Manuel Monsalve
Este lunes se conoció la resolución de la Corte Suprema que cambió la medida cautelar del otrora militante del Partido Socialista, acusado e imputado por los delitos de violación y abuso sexual.
En un día marcado también por la renuncia de la ministra de Defensa, Maya Fernández, por la fallida compra de la casa de Allende, además salió de imprevisto uno de los arquitectos principales del Frente Amplio.
Según información disponible en la Cámara, los ministerios de Secretaría General de Gobierno, Mujer y Equidad de Género y Defensa, como también Carabineros de Chile no han contestado ninguna solicitud. Mientras que a nivel de autoridades, tampoco lo han hecho el jefe de asesores del presidente, Miguel Crispi (RD), ni el jefe de Gabinete del mandatario, Carlos Durán (CS).
Este lunes se cumplen 1.000 días con Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío en la región del Biobío. La medida se implementó el 18 de mayo de 2022, a 66 días de iniciado el gobierno. En paralelo, las Fuerzas Armadas también se encuentran desplegadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, totalizando en esa zona 716 días a la fecha bajo el sistema de "infraestructura crítica".
La solicitud fue enviada al organismo fiscalizador el pasado 7 de enero y firmada por el presidente de la instancia Stephan Schubert, ya que el secretario de Estado no ha concurrido a dos “invitaciones”. En todo caso, el jefe de gabinete de este último, envió a la instancia las disculpas del caso, cuyos argumentos, lejos de apagar la molestia de los parlamentarios, la encendió con más fuerza.
La crisis del gobierno, sin embargo, es aún más dramática que la de los "centristas". Porque la coalición gobernante, pareciera, que simplemente dejo de tener un color favorito. Las circunstancias les dinamitaron las convicciones el primer día —tal vez mucho antes—, y por eso es que vemos como, cada día, sus dirigentes aparecen construyendo artefactos retóricos para justificar sus volteretas e indefiniciones.
Tras constituirse la Comisión Investigadora del caso, ha trascendido que las ministras Carolina Tohá, Antonia Orellana y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, estarían entre los citados. Además, más de una decena de funcionarios de La Moneda se enteraron de los hechos antes de ser públicos y de enterarse el presidente Gabriel Boric.
Tras una audiencia de formalización que se extendió por casi 14 horas, el juez Mario Cayul del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar más gravosa en contra del otrora poderoso ex subsecretario del Interior y ordenó su ingreso a una cárcel pública.
Una joven de Enseñanza Media asistió a un examen de salud y quien la atendió escuchó el relato y denunció. “Se siente intimidada”, porque su compañero usa frases de connotación sexual e intenta mirar bajo la falda de ella. La magistrada ordenó a la fiscalía llevar adelante una indagatoria, sin existir denuncia de los padres o el establecimiento.
Tras el receso a la formalización del ex subsecretario del Interior decretada por el juez Mario Cayul, a solicitud de la defensa de Monsalve, estos son los hechos que iniciaron con un beso no consentido el 1 de septiembre y que se extienden hasta la detención del ex sheriff en una unidad policial a la espera de retomar la audiencia.
Para hoy viernes a las 09:00 quedó programada la audiencia de formalización del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por el delito de violación. Para concretar su detención, habría sido clave un informe de ADN realizado a la ropa de la víctima, según reveló Radio Biobío, y el testimonio del taxista que trasladó a la presunta víctima y a la ex autoridad hasta el hotel donde habrían ocurrido los hechos.
A dos semanas de que la denuncia por abuso sexual y violación en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se hiciera pública, el caso suma nuevos antecedentes y hechos que revelan la concatenación de los acontecimientos que sumieron a La Moneda en su crisis más profunda. Interferencia realizó una cronología desde ese primer encuentro el 1 de septiembre entre Monsalve y la víctima, hasta la declaración de la ministra Carolina Tohá ante el fiscal Xavier Armendáriz este 30 de octubre.
Con todos los chats de Luis Hermosilla en su poder, el abogado defensor está ejerciendo un poder que lo deja casi como juez y parte. Y ha sabido utilizar esa palanca en los medios de prensa para intimidar de manera indirecta a jueces, fiscales y políticos involucrados en la red de influencias de su hermano. ¿El más expuesto? El Fiscal Nacional Valencia.
El periodista Maximiliano Alarcón dio a conocer que Enrique Inostroza, quien asumió como jefe de Gobierno Interior cuando Monsalve arribó a La Moneda, pasó a integrar la Agencia Nacional de Inteligencia en septiembre. Su ingreso se dio previo al escándalo, pero ahora, al conocerse órdenes del ex subsecretario a agentes de Inteligencia de la PDI, su presencia generaría ruido.
El director nacional de la PDI, Eduardo Cerna, llamó a "retiro absoluto" a la jefa nacional de Inteligencia, Cristina Vilches, debido a las diligencias que efectivos de la institución desarrollaron previo a la denuncia en contra del ex subsecretario y que habrían incluido revisión de cámaras, manipulación de un teléfono y acercarse al edificio donde la presunta víctima reside.
