Hoy asume el gobierno de Gabriel Boric, el primero de una nueva generación de la política que ha manifestado la intención de renovar a una centro izquierda que en las últimas décadas ha venido en baja, marcada por casos de corrupción y una fuerte inclinación al neoliberalismo, beneficiando constantemente al poder de los grandes empresarios chilenos e inversionistas extranjeros.

Pese a que el Ejecutivo que hoy comenzará a dirigir La Moneda es liderado por el conglomerado Apruebo Dignidad –integrados por Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, el Partido Comunista y la Federación Regionalista Verde Social–, en esta labor estarán acompañados por representantes del viejo poder, principalmente del Partido Socialista, aunque también algunos del Partido por la Democracia y el Partido Radical.

Esta mixtura entre lo viejo y lo nuevo mantiene a un sector de los votantes de izquierda en un escepticismo respecto de lo que pueda hacer Boric y compañía, pensando en que esto es más una renovación generacional de la Concertación, conglomerado que gobernó gran parte de los últimos 30 años en Chile.

Sin embargo, otra parte importante mantiene las esperanzas intactas, confiando en que figuras como el mismo Boric, además de los futuros ministros Giorgio Jackson y Camila Vallejo –Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General de Gobierno, respectivamente–, trabajarán en pos de la justicia social, tal como cuando fueron dirigentes estudiantiles en las protestas de 2011. 

En este panorama el protagonismo se lo llevan los rostros jóvenes mencionados anteriormente, como también la primera mujer en liderar el Ministerio del Interior en la historia de Chile, Izkia Siches. Pero la convivencia de estas figuras con asesores, sobre todo a nivel de subsecretarías, que vienen de la ex Concertación, mantiene la incertidumbre sobre qué hará el gobierno en materias específicas.

Como todo presidente, Gabriel Boric tiene una serie de desafíos, los cuales no son muy distintos a los de mandatarios anteriores como Sebastián Piñera o Michelle Bachelet. Aunque en el presente caso, es la promesa de un nuevo estilo de hacer política la que será evaluada por la ciudadanía.

Como todo presidente, Gabriel Boric tiene una serie de desafíos, los cuales no son muy distintos a los de mandatarios anteriores como Sebastián Piñera o Michelle Bachelet. Aunque en el presente caso, es la promesa de un nuevo estilo de hacer política la que será evaluada por la ciudadanía.

 La crisis en Wallmapu

Desde principios de los 90 que los gobiernos han protagonizado un conflicto entre el Estado con el pueblo mapuche, a partir de la oposición de estos a la ocupación de tierras en territorio indígena por parte de grandes empresas, principalmente forestales, tales como Empresas Arauco y la CMPC.

Pero, en la actualidad, a esto se suman problemas distintos al principal. De manera paralela, en zonas de la Provincia de Arauco y la Región de La Araucanía, aparecen hechos principalmente vinculados al narcotráfico y robo de madera. 

De esta forma, el mandato de Boric deberá enfrentar un problema político histórico con el pueblo indígena, mientras a la vez deberá terminar con los problemas de seguridad, en lo que el gobierno de Sebastián Piñera ha denominado como la ’macrozona sur’.

Para esta tarea ya se han trazado algunas líneas. 

Primero, a cargo del conflicto global, estará la ministra del Interior, Izkia Siches. Un potencial problema político en esto es que a ella la secundan dos hombres de un perfil distinto: Manuel Monsalve (PS) como subsecretario del Interior y Eduardo Vergara (PPD) como subsecretario de Prevención del Delito. Estos últimos, hombres cercanos a Mahmud Aleuy, subsecretario del Interior durante el segundo mandato de Michelle Bachelet y uno de los responsables políticos de la Operación Huracán ejecutada por Carabineros, la cual encarceló a ocho dirigentes mapuche con pruebas falsificadas.

En contraste a estas figuras, Siches contará con la asesoría del abogado Salvador Millaleo, ex militante socialista con amplia trayectoria académica en temas indígenas y de derechos humanos. El deber de éste será avanzar en el diálogo con comunidades mapuche en conflicto, lo cual se ha establecido como un factor clave para solucionar el conflicto de parte de la ministra, junto con realizar una Comisión de Esclarecimiento Histórico que apunte a reparar a las víctimas de usurpación de tierras indígenas y también de violencia, como también derogar el decreto 701 que entregó subsidios estatales para impulsar el negocio forestal.

