La concejala Catalina Magaña (PS) denunció a la edil UDI por vulneración al principio de probidad. Esto se fundamenta en una demanda revelada por Interferencia, donde el ex administrador de la Municipal acusa que Mora le pedía “tapar irregularidades”; además de ir a comprar a vinos, vender maquillaje o ir a Meiggs durante su jornada de trabajo.

A fines de año Boric deberá proponer al Senado un nuevo Contralor General. Dada la actual debilidad política de La Moneda y su poca influencia en el Congreso, se vislumbra un proceso complejo. Desde el propio poder legislativo están surgiendo candidatos, pero también desde la coalición oficialista, la Contraloría e incluso del Ministerio Público.

Contraloría determinó que no hay justificación para prestar a una empresa privada estos servicios, registrados entre julio y diciembre de 2020. Más aun cuando en la época hubo rubros que registraron más asaltos que la industria del tabaco.

El ente contralor ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental subsanar una serie de definiciones en su instructivo de 2020 que favorecen este tipo de proyectos. "Son subterfugios legales", dice Patricio Herman, de Fundación Defendamos la Ciudad, la cual impugnó el documento.

La administración de Emilia Ríos (RD) pidió a la Corte de Santiago aclarar su decisión que anula un cambio arbitrario al plan regulador hecho por el ex alcalde Andrés Zahri (pro-RN), sugiriendo que no se puede volver al artículo que prohíbe construir en altura en calles estrechas.

Con el fin de indagar en mayor profundidad si hubo irregularidades y si hubo efectivamente sobreprecio en la adquisición, el ente fiscalizador ordenó esta mañana suspender temporalmente la operación.

El ente contralor emitió los resultados de una investigación especial a partir de una denuncia de la ex diputada Cristina Girardi (PPD) realizada en diciembre de 2020 y publicada por INTERFERENCIA. Se confirmó que hubo vigilancia policial a vehículos de la tabacalera, falta de registro de estos seguimientos y cuestionamientos a las razones de priorizar esta industria en desmedro de otras que presentaban mayor amenaza.

Tras la fallida nominación de José Morales a Fiscal Nacional, cobra relevancia la agenda de nombramientos de atribución presidencial de este gobierno, en especial de aquellos que deberán contar con acuerdos con el Senado.

Las 318 obras irregulares en la ribera del lago, entre ellas robo de agua, están reportadas bajo todo tipo de sociedades tras las que aparecen los multimillonarios dueños del casino Monticello, Salmones Multiexport y Quillayes, además de la hermana del senador Kuschel, un ex subsecretario de Frei Montalva y un ala de la poderosa familia Ariztía.

INTERFERENCIA reveló la semana pasada que la demanda que busca el reintegro de $45 millones por parte del ex oficial a la Mutualidad de Carabineros podía quedar abandonada este 7 de octubre, puesto que en casi seis meses no se había notificado de la causa a Bruno Villalobos. Cinco días después del artículo que reveló sta situación, se dio curso al trámite que permite proseguir la causa.  

El contrato vigente desde junio de 2020, implica un préstamo de US$48 millones del BID y exige aportes locales por el mismo monto en 5 años. El órgano ejecutor es la Subsecretaría del Interior. Al 31 de diciembre de 2021, el BID había desembolsado US$2,6 millones  y se ejecutaron sólo US$330 mil. No se realizaron las reuniones del comité coordinador comprometidas y tampoco hubo aportes locales. Desde la administración anterior atribuyen las demoras a problemas burocráticos.

Una auditoría interna de Carabineros reveló que no existe documentación de respaldo para cientos de préstamos de este fondo de $147 mil millones financiado por descuentos mensuales a todos los funcionarios del país. Entre quienes recibieron créditos millonarios figuran involucrados en el caso PacoGate y ex jefes del Departamento de Bienestar.

INTERFERENCIA tuvo acceso a informes y testimonios que advierten sobre graves irregularidades en el fondo que gestiona casi $150 mil millones provenientes de aportes mensuales de unos 6o mil policías. Auditores externos y uniformados al tanto hablan de “la Cutufa de Carabineros”.

Sebastián Piñera debe decidir si acoge la sanción de un mes de suspensión sugerida para Roberto Erpel (UDI) a raíz de múltiples irregularidades en la compra directa de 18 mil canastas en 2020. La empresa Tobar y Tobar fijó precios sobre mercado y no contaba con giro ni inicio de actividades para vender alimentos.

A raíz de las críticas por el alza en el valor de los cilindros distribuidos por Gasco, Abastible y Lipigas, también se han levantado voces criticando la postura pasiva de la petrolera estatal que produce buena cantidad de ellos. En paralelo, la iniciativa para que distintos municipios pudieran ingresar al mercado y vender a menor precio ayer recibió un portazo de la Contraloría que exigió una ley que los autorice.

