“Aquí estamos haciendo una huevá que es delito” afirma el reconocido abogado Luis Hermosilla en una conversación, cuyo audio fue publicado de manera exclusiva por el periodista Nicolás Sepúlveda en un artículo en Cíper.

“Quiero pedirle más al huevón […] si me puede quemar una oficina de Impuestos Internos […] Es la única manera de hacerlo. Tu pega aquí es armar la caja. Pero armarla, Dani [Daniel Sauer]. Te juro que, de verdad, esto no es la ley. Esta huevada es más importante que todo, porque impide que lleguemos allá. Y porque quiero estar en condiciones de pedirle más al huevón”, agrega el reconocido penalista. En compañía de la abogada Leonarda Villalobos, Hermosilla le habla a Daniel Sauer, empresario y controlador de la firma de factoring Factop y la corredora de bolsa STF, ambas entidades investigadas por la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).

El “huevón” en cuestión, aunque no se identifica en los audios, corresponde a un funcionario de SII al que Hermosilla y su asociado pagarían por información privilegiada, según reveló el reportaje de Ciper Chile.

Hermosilla es explícito en lo que quiere pedirle al ‘huevón’: “Yo quiero apretarlo. Lo quiero exigir en la eficiencia de más. Quiero que, hueón, si me puede bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de Impuestos Internos… Quiero lo más. Por eso es que quiero hacer una pregunta abierta, quiero decirle al compadre, ‘compadre, ¿qué más podís hacer?’”.

El “huevón” en cuestión, aunque no se identifica en los audios, corresponde a un funcionario de SII al que Hermosilla y su asociado pagarían por información privilegiada, según reveló el reportaje de Ciper Chile.

El caso Factop

En marzo de 2023 la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) detectó las primeras irregularidades en STF Capital Corredora de Bolsa, compañía que junto a la empresa de factoring Factop, configura el holding Sum Capital, de propiedad de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, en asociación con el empresario Rodrigo Topelberg. En esa ocasión, la CMF suspendió a STF debido a que no había entregado sus estados financieros auditados.

Pero la que verdaderamente hizo estallar el caso fue la demanda que en julio de este año presentó Rodrigo Topelberg en contra de sus socios, los hermanos Sauer. Topelberg -en medio de graves problemas patrimoniales de las empresas del grupo- demandó a los Sauer por administración desleal y entregar información falsa al mercado, además de otros delitos. Aseguró, también, que su firma creó la emisión de facturas ideológicamente falsas a través de varias empresas para conseguir beneficios desde el mercado de valores. Dicho beneficio, agregó, iba a parar a determinados empresarios.

Luego de eso siguió la cancelación definitiva de la inscripción de STF en el registro de la CMF, la cual además cursó multas por un total de 42.300 UF en contra de personas naturales y jurídicas relacionadas al grupo empresarial controlado por los hermanos Sauer. Eso sin contar más de 10 querellas, además de otras numerosas acciones civiles en contra de los controladores de Factop por más de US$45 millones, de parte de inversionistas, clientes  y otros implicados que aseguran haber sido perjudicados por estos negocios. De hecho, una de las acciones judiciales más recientes del caso vincula a Larraín Vial con el caso, considerando que Topelberg denunció la falsificación de su firma como aval y codeudor solidario en un pagaré suscrito en agosto entre Factop y el fondo de inversión “LarraínVial Facturas” por un monto que supera los $2 mil millones de pesos. Fuentes conocedoras del caso mencionan que “es muy difícil que Larraín Vial no haya sabido de este esquema de facturas falsas considerando estos negocios”.

Efecto cascada

Frente a las revelaciones del reportaje, el Servicio de Impuestos Internos señaló que la situación era desconocida por la organización, y que “se instruyó la realización inmediata de una investigación interna para determinar si existen antecedentes que respalden la denuncia”, agregando que en caso de ser necesario “se adoptarán las medidas correspondientes con la mayor celeridad para perseguir a los responsables con todas las herramientas que nos entrega el marco normativo vigente”. Además, agregaron que “colaboraremos con completa apertura y disposición con todas las instituciones relacionadas para determinar eventuales responsabilidades legales.

El otro organismo apuntado por el reportaje es la Comisión para el Mercado Financiero, repartición desde la cual señalaron que se encuentra “analizando los antecedentes reportados en dicha publicación, para adoptar las acciones y medidas que sean pertinentes”. En el comunicado de este organismo -encargado de fiscalizar precisamente al mercado financiero- señalaron que respecto de STF Capital Corredora de Bolsa y Factop, la CMF ha aplicado siete medidas y sanciones desde que se destapó el caso, entre las que se cuenta la suspensión de todas las actividades de STF Capital”, suspendiendo también la inscripción en el registro de la CMF”,  multas por 13.500 UF en contra de STF, de 10.800 UF contra Luis Flores, quien fuera gerente general de STF, y además una multa de 9.000 UF en contra de Daniel Sauer y Ariel Sauer; además de la suspensión de actividades para Factop Corredores Bolsa Productos.