Interior contará con el apoyo del abogado Matías Meza-Lopehandía, actual jefe de gabinete de presidente Boric, quien durante años fue parte del Centro de Investigación y Defensa Sur (CidSur), el cual representa judicialmente a presos políticos mapuche.

Asimismo, Interior contará con el apoyo del abogado Matías Meza-Lopehandía, actual jefe de gabinete de presidente Boric, quien durante años fue parte del Centro de Investigación y Defensa Sur (CidSur), el cual representa judicialmente a presos políticos mapuche.

En este marco, el aludido incluso trabajó en la redacción del reclamo de José Tralcal, Luis Tralcal y José Peralino –los condenados en el caso Luchsinger-Mackay– ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes alegan inocencia.

En lo concreto, por iniciativa de Sebastián Piñera con respaldo del Senado, hasta el 25 de marzo regirá el estado de excepción constitucional en Wallmapu, lo que mantiene a la zona militarizada desde el pasado 12 de octubre. 

Una vez terminado ese periodo, la medida no sería renovada por el gobierno de Boric, dada su apuesta por el diálogo. De todas formas, Carabineros y la Policía de Investigaciones se mantendrán operando en la zona.

El punto más difícil de esta gestión en lo social, será encontrar maneras para que las comunidades mapuche recuperen sus tierras, cuando estas están en manos de forestales que no quieren vender.

Una mano a la Convención

Se espera que a más tardar en octubre sea el plebiscito de salida que apruebe o rechace la propuesta de carta fundamental que proponga la Convención Constituyente. Ahora con el gobierno de Gabriel Boric, este organismo tiene un panorama político mucho más favorable que si hubiese ganado José Antonio Kast.

Durante la gestión de Sebastián Piñera, la entidad sufrió distintas trabas de parte de La Moneda, sobre todo en temas logísticos, como por ejemplo, la no instalación de los equipos necesarios para que la Convención funcionara durante su primera sesión en el ex Congreso.

Con el cambio de mando las barreras técnicas estarían del todo superadas. Además el secretario administrativo de la Convención, Matías Cox, logró cohesionar su trabajo con el organismo por lo que fue ratificado por Boric.

De esta forma, el principal problema para la institución de cara al plebiscito de salida viene siendo el accionar político de la derecha. Esta última, sin los votos necesario para influir dentro del contenido de la propuesta de carta fundamental, apunta a torpedear el trabajo constituyente a través de propaganda, destacando los temas negativos que emanen de las sesiones, en ocasiones incluso de la mano de la tergiversación.

En esto el gobierno de Boric puede ser fundamental, sobre todo a través de un apoyo comunicacional que realce el contenido de lo que se discute y aprueba al interior de la Convención, con un tenor diferente al que impulsan los partidos derechistas.

En esto es fundamental para el nuevo gobierno que el Apruebo se imponga al Rechazo, pues son impensadas las consecuencias de mantener la Constitución del 80 y una segura fuente de inestabilidad. Por eso Boric deberá -respetando la autonomía de la Convención- generar las condiciones políticas para que la nueva carta magna se apruebe por la mayoría más amplia posible. 

Delincuencia 

La delincuencia es una de las mayores preocupaciones de los chilenos, o al menos así lo señala el informe mensual de febrero Claves Ipsos, donde un 51% de los encuestados cree que “combatir la delincuencia” debe ser una prioridad en el gobierno del presidente Gabriel Boric. 

En Chile, según el informe estadístico 2021 elaborado por el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) —correspondiente a la Subsecretaría de Prevención del Delito—, los catalogados “delitos de mayor connotación social” (DMCS) desde el año 2019 en su mayoría vienen a la baja. No obstante, hay algunos que han aumentado en su variación respecto a los años anteriores. 

En ese sentido, el delito “robo de vehículo motorizado” aumentó un 14.4% en comparación con el periodo 2019-2020. Por su parte, en la clasificación “otros robos con fuerza” la variación fue de un 5%. Otra estadística preocupante la marca el delito de violación, pues tuvo un incremento del 13% en relación a los años anteriores. 

No obstante, el delito que más aumentó durante el 2021 fue el de violencia intrafamiliar. El informe señala una variación del 21.8% en comparación con el resto de los años. Tasa porcentual que se traduce en 736 delitos por cada 100 mil habitantes en Chile. Algo que podría enfrentar con la inclusión del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género al comité político en La Moneda. 

De esta forma, a Gabriel Boric se le plantean dos desafíos. Por un lado mantener a la baja la mayoría de los delitos de mayor connotación social, entre los que destacan con mayor disminución: robo con violencia o intimidación (-28.6%), robo en lugar no habitado (-23.8%) y homicidios (-22.7%). Pero por otro, enfrentar los que van en alza.

