.

-Por otra parte, ¿cómo califica este precedente para discusiones futuras?

-Me parece un mal precedente. Además, lo razonable es que esta decisión sea anulada por la Corte Suprema porque el Tribunal Ambiental no puede llevar adelante una decisión de este tipo, pues vulnera considerablemente la manera en que está planteada la institucionalidad ambiental. En ese sentido, espero que no sea un precedente, que esta decisión sea anulada y, por lo tanto, volvamos al cauce razonable del Derecho.

-El Tribunal Ambiental sostiene entre sus argumentos que ministros que manifestaron su postura sobre el proyecto no se inhabilitaron, ¿es ese un argumento pertinente? considerando un principio de imparcialidad.

-Ese es un punto interesante. Hay que mirar en detalle cuáles son las declaraciones que se le imputan a las dos ministras que teóricamente no fueron imparciales o tuvieron problemas de probidad, ya que son bastante genéricas ambas apreciaciones y son opiniones que permanentemente hacen los ministros de Estado. Si El Tribunal Ambiental y los tribunales Ambientales van a sostener este tipo de interpretación a futuro, entonces tendremos a un montón de ministros de Estado que no van a poder participar de los Comités de Ministros. Eso no es ni bueno ni malo de por sí, pero es un cambio muy considerable en la manera en que se han resuelto las cosas antes.

-Desde Andes Iron, plantean "poner fin a una espiral interminable de iteraciones administrativas y judiciales que impiden poner en marcha proyectos". Dicha consideración, ¿tiene asidero con los procesos judiciales? ¿Es posible sostener que existe un espiral interminable para poner en marcha proyectos?

-Nosotros mismos, desde la ONG Fima, hemos reclamado por la manera en que los ministros de Estado —en distintos gobiernos— apoyan de manera evidente los proyectos de esta naturaleza. Lo hacen en la prensa, mediante políticas públicas y bajo otras estrategias y ahí hay una muestra de falta de imparcialidad mucho más evidente que en este caso. Sin embargo, jamás los tribunales habían tomado ese punto como algo relevante. Por consiguiente, es llamativo que lo tomen ahora justamente para anular el rechazo de un proyecto. 

Lo llamativo es que este proyecto ha sido judicializado por ellos [Andes Iron]. Esta no es una judicialización que impulsaron las comunidades que están en contra. Además, este es un proyecto que ha sido rechazado en dos ocasiones y son ellos los que han creado este espacio de discusión infinita para imponer su propia voluntad. Si ahora quieren aprovechar un discurso instalado, que es bastante carente de razonabilidad, no lo veo como nada más allá de una maniobra comunicacional que tiene muy poco sustento efectivo.

"Las personas que están decidiendo en un Comité de Ministros son ministros de Estado, son personas que tienen un rol político. Se creó esa institución precisamente para darle una visión política a la aprobación o rechazo de proyectos. Eso ha significado que se aprueben decenas de proyectos que no deberían aprobarse porque no tienen las características técnicas mínimas, porque no se hacen cargo de sus impactos ambientales, pero los gobiernos los aprueban porque quieren esa inversión, ven un valor en la inversión y no ven un valor en la protección del medio ambiente".

Ahora, es verdad que existe un problema en los procedimientos de reclamación de los proyectos que pueden hacer muy largos estos procesos y hacerlos dar vuelta varias veces. Ese es un problema que todos hemos detectado, pero esto no tiene mucho que ver con los permisos de los proyectos, sino que tiene que ver con la insistencia de los titulares por aprobar proyectos a cualquier costo. Y también, ante la ausencia de buena información de los propios titulares en sus proyectos que deben volver a presentar un montón de información o a suspender parte de la evaluación.

-Desde el Gobierno, sostienen que el Comité de Ministros evalúa según criterios técnicos, ¿dicha aseveración es cierta, o también existen intereses políticos considerando que su constitución depende del Gobierno de turno?

-Los Comités de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental son instancias técnico políticas. Eso está diseñado así. Luego, por una cuestión comunicacional, todos intentan enfatizar un punto u otro, pero cuando uno mira una resolución del Comité de Ministros como la de Dominga o como cualquier otra, es una resolución que tiene un carácter técnico. Es decir, los proyectos se aprueban o se rechazan por cuestiones relacionadas con su evaluación ambiental y ahí hay visiones sobre cómo es que la información que se presentó cumple o no cumple con la normativa y cómo es que los impactos ambientales están debidamente compensados, mitigados o reparados.

