Por eso, el 22 de diciembre de 1969, los grupos de izquierda dieron a conocer su programa de "Unidad Popular". Dos eran sus ejes. En lo político reemplazaba el sistema bicameral vigente por una cámara única que sería llamada "Asamblea del Pueblo". En el terreno económico, postulaba tres áreas: una estatal, una mixta y una privada. La primera sería la más importante y estaría integrada por la gran minería del cobre, el hierro, el carbón y el salitre. También formarían parte de ella la banca, el comercio exterior y los monopolios industriales estratégicos.
El poder llegar a este programa tuvo grandes dificultades. Su redacción fue encargada sucesivamente a distintos grupos políticos y generalmente los que no habían participado en ella acusaban a los redactores de traicionar el espíritu de un programa de "unidad popular". Sin embargo, la verdadera piedra de tope estaba en el nombre del candidato que representaría a la coalición. Pese a las reiteradas declaraciones de los distintos sectores de que el nombre carecía de importancia, cuando se llegaba al momento de la designación, toda posibilidad de acuerdo se desplomaba.
Los partidos de izquierda, especialmente comunistas y socialistas, no querían conceder ventajas a las candidaturas Tomic y Alessandri que ya estaban en campaña. Por eso querían tener resuelto el problema del candidato definitivo antes de fin de año. El 30 de diciembre se reunieron los representantes de los diferentes partidos con el fin de solucionar el "impasse". Sin embargo, se formó un frente integrado por la Acción Popular Independiente, API, el Partido Radical y el Partido Social Demócrata que complicó aún más las cosas. Realizada la votación se produjo un triple empate entre Alberto Baltra, Pablo Neruda y Rafael Tarud. Allende, a quien se le asignaba una mejor opción, quedó postergado.
La confusa situación hizo que se acordara una nueva reunión para el día siguiente. En ella, el MAPU retiró la postulación de Jacques Chonchol, el que posteriormente hizo ácidos comentarios sobre lo que estaba ocurriendo. En declaraciones a la prensa, acusó a los dirigentes de "falta completa de responsabilidad". Y agregó: "Los políticos de izquierda continúan haciendo prevalecer sus ambiciones personales sobre los deseos de las bases que les apoyan".
Sin embargo, gradualmente la situación comenzó a despejarse. El 19 de enero, Baltra, consciente de que ciertos grupos al interior de los partidos marxistas lo vetarían indefinidamente, renunció a su postulación. Los dirigentes del Partido Comunista se dieron cuenta que el problema estaba resuelto. Su interés era que el candidato fuera comunista o socialista. Si la alternativa se planteaba en términos de Allende o Tarud, el primero tenía todas las de ganar. Por consiguiente, el mismo 19 retiró a Neruda. Tarud se dio cuenta de lo anterior y renunció el día 22 para dejar libre el camino a Allende como candidato único de la izquierda.
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La larga definición había tenido, sin embargo, algunos costos. La izquierda experimentó fricciones internas que, aunque no llevaron a una ruptura, hicieron peligrar su unidad. El Partido Radical que salía de una situación de crisis volvió a sufrir deserciones. EI veto a Baltra determinó las renuncias del senador Raúl Morales Adriazola y de los diputados Alberto Naudón, Renato Lemmerman y Mario Sharpe. También renunció el ex senador Hermes Ahumada y, junto a ellos, abandonaron el partido diversas unidades regionales.
Voto para los jóvenes
Mientras todo esto ocurría, el 29 de diciembre se había reunido el Congreso Pleno para tratar las reformas constitucionales ya aprobadas por ambas ramas. Con diferencias de matices, hubo acuerdos en varios puntos. El Presidente Frei Montalva había planteado la idea de un plebiscito para solucionar los problemas de "impasse" entre Ejecutivo y Legislativo.
Se acordó, sin embargo, que el Presidente podría llamar a plebiscito cuando el Congreso le rechazara una reforma constitucional. Tampoco hubo desacuerdos en cuanto a la edad mínima para votar -se cambió de 21 a 18 años- ni sobre concederle el derecho a voto a los analfabetos. Sólo para postular al Congreso o a la Presidencia sería necesario saber leer y escribir.
