El próximo lunes 7 de noviembre se reunirá el pleno de la Corte Suprema para concordar los cinco candidatos a ocupar el cargo de fiscal nacional, la cuarta persona en tener ese cargo después de Guillermo Piedrabuena, Sabas Chahuán y Jorge Abbott tras la reforma procesal penal impulsada a fines de los años 90 e inicios de los 2000 por la ex ministra de Justicia Soledad Alvear y el entonces decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña.

Actualmente, hay más de una decena de candidatos a ocupar ese cargo, pero el máximo tribunal votará por una quina de la cual el gobierno escogerá un nombre para ser ratificado, o no, por el Senado.

En las últimas semanas se ha dado un intenso lobby en torno a distintos nombres, y en medio de estas tratativas el Senado le transmitió a la Corte Suprema, de manera informal, ciertos criterios que los senadores consideran importantes a la hora de ver quién suceda a Jorge Abbott, cuya gestión ha recibido críticas transversales. 

Los senadores transmitieron que los candidatos, en caso de provenir del sector público, no deberían tener sanciones en los últimos cinco años. De incorporar la Suprema este criterio, aseguran altas fuentes del Senado, podrían quedar fuera varios candidatos que actualmente figuran en la lista.

Según supo este medio, el Senado le hizo saber a la Suprema algunos puntos clave para llegar a ese nombre. A saber, le transmitió estos cinco criterios:

1.- Se prefiere un abogado/a que conozca el Ministerio Público y el sistema de justicia penal, pero que ojalá sea alguien externo a la institución.

2.- Que los candidatos no sean gente cercana a Jorge Abbott ni que estén por la continuidad del actual desempeño del Ministerio Público.

3.- Para el Senado, según las conversaciones que hubo, el género no es relevante; puede ser tanto un hombre como una mujer. En este punto se percibe una cierta distancia con el Ejecutivo, el que vería con buenos ojos que la Fiscalía estuviera encabezada por una mujer.

4.- Que las personas electas en la quina, en caso de provenir del sector público, no hayan tenido sanciones en los últimos cinco años. De incorporar la Suprema este criterio, aseguran altas fuentes del Senado, podrían quedar fuera varios candidatos que actualmente figuran en la lista.

5.- Que los candidatos presenten una propuesta clara de un cambio de rumbo en la administración y gestión jurídica del Ministerio Público. Acá, aseguran fuentes al tanto de estas conversaciones, se buscaría a alguien que imprima un ritmo de persecución penal más eficiente y evite las guerras y sumarios internos que han plagado la Fiscalía desde que Abbott asumió en diciembre de 2015.

El fuerte lobby para colocar nombres en la quina y para finalmente incidir en quién ocupará un cargo clave en el sistema de justicia se ha centrado de momento en el Senado y en ministros de la propia Corte Suprema. La vocera del alto tribunal, Ángela Vivanco, por ejemplo, no ha ocultado su preferencia por Carlos Palma, actual fiscal regional de Aysén. Vivanco, que lidera el grupo de jueces más de centroderecha dentro del máximo tribunal, también vería con buenos ojos la candidatura de José Morales, jefe de la Fiscalía Santiago Norte. Este último también sería el favorito de algunos senadores de la centroizquierda.

A partir del lunes la pelota caerá en manos del Gobierno, en concreto en la ministra de Justicia Marcela Ríos (CS) y el presidente Gabriel Boric, quiénes definirán un nombre de la quina para proponérselo al Senado. Fuentes al tanto de las preferencias de La Moneda dicen que les gustaría que Patricia Muñoz, la directora de la Defensoría de la Niñéz, quedara en la quina. A inicios de año, Muñoz también era la carta del oficialismo para el Ministerio de Justicia, pero por temas administrativos no pudo ser nombrada.