Ministerio del Interior
El parlamentario democratacristiano, miembro de la Comisión de Seguridad Pública conversó con Interferencia acerca de los cambios planteados por el Gobierno y la oposición cerrada de la derecha. "Si se rechaza el veto y no están los votos para poder reponer el proyecto original, no hay ley, ni la original de los parlamentarios, ni la del veto del gobierno, nada. Flor de escenario", advierte.
A 366 días del primer decreto que impulsó la ex ministra Izkia Siches, el Congreso ha prorrogado 22 veces el estado de excepción de emergencia en dos regiones del sur. Este miércoles se votará una nueva prórroga del estado de excepción acotado y también el despliegue de las Fuerzas Armadas en tres regiones del norte del país.
La encuestadora Tu Influyes de Axel Callís fue contratada por la subsecretaría del Interior para una consultoría mensual sobre “percepción de la seguridad en la ciudadanía” hasta diciembre de 2023. Elisa Walker, quien fue abogada de Izkia Siches; y el comisionado experto Flavio Quezada (PS) también han sido contratados.
El académico y ex director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile plantea sus impresiones respecto a la efectividad de leyes como la Nain-Retamal, su preocupación por el rol de las Fuerzas Armadas en el orden público y la necesidad de una reforma a las policías.
El contrato por la adquisición de 300 cámaras durante el gobierno de Piñera -licitación que el tribunal de contrataciones declaró como “ilegal”– venció en mayo de 2021. Sin embargo, Carabineros siguió pagando a la multinacional por el servicio de soporte, algo que está “fuera del marco legal y reglamentario” según resoluciones emitidas por la propia institución policial.
Tras más de nueve años en prisión por la participación en un asalto a un banco en Pudahuel, Jorge Mateluna Rojas fue indultado por el presidente Gabriel Boric a fines de diciembre del 2022. Él dice que fue juzgado por su pasado frentista y denunció todo este tiempo una serie de errores en el juicio que lo llevaron de vuelta a una celda. Esta es una investigación periodística que puso la lupa sobre el proceso judicial del caso.
La ministra Ana Lya Uriarte, el jefe de la UDI, Javier Macaya, el senador Matías Walker… todos se la jugaron por el derrotado fiscal Morales. Pero los verdaderos perdedores son el Presidente Boric, y los poderes en la sombra detrás de esa candidatura: el piñerismo y el girardismo.
Existe consenso que el actual proceso de elección para el nuevo jefe del Ministerio Público es una muestra de la decadencia del sistema institucional. Sobre papel, Morales debería tener una ratificación fácil.
El Director General Ricardo Yáñez debe declarar como imputado en el caso de apremios ilegítimos cometidos durante el estallido social. En tanto, El general Luigi Lopresti debió remitir antecedentes fiscalía tras un reportaje de este medio que develó una supuesta estrategia para socavar al actual gobierno.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, envió una carta a RN exigiendo que la ex subsecretaria se retracte por sus dichos sobre la renuncia de Lucía Dammert. Voces de oposición se mostraron contrarias a silenciar críticas a Boric, y rechazaron “este tipo de intervenciones gubernamentales”.
La filtración de 400 mil correos -varios calificados como secretos- le costó el cargo al general Guillermo Paiva. Según la ministra del Interior, Carolina Tohá, el Estado Mayor Conjunto no informó del hackeo sino de 'vulnerabilidades' detectadas. Ahora un sumario e investigación del Consejo de Defensa del Estado determinarán responsables.
En 2010 fueron 34 presos políticos mapuche quienes levantaron una histórica protesta. En aquel entonces, Manuel Monsalve, actual subsecretario del Interior, incluso se sumó a la huelga de hambre en la cárcel de Temuco. Mientras que Carolina Tohá, actual titular de Interior, abogó por una salida política al conflicto.
En una compleja jornada para Gabriel Boric -y dando cuenta de un nuevo orden de poder entre las fuerzas políticas luego de la derrota en el plebiscito- ChileVamos vetó a los comunistas Nicolás Cataldo y Alejandro Urquiza como condición para asistir a la mesa de los acuerdos post plebiscito constitucional.
Con la salida de Giorgio Jackson de Segpres, el Frente Amplio tendrá solo un representante en el Comité Político: Antonia Orellana (Ministerio de la Mujer, CS). El PC perdió la chance de tomar la poderosa Subsecretaría de Interior, luego de que la derecha le impusiera un veto al Gobierno, condicionando dicha nominación a la apertura al diálogo.
Es la primera vez que detienen al vocero de la CAM desde 2017 -durante el gobierno de Michelle Bachelet y con Mahmud Aleuy en la subsecretaría del Interior- cuando fue procesado en el marco de la denominada “Operación Huracán”, cuando Carabineros falsificó pruebas para inculpar a líderes mapuche.