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Sin embargo, los artículos 44, 45 y 48 eran violentamente resistidos por los partidos de izquierda. Por ello, con el fin de presionar a los parlamentarios, movilizaron a la CUT para que hiciera una manifestación en las puertas del Congreso. La protesta callejera no tuvo éxito (222).
Casi tuvo éxito, en cambio, otro intento de la oposición para golpear duramente al Gobierno. El 4 de febrero de 1970, el bloque de izquierda y el Partido Nacional votaron en la Cámara de Diputados una acusación constitucional contra el ministro del Trabajo, Eduardo León, y el ministro quedó suspendido en el ejercicio de su cargo. La causa era que no se había pagado un reajuste de pensiones a jubilados del Servicio de Seguro Social, reajuste que había sido aprobado sin que existiera financiamiento para ello.
La aprobación de la acusación por parte del Senado requería de un quorum de 25 votos, el que no fue logrado. Sólo votaron a favor 19 senadores con lo cual el Gobierno pudo salvar este nuevo escollo.
Poco después, un nuevo intento de acusación constitucional contra un ministro volvió a verse frustrado. En esta oportunidad, los dardos fueron dirigidos contra Sergio Ossa, ministro de Defensa, a quien se acusaba de no haber pagado el reajuste concedido a los jubilados de las Fuerzas Armadas. De nuevo el quorum jugó contra los acusadores. En la Cámara de Diputados se contabilizaron 71 votos a favor de la acusación y una abstención. Los diputados DC no asistieron a la sesión. El 4 de abril se produjo la votación en el Senado. Para que se aprobara la acusación se requerían 26 votos favorables. El resultado fue 25 votos a favor y 17 en contra. Ossa seguiría como ministro.
La lucha electoral, entretanto, seguía adelante en todos los frentes. El 22 de febrero, Alessandri agregó un nuevo contingente a sus filas. La mayoría de las asambleas de la Democracia Radical lo ungieron como su candidato.
Alessandri, Tomic y Allende recorrían el país exhibiendo sus programas.
Progresivamente, comenzó a hacerse uso de todos los medios existentes para dañar la imagen de los rivales. El diario "Clarín" escogió como principal blanco a Alessandri y publicó una lista de ex parlamentarios destacando el monto de las jubilaciones que percibían. La lista iba encabezada por Alessandri y dos de sus hermanos. El diario derechista "El Mercurio" hizo otro tanto, esta vez destacando lo que recibían ex parlamentarios socialistas y comunistas.
Incluso la jerarquía de la Iglesia Católica se vio enredada en la polémica de prensa. El diario "Clarín" publicó un artículo sobre un sacerdote sureño, al cual se vinculaba con el cardenal mediante una foto. A raíz de ello, el relacionador público del Arzobispado emitió una declaración en la que señalaba que no había razón para que el diario "Clarín" que siempre ha tenido una gran deferencia para con el cardenal Raúl Silva lo enrede en una información con la actitud de un sacerdote ajeno a la provincia de Santiago y, aún más, "momio".
El cardenal en el debate
Esta declaración llevó a que Jaime Guzmán, líder nacional del "gremialismo" emplazara al cardenal en los siguientes términos: "Lo anterior coloca al cardenal Silva Henríquez en la calidad de un aliado moro de un pasquín que, aparte de constituir el alimento espiritual del hampa, representa una vergüenza para todos los chilenos que conservan algún vestigio de rectitud y dignidad".
Luego, agregaba: "Emplazo públicamente al señor cardenal a que desautorice terminantemente la referida declaración, adoptando las medidas pertinentes en contra de su funcionario-autor y pidiendo excusas a la ciudadanía sana del país, a la cual el Arzobispado de Santiago ha ofendido públicamente, aun en mayor medida que al propio sacerdote afectado",
"Si el señor cardenal no acepta este emplazamiento y reafirma con su silencio el contenido de la declaración que comentamos, no podrá aspirar a que se le trate -de ahora en a delante- sino como merecen ser tratados los responsables de "Clarín" y quienes, como él, sienten hacia ellos "un gran aprecio" (223).
