Desde que se decretó el primer estado de excepción instaurado bajo la administración de Gabriel Boric, todos los días jueves se desarrolla en las dependencias del Ministerio del Interior una reunión de evaluación de seguimiento de esta materia.

La cita la encabeza el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), junto a autoridades policiales de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). Ocasionalmente, también participan la ministra del Interior, Izkia Siches, la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS) y miembros del ente asesor del Ministerio de Defensa; el Estado Mayor Conjunto. 

La reunión del jueves pasado tenía una antesala particular, ya que el Ejecutivo debía decidir si solicitaba al Congreso una nueva prórroga del estado de excepción, pero con dos antecedentes que complicaban la decisión: el primero, las presiones de extender la medida a la región de Los Ríos y, el segundo, el revés que sufrió el Ejecutivo en la Cámara de Diputadas y Diputados tras el rechazo a la reforma constitucional que permitía a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica. Algo que estaba destinado a reemplazar los constantes estados de excepción y la necesidad de acuerdos en el Congreso. 

Monsalve confirmó que desde el Ejecutivo solicitarán la extensión del estado de excepción. “He transmitido la decisión de asistir al Congreso para solicitar una prórroga del estado de excepción en los territorios donde hoy rige, en las provincias de Arauco, Bio Bío y la Araucanía, desde ya solicitamos el apoyo de los parlamentarios”, indicó el subsecretario. 

En ese sentido y tras finalizar la reunión de los días jueves, Monsalve confirmó que desde el Ejecutivo solicitarán la extensión del estado de excepción. “He transmitido la decisión de asistir al Congreso para solicitar una prórroga del estado de excepción en los territorios donde hoy rige, en las provincias de Arauco, Bio Bío y la Araucanía, desde ya solicitamos el apoyo de los parlamentarios”, indicó el subsecretario. 

De igual forma, la autoridad descartó extender el estado de excepción a la Región de Los Ríos, lo que se había discutido producto de dos ataques de sabotaje contra maquinaría forestal suscitados en las comunas de Máfil y Lanco, los cuales fueron los argumentos de las voces parlamentarias de la zona que -desde distintos sectores políticos, como la senadora María José Gatica (RN) y el diputado Marcos Ilabaca (PS)- solicitaron extender la medida a esta región. 

“En el caso de la Región de Los Ríos, después de haber escuchado, si bien no hay unanimidad respecto a qué hacer en el caso de la Región, después de haberme reunido con la gobernadora subrogante [Paz de la Maza], después de haber escuchado a los alcaldes y también a representantes de los parlamentarios, sí puedo transmitir un sentido mayoritario de las autoridades políticas de la Región”, contextualizó Monsalve antes de transmitir su decisión de no militarizar esta Región.

Eso, luego del arribo del subsecretario a Valdivia concretado durante la mañana del pasado miércoles, cuando sostuvo reuniones en la Gobernación y Delegación Presidencial de Los Ríos.

“Ellos quieren medidas de seguridad, pero les hemos planteado y están de acuerdo en eso, en usar una etapa previa a cualquier decisión respecto al estado de excepción”, informó el subsecretario del Interior. 

En definitiva, con etapas previas, Monsalve se refería a instalar puntos de control en enclaves estratégicos de la zona. El subsecretario del Interior también se refería con esto a la visita del subsecretario de Obras Públicas, José Herrera Chavarría, con el fin de “mejorar las condiciones de seguridad en la Ruta 5 Sur", y cabe mencionar también como medidas previas el potenciar la labor de peritos especializados para la recolección de evidencia, además de reunirse con las víctimas de las acciones de sabotaje por parte del jefe del Departamento de Acción Social del Ministerio de Interior.

De partida, Monsalve debe contar con la oposición de los diputados oficialistas Matías Ramírez (PC), Lorena Pizarro (PC), María Candelaria Acevedo (PC), Ericka Ñanco (RD) y Emilia Nuyado (PS), quienes en las tres votaciones han votado en contra de los estados de excepción, y seguramente lo harán en una cuarta ocasión.

El argumento de Monsalve estriba en que de los 179 ‘hechos de violencia’ registrados en esas regiones, el 94% ha ocurrido en las reparticiones donde hoy está decretado el estado de excepción.

