Los intentos de los partidos oficialistas por presentar cambios a la nueva Constitución para asi supuestamente entregar certezas a los votantes y apaciguar dudas tanto de la ciudadanía como de la clase política ante la opción Apruebo, ha sido la prioridad de la actividad política de las últimas semanas, y no la campaña, a menos de un mes del plebiscito.

Dichas reformas -además de reforzar la idea de que la nueva Constitución no está bien hecha- requerirán ser implementadas a través del Congreso, donde los quórum de reforma tanto en la nueva carta magna como en la actual no son favorables para el oficialismo. En ese escenario, la búsqueda de acuerdos y unidad en el sector, no alcanzan para disputar el histórico veto de la derecha. 

Pese a todos esos inconvenientes -y luego del respaldo del presidente Gabriel Boric de abrir esta discusión en pleno periodo electoral-, tras varias semanas de reuniones privadas y conversaciones personales entre distintos personeros de los partidos políticos oficialistas, quienes integran las coaliciones de Apruebo Dignidad y Socialismo democrático llegaron a un consenso respecto a futuros cambios sobre el nuevo texto constitucional de imponerse la opción Apruebo en el próximo plebiscito del 4 de septiembre. 

El documento, llamado Unidas y unidos por aprobar una nueva Constitución, nace como una manera de mostrar unidad entre los conglomerados de Gobierno y también, como una forma de entregar mayores garantías de triunfo a la propuesta constitucional, esto al alero de las encuestas que manejan tanto en La Moneda como los sondeos que otras agencias realizan. Olvidando, eso sí, que tan solo hace poco menos de tres años, el en el plebiscito de entrada, la ciudadanía se pronunció con un 79% de las preferencias, que no deseaba que en la redacción de la nueva carta magna haya parlamentarios, sino una Convención 100% electa, y no mixta con parlamentarios en ejercicio. 

El camino para llegar al acuerdo fue largo. Comenzó en las semanas de junio, cuando el PPD rompió las filas de un Apruebo a secas por un “aprobar para mejorar”. Una frase que llevó la discusión de establecer mejoras hasta los otros partidos con la apertura posterior del PS. 

El primer punto es la plurinacionalidad, donde señalan que la consulta índigena sólo tendrá alcance es aspectos que puedan incidir directamente en los pueblos originarios. Respecto al consentimiento previo, explicitarán que solo sea aplicable en la regulación de entidades territoriales y no sobre reformas constitucionales o aspectos de carácter nacional. 

Luego de semanas de búsqueda de consensos sobre qué materias reformar y con alta negociación política estos últimos días, los partidos llegaron a un compromiso. En definitiva, el documento hoy presentado en la Biblioteca del Congreso Nacional de Santiago -a pasos de donde fue redactada la propuesta de nueva constitución- los timoneles concretaron cinco materias de cambios.

El primer punto es la plurinacionalidad, donde señalan que la consulta índigena sólo tendrá alcance en aspectos que puedan incidir directamente en los pueblos originarios. Respecto al consentimiento previo, explicitarán que solo sea aplicable en la regulación de entidades territoriales y no sobre reformas constitucionales o aspectos de carácter nacional. 

En el caso de las autonomías territoriales, el acuerdo busca ahondar en el carácter de unidad e indivisibilidad del Estado chileno. 

Cabe destacar que esos aspectos -según los políticos que llegaron a este acuerdo- solo serían "aclaratorios" del texto original, esto, ante los argumentos de los partidarios del Rechazo que han utilizado para desacreditar la propuesta constitucional, al reforzar la idea de que la nueva Constitución está mal hecha. 

Por último, respecto a los sistemas de justicia indígenas, reafirman la igualdad ante la ley y sin la existencia de regímenes paralelos de justicia, donde la justicia indígena solo será aplicable a miembros del mismo pueblo, voluntaria y sin competencia sobre delitos penales. Este aspecto, también ha sido uno de los argumentos que el Rechazo ha utilizado para aportillar la propuesta de nueva Constitución. 