La polémica siguió en un tono bastante hostil (224) en una muestra elocuente de que a ninguno de los actores sociales importantes del país se le permitiría el "lujo" de la neutralidad.
En la prensa del día 20 de marzo, el cardenal dio a conocer la posición de la jerarquía. Señaló: "Los políticos quieren meternos a nosotros en la contienda. Les pediríamos a todos ellos que no nos metieran en política. No deseamos actuar en política. Quisiéramos ser los padres de todos ellos y promover con los hombres de buena voluntad de esta tierra el bien común de Chile".
Consultado sobre unas declaraciones del presidente del Partido Nacional que había censurado actuaciones del cardenal, éste manifestó que si el dirigente en cuestión criticaba a la Iglesia por promover cambios de estructura "quiere decir que él no está con la Iglesia”. También se le preguntó cuál sería la actitud de la Iglesia en el caso de que un Gobierno marxista fuera elegido por la vía electoral, a lo que respondió: "Eso lo tenemos que pensar cuando llegue el momento. No sabemos lo que puede pasar" (225).
La campaña presidencial, entretanto, se revestía progresivamente de mayor violencia. Alessandri se encontraba recorriendo la provincia de Concepción y quiso comenzar su gira por la región en la ciudad de Lota, reducto de los mineros del carbón. No le fue posible porque los obreros acordaron un paro de protesta de veinticuatro horas y lo declararon "persona no grata". En Concepción, debió enfrentar nuevos problemas. Concluía una concentración organizada por uno de los comandos alessandristas, cuando el MIR atacó a los manifestantes con palos y piedras. Se produjo, entonces, una violenta refriega entre los guardaespaldas del candidato y los grupos extremistas. La escaramuza debió ser frenada por Carabineros. El enfrentamiento dejó numerosos heridos.
El 25 de marzo, sin embargo, volvió a quedar flotando la duda sobre la factibilidad de nuevas elecciones presidenciales. En horas de la mañana, el Gobierno denunció un complot preparado por algunos militares en ejercicio y otros en retiro. La acusación sostenía que el objetivo de la maniobra era secuestrar al Presidente de la República, a los ministros y a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas con el fin de dar un golpe militar. Varios uniformados fueron detenidos por la Justicia Militar y el incidente no pasó a mayores.
El MIR, por su parte, contribuía a agregar una nueva cuota de tensión, anunciando la formación de milicias populares. El 29 de marzo organizó una convención de los "sin casa" y anunció que estas milicias tendrían la misión de defender a los integrantes de los campamentos que rodeaban Santiago. Anunció, además, que las milicias serían la base del "Ejército del Pueblo".
Las continuas e inequívocas amenazas que se cernían sobre el sistema político del país no constituían obstáculo para que ciertos grupos involucrados en las campañas de los candidatos siguieran desarrollando acciones violentas. El 31 de marzo fue parcialmente destruida la Secretaría General de la Unidad Popular como consecuencia de una explosión.
Ciertos sectores de la capital -y otras ciudades-, comenzaron, en el hecho, a ser verdaderas posesiones de determinados candidatos. La izquierda, por ejemplo, definió la comuna de San Miguel -controlada por un alcalde socialista- como "territorio allendista" y en más de una oportunidad fueron agredidos los propagandistas de otros candidatos que se atrevieron a desafiar al edil. Nace, además, en la primera quincena de abril el diario izquierdista "Puro Chile" que contribuiría al desarrollo en el país de un periodismo militante de extrema agresividad.
Los estudiantes tampoco cesaban en sus pugnas. En la Universidad de Chile, dos bandos opuestos se habían atrincherado en los locales de la Escuela de Economía y de Insora. En la Universidad Católica, se hacían cada vez más tensas las relaciones entre la Rectoría y la Federación de Estudiantes. Sin embargo, uno de los puntos más críticos de la cadena de enfrentamientos se alcanzó el 30 de abril.
El proceso de reforma agraria seguía su curso y, ese día, llegó al Fundo "La Piedad", ubicado en Linares, un grupo de funcionarios de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), entre los cuales se encontraba el ingeniero agrónomo Hernán Mery. Acompañaban a los funcionarios de CORA, el notario público de Linares y el general de Carabineros Rolando Santos al mando de un grupo de uniformados. Su misión era tomar posesión del fundo, el cual había sido expropiado por la CORA, y para lo cual contaban con orden de descerrajamiento en el caso que fuera necesario.