Una medida que fue consistente con lo que dijo el pasado jueves la ministra Siches, quien también desestimó alargar geográficamente el estado de excepción: “por el momento descartamos la extensión del estado de excepción hacia Los Ríos o Los Lagos […] Hemos analizado los datos. Cuantitativamente no hay un aumento significativo en los hechos de violencia”.

No obstante, días después se desdijo de dichas declaraciones y señaló que “todas las medidas siempre han estado sobre la mesa y estas semanas esperamos iniciar una conversación con el Parlamento”; de allí el viaje de Monsalve a Valdivia. 

Estados de excepción, ¿la última alternativa del Gobierno?

Al final, el Gobierno deberá solicitar al Congreso extender por cuarta vez el estado de excepción en las provincias de Arauco y Bío Bío, un escenario que el Ejecutivo quería evitar por el temor de que no se apruebe, en parte, por la oposición de diputados oficialistas que desde el principio han criticado la medida. 

De partida, Monsalve debe contar con la oposición de los diputados oficialistas Matías Ramírez (PC), Lorena Pizarro (PC), María Candelaria Acevedo (PC), Ericka Ñanco (RD) y Emilia Nuyado (PS), quienes en las tres votaciones han votado en contra de los estados de excepción, y seguramente lo harán en una cuarta ocasión.

A lo anterior, se debe agregar que la medida ha sido fervientemente resistida por sectores de derecha que han votado en contra debido al carácter “acotado” que tienen los decretos.

En suma, se trata de 68 votos a los cuales no es claro que el Gobierno pueda llegar la semana que viene. 

Es en ese escenario que el Gobierno pensó que podía servirse de un proyecto de ley que data de la época de Piñera II, consistente en una reforma constitucional que permitiría a las Fuerzas Armadas el resguardo de infraestructura crítica sin necesidad de votar cada 15 días un nuevo estado de excepción.

De tal modo, dicha iniciativa -presentada por los senadores Kenneth Pugh (RN) y Carmen Gloria Aravena (Evópoli) el año 2019, bajo el mandato de Sebastián Piñera, a dos meses de iniciado el estallido social- hoy se presentaba como una alternativa paralela de ejercer el control en la zona para Gabriel Boric.

El episodio, nuevamente puso en evidencia dos problemas que se han sostenido desde el inicio de la administración Boric, el primero radica en la minoría que tiene el oficialismo en el Congreso, agravada por los 'díscolos'. Y, el segundo, el débil rol de negociación que el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, ha sostenido en el trabajo pre legislativo.

Sin embargo, al Presidente la reforma no le convencía tal y como estaba planteada, por lo que decidió presentar un veto sustitutivo a la iniciativa que justificó así: “Había algunas dudas que conversamos con las Fuerzas Armadas  para la implementación, en caso de que sea necesario, del proyecto de infraestructura crítica, respecto a la cadena de mando. Esas cosas es importante que queden claras para el esclarecimiento de las responsabilidades que corresponden en cuestiones tan sensibles como esa”. 

La ministra Siches, por su parte, antes de la votación del día miércoles sobre esta iniciativa, enfatizó que “en caso de ser acogida vamos a evaluar el uso de este instrumento, de no ser así tendríamos que evaluar una nueva extensión de estado de excepción constitucional que en este caso lamentablemente debería recaer en semana distrital", con lo que dejó clara la maniobra de reemplazo que se esperaba disponer.

La Iniciativa no alcanzó en la Cámara los votos para la aprobación del veto interpuesto por La Moneda (61 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones), esto pese a una amplia aprobación el día anterior en el Senado, donde la medida contó con 33 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. 

De esta forma, falló la intención de reemplazar los decretos de estado de excepción con esta nueva medida, dejando la reforma sin posibilidad de continuar su tramitación tanto por parte del ente Ejecutivo como del Legislativo. 

En ese sentido, el jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, señaló que “cuando el Gobierno llega tarde, entonces este es el resultado que tiene”.

