PDI
La acción legal detalla al menos 20 productos que contienen elementos prohibidos por la autoridad sanitaria expresamente. Algunos provocan efectos anabólicos, depresión e incluso otros se venden como remedios en farmacias. El libelo ya está en manos del Ministerio Público.
Interferencia accedió a tres oficios donde Ángel Valencia, establece nuevas matrices para los juicios abreviados, protección a fiscales e informantes que podrían infiltrarse en asociaciones delictivas. Ello con miras a identificar líderes, financistas y creadores de las mismas. Valencia advierte que si no se cumplen sus instrucciones habrá sumarios.
Entre las conversaciones entre Guerra y Hermosilla se comparten información referida al caso Penta y la compraventa de Minera Dominga; discuten una estrategia de desprestigio de los fiscales Gajardo y Norambuena; y coordinan reuniones con Andrés Chadwick y Sebastián Piñera. "Las causas Vip ya se las quite y están en mi poder", dice uno de los mensajes de Guerra a Hermosilla.
La información consta en una querella criminal interpuesta en el Séptimo Juzgado de Garantía por delitos de estafa, administración desleal, falsificación de instrumento público, privado y usurpación de nombre. El caso apunta a 27 personas, entre ellas dos empleados de la gremial, a quienes se les congelaron propiedades a su nombre. Los hechos han ocurrido desde 2021 en las narices de varios directorios, sin que nadie lo detectara.
En la indagatoria existen pagos de asociaciones de pesqueras a las sociedades de Leonarda Villalobos, su esposo Luis Angulo y el ex diputado DC Exequiel Silva. Además, pagos de sociedades provenientes de uno de los dueños de Factop al ex subsecretario de Pesca de la primera administración Bachelet, Pablo Berazaluce. También depósitos millonarios de Alexis Yáñez, un operador ligado al PPD y socio del tío de Natalia Compagnon, imputado en un caso de corrupción, que decía ser un lobbista PS.
La decisión de suspender y abrir cuaderno de remoción en contra de la magistrada que adoptó el pleno del máximo tribunal, reordenó también el mapa político. El oficialismo busca acusar constitucionalmente a Vivanco y Jean Pierre Matus. La derecha propone su apoyo, pero incluyendo a Sergio Muñoz. Todo recién comienza en la peor crisis judicial gracias a los mensajes no borrados de una aplicación.
El magistrado le propuso a Hermosilla vender a Sebastián Piñera un informe en derecho preparado para la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick en 2019, con un trabajo adicional menor y así conseguir plata para que el autor, el académico alemán Kai Ambos, pudiera viajar a Chile.
A raíz de un artículo de Interferencia titulado 'Fiscalía pide mensajes de Hermosilla a la PDI que pudieron favorecer a Katherine Martorell y abre nueva arista en el caso audio', Martorell publicó en sus redes sociales una declaración pública al respecto.
La decisión fue adoptada por el persecutor Centro Norte Francisco Ledezma. Incluye comunicaciones entre el 17 de junio de 2020 al 1 de marzo de 2023 que vinculan a dos ex directores de la PDI: Héctor Espinosa, formalizado por lavado de dinero y malversación y su colega Sergio Muñoz, por violación de secreto. Espinosa y Martorell fueron representados por Hermosilla. Esta es la historia.
Dos ex jefes del área de sistemas manipularon un software que transfiere de manera masiva plata a las cuentas. De no ser porque uno de ellos se autodenunció, el banco no se habría enterado. En esta historia confluyen una investigación confidencial, el dueño de una empresa que prestaba servicios al banco, una ciudadana colombiana, 15 sociedades por donde se blanqueó el dinero y reuniones secretas en Huechuraba.
De esta manera, Musante se convierte en una nueva recurrente en representación de la Cámara, en un caso de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial y al abogado Luis Hermosilla, pero en una arista de la Fiscalía Centro Norte
El concurso tuvo algunas particularidades: se tramitó en forma secreta y no se respondieron preguntas de las empresas participantes, lo que provocó molestia e incertidumbre en el mercado. De todos modos, el sistema seguirá funcionando con la actual administradora, la gigante estadounidense Track Group.
El fiscal Francisco Ledezma deberá tomar esa decisión. Esto luego de que la parte querellante en el caso solicitó que sea revisada la extracción que hizo la Fiscalía Oriente -en el marco del “caso audio”- al celular de Hermosilla, quien patrocinó a Martorell por casi dos años.
El 2 de agosto de 2021, cuatro días después de ser designado por el Senado como nuevo ministro de la Corte Suprema, le agradece a Hermosilla por su apoyo en lograr la nominación. De inmediato, Hermosilla responde: “Un día deberíamos conversar sobre el fenómeno que esto produjo y que tuvimos que dar una pelea feroz para el éxito”.
La decisión del tribunal afecta además a la abogada Leonarda Villalobos y a su marido Luis Angulo, a nueve meses de que se conociera el audio revelado por Ciper, en el cual Hermosilla hablaba de coimear a funcionarios públicos.