En el fundo se habían reunido los antiguos propietarios, varios dirigentes de gremios patronales y algunas decenas de trabajadores armados con piedras y palos. Los ocupantes se resistieron a la orden de hacer entrega de la propiedad y Carabineros procedió a retirar barreras y a desarmar a las personas allí reunidas. Sin embargo, al avanzar Hernán Mery hacia las casas patronales, recibió un garrotazo que le provocó la muerte pocas horas después.
Los ocupantes del fundo "La Piedad" fueron detenidos. El diario "Clarín" formuló acusaciones contra Alessandri, llegando a acusarlo de "instigador de los hechos" (226). Los estudiantes de la FECH apedrearon la sede de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). También los sucesos de Linares provocaron efectos en el Parlamento. A raíz de lo ocurrido, el 5 de mayo se celebraron sesiones del Senado y de la Cámara de Diputados. En esta última, fue censurada la Mesa -integrada por tres diputados de la Democracia Radical- por no haber citado a sesión extraordinaria.
Hubo también una expulsión que afectó al diputado nacional Víctor Carmine. Al pedir la Mesa de la Cámara que se aprobara por unanimidad el envío de condolencias a la familia de Hernán Mery, Carmine manifestó: "No le rindo homenaje a familias de gente que anda robando fundos" (227). Las declaraciones de Carmine derivaron en un violento enfrentamiento a golpes entre diputados demócrata cristianos y nacionales.
A la salida de la reunión, Carmine reiteró su posición, señalando: "Si los cabeza de piedra de la CORA siguen en su posición de aplicar la reforma agraria en forma violatoria de los más elementales derechos de la persona humana, van a sufrir las consecuencias. Puede haber más muertos porque los agricultores y campesinos se inclinarán a ejercer su legítimo derecho de defensa" (228). A raíz de ello, el Tribunal de Disciplina del Partido Nacional decidió expulsarlo. Poco después, Carmine rectificó sus declaraciones, manifestando que había sido traicionado por la "ofuscación".
Alessandri, por su parte, culpó a la Democracia Cristiana que provocaba "enconos y resentimiento dentro de un ambiente de peligrosa tensión".
Cristo y la Reforma Agraria
Tratándose de una materia de tanta trascendencia como la reforma agraria, la Iglesia Católica que ya con anterioridad había definido su posición, volvió a hacer oír su voz. EI Presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Manuel Santos, señaló: "La Iglesia ha visto y ve necesaria la reforma agraria y este juicio ha sido dado oficialmente en 1962 en la carta pastoral de todos los obispos de Chile sobre el campesinado chileno y en las actuaciones concretas de algunos obispos". La Iglesia, "no ve cristiana diferencia entre patrón e inquilino". Cristo "no puede bendecir una estructura capitalista que va contra la dignidad de la persona humana y olvida la dimensión social del hombre, haciéndolo un ser egoísta, centrado en el dinero y en los bienes materiales", Luego la declaración agregaba: "Reconocemos que, al estar en marcha la reforma agraria, en su aplicación se han cometido errores o ha habido deficiencias por parte de organismos estatales y organizaciones campesinas, como ocurre en todo proceso en que avanza la humanidad y en el que intervienen hombres con sus propias limitaciones. Sin embargo, estos mismos errores de ninguna manera invalidan la necesidad de efectuar una transformación de la pertenencia de la tierra", (229).
Poco después, el cardenal Raúl Silva entregó los títulos de dominio a 72 familias campesinas del fundo "San Dionisio" de Linares. En la oportunidad, señaló: "La paz sólo es posible si existe la justicia social y una forma principal de justicia es una distribución equitativa de los bienes y las tierras. La desigualdad injusta y opresora engendra la violencia, el odio, el rencor que ya presenciamos en nuestra Patria. La libertad sólo es auténtica y duradera cuando es para todos y no cuando es patrimonio de los que tienen dinero y cultura'”. (230).