Los diputados Luis Cuello y Boris Barrera, del Partido Comunista, señalaron que “impulsaremos una comisión investigadora por el grave caso de corrupción que involucra al abogado Hermosilla y a un grupo económico. Tolerancia cero a la corrupción”.

Pocas horas después de publicarse el artículo de Ciper, el jefe del Segundo Piso Miguel Crispi desvinculó de su defensa al abogado Luis Hermosilla, quien lo estaba representando en el llamado Caso Convenios. Presumiblemente ello se debió a un deseo de desmarcar a La Moneda de un caso que promete ser una ‘caja de pandora’.

Además, el ministro de Hacienda  Mario Marcel anunció que el Consejo de Defensa del Estado se encuentra a la espera de información de parte de Fiscalía para eventualmente querellarse en contra del abogado Hermosilla.

En el mundo político, uno de los primeros en referirse al tema fue el diputado Daniel Manouchehri del Partido Socialista, quien señaló que “un abogado que coima a funcionarios públicos es un peligro para la democracia”, y que se debe” perseguir con todo el rigor de la ley al abogado Luis Hermosilla y a los involucrados”.

Por otro lado, los diputados Luis Cuello y Boris Barrera, del Partido Comunista, señalaron que “impulsaremos una comisión investigadora por el grave caso de corrupción que involucra al abogado Hermosilla y a un grupo económico. Tolerancia cero a la corrupción”.

A ello se suma que el Ministerio Público inició una investigación de oficio en este caso. En declaraciones a la prensa, ayer el fiscal nacional Ángel Valencia declaró que se trata de “hechos muy graves”, y que “la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente hoy dispuso abrir una investigación de oficio con el objeto de esclarecer estos hechos, determinar si se cometieron delitos, ver cuáles habrían sido los delitos cometidos, y seguir adelante con una investigación penal”.

“¿Cuál es la primera huevá que hay que hacer aquí?”

Los audios a los que tuvo acceso Ciper dan cuenta de una reunión de cerca de dos horas, grabada por alguno de los participantes, donde Hermosilla, Villalobos y Sauer discuten las acciones a tomar para manejar la investigación sobre los negocios cuestionados del empresario. “¿Cuál es la primera huevá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio: cuándo, cómo, cuánta información, qué errores lleva, qué huevá, etc. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos”, indica Hermosilla, insinuando de paso que ya han pagado a aquel funcionario por la entrega de información privilegiada.

En la reunión, la abogada Leonarda Villalobos, ex funcionaria del Ministerio de Educación durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, explica la complicada situación de Sauer. Según Ciper, Villalobos recogió información en el SII que dan cuenta de irregularidades que alcanzan 44 RUT (entre sociedades jurídicas y personas naturales), existiendo, según el análisis de Impuestos Internos, documentos tributarios relacionados a estos RUT donde se detectó la utilización de facturas falsas.

Hermosilla fue uno los principales abogados de Sebastián Piñera en las causas por el estallido social. Socio y amigo íntimo de Andrés Chadwick, Hermosilla -con un pasado como militante PC en los años 80- asumió varias querellas en el caso Degollados. Pero también ha sido abogado de SQM en el escándalo de financiamiento irregular de la política, defendió a Claudio Spiniak en el proceso por pederastía y fue el abogado de la familia de Jaime Guzmán en la investigación de su homicidio.

Cerca del final del reportaje, Hermosilla menciona también la existencia de un “compromiso” con la CMF. “En relación a los cargos formulados, tenemos la estrategia. Estamos presentando los escritos. Hoy día debería quedar presentado todo. Ese es el cumplimiento de los acuerdos. ¿Ok? A partir de eso, la CMF va a mirar esta huevada… Va a pedir… Va a abrir el probatorio”, explica a Sauer. “Son 10 días [de probatorio]”, añade la abogada, ante lo cual Luis Hermosilla responde que “ese probatorio, que son 10 días, lo va a abrir, pero no va a rendir prueba. Esa es la conversación con nosotros”.

Abogado VIP

Daniel Sauer es uno de tantos clientes de alto perfil de Luis Hermosilla. Fue uno los principales abogados de Sebastián Piñera en las causas por el estallido social. Socio y amigo íntimo de Andrés Chadwick, Hermosilla -con un pasado como militante PC en los años 80- asumió varias querellas en el caso Degollados. Pero también ha sido abogado de SQM en el escándalo de financiamiento irregular de la política, defendió a Claudio Spiniak en el proceso por pederastía y fue el abogado de la familia de Jaime Guzmán en la investigación de su homicidio.

En privado, Hermosilla ha reconocido que le gusta “estar del otro lado”, independientemente de cualquier ideología. Con todo, este abogado alcanzó la fama durante las últimas tres décadas como defensor de grandes representantes de la derecha, o de clientes que representaban sus interés. Esto en contraste con su hermano, el abogado Juan Pablo Hermosilla, que ha tendido a defender ‘causas’ relacionados con el mundo de izquierda, como asumir la representación de los tres principales acusadores del cura Karadima.