Pese al historial de descriterio policial en el uso de la fuerza, la ley despachada por la Cámara ampliará las situaciones en las que policías podrán usar su arma de servicio, lo que incluye amenazas con objetos contundentes y si son atacados por más de dos personas. Además, no serían imputados sino testigos en caso de daños a civiles.  

Tanto Gabriel Boric como Rodolfo Carter, edil de La Florida, asistieron al responso, buscando marcar presencia en momentos en que la seguridad se tomó la agenda, con lo que pueden producirse cambios en los pesos políticos de los actores. Mientras, la Cámara aprobaba con unanimidad endurecimiento de penas para porte ilegal de armas y el secuestro.

El máximo tribunal ratificó la decisión tomada por la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del recurso de protección presentado poor María Ana Guerrero, que buscaba borrar la cobertura de los millonarios contratos entre Carabineros y Full Clean, empresa suya y de la esposa y cuñada del ex oficial acusado de cegar a Gustavo Gatica. “La publicación que se pretende sea eliminada es una información de interés público”, apuntó la Tercera Sala Constitucional.

Contraloría determinó que no hay justificación para prestar a una empresa privada estos servicios, registrados entre julio y diciembre de 2020. Más aun cuando en la época hubo rubros que registraron más asaltos que la industria del tabaco.

Interferencia publicó hoy un reportaje sobre el negocio entre la multinacional y la entidad policial. Carabineros asegura, al igual como se indica en los contratos de la institución que este medio reveló en su artículo, que el trato directo era necesario para mantener el servicio y por temas de complejidad del proceso licitatorio y sus plazos, además de contar con la aprobación de todas las entidades correspondientes. 

Para la multinacional es el contrato más cuantioso que tuvo a nivel global el último trimestre de 2022. La policía chilena pidió saltarse una licitación para no interrumpir los sistemas radiales contratados con esa empresa que, en su mayoría, datan de entre 2011 y 2016. El gobierno de Boric accedió a ello en agosto pasado.

El cabo 2° Manuel Sánchez fue condenado al pago de 6 UTM (371 mil pesos aproximadamente) por atropellar a un manifestante en noviembre de 2019 en el contexto del estallido social en Concepción, desestimando una pena privativa de libertad. El tribunal también desestimó condenarlo por no prestar auxilio al manifestante y retirarse del lugar.

En noviembre de 2021 la PDI y Carabineros recibieron la orden de aprehensión para Héctor Osses (85 años), condenado a 140 años de prisión por crímenes cometidos cuando era parte de la comisaría de La Granja en 1973. El Ministerio de Justicia presentó una querella contra quienes lo estén ayudando a ocultarse.

La sentencia contra el teniente Diego Benavides quedó programada para el próximo 6 de marzo. Además, están involcurados por apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público el mayor Juan José Del Río Soubelet y otros cuatro policías.

El ente contralor emitió los resultados de una investigación especial a partir de una denuncia de la ex diputada Cristina Girardi (PPD) realizada en diciembre de 2020 y publicada por INTERFERENCIA. Se confirmó que hubo vigilancia policial a vehículos de la tabacalera, falta de registro de estos seguimientos y cuestionamientos a las razones de priorizar esta industria en desmedro de otras que presentaban mayor amenaza.

El ex oficial de Carabineros -también acusado de disparar y cegar a Gustavo Gatica- buscó que el Tribunal Constitucional eliminase una condena anterior de 2018 por lesiones graves al disparar su escopeta, solicitando la inaplicabilidad de la expresión “apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Según el querellante –un funcionario de Carabineros formalizado por el megafraude– Morales y el entonces jefe de la Dipolcar, Bruno Villalobos, se concertaron para “encubrir” los desfalcos. El fiscal asegura que la querella no tiene sustento, por lo que debería ser sobreseído. La causa, declarada admisible en 2019, no registra avances según la página de seguimiento del Poder Judicial.

Carabineros no tiene sus manos amarradas ni está desprovisto de apoyo político, sino que es víctima de la utilización ideológica del fenómeno de la delincuencia y la debilidad institucional para adaptarse a un nuevo tipo de ilícitos. No necesita licencia para matar, sino una buena reforma institucional, menos populismo penal y mejores políticas públicas contra el crimen organizado.

La Mutualidad de Carabineros pide el reintegro de $50 millones, otorgados a Espinosa cuando fue parte de su Consejo. En septiembre –un día después de que INTERFERENCIA revelara que otra demanda similar podía quedar abandonada– la mutual solicitó desarchivar la causa. Si no registra gestiones pronto volverá a ser archivada.

INTERFERENCIA reveló la semana pasada que la demanda que busca el reintegro de $45 millones por parte del ex oficial a la Mutualidad de Carabineros podía quedar abandonada este 7 de octubre, puesto que en casi seis meses no se había notificado de la causa a Bruno Villalobos. Cinco días después del artículo que reveló sta situación, se dio curso al trámite que permite proseguir la causa.  