El planteamiento de la Iglesia fue calificado de "inoportuno" por "El Diario Ilustrado", órgano de derecha, y Sergio Onofre Jarpa, presidente del Partido Nacional acusó a monseñor Santos de estar usando "otra consigna introducida artificialmente en el país" (231).
La elección presidencial seguía siendo, sin embargo, la principal preocupación de las grandes mayorías y seguía cundiendo entre algunos la preocupación de que la elección no se realizara. El "tacnazo" –el levantamiento del regimiento Tacna”- y sus ecos eran motivo de inquietud. Por otra parte, la violencia progresiva de ciertos grupos extremistas contribuía en forma no despreciable a aumentar la incertidumbre.
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En medio de este clima, fue entrevistado por la prensa el general Schneider, quien expresó lo siguiente (232): "Vamos a llegar a la elección manteniendo nuestra tradición de pleno respaldo a las decisiones del Gobierno Constitucional de Ia República; vamos a garantizar la normalidad del proceso eleccionario y a dar seguridad de que asuma el Poder Ejecutivo quien resulte electo".
Ante la pregunta de qué pasaría en el caso de que ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta, Schneider contestó: "Insisto en que nuestra doctrina y misión es de respaldo y respeto a la Constitución Política del Estado. De acuerdo con ella, el Congreso es dueño y soberano en el caso mencionado, y es misión nuestra hacer que sea respetado en su decisión".
Y, luego, agregó: "Si se producen hechos anormales, nuestra obligación es evitar que ellos impidan que se cumpla lo que indica la Constitución. El Ejército va a garantizar el veredicto constitucional" (233)
Las declaraciones de Schneider le valieron duros ataques de la derecha, entre los que destacaron los de los periódicos "PEC", "El Mercurio" y el del senador Julio Durán.
La respuesta del general Schneider fue el envío de una circular a la oficialidad en la que señalaba a) Estas declaraciones no fueron propiciadas ni solicitadas por el Comandante en Jefe del Ejército, sino pedidas por un periodista, a quien se le respondieron algunas preguntas por considerarlas de interés general; b] No obstante que la Constitución Política del Estado es absolutamente clara y precisa en cuanto a la posición del Ejército en el proceso electoral y considerando que la ciudadanía debe conocer con precisión la postura legal de la Institución para enfrentar este plebiscito, se dio respuesta en forma clara y concreta a la consulta; c) El Comandante en Jefe ha procedido conforme a la doctrina institucional inspirada en la constitucionalidad de la Misión del Ejército, y por lo tanto, no requiere de permiso ni precisa consultar a sus superiores jerárquicos; d) A fin de que la Institución conozca una vez más esta posición doctrinaria, que será mantenida sin variantes y con maciza firmeza, debe considerarse lo siguiente:
- El Ejército es garante del régimen constitucional, uno de cuyos actos trascendentes es la elección del Presidente de la República.
- Si el resultado de las urnas no determina la mayoría absoluta para uno de los candidatos, deberla ser el Congreso Nacional quien designe al Presidente entre las dos primeras mayorías. Esta facultad la ejerce el Parlamento con absoluta soberanía y su decisión debe ser respetada y apoyada por el organismo armado.
- Por lo tanto, no es aceptable discriminar sobre los alcances de esta facultad en ningún momento. Esto implicará ejercer presión sobre el Parlamento. Pero sí es importante que la Institución y la ciudadanía conozcan el verdadero sentido de esta disposición y cómo ella será garantizada para la tranquilidad de quienes confían en nuestro sistema de gobierno" (234).
Dentro de este tenso ambiente, llegó el día 21, fecha en que correspondía al Presidente Frei leer su último Mensaje Presidencial. El Presidente destacó en forma especial los logros alcanzados por su Gobierno en materias tales como: reforma agraria, política del cobre, nacionalización de las riquezas básicas (acero, electricidad, etc.): promoción popular, política educacional e integración andina.
Entretanto, la violencia cundía cada vez más. El 11 de mayo habían sido detenidos dos dirigentes del Sindicato de Empleados Agrícolas de Ñuble por instigar a los campesinos contra el Gobierno. Fueron acusados de violar la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Al día siguiente, era elegida la nueva Mesa de la Cámara de Diputados, gestada como efecto colateral de la muerte de Hernán Mery. Quedó integrada por Jorge Ibáñez, del Partido Radical, en el cargo de presidente y por el comunista Juan Acevedo y el socialista Hernán Olave.