En el marco de una cautela de garantía en el Séptimo Juzgado del ramo, el titular Centro Norte Xavier Armendáriz reveló el antecedente inédito. Todo en el marco de la legalidad de la diligencia que permitió incautar un tercer celular que manejaba el suspendido PS. Si bien se extraerán los datos, el magistrado Ponciano Sallés ordenó borrar los whatsapp con sus abogados y familiares.
Las diligencias que encabeza el fiscal regional Centro Norte avanzan a pasos agigantados, pero los problemas de La Moneda están lejos de terminar. A la crisis política se suma otra al interior de la policía civil, mientras el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, intenta hacer frente a la tormenta. En tanto, ayer los abogados de la ex autoridad solicitaron acceso a la carpeta de investigación..
El jueves pasado, La Moneda sufrió un fuerte remezón a partir de una publicación de La Segunda donde se informó de una denuncia de agresión sexual en contra del ahora renunciado personero, lo que llevó a una serie de declaraciones posteriores que incluyeron al propio presidente Boric ofreciendo una extensa conferencia de prensa sobre el caso, que terminó sembrando más dudas que certezas.
Este lunes, el alcalde de Recoleta fue imputado por los delitos de administración desleal, cohecho, estafa y fraude al fisco que habría cometido como presidente de la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp). Más allá de lo judicial, el Gobierno buscará resguardarse de las esquirlas del caso mientras la interna del PC enfrentará un dilema interno, pese al respaldo público a Daniel Jadue.
Muñoz será formalizado el martes acusado de filtrar información reservada de la causa por malversación de fondos públicos en contra del ex director de la PDI, Héctor Espinosa, a su abogado defensor, Luis Hermosilla, quien a su vez se encuentra envuelto en el caso Audios, sobre coimas funcionarios públicos, inserto dentro del caso Factop, sobre facturas falsas.
Tras invalidar la licitación por $417 millones en diciembre, Interior señala que ya no cuenta con los recursos ni la autorización de Dipres para financiar un nuevo proceso licitatorio que le permita contar con una herramienta de escaneo de vulnerabilidades de sitios web.
La imposición de una tecnología aún en desarrollo y sin una legislación propia, como el reconocimiento facial, marcará el comienzo del fútbol chileno en 2024. La experiencia internacional apunta a riesgos para las libertades individuales, robo de datos biométricos irremplazables e incluso su uso con fines políticos.
De momento cinco regiones del país se encuentran con militares en colaboración con las policías. En La Araucanía y Biobío las FF.AA suman más de 600 días, mientras que en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta están próximos a cumplir 365 días a fines de febrero.
El ministerio invalidó la adjudicación por $417 millones a Siscotec para una herramienta de escaneo de vulnerabilidades de sitios web, sólo tres días después de adjudicarse. Tras reclamos, la cartera constató errores conceptuales en su evaluación. Fuentes en ciberseguridad también apuntaron a eventuales peligros para la seguridad nacional.
Luego de decretarse el 17 de mayo de 2022 el primer estado de excepción 'acotado', la medida ha sido prorrogada hasta totalizar 500 días con las Fuerzas Armadas en labores de colaboración del orden público. ¿Estado de excepción?
La Fiscalía Nacional nombró a la fiscal Tania Sironvalle a cargo de investigar todos los robos en reparticiones públicas, justo cuando Carabineros confirmó que el ladrón de computadores en el Ministerio de las Culturas fue el mismo de Desarrollo Social.
El robo de 23 computadores del Ministerio de Desarrollo Social puso a Jackson (RD) en la polémica debido al trasfondo del Caso Convenios. La rápida acción de Carabineros y Fiscalía que encontraron los equipos electrónicos, liberaron la presión sobre el ministro, pese a que la caja fuerte robada sigue sin encontrarse. Desde la Moneda blindaron a Jackson, afirmando que había respaldo de todo y trataron de infame una carta en que la UDI pedía la renuncia del ministro.
La encuestadora Tu Influyes de Axel Callís fue contratada por la subsecretaría del Interior para una consultoría mensual sobre “percepción de la seguridad en la ciudadanía” hasta diciembre de 2023. Elisa Walker, quien fue abogada de Izkia Siches; y el comisionado experto Flavio Quezada (PS) también han sido contratados.
Nicolás Grau señaló que la prioridad del gobierno es combatir el incendio. Sus palabras llegan después de que Gabriel Boric propusiera discutir el modelo forestal como parte de los problemas implicados en la catástrofe, y la reacción empresarial que rechazó discutir ese aspecto en medio de la emergencia.
El Director General Ricardo Yáñez debe declarar como imputado en el caso de apremios ilegítimos cometidos durante el estallido social. En tanto, El general Luigi Lopresti debió remitir antecedentes fiscalía tras un reportaje de este medio que develó una supuesta estrategia para socavar al actual gobierno.
