Pablo Longueira
Desde el liderazgo de Michelle Bachelet que conquistó la presidencia en 2006 y 2014 que el Partido Socialista no ha logrado potenciar una nueva carta competitiva para presidenciales con intentos fallidos como el Paula Narváez y Paulina Vodanovic.
Departamentos exclusivos de la Corte Suprema en Vitacura, la pérdida de fentanilo y morfina en Dirección de Salud de Carabineros, la querella por usura en contra de Sebastián Piñera Morel, la historia de Tomás Barrera que inventó ser nieto de un detenido desaparecido y el mensaje de agradecimiento de Jean Pierre Matus a Luis Hermosilla, son algunos de los artículos más destacados de este año en Interferencia.
La indicación presentada por los diputados Mauro González y Marcia Raphael (RN) anula la aplicación de una ley ajena a las materias de la Ley de Presupuestos, con efectos desfavorables para los pueblos originarios.
Los pagos se efectuaron entre 2018 y 2021, por montos que suman al menos $280 millones. Estos fueron abonados a Asesorías y Negocios Commercia SpA, sociedad en la que, hasta hace poco, figuraban como socios Luis Angulo, cónyuge de Leonarda Villalobos, y el ex diputado DC Exequiel Silva. Los dineros provienen de Asipes y PacificBlu, que fueron investigadas por casos de financiamiento ilegal a la política en el marco de la Ley de Pesca impulsada por Pablo Longueira.
El caso se remonta al 2013 cuando la Universidad San Sebastián se enfrentó judicialmente a la Municipalidad de Recoleta en la arista que involucró al entonces director de Obras, Carlos Reyes, quien en un juicio abreviado mencionó que Enrique Herrera, representante legal de la USS y patrocinado por Hermosilla en el caso, ofreció coimas para que rebajara el precio por el uso de suelo comunal.
Interferencia reproduce un capítulo del libro 'Pescado Rabioso: Leyes de pesca y luchas de poder de en la derecha chilena' del periodista Carlos Tromben, una detallada crónica sobre la intriga política que envolvió la tramitación de la polémica ley de pesca, también conocida como Ley Longueira.
La instancia judicial obliga al Consorcio Santa Marta a cumplir con las medidas de reparación que incluyen retiro de escombros, auditoría externa, análisis de riesgo y un estudio técnico visados por la SMA. Sus socios pertenecen a la elite empresarial santiaguina, y el presidente de la empresa Guillermo Ruiz Pérez, al gremialismo, cercano a Longueira.
Luego de ocho años en trámite, el proyecto que busca abolir la Ley Longueira -conocida por la corrupción implicada entre pesqueras y parlamentarios-, fue detenido en su primera sesión en la Cámara Alta. Esto, debido a la ausencia de los senadores de la Comisión de Pesca, quienes estuvieron presentes en el Congreso durante el día. Si bien algunos luego se excusaron por redes sociales, esta es otra demostración más de la forma en que la corporación ha resistido cambios que afectan fuertes intereses.
Un abogado acusa que el proyecto Guay Guay, de Marcello Corbo -hijo del ex presidente del Banco Central-, cerró el acceso a su parcela para evitar fiscalizaciones por “delitos cometidos en zona de preservación ecológica”. “Es una estafa”, asegura el jurista y vecino.
Tras la victoria del No en el plebiscito del 5 de octubre de 1988, Augusto Pinochet advirtió impasible: “Los chilenos votaron que yo no siguiera, pero de ningún modo por un cambio de la Constitución. ¡No habrá cambios constitucionales!”.
La Superintendencia dejó en manos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) la decisión final de cerrarlo. En caso de que así sea, deja en el limbo a varios otros proyectos levantados en zonas resguardadas que apuestan a ser aceptados por la vía de 'los hechos consumados'.
Junto al ex diputado de la UDI, que no se inhabilitó, otro voto clave para las aseguradoras de Penta y del Grupo Bice fue el ministro Nelson Pozo, ex militante del PS.
Chile Vamos y el Partido Republicano consiguieron solo 37 de los 155 asientos (24%) de la próxima Convención Constitucional, lejos del tercio necesario para poder vetar propuestas cuando se redacte la nueva carta fundamental. La ex Concertación también se sumó a los derrotados con 25 constituyentes, mientras que los grandes triunfadores son Apruebo Dignidad (PC y FA) con 28 escaños y la revelación de la Lista del Pueblo con 22 convencionales.