El 22 de mayo fueron detenidos seis guerrilleros del Partido Socialista en Punta Galeras en la provincia de Valdivia. En su poder se encontraron varias cajas con armas y textos de enseñanza guerrillera. Seis días más tarde, el MIR asaltó una sucursal del Banco del Trabajo.
Se cerraba el mes cuando se produjo en Perú un terremoto que afectó a numerosas localidades y que dejó un considerable saldo de muertes y de destrucción. Ante la catástrofe, el Gobierno chileno dispuso inmediata ayuda para el vecino país. Fue el primero en hacerse presente con ayuda efectiva en la zona arrasada.
Faltaban sólo poco más de tres meses para las elecciones y los candidatos intensificaban sus campañas, recorriendo todo el país. El 2 de junio, Allende organizó una concentración en la Plaza Bulnes y allí expuso las líneas centrales de su programa. Estas, que pasarían a ser conocidas como las "40 medidas", contemplaban, entre otros, los siguientes propósitos: enseñanza básica gratuita para todos los niños en edad escolar, medio litro de leche para cada niño, nivelación de las asignaciones familiares, etc. (235).
A medida que se acercaba el 4 de septiembre los enfrentamientos entre propagandistas de los diferentes candidatos aumentaban y también la destrucción de varios locales de las candidaturas. El 26 de junio, a raíz de un ataque con piedras a un supermercado, fue herido mortalmente un joven socialista. Esto desencadenó nuevos desórdenes callejeros y acusaciones mutuas por parte de las diferentes agrupaciones políticas.
Esa noche, Patricio Rojas, ministro del Interior, se dirigió a la ciudadanía por cadena de televisión. El ministro señaló: "Es intolerable que se quiera acusar a quienes resguardan la ley y el orden de una desgracia que el Gobierno es el primero en lamentar y que ha tratado permanentemente de evitar. Responsabilizamos de estos hechos al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y a militantes del Partido Socialista evidentemente comprometidos en estas acciones; incitan a la violencia de palabra y de obra, organizan asonadas callejeras, asaltos y acciones clandestinas para preparar los trastornos. Miembros de esos grupos políticos, como consta en los procesos seguidos ante los tribunales, son quienes han organizado, financiado y dirigido el campamento de Cahihuín; lo digo con plena responsabilidad porque son los que dirigen los grupos de choque; son los que asaltan, atropellan y provocan porque no dudaron en reclutar para el campamento de Cahihuín a quien ejerce el cargo de presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, por lo menos de un sector de ellos, demostrando con esto absoluto desprecio por la condición de esa juventud que está formándose. Sobre ellos recae íntegramente la responsabilidad de lo ocurrido".
Se agudiza la violencia
Sin embargo, el sábado 27 muere un estudiante demócrata cristiano como consecuencia de un golpe que le propinara un carabinero y se vuelve a la violencia. A las 13:30 horas, el Gobierno se vio obligado a decretar Zona de Emergencia para la provincia de Santiago. Sin embargo, ni con esta medida límite el país recuperó la tranquilidad.
Media hora después eran apedreadas la sede del consulado de Estados Unidos y la Secretaría de Propaganda de Jorge Alessandri. El ataque contra este local fue repelido con armas de fuego.
Poco más tarde, en los funerales del estudiante muerto en la mañana, una turba intentó incendiar dos buses de la Empresa de Transportes Colectivos y en otro lugar de Santiago se produjo un enfrentamiento entre pobladores de "La Bandera" y Carabineros ya que los primeros intentaban cortar el tránsito en una calle cercana a la Gran Avenida.
La violencia se prolonga durante todo el fin de semana. El domingo 29 un cartucho de dinamita es lanzado contra la garita de Carabineros ubicada en Eliecer Parada con Tobalaba. Con la ayuda de radiotaxis se inicia la persecución de los dinamiteros, la que culmina en un departamento de la calle Huelén. Luego de un intenso tiroteo, los agresores debieron rendirse. Poco después, se estableció que pertenecían al MIR (236).