El caso que involucra a la magistrada del Séptimo Juzgado de Garantía, Carla Capello, podría ser analizado hoy en el ampliado de ministros del tribunal de alzada capitalino. Esto luego que el fin de semana se viralizó un video que la muestra junto a un sujeto apropiándose de piedras para el hermoseamiento de la comuna de Colina.
En el libelo al que accedió Interferencia, el organismo agregó a Daniel Sauer como autor de delitos reiterados de soborno, al igual que el abogado Luis Hermosilla, su colega Leonarda Villalobos y el marido de esta última Luis Angulo. También incluyó a dos funcionarios públicos por ilícitos de cohecho, pertenecientes a la Tesorería y el SII.
La indagatoria de la Fiscalía Centro Norte lleva cuatro años y la ex secretaria de Estado no ha sido formalizada. Es altamente probable que la solicitud sea rechazada por el tribunal de garantía.
Según la investigación de la fiscalía el dinero para ese pago provino de Factop. El actual ministro de la Corte Suprema indicó a Interferencia que se trató de honorarios por un informe en derecho elaborado en 2019, cuando ejercía de manera privada su profesión.
Se trata del ingeniero en ejecución en gestión pública, Renato Robles Iturrriaga, adscrito como ejecutivo a la gestión de cobro, en la Tesorería. Como sueldo percibe poco más de $2 millones 599. Patricio Mejías Esparza es un sujeto que desarrolla labores administrativas en la regional Oriente del SII. La audiencia de formalización quedó fijada pafra el 21 de agosto.
La información consta en una querella que interpuso la casa financiera ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, donde responsabiliza a un abogado externo de la situación. Sin embargo, asegura que todos los remates o acuerdos con clientes deudores son reales “y efectivamente cobrables”.
“Los montos eran entregados por Daniel o Ariel y la cantidad de facturas también”, declaró un técnico auditor de 20 años que realizó su práctica en Factop y que reveló la forma de operar de los hermanos Sauer a la PDI. “Dichas facturas no contaban con el procedimiento que yo acostumbraba a hacer al principio, que era cotejar la información con bodega”, apunta. Durante la pandemia le pidieron ponerse creativo, agregando como ventas ficticias todo tipo de productos de limpieza.
Se trata de cuatro pistolas y tres revólveres repartidos entre los involucrados: Alberto Sauer, Daniel Sauer, Rodrigo Topelberg y Darío Cuadra que figuran en un informe reservado de la PDI. Dos de ellas están registradas para defensa personal mientras que el resto figura como uso deportivo.
El ex ministro del Interior recibió información de parte del abogado sobre la investigación de la compraventa de minera Dominga, en que su primo y ex presidente, Sebastián Piñera, figuró como imputado.
Una publicación de Ciper sostiene que tras solo días de asumir, Muñoz empezó a filtrar antecedentes a Luis Hermosilla. La información está relacionada con cinco causas distintas. Entre ellas, la que involucra al renunciado director de la PDI, Héctor Espinosa, acusado por malversación de fondos. Las otras, serían la minera Dominga, el Casino Enjoy, el ex alcalde Raúl Torrealba y el ex intendente Felipe Guevara.
Muñoz será formalizado el martes acusado de filtrar información reservada de la causa por malversación de fondos públicos en contra del ex director de la PDI, Héctor Espinosa, a su abogado defensor, Luis Hermosilla, quien a su vez se encuentra envuelto en el caso Audios, sobre coimas funcionarios públicos, inserto dentro del caso Factop, sobre facturas falsas.
De acuerdo con BBCL Investiga, dos ex detectives fueron condenados por “soplar” detalles de la investigación del caso Relojes al “Sultán del Artificio”. Filtraciones de la PDI habrían sido informadas a Parived, quien, según informes de esta policía, comenzó a mover dineros para “cuadrar y justificar” transacciones.
En la banca estatal nadie tiene muy claro hasta ahora, cómo un grupo de suplantadores -que carecen del más mínimo parecido a tres gerentes de la administradora de fondos- abrieron a su nombre cuatro cuentas rut. A estas últimas, pretendían transferir montos millonarios.
Documentos liberados por la organización hacker Rhysida revelan información clave de las operaciones de patrullaje fronterizo del Ejército, llamadas Yanapaña y Jarkaña. Coordenadas de puntos de patrullaje; personal, armamento y munición disponible; además del detalle de pasos ilegales forman parte de los archivos disponibles a todo público.
Mediante prensa han sido informadas 28 instancias donde carabineros y detectives de la PDI usaron armas de fuego entre el 9 de marzo y el 9 de abril. Robos, VIF y asaltos a funcionarios son algunas de las circunstancias en que se usó el arma de servicio. Incluye el uso de la UZI en San Antonio que terminó con un civil con siete balas en su rostro.
