Desde 2022 que la Dirección General de Aguas de la Quinta Región está a cargo de Camilo Mansilla Quiñones, geógrafo y ex dirigente del movimiento de defensa del agua Modatima. En todo este tiempo han multado a distintas empresas y personas por extracción irregular de aguas. Mansilla dice que han roto récords de multa: “el año 2023 nosotros multamos por $2.600 millones”.

Este lunes se cumplen 1.000 días con Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío en la región del Biobío. La medida se implementó el 18 de mayo de 2022, a 66 días de iniciado el gobierno. En paralelo, las Fuerzas Armadas también se encuentran desplegadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, totalizando en esa zona 716 días a la fecha bajo el sistema de "infraestructura crítica".

Tras no asistir en dos ocasiones ante la comisión del Congreso, ayer finalmente Miguel Crispi aseguró a esa instancia que le informó al presidente Boric del caso el 16 de junio, nueve días después de haber sabido del caso por un 'rumor'. Otros personeros de RD, como Juan Ignacio Latorre, lo sabían al menos desde el 6 de junio, mientras que Tatiana Rojas, ex subsecretaria de Vivienda, se enteró el 2 de mayo. 

La parlamentaria que destapó el 'Caso Fundaciones' y que actualmente forma parte de la Comisión Investigadora, asegura a Interferencia que "es imposible que alguien no mienta en esto, cuando no ha habido un relato único. No hay una consistencia durante toda esta historia famosa del caso Democracia Viva". 

Primero Latorre y después Boric, ambos indicaron que sabían del caso antes de que un medio antofagastino lo publicara. Latorre dijo que no le había comunicado ni al ministro Montes ni a Jackson, pero al ser consultado por otros personeros del Gobierno, guardó silencio. Todo esto mientras recrudece el fuego amigo entre partidos oficialistas y la oposición saca ventaja de la crisis.

"Latorre dejó de ser un interlocutor válido dentro de la alianza", dijo la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, luego de revelarse que el presidente de Revolución Democrática conoció los primeros antecedentes del caso Democracia Viva diez días antes de que se hiciera público, información que afirma no comunicó al ministro Carlos Montes (PS) ni al ministro Giorgio Jackson (RD), lo cual hoy agudiza la crisis entre las filas oficialistas.

La derecha anunció una comisión investigadora para llevar la responsabilidad política al titular de Vivienda, donde sucedieron los posibles delitos, y al titular de Desarrollo Social, quien es el fundador y líder de RD. En tanto, dentro del PS no cayó bien el respaldo irrestricto de Gabriel Boric a autoridades regionales salpicadas por el caso.

Alcaldes contra Catalina Pérez, ella contra sus cercanos, todos RD. Viejos socialistas contra jóvenes frenteamplistas en el Gobierno y las directivas partidarias. Pugnas de 'lotes' de Convergencia Social y Revolución Democrática por una fusión que se hace más compleja. Golpes van, golpes vienen.

El sector oficialista se reunió en Cerro Castillo para trazar la agenda legislativa a futuro y afrontar la gran derrota del 7 de mayo, insistiendo en la unidad para futuras elecciones, incluyendo eventualmente a la DC. Al encuentro no asistió la timonel del PPD, Natalia Piergentili, una de las ideólogas de las listas separadas.

La hidroeléctrica reconoció haber pagado para espiar a grupos ambientalistas y trabajadores, como reveló este medio ayer. No obstante, la clase política ha hecho oídos sordos, con la excepción de los diputados Marisela Santibáñez (PC) y Félix González (PEV).

El PPD -junto a Ricardo Lagos- decidió ir solo junto a la DC y el PR a la elección de los consejeros del 7 de mayo. Con eso, se aleja la idea de una lista oficialista única empujada desde el PS y AD, encabezada por Michelle Bachelet. Dónde se situará el PS -con AD o el PPD- es la pregunta clave, cuya decisión puede condicionar la agenda del pacto de gobierno, en miras a un próximo cambio de gabinete y los pactos para las elecciones municipales de 2024. 