Después de un sumario, el ex capitán Samuel Carrasco dejó de pagar un crédito de $48 millones, dado por el Fondo de Ahorro Habitacional de Carabineros erróneamente. INTERFERENCIA habló con sus avales -carabineros de menor rango- quienes desde 2011 pagan el préstamo mientras la institución no ha hecho gestión alguna por cobrar a Carrasco.

La causa no registra movimientos desde abril, por lo que la demanda por $45 millones quedará sin efecto si el ex director de la institución no es notificado antes del 7 de octubre. Ésta “se realizará dentro de los plazos”, aseguraron desde la Mutualidad de Carabineros.

El pasado 1 de septiembre el ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, fue declarado culpable de disparar a la cara de Fabiola Campillai; despojándola de su visión, gusto y olfato. En conversación con INTERFERENCIA, su abogada da cuenta de un juicio “complejo y doloroso”, con una defensa “que no prestó colaboración alguna en el esclarecimiento de los hechos”.

Teniente coronel Christian Beltrán fue trasladado a la 38° Comisaría de Puente Alto. Una investigación en curso pidió levantar su secreto bancario ante las sospechas de haber recibido pagos de la industria del robo de madera. El oficial de la Dipolcar ya contaba con denuncias por mal uso de recursos fiscales y maltrato laboral.

Héctor Osses (85 años), a cargo de la Subcomisaría de La Granja en dictadura, es buscado desde noviembre de 2021 por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y el OS9 de Carabineros; hasta ahora sin éxito. Acumula un mínimo de 124 años de condena en 17 causas distintas, con tres sentencias ya ratificadas por la Corte Suprema.

El 30 de septiembre de 2021, el director nacional de Orden y Seguridad ordenó “maximizar medidas de seguridad” en comisarías considerando diversos eventos de sustracción de vehículos bajo el cuidado de Carabineros. El 26 de junio de este año, un vehículo apareció chocado en una casa en Cañete, desatando una investigación sumaria.

Claudio Crespo -acusado de cegar a Gustavo Gatica- y Giovanna Cúneo se casaron en junio de 2015. Desde esa fecha hasta 2020, cuando el funcionario fue dado de baja, Carabineros adjudicó siete licitaciones y tres tratos directos a Fullclean, empresa de su esposa. En 2021, con Crespo fuera de la institución, la empresa ganó otra licitación por $6,5 mil millones.

En mayo de este año, Fullclean S.A., empresa donde trabaja Crespo -acusado de cegar a Gatica-, propiedad de su esposa, su suegra y su cuñada, se adjudicó un contrato de $27 millones para resguardar un terreno. Desde la Municipalidad indican que el proceso “se ajustó a todas las obligaciones que exige la ley”.

En 2021, Fullclean —propiedad también de la suegra y la cuñada del ex carabinero acusado de cegar a Gustavo Gatica— se adjudicó la limpieza del hospital institucional por 36 meses. El propio Crespo, ahora en libertad, trabaja en la división de seguridad de la compañía.

El Centro Latinoamericano de Investigación Periodística formó una alianza con Interferencia y otros 11 medios de la región para revelar el negocio detrás del armamento no letal y su impacto en la sociedad latinoamericana. En este corto documental, la historia de la hoy senadora Fabiola Campillai, quien hace tres años salió de su casa a trabajar y un cartucho lacrimógeno le cambió la vida para siempre. 

Masivas protestas entre octubre de 2019 y marzo de 2020 fueron respondidas con el uso de granadas químicas, cartuchos lacrimógenos y perdigones disparados por la policía y Fuerzas Armadas. El mercado de armamento no letal vivió un boom, mientras los manifestantes vivieron las consecuencias: 3 mil casos de violaciones a los DD. HH., 460 heridos oculares y 34 personas fallecidas fueron parte del saldo.

El ex funcionario del Poder Judicial, en prisión preventiva en Valdivia desde abril de 2021 tras ser acusado de guardar un importante arsenal de armas en su domicilio, busca ser trasladado a la cárcel de Traiguén, su comuna, para poder recibir visitas de su familia.

Esto implicará modernizar Carabineros, una institución fundada hace 95 años bajo la dictadura militar de Carlos Ibañez del Campo y de las pocas policías a nivel mundial que mantenían aspectos tales como la verticalidad del mando. De todos modos, las policías seguirán siendo profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes, no deliberantes y sus integrantes no podrán pertenecer a partidos, gremios ni sindicatos.

Una auditoría interna de Carabineros reveló que no existe documentación de respaldo para cientos de préstamos de este fondo de $147 mil millones financiado por descuentos mensuales a todos los funcionarios del país. Entre quienes recibieron créditos millonarios figuran involucrados en el caso PacoGate y ex jefes del Departamento de Bienestar.

INTERFERENCIA tuvo acceso a informes y testimonios que advierten sobre graves irregularidades en el fondo que gestiona casi $150 mil millones provenientes de aportes mensuales de unos 6o mil policías. Auditores externos y uniformados al tanto hablan de “la Cutufa de Carabineros”.