Ahora bien, las personas que están decidiendo en un Comité de Ministros son ministros de Estado, son personas que tienen un rol político. Se creó esa institución precisamente para darle una visión política a la aprobación o rechazo de proyectos. Eso ha significado que se aprueben decenas de proyectos que no deberían aprobarse porque no tienen las características técnicas mínimas, porque no se hacen cargo de sus impactos ambientales, pero los gobiernos los aprueban porque quieren esa inversión, ven un valor en la inversión y no ven un valor en la protección del medio ambiente.

Cuando las dos o tres veces que ha sucedido que un Comité de Ministros rechaza un proyecto, recién en ese momento salen las voces a decir 'esto es una decisión política', que es un argumento bastante engañoso, pues. cuando se aprueban los proyectos está todo bien, pero al rechazarlos, es una cuestión política.

-¿Acaba siendo una decisión ideológica?

-Hay una ideología evidente que cree que la inversión, con cualquier daño que provoque, siempre tiene que ser bienvenida. Eso lo podemos ver en la gran mayoría de los medios de Chile y en los discursos de una serie de políticos: inversión a como dé lugar. Ese empuje ideológico es el que produce más problemas en términos ambientales y es por eso que nosotros desde siempre hemos planteado que no debieran existir instancias como el Comité de Ministros. Ahora, cuando una o dos veces el Comité de Ministros resuelve rechazar un proyecto, nos deberíamos alegrar que esas veces se esté poniendo por sobre esta ideología a favor de la inversión, el bienestar de las personas, el bienestar del medio ambiente y el bienestar del país para el presente y para el futuro.

"El Tribunal Ambiental se demoró más de un año en sacar este fallo y le está pidiendo al Comité de Ministros que en 15 días resuelva todo de nuevo".

-Respecto al rol de la Corte Suprema, ¿qué se puede esperar del máximo tribunal? tomando en cuenta los pronunciamientos anteriores que ha tenido sobre el proyecto Dominga.

-Esperamos que la Corte Suprema sea capaz de ver que aquí hay una vulneración normativa muy patente y que en virtud de ello anule esta resolución del Tribunal Ambiental. Sin embargo, tomando en cuenta los pronunciamientos anteriores, existe la posibilidad de que la Corte Suprema decida no ver este proyecto en profundidad hasta que el Comité de Ministros haya terminado de resolver. Como el Tribunal Ambiental le manda al Comité de Ministros que resuelva de nuevo, y en un plazo muy breve de 15 días, es posible que la Corte Suprema quiera esperar esa resolución antes de conocer la manera que se ha resuelto el caso. Esto sería un problema, no porque el Comité de Ministros tenga que resolver en un plazo tan breve, que ya es bastante irregular, es, por decir lo menos, extraño. El Tribunal Ambiental se demoró más de un año en sacar este fallo y le está pidiendo al Comité de Ministros que en 15 días resuelva todo de nuevo.

Pero además de eso, sería problemático porque si la Corte Suprema no entra a ver el fondo de las casaciones, dejará en pie esta idea de que el Tribunal Ambiental puede tomar decisiones que están claramente por sobre sus funciones. Y eso es complejo para la forma en que funciona la institucionalidad ambiental. Esto no es complejo solo para la protección del medio ambiente o para los proyectos, es para todos. Hoy día el Tribunal Ambiental decide esto en contra del medio ambiente, pero el día de mañana lo puede decidir en contra de un proyecto y también hacer una orden extraordinaria en términos del contenido de esa orden y si eso sucediera, entonces tendríamos seguramente a todas las personas que hoy día están defendiendo la el fallo del tribunal diciendo que el fallo del tribunal se extralimita en sus funciones.

-Y por último, aunque quizá no haya una respuesta concreta, ¿Cuánto tiempo más estará lo de Dominga en discusión? ¿Cuántas instancias quedan?, pues es un proyecto que ya lleva 11 años tramitándose y pareciera ser algo de no acabar.

-Esperemos que el menor tiempo posible. Este es un proyecto en el que la empresa debió dejar de insistir hace tiempo. Es un proyecto que no es viable en la forma en que está y en el lugar en que está. Eso lo saben también las personas que manejan el proyecto. Ellos han seguido insistiendo a pesar de los rechazos. Ellos han seguido queriendo poner este proyecto con datos que a día de hoy están completamente desactualizados. Yo espero que se le dé un fin luego a esto y que tengamos una posibilidad de certeza jurídica para ese lugar, para las personas que habitan allí que su vida y sus modos de vida no sean afectados por este proyecto.