INTERFERENCIA reveló la semana pasada que la demanda que busca el reintegro de $45 millones por parte del ex oficial a la Mutualidad de Carabineros podía quedar abandonada este 7 de octubre, puesto que en casi seis meses no se había notificado de la causa a Bruno Villalobos. Cinco días después del artículo que reveló sta situación, se dio curso al trámite que permite proseguir la causa.  

El contrato vigente desde junio de 2020, implica un préstamo de US$48 millones del BID y exige aportes locales por el mismo monto en 5 años. El órgano ejecutor es la Subsecretaría del Interior. Al 31 de diciembre de 2021, el BID había desembolsado US$2,6 millones  y se ejecutaron sólo US$330 mil. No se realizaron las reuniones del comité coordinador comprometidas y tampoco hubo aportes locales. Desde la administración anterior atribuyen las demoras a problemas burocráticos.

Una auditoría interna de Carabineros reveló que no existe documentación de respaldo para cientos de préstamos de este fondo de $147 mil millones financiado por descuentos mensuales a todos los funcionarios del país. Entre quienes recibieron créditos millonarios figuran involucrados en el caso PacoGate y ex jefes del Departamento de Bienestar.

INTERFERENCIA tuvo acceso a informes y testimonios que advierten sobre graves irregularidades en el fondo que gestiona casi $150 mil millones provenientes de aportes mensuales de unos 6o mil policías. Auditores externos y uniformados al tanto hablan de “la Cutufa de Carabineros”.

Sebastián Piñera debe decidir si acoge la sanción de un mes de suspensión sugerida para Roberto Erpel (UDI) a raíz de múltiples irregularidades en la compra directa de 18 mil canastas en 2020. La empresa Tobar y Tobar fijó precios sobre mercado y no contaba con giro ni inicio de actividades para vender alimentos.

A raíz de las críticas por el alza en el valor de los cilindros distribuidos por Gasco, Abastible y Lipigas, también se han levantado voces criticando la postura pasiva de la petrolera estatal que produce buena cantidad de ellos. En paralelo, la iniciativa para que distintos municipios pudieran ingresar al mercado y vender a menor precio ayer recibió un portazo de la Contraloría que exigió una ley que los autorice.

Contraloría realizó un control de legalidad de la medida que frustró la intención del gobierno de militarizar la zona, ante lo cual la autoridad anunció que buscará un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Pero, podría ir por lana y terminar impedido de que los militares continúen realizando la vigilancia policial de las fronteras. 

Esto podría llevar cuestionar los actos administrativos de ambos altos mandos y sus alzas salariales. Contraloría sugirió sanciones porque los oficiales no tomaron "medidas oportunas" para evitar la crisis de derechos humanos de 2019 y 2020.

Este jueves un grupo transversal de la Convención Constituyente envió un oficio a Contraloría para solicitar que el organismo estudie si el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y su organismo dependiente, la  Unidad de Secretaria Administrativa, han hecho un buen uso de los recursos destinados para la instancia constitucional.

El oficio dirigido a Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, exige una investigación del convenio que permite que la Universidad de Talca entregue más de 270 millones de pesos a Cieplan, think tank ligado a la Democracia Cristiana. Se trata del mismo partido al que pertenece el rector de dicho plantel, Álvaro Rojas Marín.

El tribunal Supremo ordenó dar la “tramitación correspondiente” al recurso constitucional, por lo que tanto Carabineros como la Municipalidad de Santiago deberán responder ante posible afectación de derechos de estudiantes luego de que montaran una red para delatar alumnos junto a funcionarios del internado.

Vecinos y pequeños agricultores de Baracaldo, en María Pinto, temen que el sector se transforme en una réplica de Petorca. Tres empresas tienen el control de una pequeña cadena de cerros donde han talado bosque nativo xerófilo, intervenido quebradas de importancia ecológica y plantado cientos de hectáreas con paltos. Los vecinos sospechan mayor escasez de agua en sus pozos debido al monocultivo.

El afectado es Rodrigo Vattuone, un ex marino que postula como independiente al sillón municipal. Arancibia, en tanto, quiere ser constituyente.

En la querella de la Corporación 4 de Agosto y la concejala Rosario Carvajal se solicita tomar declaración a Roberto Sánchez, un ex alto funcionario de la Dirección de Educación de Santiago (quien se postula a concejal por San Ramón), junto a otros involucrados en el grupo de espía. Alessandri, en tanto, prorrogó por segunda vez la entrega de oficio solicitado por Contraloría.

Ludwig Bornand rebajó multas que el municipio aplicó a una empresa que él mismo representó para ganar una licitación en 2016. Esto motivó en 2018 una querella a la que se sumó el alcalde Andrés Zarhi. En abril de 2019 renunció a la dirección jurídica, pero tres meses después la Corporación de Desarrollo Social –presidida por el propio alcalde– lo contrató por $6,5 millones mensuales.