En esos mismos días, una de las agencias de opinión pública más prestigiadas del país daba a conocer -luego de una encuesta realizada en Valparaíso y Viña del Mar los días 14 y 21 de junio- las siguientes estimaciones: el 14 apareció Tomic en primer lugar con un 38,1%, luego Allende con un 26,8% y, finalmente, Alessandri con un 24,3%. El 21, los resultados fueron: Tomic 39,6%, Alessandri 25,9% y Allende 23,4% (237).
EI Gobierno entretanto, al ver que la violencia continuaba decretó zona de Emergencia para Santiago por seis meses, plazo que podía ser reducido si disminuían los disturbios. Estos, sin embargo no cesaron. Sucesivamente, hubo enfrentamientos entre manifestantes callejeros y fuerzas policiales en diversas ciudades del país. Como resultado, Antofagasta también fue decretada Zona de Emergencia.
La situación se pondría crítica el día 8 de julio, fecha escogida por la CUT para realizar un paro nacional. El llamado al paro se basaba en nueve puntos de la más variada naturaleza. Entre ellos, se pedía bonificaciones para los trabajadores, una ley de inamovilidad, congelación del precio del dólar y nuevas subvenciones para la Universidad Técnica del Estado. Sin embargo, lo que había tras la maniobra de la CUT era un claro intento por perjudicar la candidatura de Radomiro Tomic, inevitablemente ligada a las acciones del Gobierno. Los dirigentes de la CUT sabían que en un paro es prácticamente imposible controlar los desmanes de ciertos grupos y que las probabilidades de represión aumentan considerablemente. Sabían también que la represión puede capitalizarse políticamente. Luis Figueroa, el máximo dirigente de la CUT no tuvo reparos en señalar que: "efectivamente el paro tiene también causas políticas. ¿Por qué no las iba a tener? z Acaso la clase obrera es neutral cuando se juegan los destinos de la patria?" (238).
El mismo Figueroa, frente a declaraciones realizadas por el ministro del Trabajo, Eduardo León, en las que señalaba que se trataba de un paro político, manifestó: "Si se le quiere calificar así, no nos oponemos. El paro será por la defensa de los trabajadores de todo el país, por el desarrollo democrático de Chile, por la libre expresión del pueblo el 4 de septiembre".
El paro no tuvo las proyecciones esperadas por la directiva de la CUT. Funcionaron normalmente los servicios de agua potable, gas y electricidad y tampoco se plegaron a la huelga los conductores de la locomoción colectiva. El personal subalterno del Servicio Nacional de Salud se plegó al paro pero tanto postas como hospitales atendieron a los pacientes con funcionarios de emergencia. También hubo servicio de trenes y los trabajadores de Correos desempeñaron sus funciones habituales.
Con excepción del Sindicato Ranquil, controlado por los partidos de izquierda, permanecieron en actividad todos los demás sindicatos agrícolas. Con el cobre pasó otro tanto ya que se mantuvieron en funcionamiento las minas de Chuquicamata, Potrerillos, Coya y Rancagua.
EI servicio de locomoción colectiva debió ser suspendido, sin embargo, cerca de mediodía debido a los violentos ataques de que fueron objeto los vehículos en circulación.
Carabineros detuvo a cerca de un centenar de individuos sorprendidos lanzando piedras contra microbuses. Dos manifestantes de la Juventud Comunista resultaron muertos en los enfrentamientos con Carabineros.
La Unidad Popular, que a través de la CUT, había hecho el llamado al paro, responsabilizó de lo ocurrido al ministro del Interior Patricio Rojas y al director General de Carabineros, Vicente Huerta. El Consejo Nacional del PDC -reunido en forma extraordinaria- pidió que los dos funcionarios mencionados fueran reemplazados. Sin embargo, el Presidente Frei respaldó a Rojas y Huerta.
La violencia continuó en los campos y en las ciudades dejando una secuela de heridos y muertos. Sólo en los últimos días previos al acto electoral se redujo en parte. Se llegó dentro de este clima de gran tensión a las concentraciones que los candidatos debían realizar en Santiago y que eran consideradas de mucha importancia como un medio de medir fuerzas.