Contraloría realizó un control de legalidad de la medida que frustró la intención del gobierno de militarizar la zona, ante lo cual la autoridad anunció que buscará un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Pero, podría ir por lana y terminar impedido de que los militares continúen realizando la vigilancia policial de las fronteras. 

Esto podría llevar cuestionar los actos administrativos de ambos altos mandos y sus alzas salariales. Contraloría sugirió sanciones porque los oficiales no tomaron "medidas oportunas" para evitar la crisis de derechos humanos de 2019 y 2020.

Este jueves un grupo transversal de la Convención Constituyente envió un oficio a Contraloría para solicitar que el organismo estudie si el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y su organismo dependiente, la  Unidad de Secretaria Administrativa, han hecho un buen uso de los recursos destinados para la instancia constitucional.

El oficio dirigido a Jorge Bermúdez, Contralor General de la República, exige una investigación del convenio que permite que la Universidad de Talca entregue más de 270 millones de pesos a Cieplan, think tank ligado a la Democracia Cristiana. Se trata del mismo partido al que pertenece el rector de dicho plantel, Álvaro Rojas Marín.

El tribunal Supremo ordenó dar la “tramitación correspondiente” al recurso constitucional, por lo que tanto Carabineros como la Municipalidad de Santiago deberán responder ante posible afectación de derechos de estudiantes luego de que montaran una red para delatar alumnos junto a funcionarios del internado.

Vecinos y pequeños agricultores de Baracaldo, en María Pinto, temen que el sector se transforme en una réplica de Petorca. Tres empresas tienen el control de una pequeña cadena de cerros donde han talado bosque nativo xerófilo, intervenido quebradas de importancia ecológica y plantado cientos de hectáreas con paltos. Los vecinos sospechan mayor escasez de agua en sus pozos debido al monocultivo.

El afectado es Rodrigo Vattuone, un ex marino que postula como independiente al sillón municipal. Arancibia, en tanto, quiere ser constituyente.

En la querella de la Corporación 4 de Agosto y la concejala Rosario Carvajal se solicita tomar declaración a Roberto Sánchez, un ex alto funcionario de la Dirección de Educación de Santiago (quien se postula a concejal por San Ramón), junto a otros involucrados en el grupo de espía. Alessandri, en tanto, prorrogó por segunda vez la entrega de oficio solicitado por Contraloría.

Ludwig Bornand rebajó multas que el municipio aplicó a una empresa que él mismo representó para ganar una licitación en 2016. Esto motivó en 2018 una querella a la que se sumó el alcalde Andrés Zarhi. En abril de 2019 renunció a la dirección jurídica, pero tres meses después la Corporación de Desarrollo Social –presidida por el propio alcalde– lo contrató por $6,5 millones mensuales.

La pérdida para la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda que dirige el independiente Juan Rozas se calcula en torno a $415 millones. Entre los beneficiados figura la Jefa del Departamento de Licencias de Conducir junto a otros cuatro funcionarios, además de seis parientes de trabajadores municipales.

INTERFERENCIA accedió a la totalidad del chat donde funcionarios municipales y carabineros solicitaban a miembros del internado información clave para aplicar Aula Segura. Aparte del caso de Ana María Gajardo, los mensajes revelan el sometimiento de algunos directivos que fueron parte del sistema de delación a la policía y al alcalde Alessandri, la publicación de datos sensibles de alumnos de otros liceos y reportes de asambleas de apoderados.

Un oficio sobre la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), da cuenta que la entidad no tiene un Sistema de Registro de Comunidades Indígenas actualizado.

La Contraloría auditó la contratación de cinco establecimientos hoteleros por parte del servicio de salud de Aconcagua y Viña del Mar, encontrando graves irregularidades que incluso podrían constituir un enriquecimiento ilícito. Los contratos fueron firmados cuando el ex subsecretario Arturo Zúñiga estaba al mando de las residencias sanitarias.

En su declaración judicial realizada el pasado 14 de septiembre, y a la cual tuvo acceso INTERFERENCIA, el ex comandante en jefe del Ejército aseguró que todo lo que se hizo en el caso del Fondo de Ayuda Mutua (FAM) se “ajustaba a la legalidad”. La fiscalía indaga gastos irregulares por más de 3.500 millones de pesos para cubrir el desfalco de esa entidad privada de ahorro tipo “Cutufa”, que descontaba dinero a los militares a través de sus planillas de pago.

INTERFERENCIA accedió a distintas cuentas de electricidad correspondientes a la alcaldía de Cathy Barriga, constatando que al menos siete no se han pagado desde agosto y trece desde junio. Concejales de la comuna aseguraron que se llegó a un acuerdo con la empresa de luz para pagar lo adeudado en 36 meses, excediendo el periodo de la alcaldesa.