El siguiente apartado es el de derechos sociales. El primer punto es el sistema de pensiones, donde los partidos se comprometen a la implementación de un modelo mixto con la continuidad de un sistema de capitalización individual. También reafirman que el derecho a propiedad está garantizado en la propuesta, pues es otro de los fantasmas instalados por el Rechazo. 

Sobre sistema político, establecen la necesidad de eliminar de la atribución de presentar mociones parlamentarias que impliquen gasto fiscal. Este, era uno de los artículos que en la Convención fue establecido bajo la idea de un presidencialismo atenuado. 

Respecto a los sistemas de salud, afirman que la ley asegura la existencia de un sistema público y privado, por otra parte, sobre educación, aseguran que buscarán mayores garantías para respetar la existencia y el desarrollo de la educación particular subvencionada. 

El tercer acápite refiere a seguridad, los partidos oficialistas señalan ahí que propondrán establecer los estados de emergencia por grave alteración de la seguridad pública que autorice la colaboración de las Fuerzas Armadas. 

Sobre sistema político, buscarán eliminar la atribución de presentar mociones parlamentarias que impliquen gasto fiscal. Este, era uno de los artículos que en la Convención fue establecido bajo la idea de un presidencialismo atenuado. 

El último punto es Justicia, donde proponen restituir el nombre de Poder Judicial y acabar con el de 'Sistema de Justicia' y realizar cambios en el Consejo de Justicia, con mayoría de jueces, junto con implementar el Recurso de Tutela. 

Con todo, el acuerdo requirió la participación activa del presidente Gabriel Boric quien, a través de llamados telefónicos y reuniones bilaterales con las distintas bancadas oficialistas, instó este compromiso y su posterior implementación. 

Este rol mediador lo asumió tras la salida de escena de su ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, quien tras una entrevista en la plataforma de streaming twitch, afirmó tener una ‘escala de valores distintas’ a los políticos que le habían antecedido dilapidando -nuevamente- su capacidad de negociación precisamente con esos sectores.  

En ese contexto, el oficialismo posee 67 diputados y 19 senadores. Por su parte, la oposición posee entre Chile Vamos (RN, UDI, Evópoli) y Republicanos los mismos 67 diputados, pero sí se agregan los 8 votos del Partido de la Gente, pueden alcanzar 75 sufragios, sin contar la posibilidad de sumar algún voto independiente y demócrata cristiano.

No obstante, la lectura que hacen algunos personeros oficialistas indica dos puntos.

El primero, que el acuerdo debía ir en sintonía con las preocupaciones de las personas -muchas de ellas instaladas a través de la desinformación- y, el segundo, no realizarlo en base a las inquietudes de la clase política. Un ejemplo de esto fue la discusión sobre la reposición del Senado, un enclave de la élite político al que se resistieron eliminar sectores de la ex Concertación dentro de la Convención sin lograr su cometido. 

Esto, pese a que en el documento presentado por el Partido por la Democracia (PPD) en junio, se referían a la Cámara de las Regiones como 'Senado de las Regiones', igual que como lo hacía el documento que hace pocos días también publicó la Democracia Cristiana -que no es parte del oficialismo- sobre cambios a implementar en la nueva constitución. 

Algo que hoy no está propuesto en el acuerdo, pues pertenecía a una inquietud que no hacía mella en la ciudadanía y respondía precisamente a intereses más políticos, algo que era discutido en las internas partidistas.

Retorno del veto histórico de la derecha

Fuera del acuerdo tomado por el oficialismo, el debate entre el poder constituyente y el poder constituido se tomará el Congreso el día posterior al plebiscito independiente de su resultado, y estos acuerdos establecidos semanas previas a dicho momento histórico es uno de sus antecedentes. 

Si bien, desde el oficialismo han señalado que el poder constituyente no vuelve al Congreso y que sigue residiendo en la voluntad ciudadana expresada el 25 de octubre del 2020 en el plebiscito de entrada, esta ‘cocina’ es indicativo de lo contrario, tomando en cuenta que aún ni siquiera se ha implementado el nuevo texto constitucional. 