Alessandri realizó la suya el 30 de agosto en las riberas del río Mapocho frente a la estación. La de Allende se llevó a cabo el día siguiente y la de Tomic el 2 de septiembre. Estas dos últimas se realizaron en la Alameda Bernardo O'Higgins desde Plaza Baquedano hacia el centro de la ciudad. Las tres fueron numerosísimas y se prestaron para todo tipo de especulaciones entre los partidarios de los tres bandos. A diferencia de lo que se esperaba, sin embargo, no sirvieron como elementos predictores.
Un elemento predictor, en cambio, de la crisis que podría producirse el día de las elecciones fue una agresiva declaración de la CUT en la que señalaba: "La CUT exigirá el reconocimiento del triunfo del pueblo con la movilización de todos sus efectivos. Los dirigentes de las federaciones, asociaciones, sindicatos y consejos provinciales deberán reunirse en sus locales el día viernes 4 a medida que se vayan finalizando los escrutinios para responder de inmediato a los intentos de la derecha de oponerse al cumplimiento de la voluntad del pueblo".
(*) Este artículo es un extracto del libro “Cambios sociales y conflicto político. El conflicto político nacional durante el gobierno de Eduardo Frei (1964-1970)”- Corporación de Promoción Universitaria e Instituto Chileno de Estudios Humanísticos. 1984.
Notas
222) El artículo 44 facultaba al Presidente de la República para dictar "disposiciones con fuerza de ley sobre creación, supresión, organización y atribuciones de los servicios del Estado y de las municipalidades, sobre fijación de plantas, remuneraciones y demás derechos y obligaciones de los empleados y obreros de esos servicios, sobre regímenes previsionales; sobre materias determinadas de orden administrativo, económico y financiero". El 45 establecía que sólo el Presidente de la República podrá "proponer suplementos o partidas o item de la Ley General de presupuestos, alterar la división política o administrativa del país; suprimir, reducir o condonar im- puestos a contribuciones de cualquier clase; crear nuevos servicios públicos o empleos rentados; fijar o modificar las remuneraciones y beneficios pecuniarios del personal de los servicios de la administración del Estado, tanto central como descentralizada; fijar los sueldos o salarios mínimos de los trabajadores del sector privado, establecer o modificar los regímenes previsionales o de seguridad social; conceder o aumentar, por gracia, pensiones y otros servicios pecuniarios". El 48 establecía el Tribunal Constitucional que resolvería respecto de la constitucionalidad de algún decreto con fuerza de ley.
223) El Mercurio; 7 de marzo de 1970. p. 9.
224) Ver: El Mercurio, 9 de marzo de 1970. p. 32 Y El Mercurio, 11 de marzo de 1970. p. 26.
225) Ver: El Mercurio; 20 de marzo de 1970.
226) Ver: "Clarín"; 1 o de mayo de 1970, p. 1.
227) Olavarría, Arturo. Chile bajo la Democracia Cristiana; tomo VI: p. 161.
228) Ibid.; p.161.
229) Ver: El Mercurio; 29 de mayo de 1970.
230) Ver: Ercilla N°1823; 27 de mayo a 2 de junio de 1970. p. 15.
231) Ver: Ercilla N°1825; 10 al 16 de junio de 1970. p. 61.
232) Los postulados enunciados por el Comandante en Jefe del Ejército serían conocidos posteriormente como "Doctrina Schneider" e identificados como una adhesión incondicional de las FF.AA. a la Constitución.
233) Ver: El Mercurio; 8 de mayo de 1970. También Ercilla N°1822; 20 al 26 de mayo de 1970. p. 11.
234) Ercilla N°1822; 20 al 26 de mayo de 1970; p. 11.
235) Ver: Las 40 medidas de la Unidad Popular.
236) Ercilla N°1828; 1 al 7 de julio de 1970. pp , 10 Y 11.
237) La agencia responsable del estudio fue el Centro de Opinión Pública (CEDOP) a cargo del sociólogo Eduardo Hamuy. Las cifras pueden verse en Ercilla N° 1828 p. 15.
238) Ercilla N° 1830; 15 al 21 de julio de 1970. p. 8.
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