De esta forma, a Gabriel Boric se le plantean dos desafíos.

Por un lado controlar a la baja la mayoría de los delitos de mayor connotación social, entre los que destacan con mayor disminución: robo con violencia o intimidación (-28.6%), robo en lugar no habitado (-23.8%) y homicidios (-22.7%).

Pero por otro, enfrentar los que van en alza. Tarea que tendrá que enfrentar junto a Izkia Siches, ministra del Interior, y Eduardo Vergara (PPD), subsecretario de Prevención del Delito. 

De cumplir su programa de gobierno, Gabriel Boric creará un Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana, para enfrentar la delincuencia pues argumenta que es necesaria una nueva institucionalidad.

Además, plantea un nuevo sistema de control de armas y municiones, junto con una “intervención urbana” en los barrios prioritarios que define como verdaderas zonas de sacrificio y exclusión. 

Todo esto, con las policías en crisis, en especial Carabineros, duramente afectado en su prestigio después del estallido social.

Inflación 

La inflación es otra de las materias a la que Gabriel Boric tendrá que poner atención de cara a su nuevo gobierno. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2021 la inflación aumentó en un 7.2%. A su vez, el INE argumentó que el alza se debió al incremento de precios en transporte y alimentos, principalmente. 

Para ese entonces, Boric dio sus primeras señales de preocupación. El futuro mandatario se reunió con Mario Marcel -que en ese entonces era presidente del Banco Central de Chile, hoy ministro de Hacienda- para tratar los temas relativos a la inflación. De hecho, la cita se dio el mismo día que el INE publicó sus estadísticas, el viernes 7 de enero del 2022. 

Previo a estos hechos, en diciembre de 2021, el informe de Política Monetaria del Banco Central proyectó el crecimiento para el 2022 entre 1.5 y 2.5%. Sobre la inflación arrojó un promedio de 5.9% para el mismo año.

Previo a estos hechos, en diciembre de 2021, el informe de Política Monetaria del Banco Central proyectó el crecimiento para el 2022 entre 1.5 y 2.5%. Sobre la inflación arrojó un promedio de 5.9% para el mismo año. 

Es en este escenario donde la figura de Mario Marcel cobra relevancia -aunque ahora desde la vereda fiscal- a quien Boric definió como “garantía de seriedad”, en entrevista con la BBC.

Sin embargo, el expresidente del Banco Central ya ha marcado algunas de sus líneas para el cuidado del crecimiento, sobre todo en aspectos que han significado un mayor gasto fiscal, como la extensión del IFE laboral por parte del gobierno de Piñera. Además de su crítica al eventual fin del sistema AFP, contrariando una de las promesas de campaña de Gabriel Boric.

A todo esto se suma la presión inflacionaria por la guerra en Ucrania, ya que las sanciones a Rusia encarecen el precio del petróleo, y con esto, el de todos los bienes que se transportan. 

En tiempos normales, la solución sería ajustar el gasto público, pero tanto la campaña de Boric, como la presión social por el estallido, hacen políticamente difícil para un gobierno de centro-izquierda frenar lo que se denominó 'derechos sociales', los que están asociados a altos costos fiscales.

Sueldo mínimo

A días de asumir la presidencia de Chile, Gabriel Boric, retomó la discusión sobre el sueldo mínimo y lo ratificó como una prioridad dentro de su gobierno. En concreto, aumentarlo hasta $500 mil.

No obstante, el alza se haría de forma gradual y contemplaría un primer aumento para mayo de 2022 de $50 mil. Esto, tras un proyecto de ley que planea enviar al Congreso en abril. 

Luego —y hasta el fin de su gobierno— el aumento se realizaría de forma gradual hasta llegar al monto propuesto de $500 mil, según detalló Jeanette Jara, ministra de Trabajo, a La Tercera. No obstante, Fernando Carmona, coordinador laboral y encargado del plan de gobierno, señaló que llegar a esa suma dependerá de la economía y de otras variables que pudieran afectar en su aumento. 

Asimismo, y frente a la preocupación de las pequeñas empresas de poder cubrir este aumento, Jara sostuvo que será entregado un subsidio con el fin de facilitar su adaptación frente a las nuevas políticas a impulsar por el gobierno. 

Cabe destacar que, según un estudio publicado por la Fundación Sol en el 2020, cerca de 890 mil personas en Chile recibe sueldo mínimo, pero cerca del 64% de trabajadores un salario bajo los $400 mil, es decir, 1 de cada 3. 