La pérdida para la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda que dirige el independiente Juan Rozas se calcula en torno a $415 millones. Entre los beneficiados figura la Jefa del Departamento de Licencias de Conducir junto a otros cuatro funcionarios, además de seis parientes de trabajadores municipales.

INTERFERENCIA accedió a la totalidad del chat donde funcionarios municipales y carabineros solicitaban a miembros del internado información clave para aplicar Aula Segura. Aparte del caso de Ana María Gajardo, los mensajes revelan el sometimiento de algunos directivos que fueron parte del sistema de delación a la policía y al alcalde Alessandri, la publicación de datos sensibles de alumnos de otros liceos y reportes de asambleas de apoderados.

Un oficio sobre la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), da cuenta que la entidad no tiene un Sistema de Registro de Comunidades Indígenas actualizado.

La Contraloría auditó la contratación de cinco establecimientos hoteleros por parte del servicio de salud de Aconcagua y Viña del Mar, encontrando graves irregularidades que incluso podrían constituir un enriquecimiento ilícito. Los contratos fueron firmados cuando el ex subsecretario Arturo Zúñiga estaba al mando de las residencias sanitarias.

En su declaración judicial realizada el pasado 14 de septiembre, y a la cual tuvo acceso INTERFERENCIA, el ex comandante en jefe del Ejército aseguró que todo lo que se hizo en el caso del Fondo de Ayuda Mutua (FAM) se “ajustaba a la legalidad”. La fiscalía indaga gastos irregulares por más de 3.500 millones de pesos para cubrir el desfalco de esa entidad privada de ahorro tipo “Cutufa”, que descontaba dinero a los militares a través de sus planillas de pago.

INTERFERENCIA accedió a distintas cuentas de electricidad correspondientes a la alcaldía de Cathy Barriga, constatando que al menos siete no se han pagado desde agosto y trece desde junio. Concejales de la comuna aseguraron que se llegó a un acuerdo con la empresa de luz para pagar lo adeudado en 36 meses, excediendo el periodo de la alcaldesa.

El ente de control también comprobó que ese municipio no registró en la contabilidad deudas por más de $1.900 millones, además de inconsistencias en la conciliación bancaria por más de $2 mil millones. A esto se suma la eventualidad de dudosas prácticas contables, lo cual tendría como fin comenzar los años sin hacerse cargo de estos déficit.

La entidad fiscalizadora confirmó que abrirá una investigación por presuntas irregularidades.

El alto mando habría recibido pagos por realizar labores de seguridad privada en las cuales ocupó a personal activo de Carabineros y autos institucionales para realizar trabajos de escolta, denuncia hecha a Contraloría por la diputada Cristina Girardi.

Jorge Bermúdez señaló que el documento fue entregado de manera gratuita por la empresa Alto Data Analytics a la Agencia Nacional, por lo que no se afectó la ley de compras públicas. Además, el organismo aseguró que no se afectó la ley de lobby en estos hechos ni tampoco menciona el rol que tuvo Quiñenco en esta trama, hecho revelado por INTERFERENCIA en enero de este año.

El viernes pasado se confirmó la renuncia del jefe de gabinete de Instituto de Previsión Social, Jorge Mardones, militante RN quien a través de la OTEC que tiene junto a su esposa ganó millones por capacitaciones relacionadas a fondos Pro Empleo, del Ministerio del Trabajo, tal como lo reveló INTERFERENCIA. Tres diputados solicitaron oficios a Contraloría y al Ministerio del Trabajo, para aclarar la relación de Mardones con estos fondos.

El ministerio realizó más de 900 viajes al exterior entre octubre del 2019 y junio de este año. Esto significó un gasto de más de $860 millones. Todas esas compras se concretaron a través de Mercado Público, plataforma que busca la “transparencia y probidad”. Sin embargo, existe falta de información en las adquisiciones de pasajes y una evidente preferencia a ciertos proveedores, los que han estado vinculados a investigaciones judiciales.

El organismo público multó a la multinacional Idemia por supuestamente incumplir el contrato e impedir el paso a cierto tipo de información interna. La empresa se negó por temas de confidencialidad. Todo en el marco de una investigación por falsificación de pasaportes y cédulas que investiga a ex funcionarios del Registro Civil.

Hernández es el suboficial en retiro que puso la denuncia que obligó a los altos oficiales activos que prestaban servicios remunerados en Mutucar a desvincularse de esta por percibir sobresueldos. Ahora arremete contra los ex generales directores para que devuelvan el dinero recibido durante estos años de doble militancia laboral.

Hace unos días la Fiscalía formalizó al suspendido militante de Revolución Democrática, Mariano Rosenzvaig. Según correos a los que accedió nuestro medio, el partido abordó este tema como algo propio, y ahora ante la judicialización se pusieron al margen.