Ministerio Público
Pese a que en un comienzo Ángel Valencia negó tener mensajes con Luis Hermosilla, el fiscal nacional no había mencionado la reunión de caracter privado que sostuvo con el abogado y Andrés Chadwick, cita en que el penalista le consultó sobre la posibilidad de resolver en procedimiento abreviado la causa en contra del ex director de la PDI, Héctor Espinosa.
La acción legal detalla al menos 20 productos que contienen elementos prohibidos por la autoridad sanitaria expresamente. Algunos provocan efectos anabólicos, depresión e incluso otros se venden como remedios en farmacias. El libelo ya está en manos del Ministerio Público.
Según informó el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, la renuncia del ex ministro del Interior radica en que "lo hacía para no dañar a la UDI ante estas injustas acusaciones" y señaló que tendrá "más libertad para poder desarrollar, por ejemplo, la querella que presentó ayer contra diez diputados que lo han injuriado y calumniado y sobre los cuales pidió su desafuero".
Interferencia accedió a tres oficios donde Ángel Valencia, establece nuevas matrices para los juicios abreviados, protección a fiscales e informantes que podrían infiltrarse en asociaciones delictivas. Ello con miras a identificar líderes, financistas y creadores de las mismas. Valencia advierte que si no se cumplen sus instrucciones habrá sumarios.
Entre las conversaciones entre Guerra y Hermosilla se comparten información referida al caso Penta y la compraventa de Minera Dominga; discuten una estrategia de desprestigio de los fiscales Gajardo y Norambuena; y coordinan reuniones con Andrés Chadwick y Sebastián Piñera. "Las causas Vip ya se las quite y están en mi poder", dice uno de los mensajes de Guerra a Hermosilla.
Entre los 228 casos que la Fiscalía expuso —que inicialmente eran 1396— se describieron las acciones policiales que causaron consecuencias en el estallido social como ceguera unilateral, bilateral, politraumatismos, fracturas, heridas y, en el peor de casos, muerte. Lo anterior, por el actuar policial al margen de los protocolos con funcionarios que no respetaron normas para el uso de la fuerza y el armamento.
En 2 horas 40 minutos de exposición, la fiscal Chong pudo describir brevemente sólo 138 de las 1.386 causas del estallido social por las que acusan a los ex directores de Carabineros, R. Yáñez y M. Rozas, y al ex subdirector, D. Olate, por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio.
En los últimos quince años, cinco ex directores generales de Carabineros han enfrentado la justicia: Bruno Villalobos, Gustavo González Jure y Eduardo Gordon a los que este martes se sumarán los de Ricardo Yáñez y Mario Rozas por el delito de omisión por apremios ilegítimos ocurridos en el contexto del estallido social.
La información consta en una querella criminal interpuesta en el Séptimo Juzgado de Garantía por delitos de estafa, administración desleal, falsificación de instrumento público, privado y usurpación de nombre. El caso apunta a 27 personas, entre ellas dos empleados de la gremial, a quienes se les congelaron propiedades a su nombre. Los hechos han ocurrido desde 2021 en las narices de varios directorios, sin que nadie lo detectara.
En los casos de Vivanco y Matus, el libelo se ampara en la relación que sostenían con el abogado Luis Hermosilla que quedó al descubierto tras revelaciones de los medios de comunicación, mientras que con Muñoz por la presunta entrega de información privilegiada a su hija para su beneficio patrimonial.
Ayer fue reformalizada la ex alcaldesa de Maipú, conociéndose nuevos antecedentes respecto a la investigación en su contra por fraude al fisco y falsificación de instrumento público. “Soy inocente” y “sería injusto quedar en prisión preventiva”, declaró a la prensa. Sus medidas cautelares serán revisadas el 29 de octubre.
En la indagatoria existen pagos de asociaciones de pesqueras a las sociedades de Leonarda Villalobos, su esposo Luis Angulo y el ex diputado DC Exequiel Silva. Además, pagos de sociedades provenientes de uno de los dueños de Factop al ex subsecretario de Pesca de la primera administración Bachelet, Pablo Berazaluce. También depósitos millonarios de Alexis Yáñez, un operador ligado al PPD y socio del tío de Natalia Compagnon, imputado en un caso de corrupción, que decía ser un lobbista PS.
La ex alcaldesa será reformalizada mañana por nuevos delitos que incluirían irregularidades en el manejo de Smapa, la sanitaria de la comuna. Interferencia accedió a los estados presupuestarios de la empresa municipal, detectando millonarios recortes al mismo tiempo que filtraciones y denuncias por mal funcionamiento se multiplicaron.
La decisión de suspender y abrir cuaderno de remoción en contra de la magistrada que adoptó el pleno del máximo tribunal, reordenó también el mapa político. El oficialismo busca acusar constitucionalmente a Vivanco y Jean Pierre Matus. La derecha propone su apoyo, pero incluyendo a Sergio Muñoz. Todo recién comienza en la peor crisis judicial gracias a los mensajes no borrados de una aplicación.
Con el caso Hermosilla, no solo se ha conocido lo que parece constituir un entramado de tráfico de influencias en el sistema de nombramientos de los ministros de la Corte Suprema, como es el caso del ministro Jean Pierre Matus y la ministra Ángela Vivanco, sino también en la tramitación y fallos diferenciados para ciertas causas patrocinadas por ex parlamentarios que hoy ejercen como abogados y que indirectamente pudieron verse beneficiados con ello, como lo ocurrido en la causa de Codelco con la bielorrusa CBM.
