En la comuna de Santiago, centro neurálgico de las movilizaciones estudiantiles de 2018 y 2019, 76 estudiantes han sido investigados bajo la ley Aula Segura. De estos, según información obtenida vía Ley de Transparencia (ver documentación adjunta), 42 fueron absueltos de todo cargo imputado, 13 fueron expulsados, a 6 se les canceló la matrícula y 14 apoderados optaron por retirar a sus estudiantes antes de enfrentar la investigación exprés que contempla la ley.

Con apenas un 25% de denuncias que terminaron en sanción, la ley creada para agilizar la expulsión de estudiantes movilizados estuvo lejos de ser efectiva en Santiago. Esto último, algo relevante dado el rol de la comuna en la elaboración de Aula Segura. El propio alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, declaró durante una entrevista con el canal televisivo 24 Horas que “escribimos la ley acá, en esta Municipalidad”.

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Fuente: Municipalidad de Santiago.

Desde su anuncio en 2018, INTERFERENCIA ha cubierto la implementación de la ley en el país, develando distintas situaciones irregulares. Entre ellas, la baja fiscalización que tuvieron en un comienzo las denuncias de bullying dentro de las aulas; el testimonio del primer expulsado por la controvertida legislación; cómo los primeros desvinculados no tuvieron derecho a apelación ni notificación por parte de los establecimientos; la creación de un grupo de WhatsApp donde Carabineros, funcionarios municipales y directivos educacionales se coordinaban para delatar a alumnos menores de edad en el Internado Nacional Barros Arana, presionando por la aplicación de Aula Segura. 

A ello se suma un dato que este medio ya había advertido: los tribunales le están dando la razón a algunos estudiantes que judicializaron sus casos en busca de revertir expulsiones tramitadas bajo esta ley. 

En una reciente entrevista con INTERFERENCIA, el abogado Javier Pineda de la Corporación 4 de Agosto -entidad que ha conseguido fallos favorables para alumnos menores de edad afectados por Aula Segura- comentó que “si uno revisa la jurisprudencia, lo que nosotros alegamos es que existía un actuar ilegal", ya que las resoluciones emitidas por los establecimientos que fundamentaban la expulsión de alumnos eran "arbitrarias". Según Pineda, la arbitrariedad "jurídicamente nos permitió ganar los casos porque las autoridades no cumplieron con los requisitos propios de todo acto administrativo, que es fundamentar las resoluciones que se realizan, y eso implicaba haber realizado una investigación acorde a los hechos relatados como causal de expulsión, cuestión que no ocurrió en los casos que representamos”. 

Estas acusaciones sin sustento son, para estos apoderados, prueba de que se instrumentalizó la ley para perseguir a alumnos y alumnas. 

En esa línea, el abogado también apuntó que “lamentablemente los casos que ganamos respondieron más bien a criterios jurídicos que a criterios en relación al discurso político que han levantado las comunidades educativas, y eso demuestra lo mala que es esta ley, porque faculta a los directores a expulsar sumariamente a los estudiantes; y lamentablemente la cantidad de casos judicializados es ínfima respecto a la cantidad de estudiantes afectados por la ley”.  

INTERFERENCIA contactó a dos apoderados del Instituto Nacional José Miguel Carrera y del Internado Nacional Barros Arana cuyos hijos formaron parte del 55% de estudiantes “sobreseídos”, término judicial con el que la Municipalidad misma se refiere a los alumnos inocentes de los cargos imputados por rectores y sostenedores municipales en su contra. Durante las investigaciones, los apoderados -apoyados por el equipo jurídico de la Corporación 4 de agosto- comprobaron que se los acusaba sin pruebas reales, lo que significó la reincorporación inmediata de sus hijos. 

Estas acusaciones sin sustento son, para estos apoderados, prueba de que en la comuna se instrumentalizó la ley para perseguir a alumnos y alumnas, algo que se condice con los malos resultados en términos de sanciones evidenciados en Santiago. 

A continuación, revisa sus testimonios.

Accidentalmente, una foto publicada por El Mercurio derrumba expulsión por Aula Segura contra estudiante Instituto Nacional

El 5 de junio de 2019, Vicente fue detenido por personal de Carabineros a las afueras de su colegio, el Instituto Nacional. Según relata Claudia, su madre, el menor fue luego retirado, entregando la entidad policial un parte que fundamenta su detención por vulnerar el artículo 496 del Código Civil, relacionado a desórdenes públicos.

Semanas después, el motivo cambiaría sin mayor explicación. El 17 de junio, la dirección del establecimiento suspendió a Vicente para aplicarle un proceso investigativo por Aula Segura, acusándolo de uso, porte y tenencia de artefacto incendiario en la calle Arturo Prat; donde sería detenido. La investigación duraría apenas 10 días y el estudiante sería expulsado.

“Uno se siente totalmente desvalido porque, dentro de todo este aparataje donde está metida la Municipalidad, Carabineros y el rector del Instituto, uno no sabe a quién acudir para saber qué hacer", explica Claudia. Una amiga les recomendó buscar asesoría con la Corporación 4 de Agosto, quienes asistieron a Vicente y su familia durante el proceso. 

