Poder Judicial
A propósito de las últimas novedades en el poder judicial, Interferencia reproduce este artículo de 2021: "Hijos, hijas, hermanos y hermanas, esposos, esposas y parejas. De los 69 ministros que se desempeñan en la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones de Santiago y en la de San Miguel, al menos 23 tienen familiares directos con cargos profesionales en el poder judicial u otras instituciones afines, como notarías y conservadores y fiscalías".
La Corte de Apelaciones de Valparaíso incluyó en su terna para la Notaría de San Antonio al abogado Bernardo Mellibosky, quien entre 2013 y 2016 enfrentó una investigación judicial por falsificación de instrumento público. Es la tercera vez que Mellibosky es incluido entre los tres candidatos para una plaza como notario.
La abogada Paulina Gahona, hija del senador Sergio Gahona, obtuvo su licenciatura en 2018 e hizo su práctica en la gobernación de Santiago, cuando Karla Rubilar era intendenta. Según reveló CIPER, en mayo fue nombrada como notaria interina de la Segunda Notaría de San Miguel.
Hace algunos días, causó revuelo la decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago de declarar inadmisible la querella criminal por el delito de injurias graves, interpuesta por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en contra de la periodista de La Tercera, Leslie Ayala, y su director, José Luis Santa María. No es el mismo criterio que se ha aplicado en el caso de medios independientes.
La información está plasmada en una denuncia que presentó el titular del Ministerio Público Sur, Héctor Barros, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Los antecedentes se derivaron a la Corte de Apelaciones de Santiago, que resolvió enviar los antecedentes a la Corte Suprema. Los magistrados que se hallan en esta situación son “cuidados” a través de alta tecnología y la acción de Carabineros.
La renuncia fue luego de que la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados confirmara una sanción en su contra por sus dichos críticos sobre el Poder Judicial en la Convención Constitucional. El juez se va a otra organización que agrupa trabajadores de todos los estamentos de la judicatura, criticando la impronta autoritaria y conservadora del gremio, y su silencio ante violaciones a los derechos humanos, tal como hace 50 años. ¿Mueve el piso de otros jueces?
En esta columna exclusiva para Interferencia, el magistrado español Baltasar Garzón analiza cómo la ‘guerra judicial’ ha operado en América Latina para sacar del camino a políticos que incomodan a los más poderosos. Y lo ilustra con el caso del ex candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami. “En los últimos 8 años ha sido acusado hasta en 12 ocasiones de diferentes delitos que después quedan en nada”, afirma el juez que dio inicio al llamado caso Pinochet en 1998.
La sentencia contra el teniente Diego Benavides quedó programada para el próximo 6 de marzo. Además, están involcurados por apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público el mayor Juan José Del Río Soubelet y otros cuatro policías.
El estudio también analiza los escenarios post plebiscito, las razones tras el Rechazo a la propuesta emanada de la Convención Constitucional, la valoración del estallido social, los culpables de la crisis actual y los principales atributos y debilidades del presidente Gabriel Boric.
El joven fue atropellado por un vehículo de la Armada en medio del Estallido Social. En Chile los tribunales dejaron en libertad a Leonardo Medina, el marino que manejó el vehículo. Por esto sus familiares recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La causa no registra movimientos desde abril, por lo que la demanda por $45 millones quedará sin efecto si el ex director de la institución no es notificado antes del 7 de octubre. Ésta “se realizará dentro de los plazos”, aseguraron desde la Mutualidad de Carabineros.
La Corte Suprema definió una comisión de cuatro ministros para monitorear a la Convención Constitucional en materias de Justicia. De los cuatro ministros, tres son “externos” al Poder Judicial, lo que significa que no han hecho carrera de juez, además de tener vínculos e intereses con el mundo corporativo y privado debido a su actividad profesional previa.
Para celebrar Halloween la ministra de la Suprema Angela Vivanco había organizado una fiesta de disfraces con familia y pares del Poder Judicial que tenía como temática vestirse de villanos de la ficción o la vida real. Sin embargo, el evento fue cancelado porque excedía el aforo permitido en fase 3.
El 21 de octubre pasado se cumplieron dos años del día en que el joven de Talcahuano fue arrollado por un vehículo de la Armada conducido por el infante Leonardo Medina Caamaño. Los padres esperan un buen resultado en tribunales, mientras cargan con el cansancio y la tristeza de todavía ver al causante de la muerte de su hijo en libertad.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos conversó con los padres de Manuel Rebolledo Navarrete, joven que fue asesinado en Talcahuano en el contexto de las protestas de octubre de 2019, a quienes señaló que el organismo estará presente en la audiencia que se realizará el próximo 25 de octubre.
En un nuevo aniversario de la muerte del poeta ganador del Nobel, el autor de “Delitto Neruda” espera que “falta que la verdad también sea reconocida por el Poder Judicial. Hace más de diez años que se lleva a cabo una investigación sobre la muerte de Neruda. Durante este largo período, se han logrado resultados importantes, aunque nada definitivo”.