Si bien el rechazo a la iniciativa tuvo como principal responsable a la oposición, también hubo parlamentarios oficialistas que se descolgaron de la votación en bloque. Tal es el caso de las diputadas Ericka Ñanco (RD), Emilia Nuyado (PS), Lorena Pizarro (PC), María Candelaria Acevedo (PC), Ana María Gazmuri (AH), Pamela Jiles (PH) y Féliz González (PEV).

Por su parte, desde la oposición, la diputada Camila Flores (RN) justificó la votación de Chile Vamos en que “no nos íbamos a prestar en ningún caso para la maniobra que trató de impulsar el Gobierno para darle el gusto al Partido Comunista de no renovar el estado de excepción constitucional en el sur del país ni en ninguna parte de Chile”. 

Jackson es fuertemente resistido no solo por la oposición, sino que también por parte del llamado Socialismo Democrático, desde donde han argumentado que el ministro ha sido excesivamente escueto y con un estilo de negociación que no cae bien y no genera confinza, siendo esto algo que se arrastra desde su pasado como diputado por RD.

Trama que la ministra Siches calificó de “punto político”, pues argumentó que “este no es un problema de contenido [...] que en este caso no daña el gobierno, sino que finalmente daña a las personas, porque era un instrumento que podía ser útil para los distintos desafíos que enfrentan, no solo en la actualidad, sino que también en el futuro”.

El episodio, nuevamente puso en evidencia dos problemas que se han sostenido desde el inicio de la administración Boric, el primero radica en la minoría que tiene el oficialismo en el Congreso, agravada por los 'díscolos'. Y, el segundo, el débil rol de negociación que el ministro de la Secretaria General de la Presidencia, Giorgio Jackson, ha sostenido en el trabajo pre legislativo. 

Jackson es fuertemente resistido no solo por la oposición, sino que también por parte del llamado Socialismo Democrático, desde donde han argumentado que el ministro ha sido excesivamente escueto y con un estilo de negociación que no cae bien y no genera confinza, siendo esto algo que se arrastra desde su pasado como diputado por RD.

Es tanto así, que para muchos parlamentarios la subsecretaria de la cartera, Macarena Lobos, es considerada como la principal negociadora. 

Frente a los hechos, Jackson sostuvo que “los propios parlamentarios que dijeron que esto era muy necesario y muy útil para proteger la infraestructura crítica de nuestro país, y que apoyaron el proyecto, y que nos criticaron en su momento por nosotros, no están decididamente teniendo una línea o patrocinando este proyecto. Fueron exactamente los mismos parlamentarios que el día de hoy lo terminaron votando en contra”.

A esta criticada gestión de Jackson se suma que durante la discusión del veto en el Senado, el Ejecutivo tuvo que reenviar el documento, pues había errores técnicos en la iniciativa, lo que provocó la solicitud del presidente del Senado, Álvaro Elizalde, de postergar la discusión durante 20 minutos. 

Tras caerse el veto sustitutivo, algunos parlamentarios señalaron que votarían a favor de un nuevo estado de excepción, como es el caso de Diego Ibañez (CS), quien sostuvo que “es la propuesta del Gobierno, lo vamos a votar a favor nuevamente”. Mismo caso para el presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto (PPD), quien indicó que “vamos a estar para apoyarlo de forma transversal”.

Por su parte, el diputado comunista, Luis Cuello, declaró que “hemos hecho el esfuerzo de poder convocar a todos los parlamentarios de nuestra bancada. Eso no siempre ha sido posible porque por supuesto existen diversas opiniones, diversas miradas, es un tema muy complejo para nosotros y por supuesto eso no se puede extrapolar a lo que ocurra en la siguiente renovación. Vamos a tener que hacer una evaluación que sea muy objetiva”.

Próxima votación y la complejidad de la semana distrital

El oficialismo posee en la Cámara de Diputadas y Diputados 67 escaños, contando a ambas coaliciones -Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático- y el quórum para aprobar los estados de excepción es de 68 votos. No obstante, el conteo no termina de cerrar, pues dentro de las filas oficialistas hay diputados que están fervientemente en contra de la medida, pues la consideran como una forma militarizar el conflicto, perjudicando el diálogo con el pueblo mapuche.