“Uno se siente totalmente desvalido porque, dentro de todo este aparataje donde está metida la Municipalidad, Carabineros y el rector del Instituto, uno no sabe a quién acudir para saber qué hacer", explica la madre del alumno "sobreseído".

La expulsión no perduraría. El 6 de junio, un día después de que Vicente fuese detenido, El Mercurio publicó una foto de la detención del menor en la portada de su sección Nacional. El hecho cobraría especial relevancia, puesto que la foto corresponde a la calle Alonso de Ovalle, no a Arturo Prat, por lo que era imposible que el menor de edad hubiese sido sorprendido con artefactos incendiarios por Carabineros en la avenida señalada en las acusaciones. 

Con esto en mente, además de múltiples testimonios de profesores, auxiliares de aseo y alumnos del instituto que situaban a Vicente en otro lugar, Claudia solicitó una reunión con el rector Fernando Soto para poder ver el expediente de su hijo, el cual era desconocido tanto para el alumno ya expulsado como para su familia y defensor. Al lugar acudió junto a su abogado, Esteban Spencer.

“En un principio [el rector] no quería recibir a Spencer. Quería que sólo entráramos nosotros como padres, algo a lo que nos negamos. Nosotros dejamos entrever que el expediente no tenía nada, nada más que el segundo parte policial que nunca nos mostraron y que decía algo distinto al que nos entregaron en la comisaría”, explica Claudia. 

La expulsión de Vicente fue dejada sin efecto, reintegrándose a clases luego de comprobarse que no existían pruebas para imputarle los hechos que sustentaban la sanción.

“Lo lamentable es que uno sólo porque tiene las redes [refiriéndose a la recomendación de sus cercanos de acudir a la Corporación 4 de Agosto] puede lograr estas cosas. Yo no podría haber presentado un escrito con las pruebas que absolvían a Vicente, y si me hubiesen cobrado tampoco podría haber pagado por su defensa”, indica. 

Corte de Apelaciones determina que "no existe elemento alguno" que corrobore acusaciones contra alumno del INBA

El 30 de agosto de 2019, el menor de iniciales I.P. fue expulsado del Internado Nacional Barros Arana (INBA) por Ley Aula Segura, algo que, luego de acudir con su familia a la Corte de Apelaciones de Santiago, recién pudo revertir el 14 de enero de 2020. Según relata su madre, Paola, durante el proceso I.P. bajó notoriamente de peso y presentó un profundo decaimiento por sentirse desadaptado frente a sus ex compañeros al perder casi 6 meses de clases. Recién en marzo de 2020 pudo reincorporarse, y sólo a través de clases telemáticas dada la pandemia. 

El triunfo en la Corte, que acogió el recurso de protección presentado por la defensa legal del menor, en aquel entonces, de 16 años, no fue considerado un revés por la Municipalidad de Santiago. Luego del fallo, anunciaron que acudirían a la Corte Suprema. 

Nunca se presentaron. 

“Fue pura intuición”, asegura Paola, quien a último minuto rechazó firmar [un acuerdo que implicaba la expulsión]. “Lo iba a hacer, pero cuando vi la cara de Gajardo, de satisfacción, una expresión que indicaba algo así como ‘lo conseguí’, me arrepentí”. 

La Corte de Apelaciones revocó la medida tomada por el liceo, señalando, entre otras cosas, que del análisis de la investigación interna llevada a cabo por el establecimiento a I. P., “no se advierte la existencia de ninguna diligencia realizada con el objeto de verificar lo señalado por el alumno y su apoderada en sus descargos”. El fallo concluye que “en efecto, es efectivo que el menor se ubica en el sitio en que ocurrieron los hechos que motivaron la intervención de Carabineros, pero no existe elemento alguno de convicción que corrobore que lanzó objetos contundentes al personal policial, ni menos artefactos incendiarios”. 

El triunfo judicial, sin embargo, podría perfectamente no haber ocurrido. Antes de iniciarse la investigación, la madre de I.P. asegura que la inspectora del INBA, Ana María Gajardo -quien actualmente ejerce el cargo de directora subrogante y quien tuvo participación activa de la red de delación montada por Carabineros y la Municipalidad en aquel establecimiento- le ofreció retirar a su hijo para evitar una investigación interna que podía perjudicarlo. 

“Fue pura intuición”, asegura Paola, quien a último minuto rechazó firmar. “Lo iba a hacer, pero cuando vi la cara de Gajardo, de satisfacción, una expresión que indicaba algo así como ‘lo conseguí’, me arrepentí”. 

En opinión de la madre de I.P., actitudes cómo esta justifican parcialmente las cifras que tiene la comuna en retiros de alumnos perseguidos por Aula Segura. Con 14, los alumnos retirados de establecimientos superan a los expulsados (13) y a quienes se les canceló la matrícula (6).