El impulso de una 'Instancia Paralela' de parlamentarios por el Rechazo, la creación del 'Grupo de los 8' para sostener reuniones que aceleren el proceso, la articulación en paralelo de una 'Nueva Centroizquierda' y los independientes que buscan no quedar fuera de las negociaciones, revuelven la escena. 

El senador Daniel Núñez (PC) pidió una segunda discusión respecto del proyecto, con lo que el Ejecutivo ganó tiempo para su estrategia de poner condiciones al tratado a través de las cartas laterales. Esto en medio de tensiones entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, que han mostrado posturas diferentes frente al TPP11.

El martes se reunieron los presidentes y presidentas del PS, PPD, PR y Liberales para acordar un acuerdo de reformas constitucionales que negociarán en los próximos días con la otra alianza oficialista; Apruebo Dignidad, que fundamentalmente reune al PC y al FA. Aseguran que no buscarán restituir el Senado, pero sí dar más atribuciones a la Cámara de las Regiones.

El ex dirigente universitario, crítico de la política del gobierno de Gabriel Boric en Wallmapu, decidió no repostularse al cargo después de haber sido acusado sin evidencias de difamar a la antigua directiva nacional de la colectividad. Su sucesor es el joven que protagonizó la emblemática foto de la bandera mapuche en Plaza Dignidad durante el Estallido Social.

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos deja el cargo luego de nuevos nombramientos de consejeros, con lo que perdió los equilibrios políticos que le habían permitido sostenerlo en el cargo. Esto, pese a la grave crisis a la que arrastró a la institución, por su obsecuencia con el gobierno de Sebastián Piñera. De todos modos seguirá siendo consejero.

Corresponde a gastos de vehículos, traslación, alimentación, alojamiento y locomoción de senadores y personal de apoyo por ‘trabajo parlamentario’ en terreno durante el año pasado, marcado por las reuniones telemáticas. Quienes más gastaron fueron la senadora Adriana Muñoz, Juan Antonio Coloma y Jorge Pizarro, los cuales superan montos por $8 millones. Entre 2015 y 2020, se le pagó $1.888 millones a los senadores por estos gastos.

Juan Ignacio Latorre (RD) es uno de los parlamentarios que presentó el proyecto de ley. En conversación con INTERFERENCIA, el senador indicó que en algunos casos ha existido “persecución penal con fines políticos”, algo evidenciado por detenciones irregulares y abuso de la prisión preventiva, entre otros.

Los senadores opositores están disgustados con el anuncio respecto del 6% adicional de cotización, puesto que esperaban que fuera destinado al ahorro colectivo. Creen que el mandatario evade el cambio profundo a la administración de los fondos previsionales, pero también estiman que esto no impedirá que el debate se dé en la constituyente.

Junto a Natalia González, directora de asuntos jurídicos y legislativos del instituto ligado al gremialismo, también se aprobó el nombre de Bernardo Navarrete, académico de la Usach, propuesto por la DC. La falta de experiencia de ambos en temas de transparencia suscitó críticas, pero finalmente se impuso la lógica de la época del binominal.

Pese a que Carabineros tardó doce horas en informar a la Fiscalía sobre la explosión de una antena de telecomunicaciones en la Provincia de Arauco, el gobierno no tardó en reaccionar anunciando el envío de Fuerzas Armadas para “resguardar las rutas”. En la misma semana, la Comisión de Seguridad Pública del Senado le dio el carácter de suma urgencia al Proyecto de ley para proteger a empresas forestales.

Ignacio Malig, director de Conadi, y Sebastián Sichel, ministro de Desarrollo Social, deberán aclarar las razones por las cuales no está disponible un concurso de subsidios para tierras indígenas que favorece -entre otras personas- a la comunidad mapuche a la que pertenece una conocida activista. Además, los consejeros de Conadi exigieron a la autoridad volver a subir los resultados este jueves.

En entrevista con INTERFERENCIA, Javiera Parada, una de las candidatas con más chance de ganar en el partido eje del Frente Amplio, aborda las críticas que recibió por parte de Giorgio Jackson y Juan Ignacio Latorre, los desafíos políticos asociados a las elecciones municipales de 2020 y la disputa con la ex Nueva Mayoría por el liderazgo del progresismo chileno.