El contrato vigente desde junio de 2020, implica un préstamo de US$48 millones del BID y exige aportes locales por el mismo monto en 5 años. El órgano ejecutor es la Subsecretaría del Interior. Al 31 de diciembre de 2021, el BID había desembolsado US$2,6 millones y se ejecutaron sólo US$330 mil. No se realizaron las reuniones del comité coordinador comprometidas y tampoco hubo aportes locales. Desde la administración anterior atribuyen las demoras a problemas burocráticos.
Ninguno de los manifestantes detenidos en Plaza Dignidad fue encontrado culpable por la ley antibarricadas, en una causa que duró cerca de dos años y medio. Abogado acusa uso del sistema judicial para perseguir políticamente a manifestantes.
La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados citará a declarar al general Luigi Lopresti, y conforme esas indagatorias se evaluará llamar una Comisión Investigadora. La acción se suma a lo que investigará el Ministerio Público, Carabineros y el Ministerio del Interior.
El tribunal tendrá que dictar sentencia sobre 15 imputados por protestar en marzo de 2020, cuando fueron detenidos por Carabineros en calle Ramón Corbalán y procesados por ley antibarricadas por, supuestamente, estar impidiendo el libre tránsito en la vía pública. La mayoría de los testigos presentados contra los manifestantes son carabineros.
El ex funcionario del Poder Judicial, en prisión preventiva en Valdivia desde abril de 2021 tras ser acusado de guardar un importante arsenal de armas en su domicilio, busca ser trasladado a la cárcel de Traiguén, su comuna, para poder recibir visitas de su familia.
En medio del conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, la forestal de la familia Matte y el empresario del PPD han dado conjuntamente trabajo a varios mapuche de la Provincia de Arauco. Estos -incluidos algunos que pasaron por grupos radicales de reivindicación de tierras- son vistos como traidores. La CAM negó haber participado en la emboscada.
La gestión de la ex autoridad estuvo marcada por la Operación Huracán y el asesinato de Jaime Mendoza Collio a manos de Carabineros. Corfo aún no define el nombre que ocupe el cargo que se le había asignado.
El contraalmirante cayó por defender al marino que asesinó a Manuel Rebolledo en el estallido social. De todos modos, el Gobierno no mencionó la situación de Yordan Llempi, quien fue asesinado cuando Parga dirigía el estado de emergencia en Arauco. Interferencia dio cuenta de ambas situaciones inmediatamente conocida la nominación del ofical. Hablan los familiares de las víctimas.
Jorge Parga, comandante en jefe de la Segunda Zona Naval, además tiene un hermano que posee acciones –menores al 1%– en una empresa forestal de la familia Matte. Comentan la nominación a Interferencia los familiares de los fallecidos Yordan Llempi y Manuel Rebolledo.
La ministra del Interior, Izkia Siches, anunció la aplicación del estado de emergencia en zonas de la Provincia de Arauco y la Región de La Araucanía, descartando idea de crear un “estado intermedio”. Desde el pueblo mapuche fueron Pascual Pichun, Ana Llao, Pedro Cayuqueo y Salvador Millaleo, algunos de los que criticaron la medida.
Al parecer Manuel Monsalve (PS), poco a poco, es quien está cosechando mayormente los errores no forzados y pérdidas de confianza por parte de Izkia Siches, marcando una mayor influencia en el Gobierno y en el Congreso. Esto convierte al subsecretario del Interior en el favorito de la ex- Nueva Mayoría y de la oposición.
Juan Hernández fue director de Dipreca desde diciembre del 2018 hasta el pasado jueves, cuando presentó su renuncia. En abril, Interferencia dio a conocer las amenazas que el alto funcionario habría realizado en contra de una dirigenta sindical de la entidad y la compra de un software contable por $570 millones de pesos que nunca pudo aplicarse en la institución, por no ser compatible con el sistema que maneja el servicio.
La continuidad de Roberto Estay causa ruido en la gestión de la ministra del Interior, quien tuvo que salir a desmentir la renuncia de su más estrecho colaborador. Finalmente, Siches pudo resistir el embate; Estay continúa de momento en su cargo y no le imponen un jefe de gabinete, pero la pregunta es ¿hasta cuándo? en medio de especulaciones respecto de la fecha más adecuada para su propia salida.
El abogado y académico fue una pieza clave en la confección del plan de La Moneda para avanzar en una solución del conflicto entre el Estado y el Pueblo Mapuche. En el presente se ha visto una fuerte presencia de gestos en materia de seguridad pública, por sobre los intentos de “diálogo” que impulsaba el representante mapuche que acaba de desertar al Ejecutivo.
El software de la empresa chilena Browse,- obtenido a través de Mercado Público por una "gran compra"-, no ha podido aplicarse porque no es compatible con el antiguo sistema que usa el servicio, llamado Infochi. En total, entre la gran compra, asesorías y actualizaciones de licencias, Dipreca ha gastado 570 millones de pesos, mientras el servicio sigue funcionando con el software del año 1999.