El peligro de esta medida es que se cumplan los vaticionios de la economía clásica, y que al aumento del sueldo mínimo, se eleve el desempleo.

Reforma tributaria, pensiones y salud

“Es vital llevar a cabo una reforma tributaria”, fue una de las frases que el presidente Gabriel Boric pronunció en la Enade celebrada durante las primeras semanas de enero del 2022.

Con una economía en déficit el mandatario sabe que necesitará de una mayor recaudación, sobre todo para impulsar las propuestas transformadoras y cumplir así sus compromisos de campaña. 

De hecho, el costo del programa de Boric bordea los US$12.500 millones y, según sus propias palabras durante el debate Archi, la única forma de poder impulsarlo es a través de una mayor recaudación. 

Asimismo, en la cumbre empresarial fue claro en señalar que el diálogo entre los distintos sectores será fundamental para poder lograr acuerdos. Esto, pues con las proyecciones de crecimiento del Banco Central que no logran —en el plano más optimista— superar el 2.5%, el escenario es complejo. 

Sin embargo, el mandatario no pierde su tono esperanzador —o ambicioso— y aseguró que pretende avanzar hacia un régimen tributario parecido al de la OCDE. Y con ello, dar respuestas a las problemáticas de pobreza, extrema pobreza, informalidad laboral, campamentos y el déficit de 600 mil viviendas dignas, aunque en este último punto reconoce que en cuatro años de gobierno no podrá dar respuesta a todas las necesarias. 

Boric y su equipo económico pretenden aumentar los ingresos del PIB en un 5% durante los cuatro años que durará su gestión. ¿El primer paso? ceñirse al presupuesto 2022, que retira en su mayoría las ayudas entregadas por el gobierno de Piñera para el manejo de la crisis sanitaria. 

Para ello, Boric y su equipo económico pretenden aumentar los ingresos del PIB en un 5% durante los cuatro años que durará su gestión. ¿El primer paso? ceñirse al presupuesto 2022, que retira en su mayoría las ayudas entregadas por el gobierno de Piñera para el manejo de la crisis sanitaria. 

El problema es que cualquier reforma tributaria debe pasar por un Senado empatado, lo que le da asiento negociador a los grandes empresarios, los que -pese a estar conscientes de que la reforma es indispensable para ofrecer paz social- no suelen negociar con generosidad, y tampoco es claro que tengan definido qué sector productivo o segmento social hará la mayor pérdida

Crisis humanitaria en la frontera

El gobierno de Sebastián Piñera tuvo una política que llevó al desastre en materia de migración, marcada por su visita a Cúcuta en 2019 y el ofrecimiento de recibir a todo aquel que escapara del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, algo que en el papel serviría al mandatario para posicionarse como un líder en Latinoamérica, pero que finalmente no ocurrió.

Según datos del Servicio Nacional de Migraciones, 40 mil ciudadanos venezolanos ingresaron a Chile en 2021 –muchos por pasos no habilitados– buscando mejores oportunidades. En la práctica esto se ha traducido en una crisis humanitaria, debido al abandono del Estado chileno hacia estas personas que recibieron el mensaje de Piñera en 2018, lo que los ha obligado a improvisar campamentos en distintas ciudades del país. 

Esto desembocó en un despertar xenofóbico en parte de la Región de Tarapacá, en el cual se vieron constantes ataques a ciudadanos venezolanos y marchas anti-inmigrantes de parte de ciudadanos chilenos. En el contexto de esto además ocurrió el homicidio del camionero Byron Castillo, el cual habría sido perpetrado por tres migrantes.

La medida del gobierno de Piñera para enfrentar esta crisis fue un estado de excepción y la Ley de Migración que incluye las llamadas “reconducciones”, las que en la práctica no han frenado el ingreso de personas por pasos no habilitados y por ende, la crisis en la zona.

Junto con todo esto, según reveló Ciper Chile, en octubre de 2021 el Servicio Nacional de Migraciones, encabezado por Álvaro Bellolio, sufrió la pérdida de la base de datos que contenía la ‘hoja de vida’ de todos los extranjeros residentes en Chile desde 1993 hasta 2021.

Este panorama es el que hereda Gabriel Boric. Su principal carta hasta el momento es empadronar a todos los inmigrantes “irregulares”, con tal de evaluar cada caso y buscar un “regularización extraordinaria”, según se planteó en su programa de gobierno.