Ayer jueves constituyentes de la Lista del Pueblo, Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), escaños reservados y Apruebo Dignidad presentaron un oficio ante Contraloría solicitando que fiscalice si el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) mediante la Unidad de Secretaria Administrativa ha hecho un uso correcto del presupuesto asignado para la Convención Constituyente. 

El oficio dirigido al contralor Jorge Bermúdez Soto indica que según el Decreto Nº4, publicado en febrero de este año, se determinó que es la Segpres el organismo encargado de entregar el apoyo técnico, administrativo y financiero a la Convención. Además, el decreto menciona que la Unidad de Secretaria Administrativa debe “velar por la ejecución de los recursos que disponga la respectiva ley de presupuestos del sector público para el funcionamiento de la Convención Constitucional”.

El oficio solicita que se fiscalice si la Unidad de Secretaría Administrativa de la Segpres “ha actuado con el debido respeto a los principios de probidad, transparencia, eficacia y correcta ejecución del gasto público”.

Tras la sesión plenaria realizada durante el primer bloque de ayer, los constituyentes de la LDP Tania Madriaga y Francisco Caamaño indicaron los motivos por los cuales el grupo de convencionales presentó la solicitud al organismo fiscalizador. Indicaron que ya hay licitaciones que se han puesto en duda, como lo ha sido la licitación con la empresa de seguridad INACAR vinculada a la guardia presidencial de Pinochet y Aylwin, según informó Ciper.

“Existen varios encargados administrativos de los contratos de licitaciones que están por parte de la Segpres, y por lo tanto nosotros queremos que quienes administren estos contratos de telefonía, telecomunicaciones y seguridad sean personas de confianza de la mesa directiva y no bajo la Segrpres”, agregó Caamaño.

En ese sentido, el oficio presentado a Contraloría solicita que se fiscalice si la Unidad de Secretaría Administrativa “ha actuado con el debido respeto a los principios de probidad, transparencia, eficacia y correcta ejecución del gasto público”.

Hasta el lunes por la mañana Catalina Parot era la secretaria ejecutiva de la Unidad de Secretaría Administrativa, quien asumió el titular luego de que Francisco Encina saliera del espacio tras recibir un sinfín de críticas por las falencias técnicas que incluso retrasaron el inicio de la Convención. Sin embargo, tras estar un mes y dos días en el cargo Parot renunció a la Secretaría en medio de elucubraciones que apuntan a que el gobierno la estaba presionando para que entorpeciera el proceso constituyente.

Asignaciones

El oficio ante Contraloría se da en medio de las votaciones por las asignaciones y luego de semanas de una campaña comunicacional donde la derecha ha difundido la información falsa de que los convencionales pretenden subirse el sueldo y utilizar más fondos destinados para el funcionamiento de la Convención. 

En varias oportunidades los miembros de la Convención han aclarado que esa no es la situación, puesto que según está establecido en la ley de presupuesto, cada convencional recibirá una remuneración de 2,5 millones de pesos, monto que no puede ser alterado. Se esperaba que a ese sueldo se le sumarán 40 UTM (1.500.000 pesos) tope en asignaciones una vez se conformara el Comité Externo de Asignaciones que posee un presupuesto de 1.900 millones los fondos destinados a este aspecto y a la participación ciudadana.

Sin embargo, la Comisión de Presupuesto y Administración Interior propuso que se estos montos se redistribuyeran de forma que las asignaciones aumentaran a 77 UTM para cubrir viáticos, gastos operacionales y gastos asociados al personal de apoyo para los convencionales como sus asesores, lo que no implica un gasto adicional. La propuesta fue aprobada en general en el pleno realizado este martes con 111 votos a favor, 37 en contra y 6 abstenciones. 

Ayer se realizaron las votaciones de 39 indicaciones a la propuesta de la Comisión, donde finalmente se confirmó que las asignaciones quedaron con el tope máximo de 77 UTM mensuales, más 5 UTM para constituyentes de escaños reservados y de zonas extremas y que todos los gastos asociados a estos deben ser rendidos. Además, se aprobaron las indicaciones que establecen los principios de austeridad, responsabilidad, probidad, transparencia, proporcionalidad, participación y equidad territorial. 

Al mismo tiempo, nuevamente la derecha vivió una dura derrota en el pleno. De las 16 indicaciones que presentaron, solo fue aprobada la que solicitaba el reemplazo de la frase “cargo de la Convención Constitucional” por “cargo de la Subsecretaría General de Presidencia”. Mientras que propuestas como el mantener las asignaciones en 40 UTM o que los asesores de los convencionales contaran con un título universitario u 8 semestres de educación superior rendidos fueron rechazadas.