Rodrigo Ubilla
La vocera Cecilia Pérez señaló que el subsecretario del Interior cuenta con todo el respaldo del presidente Piñera, pero no se refirió al emplazamiento que hizo la familia para que el mandatario se pronuncie al respecto.
Este fin de semana la familia Painequir de la comunidad Mariano Millahual interpuso una demanda civil en el Juzgado de Letras de Pucón, que busca anular la compra de tierras que Rodrigo Ubilla realizó en ese lugar.
Mientras la Contraloría Regional pidió a la Conadi los antecedentes que fundamentaron la defensa de Ubilla, este miércoles la Cámara de Diputados oficializó una comisión investigadora para analizar la compra de terrenos en territorios protegidos por la Ley Indígena.
Tras el nuevo espaldarazo que le dio la Conadi al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, los consejeros de dicha entidad rechazaron el reporte 'a medida' del fiscal, cuestionaron los argumentos esgrimidos y aseguraron que “sin ningún tapujo, pudor o vergüenza la institucionalidad se está prestando para justificar lo injustificable".
Pese al grave asalto con disparos de AKA 47 sufrido por una comitiva de la ONG América Solidaria -en la cual peligró la vida del embajador Patricio Utreras, su esposa, Brenda Iriarte, y otros 10 chilenos- Extranjería no se ha replanteado una política que expone al peligro a cientos de migrantes haitianos que vuelven a un país en crisis.
Este fin de semana el subsecretario del Interior visitó la comunidad Mariano Millahual, donde tiene su casa de veraneo. Su presencia tensionó a los comuneros. Unos días antes, el werkén de esa comunidad, Carlos Quiñenao, fue detenido en un operativo policial en Temuco.
El subsecretario del Interior no asistió a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara Baja, donde había sido invitado para aclarar la compra de cuatro parcelas que realizó en territorio mapuche. Se acordó volver a citarlo en la próxima sesión, en los primeros días de abril.
El subsecretario del Interior aseguró que su compra de tierras indígenas fue “bajo el apego de la ley”. Este miércoles irá a la Cámara de Diputados para explicar la situación. Pero los ánimos en la oposición son de no levantar demasiado polvo.
La comunidad mapuche en la que el subsecretario del Interior posee parcelas de veraneo está en pie de guerra, iniciando las primeras acciones legales, al igual que el consejo de la Conadi que exige la salida del funcionario de La Moneda. Ubilla, en tanto, sigue de vacaciones en Escocia y no se ha vuelto a pronunciar.
A la compraventa de 2009, cuando Rodrigo Ubilla adquirió dos parcelas en territorio mapuche, se le sumó una segunda compra en 2012, cuando se desempeñaba como subsecretario del Interior en el primer gobierno de Piñera. Ello, sin embargo, ha sido silenciado por La Moneda.
El lonko y sus werkenes declararon que la compra de terrenos que realizó el actual subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, fue ilegal y lo emplazaron a pedir disculpas públicas por vincular los incendios forestales con “un pueblo que él considera terrorista y con quien comparte durante la temporada estival”.
El presidente Sebastián Piñera manifestó dudas sobre la legalidad de la compra realizada por el subsecretario del Interior, mientras que arde el conflicto dentro de la Conadi por la defensa de su director a la tesis de la compra legal.
El actual subsecretario del Interior ha estado vinculado a los mapuche por angas o por mangas. En 2010, antes de aceptar el mismo cargo en el gobierno de Piñera I, Rodrigo Ubilla estaba por firmar contrato con Nexos, una empresa de comunicaciones vinculada a los Matte. Esto, con el propósito de asesorar a empresas con conflictos sociales, dada la experiencia de Ubilla haciéndolo para Mininco en relación a los mapuche en los 90'.
La mujer es considerada indígena, pues al momento de la compraventa estaba casada con el mapuche Jorge Painequir. Así lo establece la Ley Indígena en su artículo 4°: "Para todos los efectos legales, la posesión notoria del estado civil de padre, madre, cónyuge o hijo se considerará como título suficiente para constituir en favor de los indígenas los mismos derechos y obligaciones que, conforme a las leyes comunes, emanen de la filiación legítima y del matrimonio civil”.
La única instancia que recoge la representatividad de los pueblos indígenas en la institucionalidad estatal indígena, desafía a la autoridad de la Conadi al solicitar un informe escrito y fundado respecto del supuesto carácter no indígena de los predios del subsecretario. Así lo había afirmado el director subrogante, Fernando Sáez respecto a estos terrenos, que están en la mitad de la comunidad mapuche Mariano Millahual en Pucón.
El subsecretario del Interior respondió al reportaje de INTERFERENCIA que la compra de una hectárea en territorio indígena fue un acto legal. Pero, está equivocado o falta a la verdad. De hecho, sus parcelas figuran hoy como tierras mapuche en la Conadi y la compra a un cónyuge de un indígena -como fue en su caso- equivale a comprar al indígena mismo, lo que hace el acto nulo.
Mientras los representantes del oficialismo se cuadraron con la defensa planteada por Rodrigo Ubilla, y los opositores piensan en caminos de acción, desde el mundo mapuche el rechazo fue transversal: Héctor Llaitul, Aucán Huilcamán y Pedro Cayuqueo plantearon sus críticas tras la compra ilegal hecha por el subsecretario del Interior.
En 2009 el actual subsecretario del Interior compró dos terrenos al interior de una comunidad mapuche por 10 millones de pesos, donde actualmente tiene una residencia en la punta de una colina. El problema es que nunca debió comprar dicha propiedad, pues contraviene la Ley Indígena de 1993.
El general (r) Christian Franzani le informó al subsecretario del Interior y al ex general director Hermes Soto –apenas ocurridos los hechos– que Camilo Catrillanca no llevaba armas. Aun así, Ubilla instruyó momentos después de que se diera a conocer la falsa versión de muerte en enfrentamiento.
La primera información entregada por la policía responsabilizó del crimen a mapuche de la comunidad de Pedro Painén y a un supuesto intento de quemar una iglesia evangélica. Pero familiares de la víctima aseguraron a INTERFERENCIA que se trata de un ajuste de cuentas entre vecinos.