Fernando Acuña juró ayer como titular del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Puerto Cisnes. El año 2017, su nombre cobró relevancia pública al asumir como defensor regional de Aysén la representación de Mauricio Ortega, condenado por sacarle los ojos a su pareja. Bajo su defensa, la Suprema rebajó la condena de Ortega de 26 a 18 años de cárcel.
Tal como adelantó INTERFERENCIA, en el pleno de ayer lunes de la Corte de Apelaciones de Santiago se planteó realizar un sumario administrativo en contra del juez Daniel Urrutia, pero esta iniciativa impulsada por los sectores conservadores del Poder Judicial fue rechazada por 11 votos a favor y 12 en contra y provocó que seis bloques de la Convención Constituyente salieran en defensa del magistrado.
El funcionario de la Armada, Leonardo Medina Caamaño, actualmente se encuentra formalizado por cuasidelito de homicidio, con lo que incluso podría terminar condenado tan sólo a 61 días de firma.
La defensa del infante Leonardo Medina Caamaño, a cargo de Pelayo Vial, pidió cerrar el caso y dejar libre de condena a su representado. La familia de la víctima insiste en que debe haber justicia en este caso, uno de los emblemas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Estallido Social.
Juan Ignacio Latorre (RD) es uno de los parlamentarios que presentó el proyecto de ley. En conversación con INTERFERENCIA, el senador indicó que en algunos casos ha existido “persecución penal con fines políticos”, algo evidenciado por detenciones irregulares y abuso de la prisión preventiva, entre otros.
La Fiscalía fue en busca de marihuana, no la encontró, pero terminó incautando por casualidad un importante arsenal. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha entregado detalles de la investigación previa respecto de las supuestas drogas, pero descarta haber tenido a mano antecedentes de inteligencia.
En 2008 se publicó el libro Conexiones mafiosas. El crimen organizado a las puertas de Chile, del periodista y colaborador de INTERFERENCIA Manuel Salazar. En el prólogo la ex presidenta del Consejo de Defensa del Estado (1996-2005) realiza una fuerte crítica a las falencias legales que permitían -y todavía permiten- la expansión de estas redes en todos los ámbitos del quehacer nacional.
Longueira fue acusado en julio de 2018 por cohecho pero fue inhabilitado recién en noviembre de 2020 para votar y ser candidato. Distintas fuentes del partido aseguran que esto fue una sofisticada operación contra el ex senador, en la cual incluso habría participado el Tribunal Supremo de la colectividad, y que buscaba que la lista que lideraba María José Hoffmann ganara de forma automática. La maniobra resultó a medias, puesto que una llamada de última hora salvó a Longueira de quedar en ridículo en las oficinas del Servel.
Juan Carlos Said lleva una década en batallas judiciales en contra de familiares para acceder a la herencia de su padre, que se calcula en US$ 100 millones. En una de las causas revela audios donde Sebastián Eyzaguirre, entonces socio del estudio, asegura que se trasladaron en secreto sociedades a Delaware “por un tema tributario”, algo que el SII desconocía.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Chile por la violación de los derechos a la libertad de pensamiento y expresión del juez Daniel Urrutia, quien ha criticado el actuar del Poder Judicial chileno tanto en dictadura como en el estallido social. A continuación, INTERFERENCIA reproduce la entrevista que Urrutia dio a Sputnik.
El abogado vinculado a la UDI y Fundación Jaime Guzmán se desempeña como Jefe de División Judicial del Ministerio de Justicia, cargo de gran relevancia para los nombramientos de jueces. Mery tendría el anhelo de ser ministro de la Corte Suprema, para lo cual estaría proponiendo a jueces que lo pondrían en una eventual quina a futuro. Ya nombró a Adelita Ravanales, e insistiría con Raúl Mera para una vacante posterior.
Hijos, hijas, hermanos y hermanas, esposos, esposas y parejas. De los 69 ministros que se desempeñan en la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones de Santiago y en la de San Miguel, al menos 23 tienen familiares directos con cargos profesionales en el poder judicial u otras instituciones afines, como notarías y conservadores y fiscalías.
La ministra es profesora en la Escuela de Carabineros y participa en causas donde están involucrados miembros de la fuerza policial. Ha estado en resoluciones de la principal arista del Pacogate y, en 2016, la misma Corte Suprema declaró su apartamiento en una causa de derechos humanos donde estaban procesados funcionarios en retiro.
Después que el Senado rechazara al juez Raúl Mera para integrar esa corte, el máximo tribunal completó la quina con Adelita Ravanales, descrita como una jueza conservadora y de derecha. El gobierno estaría inclinado en proponerla, ya que cuenta con poderosos padrinos al interior de la corte, entre ellos Juan Eduardo Fuentes que preside la primera sala de la Suprema.
