La decisión fue adoptada por el persecutor Centro Norte Francisco Ledezma. Incluye comunicaciones entre el 17 de junio de 2020 al 1 de marzo de 2023 que vinculan a dos ex directores de la PDI: Héctor Espinosa, formalizado por lavado de dinero y malversación y su colega Sergio Muñoz, por violación de secreto. Espinosa y Martorell fueron representados por Hermosilla. Esta es la historia.

En junio de 2023 una funcionaria denunció irregularidades en uno de los cuatro convenios de Irade con el Gore Biobío –que en total ascienden a $2.397 millones–. Cinco meses después, el funcionario del Consejo de Defensa del Estado y esposo de la fiscal Marcela Cartagena, Álvaro Sepúlveda, prestó servicios a la corporación cuestionada.

Dos ex jefes del área de sistemas manipularon un software que transfiere de manera masiva plata a las cuentas. De no ser porque uno de ellos se autodenunció, el banco no se habría enterado. En esta historia confluyen una investigación confidencial, el dueño de una empresa que prestaba servicios al banco, una ciudadana colombiana, 15 sociedades por donde se blanqueó el dinero y reuniones secretas en Huechuraba.

De esta manera, Musante se convierte en una nueva recurrente en representación de la Cámara, en un caso de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial y al abogado Luis Hermosilla, pero en una arista de la Fiscalía Centro Norte

El concurso tuvo algunas particularidades: se tramitó en forma secreta y no se respondieron preguntas de las empresas participantes, lo que provocó molestia e incertidumbre en el mercado. De todos modos, el sistema seguirá funcionando con la actual administradora, la gigante estadounidense Track Group.

El fiscal Francisco Ledezma deberá tomar esa decisión. Esto luego de que la parte querellante en el caso solicitó que sea revisada la extracción que hizo la Fiscalía Oriente -en el marco del “caso audio”- al celular de Hermosilla, quien patrocinó a Martorell por casi dos años.

La parlamentaria Mónica Arce (Ind.) solicitó entregar información al Consejo de Defensa del Estado respecto a la contratación del panelista de Sin Filtros por el alcalde Carter. Explica que esto es similar al caso de la ex alcaldesa Rojo, condenada por fraude al fisco, quien contrató servicios comunicacionales para su campaña electoral con fondos municipales.

La decisión que afecta a la titular del Séptimo Juzgado de Garantía, Carla Capello, fue adoptada ayer en el Pleno del tribunal de alzada capitalino. Si bien la conducta de la magistrada fue abordada “sin pasiones”, lo cierto es que el video que circuló en las redes que la muestra junto a un hombre tapado con la capucha de un “canguro” apropiándose de pedruscos de hermoseamiento, es calificada como “impresentable”.

El abogado Juan Pablo Hermosilla buscó derribar los antecedentes entregados por el Ministerio Público, asegurando que detrás de la parafernalia mediática, hay poco sustento legal. Esto, en primera instancia, para evitar la prisión preventiva de su hermano.

Desde la firma señalaron a Interferencia que las transferencias, realizadas desde la misma cuenta en que Hermosilla pagó a Chadwick, corresponden a charlas sobre entornos sociopolíticos para clientes de su bufete por $2.368.556 en 2022 y $2.937.177 en 2023. Aseguran que pagos están debidamente documentados y facturados.

El fiscal del caso audios Miguel Ángel Orellana, un reconocido experto en crimen organizado, calificó a Luis Hermosilla como un “consejero delictivo”. Entre los nombres mencionados en este escándalo figuran Andrés Chadwick, Sebastián Sichel y Jean Pierre Matus. En los próximos días se conocerán los descargos de los abogados defensores.

La fiscal Constanza Encina criticó en audiencia una millonaria navidad realizada por la ex alcaldesa. Información obtenida vía Transparencia por Interferencia revela que el gasto más abultado en navidades fue, por lejos, la compra de regalos que repartió Barriga: en cinco años desembolsó $1.130 millones. En paralelo, Maipú no pagaba sus cuentas de luz.

Este medio publicó en 2019 que la administración de Barriga no realizó obras para cumplir con el Plan de Desarrollo de la sanitaria municipal, a pesar de que se habían recaudado $37.500 millones para este fin a través de cuentas de agua. El lunes, fiscalía informó que esto forma parte de los nuevos hallazgos por los que la ex alcaldesa será reformalizada.

El recurso de nulidad que busca dejar sin efecto la absolución del ex comandante en jefe del Ejército por Lavado de Activos relata —entre otros— la compra de vehículos Audi y Porsche con efectivo proveniente de fondos reservados militares para luego revenderlos a la misma compraventa de vehículos donde fueron adquiridos.

Como parte del sustento que respalda el recurso, fiscalía invocó la causal de imparcialidad del tribunal argumentando que "las señoras juezas dictaron un veredicto para un juicio de 161 días en 45 minutos. Lo que significa que por cada día de juicio las magistradas ocuparon 3,3 minutos para analizar los antecedentes en la deliberación privada".

