Manuel Guerra
Chats de Hermosilla revelaron cómo la magistrada del tribunal de alzada capitalino, Verónica Sabaj, operó para que el Pleno sancionara al juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia. El caso quedó en manos de la Fiscalía Centro Norte,
Si bien es cierto que las normas que rigen al CDE le entregan la facultad de patrocinar a instituciones del Estado frente a procesos judiciales, lo llamativo es que el organismo, es al mismo tiempo querellante en la investigación que sustancia la Fiscalía Oriente.
El penalista aseguró que existieron conversaciones por el nombramiento de autoridades en el Poder Judicial y la fiscalía entre Luis Hermosilla y el ministro de la Corte de Apelaciones, Danilo Quezada; el supremo Mario Carroza, la ex fiscal judicial Lya Cabello y la jueza Paula Brito. Además, reveló chats por causas judiciales con distintos fiscales.
Según informó el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, la renuncia del ex ministro del Interior radica en que "lo hacía para no dañar a la UDI ante estas injustas acusaciones" y señaló que tendrá "más libertad para poder desarrollar, por ejemplo, la querella que presentó ayer contra diez diputados que lo han injuriado y calumniado y sobre los cuales pidió su desafuero".
Entre las conversaciones entre Guerra y Hermosilla se comparten información referida al caso Penta y la compraventa de Minera Dominga; discuten una estrategia de desprestigio de los fiscales Gajardo y Norambuena; y coordinan reuniones con Andrés Chadwick y Sebastián Piñera. "Las causas Vip ya se las quite y están en mi poder", dice uno de los mensajes de Guerra a Hermosilla.
A la reciente remoción de Felipe Ward en la Municidad de La Florida que dirige Rodolfo Carter, se suma el cese de funciones de Francisco Orrego, candidato a gobernador regional por Santiago, por informes ajenos a la finalidad del municipio que reveló Interferencia, mientras el ex fiscal que investigó el caso Penta, Manuel Guerra, continúa en el municipio pese a una investigación que la Fiscalía abrió en su contra en una arista del caso Audios.
La decisión de suspender y abrir cuaderno de remoción en contra de la magistrada que adoptó el pleno del máximo tribunal, reordenó también el mapa político. El oficialismo busca acusar constitucionalmente a Vivanco y Jean Pierre Matus. La derecha propone su apoyo, pero incluyendo a Sergio Muñoz. Todo recién comienza en la peor crisis judicial gracias a los mensajes no borrados de una aplicación.
El fiscal Francisco Ledezma deberá tomar esa decisión. Esto luego de que la parte querellante en el caso solicitó que sea revisada la extracción que hizo la Fiscalía Oriente -en el marco del “caso audio”- al celular de Hermosilla, quien patrocinó a Martorell por casi dos años.
La decisión del tribunal afecta además a la abogada Leonarda Villalobos y a su marido Luis Angulo, a nueve meses de que se conociera el audio revelado por Ciper, en el cual Hermosilla hablaba de coimear a funcionarios públicos.
El caso se remonta al 2013 cuando la Universidad San Sebastián se enfrentó judicialmente a la Municipalidad de Recoleta en la arista que involucró al entonces director de Obras, Carlos Reyes, quien en un juicio abreviado mencionó que Enrique Herrera, representante legal de la USS y patrocinado por Hermosilla en el caso, ofreció coimas para que rebajara el precio por el uso de suelo comunal.
Un reciente aviso de la casa de estudios muestra el arribo de Jorge Burgos y Felipe Harboe, dos políicos que históricamente han sido claves como enlaces entre la ex Concertación y la derecha. Además, se integra la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, la favorita del piñerismo en el Poder Judicial, quien compartirá claustro con el ex fiscal Manuel Guerra. En los últimos años, la USS había sido reducto conservador con Andrés Chadwick, Marcela Cubillos y Rodrigo Álvarez .
Juan Domingo Acosta indicó que las condiciones del contrato de compraventa de Dominga ya estaban en la carpeta que manejó el fiscal Manuel Guerra.
En 2017 el fiscal Manuel Guerra pidió sobreseer a Sebastián Piñera, y afirmó que no había ninguna relación entre la cancelación del proyecto Barrancones y Minera Dominga. Esto, aunque era conocido por Fiscalía que solo uno de los dos proyectos podía realizarse en el lugar y a que parte de la venta de los Piñera a Délano estaba condicionada a que la zona no fuera reserva natural.
Un video y audio revelados por El Desconcierto muestran que el policía incentivó la quema de la sede universitaria ocurrida durante el estallido social.
Los colaboradores de al menos cinco senadores deberán declarar este mes sobre su papel en informes y asesorías pagados y que podrían haber sido copiados o falsificados.