Frente a ello, el problema que se presenta se dará justamente en el Congreso. Donde los parlamentarios ya susurran entre sus pasillos que ‘para aquí se traslada toda la fiesta después del plebiscito’, como una forma de graficar el giro mediático y de agenda que se inaugurará posterior al 4 de septiembre. 

Si bien, desde el oficialismo han señalado que el poder constituyente no vuelve al Congreso y que sigue residiendo en la voluntad ciudadana expresada el 25 de octubre del 2020 en el plebiscito de entrada, esta ‘cocina’ es indicativo de lo contrario, tomando en cuenta que aún ni siquiera se ha implementado el nuevo texto constitucional.

Un escenario que puede ser complejo para el oficialismo y el Gobierno, pues el Ejecutivo adolece de escaños en ambas cámaras y ha sido un problema que ha quedado en evidencia en dos proyectos que fracasaron en su votación; el retiro de fondos acotados y el veto a la ley de infraestructura crítica. 

En ese contexto, el oficialismo posee 67 diputados y 19 senadores. Por su parte, la oposición posee entre Chile Vamos (RN, UDI, Evópoli) y Republicanos los mismos 67 diputados, pero sí se agregan los 8 votos del Partido de la Gente, pueden alcanzar 75 sufragios, sin contar la posibilidad de sumar algún voto independiente y demócratacristiano. 

En el Senado, el escenario es aún más adverso, pues la oposición cuenta con 25 parlamentarios.

Sí bien, tanto el número de diputados de oposición no supera con creces al del oficialismo, requiere de pocos esfuerzos para aplicar el poder de veto con el que cuenta actualmente y que podría volver a utilizar con una nueva constitución en los términos de reformas constitucionales que la nueva carta magna establece. 

En ese sentido, el actual quórum de reforma constitucional fue disminuido este miércoles de los 2/5 y 3/5 -dependiendo del capítulo a reformarse- a 4/7. Algo que en números se traduce en una rebaja de reforma de 103 diputados a 89 y de 33 senadores a 29, con esos números y actuando en bloque, la derecha mantendría su poder de veto de triunfar el Rechazo. 

Ahora, respecto al triunfo del Apruebo, el panorama no es muy distinto, puesto que la propuesta establece el quórum de reformas en 4/7 más plebiscito o bien, 2/3 sin plebiscito. 

Esto, obligaría al oficialismo a depender intrínsecamente de todos los votos que están fuera de la oposición DC, PDG e independientes que suman 21 congresistas y aún así, la sumatoria da 88 escaños, es decir, le restaría de un voto y toda la unidad de su sector para impulsar cambios, una tarea difícil y que ya ha sido esquiva en el pasado.

Esto, obligaría al oficialismo a depender intrínsecamente de todos los votos que están fuera de la oposición DC, PDG e independientes que suman 21 congresistas y aún así, la sumatoria da 88 escaños, es decir, le restaría de un voto y toda la unidad de su sector para impulsar cambios, una tarea difícil y que ya ha sido esquiva en el pasado. 

En este marco, Daniel Hojman, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, planteó en un hilo de Twitter esta reflexión aritmética del proceso, donde argumenta que la evaluación de Apruebo o Rechazo, debe ser medida como un punto de partida con los riesgos asociados a cada opción, respecto a viabilidad y el contenido de las reformas propuestas. 

Asimismo, en este análisis Hojman agrega que la derecha posee el 44% de representación en la Cámara baja y un 50% del Senado, lo que se traduce en sus palabras en que la oposición tendría prácticamente el control del proceso. 

Puesto que con la constitución actual no requiere de ninguna negociación con otros partidos tanto en el proceso constitucional como los contenidos a reformar. Mientras que con el Apruebo solo le basta sumar en la cámara de diputados al PDG que van por el Rechazo y en el Senado a la DC, una tarea más difícil tomando en cuenta que la senadora Yasna Provoste y el senador Francisco Huenchumilla están por el Apruebo, en contraposición a los senadores Matías Walker y Ximena Rincón que se han mostrado afines al Rechazo.