En el libelo al que accedió Interferencia, el organismo agregó a Daniel Sauer como autor de delitos reiterados de soborno, al igual que el abogado Luis Hermosilla, su colega Leonarda Villalobos y el marido de esta última Luis Angulo. También incluyó a dos funcionarios públicos por ilícitos de cohecho, pertenecientes a la Tesorería y el SII.

Según la investigación de la fiscalía el dinero para ese pago provino de Factop. El actual ministro de la Corte Suprema indicó a Interferencia que se trató de honorarios por un informe en derecho elaborado en 2019, cuando ejercía de manera privada su profesión.

En Concepción nunca se abrió una investigación sobre ese caso y Paul Esquerré, es dueño de una consultora implicada y miembro de una de las familias más influyentes de esa ciudad. La persecutora asegura que se inhabilitó de causas vinculadas a esa familia, pero un correo da cuenta que solicitó datos relacionados al personaje.

Luis Hermosilla declaró que Daniel Sauer —socio fundador de Factop, hoy en prisión preventiva— pagó un informe en derecho utilizando una cuenta en el extranjero para la defensa del entonces ministro del Interior de Piñera. Luego de pagar, se le reembolsó el dinero, pero Hermosilla no recuerda “quien en definitiva se hizo cargo de este gasto”.

Si bien los sospechosos han sido vinculados al grupo Resistencia Mapuche Lafkenche, no hay claridad respecto a si los delitos tienen una motivación política. La Fiscalía apunta a que aunque hubo premeditación en el ataque este fue motivado por el robo de armas y el ataque a la institución de Carabineros. 

El fiscal jefe de Vallenar solicitó el sobreseimiento de la minera El Encierro tras determinar que “el hecho investigado no sería constitutivo de delito”. La audiencia quedó fijada para el 23 de agosto.

Además, según un reportaje de T13, la Fiscalía encontró que Lavín León invirtió entre los años 2018 y 2021 $48.735.500 en el sitio chileno dedicado al rubro Buda.com. 

La información consta en una resolución adoptada por el organismo fiscalizador fechada el 12 de julio pasado., en contra de Natalia Romero.  La parlamentaria arriesga una multa por más de $3 millones.. A la decisión del organismo fiscalizador, se suma una investigación de la fiscalía de O’Higgins en contra de su principal asesora por acceso ilegal a fichas clínicas para supuestos fines políticos.

En la transcripción de la llamada que el denunciante realizó para confrontar al patriarca de la familia este le pide que piense en Javier Macaya diciéndole que "por favor, no le cagues la vida a mi hijo", a lo que el padre de la victima responde "tú pensai por tu hijo y yo pienso por la mía". Asimismo, en virtud del testimonio de otras víctimas, la Fiscalía hipotetizó que "la postura del entorno familiar del imputado es negar la ocurrencia de los hechos o que estos no son delitos".

Jaime Tohá indicó que no tiene “ningún interés”, ya que “las comisiones suelen ser una puesta en escena”. Independiente de lo anterior, Interferencia descubrió que a través de su empresa asesoró a la firma “Tuwe”, la misma que ganó el concurso por $300 millones para modificar la orgánica del organismo y que fue anulado por la Contraloría. El caso se suma a la licitación del BAES, donde su consultora preparó un documento para Sodexo, una de las participantes.

A meses de iniciada la investigación en contra de esta fundación, que cerró en noviembre de 2023 y una de las aristas más emblemáticas del caso convenios, todavía no hay una fecha concreta para la audiencia de formalización y, en efecto, tampoco actores formalizados.

El sábado y en el marco de una investigación por artefactos explosivos se realizaron múltiples allanamientos en cinco comunas, incluyendo el comedor popular Luisa Toledo y la radio independiente, siendo calificados como “muy valiosos” por la ministra Tohá. En 9 de las detenciones fiscalía no logró establecer tenencia ilegal de armas.

El abogado lleva las defensas de Karina Oliva, del ex director de Inteligencia del Ejército acusado de espiar a un periodista, Schafik Nazal, y del ex director de la PDI, Sergio Muñoz. Manríquez visitó este viernes a Jadue, siendo una adición al equipo jurídico que apunta claramente a un primer objetivo: sacarlo de prisión preventiva. 

En el expediente de la instancia disciplinaria debería constar la copia certificada de las comunicaciones digitales de dos casos donde aparecen vinculados los ministros Carroza, Vivanco y Letelier. Se baraja la posibilidad de pedir una copia al fiscal nacional, pero el actual sistema de persecución penal establece que los antecedentes de una investigación están vedados a terceros ajenos al procedimiento.

Ciper reveló un chat en que Gonzalo Migueles, pareja de la actual ministra de la Corte Suprema, realiza los ofrecimientos a Palma mientras estaba en la quina para fiscal nacional con la intención de que apoyara a cierto candidato. La conversación luego fue enviada por Palma a Luis Hermosilla “para hacerle presente la molestia que me generaban ese tipo de actitudes” por parte de personas “cercanas a él”.