El magistrado le propuso a Hermosilla vender a Sebastián Piñera un informe en derecho preparado para la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick en 2019, con un trabajo adicional menor y así conseguir plata para que el autor, el académico alemán Kai Ambos, pudiera viajar a Chile.
El agradecimiento de Matus a Hermosilla después de su nombramiento; la solicitud de apoyo de Ángela Vivanco al abogado para allanar su nominación a la Corte Suprema que se sumó al ofrecimiento que la pareja de la ministra, Gonzalo Migueles, realizó al fiscal Carlos Palma; la denuncia por entrega de información privilegiada de Sergio Muñoz a su hija y la polémica en el nombramiento de María Teresa Letelier que involucró a Mario Desbordes son algunos de los conflictos del máximo tribunal.
Guillermo Daguerressar, ex coordinador de Operaciones de Seguridad Ciudadana en Maipú y testigo de fiscalía en la causa, relata que durante 2017 se entregaron “talonarios” para inscribirse en la UDI en la sede de Lavín León. “Algunos se metían al rutificador, sacaban nombres, rut y dirección y después firmaban con una mosca”, explica.
A raíz de un artículo de Interferencia titulado 'Fiscalía pide mensajes de Hermosilla a la PDI que pudieron favorecer a Katherine Martorell y abre nueva arista en el caso audio', Martorell publicó en sus redes sociales una declaración pública al respecto.
En enero de 2022, la firma de abogados propuso a Tomicic interponer una querella por injurias luego de que Chilevisión emitiera una entrevista a un imputado del caso, quien aseguró que la animadora le debía dinero. La querella no se materializó. El pasado 17 de junio, dos años después, Tonka declaró como imputada ante fiscalía.
La decisión fue adoptada por el persecutor Centro Norte Francisco Ledezma. Incluye comunicaciones entre el 17 de junio de 2020 al 1 de marzo de 2023 que vinculan a dos ex directores de la PDI: Héctor Espinosa, formalizado por lavado de dinero y malversación y su colega Sergio Muñoz, por violación de secreto. Espinosa y Martorell fueron representados por Hermosilla. Esta es la historia.
En junio de 2023 una funcionaria denunció irregularidades en uno de los cuatro convenios de Irade con el Gore Biobío –que en total ascienden a $2.397 millones–. Cinco meses después, el funcionario del Consejo de Defensa del Estado y esposo de la fiscal Marcela Cartagena, Álvaro Sepúlveda, prestó servicios a la corporación cuestionada.
Dos ex jefes del área de sistemas manipularon un software que transfiere de manera masiva plata a las cuentas. De no ser porque uno de ellos se autodenunció, el banco no se habría enterado. En esta historia confluyen una investigación confidencial, el dueño de una empresa que prestaba servicios al banco, una ciudadana colombiana, 15 sociedades por donde se blanqueó el dinero y reuniones secretas en Huechuraba.
De esta manera, Musante se convierte en una nueva recurrente en representación de la Cámara, en un caso de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial y al abogado Luis Hermosilla, pero en una arista de la Fiscalía Centro Norte
El concurso tuvo algunas particularidades: se tramitó en forma secreta y no se respondieron preguntas de las empresas participantes, lo que provocó molestia e incertidumbre en el mercado. De todos modos, el sistema seguirá funcionando con la actual administradora, la gigante estadounidense Track Group.
El fiscal Francisco Ledezma deberá tomar esa decisión. Esto luego de que la parte querellante en el caso solicitó que sea revisada la extracción que hizo la Fiscalía Oriente -en el marco del “caso audio”- al celular de Hermosilla, quien patrocinó a Martorell por casi dos años.
La parlamentaria Mónica Arce (Ind.) solicitó entregar información al Consejo de Defensa del Estado respecto a la contratación del panelista de Sin Filtros por el alcalde Carter. Explica que esto es similar al caso de la ex alcaldesa Rojo, condenada por fraude al fisco, quien contrató servicios comunicacionales para su campaña electoral con fondos municipales.
El abogado Juan Pablo Hermosilla buscó derribar los antecedentes entregados por el Ministerio Público, asegurando que detrás de la parafernalia mediática, hay poco sustento legal. Esto, en primera instancia, para evitar la prisión preventiva de su hermano.
La decisión que afecta a la titular del Séptimo Juzgado de Garantía, Carla Capello, fue adoptada ayer en el Pleno del tribunal de alzada capitalino. Si bien la conducta de la magistrada fue abordada “sin pasiones”, lo cierto es que el video que circuló en las redes que la muestra junto a un hombre tapado con la capucha de un “canguro” apropiándose de pedruscos de hermoseamiento, es calificada como “impresentable”.
Desde la firma señalaron a Interferencia que las transferencias, realizadas desde la misma cuenta en que Hermosilla pagó a Chadwick, corresponden a charlas sobre entornos sociopolíticos para clientes de su bufete por $2.368.556 en 2022 y $2.937.177 en 2023. Aseguran que pagos están debidamente documentados y facturados.
