Entre 1979 y la unificación de casi todas las tendencias en 1989, la dispersión de las filas socialistas llegó a que a lo menos diez grupos se disputaran la legitimidad del partido de Allende. En esta primera entrega sobre los quiebres del PS, el periodista Manuel Salazar detalla las controversias ocurridas durante la dictadura.

Al cierre de esta edición aún no se publicaban los resultados de las elecciones del Partido Socialista. INTERFERENCIA conversó con Mónica Aguilera, candidata al Comité Central y hermana del líder comunal de San Ramón, acusado de vínculos con el narcotráfico. Ella niega las acusaciones de clientelismo y afirma que la gran cantidad de militantes en San Ramón se debe al buen trabajo de su hermano, “que tiene corazón socialista”, y a razones históricas que hacen de la comuna un lugar donde se congregan todas las tendencias del PS.

Los socialistas votaron por las personas que integrarán el Comité Central del Partido, organismo que define la mesa directiva de la colectividad. Pero al cerrarse las urnas, la preocupación de las listas era quién especulaba mejor frente a la prensa sobre el supuesto ganador (algo que se conocerá este lunes), siguiendo la línea de una elección sin debates de fuerte impacto.

Hoy se elegirá una nueva directiva del Partido Socialista. Estos comicios son, tal vez, los menos relevantes en toda la historia de ese conglomerado. Eso, al menos, se desprende de las conversaciones de INTERFERENCIA con militantes de base de ese partido.

En esta segunda entrega, el periodista Manuel Salazar narra para INTERFERENCIA las disputas previas a la elección de 1970 que llevó a Salvador Allende a la Presidencia de la República, en un ambiente efervescente y competitivo, cuyo trasfondo era el triunfo de la revolución cubana en 1959.

La comuna –cuyo alcalde debió renunciar a la colectividad por sus nexos con narcotraficantes– es la que concentra la mayor proporción de militantes socialistas de la Región Metropolitana: un 19%. A la vez es la que tiene la mayor cantidad de ellos a nivel del país: casi 4.000. Esto representa una base electoral clave para la elección interna del próximo 26 de mayo. Y Elizalde parece tener ahí la más sólida red de contactos, la que incluye a Mónica Aguilera, la hermana del cuestionado alcalde Miguel Ángel Aguilera. Pero, Maya Fernández no se queda atrás.

Diputados del PPD, la DC y del PR le hicieron un gran favor al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, al llegar atrasados a la constitución de la "Comisión Ubilla", aquella que debe indagar las compras que el subsecretario realizó en tierras mapuche cerca de Pucón, contraviniendo la Ley Indígena. Ahora, la presidencia de la comisión investigadora quedó en manos de un militante del mismo partido que Ubilla.

Uno de los hombres más cercanos a Michelle Bachelet en el gobierno anterior integra la lista de Maya Fernández para presidir al Partido Socialista. Su presencia causa ruido en la colectividad por su actuar con los mapuche cuando estaba en La Moneda.

La vicepresidenta del Partido Socialista acusa que la modificación legal propiciada por el gobierno -que establece multas hasta 4,9 millones de pesos por bloquear el acceso a playas- no tiene efectos prácticos, pues las intendencias y el ministerio de Bienes Nacionales siguen dependiendo de la colaboración de los dueños de los terrenos colindantes para fijar las vías de acceso.

Francisco Zúñiga, uno de los integrantes del equipo técnico de la oposición que analiza esta posibilidad, está preocupado de que esta medida cumpla “fines políticos”. El abogado asesora a la Superintendencia de Bancos e integra un grupo de académicos que asesora al actual gobierno en posibles modificaciones al Tribunal Constitucional.

Tanto el Frente Amplio como la ex Nueva Mayoría carecieron de una estrategia política para desafiar a un gobierno que no tuvo un buen año. Cuatro hitos muestran lo perdida que estuvo la oposición este año.

El ministro Miguel Vásquez condenó esta semana a seis ex miembros de la DINA por el secuestro y desaparición en 1975 de 11 miembros del Comité Central del PS.

La acción fue presentada por un grupo de militantes que incluye a dirigentes de la ANEF, que acusan a su compañero de partido -que sigue trabajando en el gobierno de Piñera- de despidos injustificados. Él se defiende: "No conozco la militancia de los funcionarios (...) aquí han ocurrido desvinculaciones dentro del marco regulatorio".

Para este economista, que formó parte de la Comisión Bravo en 2015, la actual propuesta del gobierno es una contradicción: busca zanjar con más mercado un problema que el mercado no ha logrado resolver.