La nueva directiva que tendrá el partido gremialista tiene algo en común con el aspirante al sillón presidencial: Ernesto Silva como un importante asesor. El escenario se abre para el alcalde de Las Condes mientras que el panorama se complica para la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien también busca ser la abanderada de la colectividad.
Longueira fue acusado en julio de 2018 por cohecho pero fue inhabilitado recién en noviembre de 2020 para votar y ser candidato. Distintas fuentes del partido aseguran que esto fue una sofisticada operación contra el ex senador, en la cual incluso habría participado el Tribunal Supremo de la colectividad, y que buscaba que la lista que lideraba María José Hoffmann ganara de forma automática. La maniobra resultó a medias, puesto que una llamada de última hora salvó a Longueira de quedar en ridículo en las oficinas del Servel.
La condena de Orpis e Isasi pone fin a uno de los casos que -junto a Penta y SQM- terminaron con la idea de Chile como un oasis en el que la corrupción no tenía cabida. INTERFERENCIA publica a continuación extractos del libro 'Pescado Rabioso' de Carlos Tromben, donde revisa el origen del caso, el rol de Pablo Longueira y del gobierno de Sebastián Piñera.
La municipalidad encabezada por Cristóbal Lira evacuó un oficio entregando su posición legal respecto a un dictamen de la Contraloría de fines de septiembre, apoyando el criterio del ente contralor y señalando que el proyecto Chaguay, ligado al Grupo Ebco -por el que el ex senador Pablo Longueira ha hecho lobby en el pasado- se está ejecutando “transgrediendo flagrantemente la normativa”.
Un resumen de parte de su exposición en el consejo ampliado de la UDI de ese mes muestra cómo aún antes del plebiscito, el ex senador ya tenía establecido algunos hitos estratégicos para abordar el proceso constituyente y conseguir el ‘tercio’ necesario para lograr el veto que pretende rescatar gran parte de la actual constitución.
Durante este día se vivirá una jornada electoral inédita. Dependiendo de los resultados, muchas incógnitas se resolverán. Conversamos con varios analistas para identificar las preguntas clave que se dilucidarán en las próximas horas. Al parecer la más importante es si la energía de la revuelta del 18 de octubre se transformará en un fuerte cauce electoral o irá en un carril paralelo.
Si hubo un nombre que se repitió constantemente en los programas de contingencia política en la TV, fue el de Pablo Longueira. Su entrevista en El Mercurio, marcó la pauta en la discusión política, de cara al plebiscito de octubre. Su revelación de que votará “Apruebo”, su declarada intención de ser candidato a la eventual convención constituyente, y su deseo de volver a presidir la UDI, generó revuelo.
Una decena de nombres ligados a altos círculos de poder están detrás de cuatro proyectos sobre la cota mil que ocupan ilegalmente una zona de preservación ecológica, la que se ubica entre dos zonas de crecimiento inmobiliario explosivo. Entre los implicados están Vittorio Corbo (hijo), José Luis Délano, José Antonio Rabat, Hernán Besomi, Michael Grasty, Alejandro Quintana, Arturo Majlis, José Miguel Rawlins y Domingo Undurraga.
El Chaguay es un proyecto ligado al empresario Hernán Besomi, el cual dice ser "ecológico". Sin embargo, ha sido cuestionado por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y por la Fundación Defendamos La Ciudad, la que indica que el proyecto puede afectar gravemente al bosque esclerófilo y la avifauna en las 400 hectáreas en que se emplaza.
El actual titular de Hacienda posee un 20% de Viñedos Valles de Casablanca, compañía que desde julio de 2018 desarrolla un proyecto inmobiliario suburbano a pocos kilómetros de donde se podría ubicar una futura estación del tren Santiago-Valparaíso.
El ministro de Hacienda tiene un 20% de las acciones de Viñedos Valle de Casablanca, sociedad que cambió su objeto social en julio de 2018 para levantar un proyecto inmobiliario suburbano en Casablanca, a pocos kilómetros de donde estaría una futura estación del tren Santiago-Valparaíso.
El que fuese el factótum de la UDI fue sobreseido por delitos tributarios y está a la espera de que algo similar pase con las acusaciones de cohecho que pesan en su contra, con lo que -hasta el momento- se suma a la larga lista de políticos que no pagan judicialmente en casos de corrupción.