A ese escenario, se debe sumar que la próxima votación se desarrollará durante la semana distrital del Congreso, es decir, que los parlamentarios se encontrarán en las regiones donde fueron electos, algo que distintas figuras políticas oficialistas ven como un escenario complejo, pues puede que al momento de votar algunos hayan preferido irse a ver a sus electores. 

Un grave error de cálculo que se acrecentó tras la caída del veto sustitutivo, pues resolvía el dilema de tener a los parlamentarios fuera de Valparaíso. 

En ese sentido, consultada por INTERFERENCIA, la diputada Maite Orsini (RD), indicó que “la próxima semana -entiendo que el día viernes- vamos a votar la extensión del estado de excepción en La Araucanía, si bien nosotros somos de quienes hemos manifestado históricamente que la militarización no es la forma de solucionar el problema de fondo, entendemos para poder generar un estado de tranquilidad para propiciar el diálogo y el trabajo social en la Región”.

Asimismo, Orsisni fue enfática en señalar que “cada vez que se renueva un estado de excepción las autoridades de Interior y Desarrollo Social nos dan cuenta del avance en los problemas de fondo que se están y en función de eso nosotros votamos a favor porque efectivamente hay un trabajo que se está realizando (...) el día que eso deje de ocurrir no voy a dudar en oponerme a un nuevo estado de excepción”. 

Por su parte, el diputado Daniel Melo (PS), en conversación con INTERFERENCIA, indicó que “la bancada del Partido Socialista siempre va a estar disponible para entregar herramientas al Gobierno para el resguardo del orden público y la seguridad de las personas, por eso, votamos a favor del estado de excepción”.

Respecto al nuevo escenario, tras no aprobarse la indicación sustitutiva, el parlamentario sostuvo que “el Gobierno tendrá que reevaluar su estrategia para llevar adelante esta medida, pero lo que concierne a la bancada socialista vamos a seguir respaldando de manera leal al Gobierno”.  

“La verdad no sé sí es el más reticente, yo creo que como Apruebo Dignidad a nadie le gustan los estados de excepción. Creemos que no genera el clima que nosotros buscamos que es el diálogo, que nosotros creemos es la fórmula para tratar el problema que hay en La Araucanía, dentro de eso, el uso de los militares  no favorece al clima, sí favorece quizás en algunos sectores como los camioneros, que significa un poco de seguridad, pero el problema de fondo es otro”, sostuvo el diputado Boris Barrera (PC). 

No obstante, algunas voces de Apruebo Dignidad comentan a esta redacción que el Partido Comunista sería uno de los conglomerados más reticentes a continuar con los estados de excepción. En esa línea, INTERFERENCIA consultó al diputado Boris Barrera (PC) al respecto. 

“La verdad no sé sí es el más reticente, yo creo que como Apruebo Dignidad a nadie le gustan los estados de excepción. Creemos que no genera el clima que nosotros buscamos que es el diálogo, que nosotros creemos es la fórmula para tratar el problema que hay en La Araucanía, dentro de eso, el uso de los militares  no favorece al clima, sí favorece quizás en algunos sectores como los camioneros, que significa un poco de seguridad, pero el problema de fondo es otro”, sostuvo el parlamentario. 

Respecto a una decisión como Partido Comunista, Barrera señaló que estaban a la espera de reunirse como conglomerado. “Nosotros todavía no nos juntamos para ver cómo vamos a votar este estado de excepción, pensando que teníamos presupuestado que se podían haber terminado si funcionaba el [proyecto] de infraestructura crítica, porque pensábamos que podía ser una transición para dejar de utilizar a los militares para este tipo de funciones”, sostuvo el militante comunista.

De igual forma, indicó que no se “cerraba” a tener que aprobar nuevamente esta medida. 

En cuanto a las otras bancadas, la diputada Clara Sagardía (CS), manifestó que como conglomerado aún no se han reunido para tomar una decisión y que estaba a la espera de esa cita para tomar una determinación. 

El actual estado de excepción finaliza el 30 de julio y si bien, hay posibilidades de que se apruebe nuevamente, la medida ya comienza a incomodar y dentro de tres semanas más podría cambiar el escenario.