Creemos haber demostrado que en el régimen democrático liberal los cuerpos sociales intermedios están fatalmente condenados a ser apéndices de los partidos políticos, quienes ejercen un monopolio total sobre el poder político. De allí que todos ellos, más temprano que tarde, terminen subordinados a las directivas partidistas en procura de la solución real de sus problemas. Esta ley de hierro, tan fuerte como la que determina la oligarquización de los partidos, surtió pleno efecto a partir de 1964. Todos los organismos que fueron surgiendo, comenzaron a ser instrumentalizados por determinados partidos. Desde su fundación o "rejuvenecimiento" -como dice Grayson- aparecía la tutela política que amarraba a sus dirigentes y orientaba su acción. 

La actividad de la Democracia Cristiana fue intensa en su afán por controlar a la naciente organización corporativa. Pero el marxismo caminó a paso mucho más acelerado. Este último tenía la ventaja de que el crecimiento espectacular de la economía no se producía y de que el "arma demagógica", de efectividad incontrarrestable, estaba en sus manos. 

La tarea del comunismo se hace difícil cuando su crecimiento debe basarse en contactos personales y mantenerse individualmente o por medio de la creación de células reducidas. Pero no sucede lo mismo cuando el Estado se encarga de organizar a los pobladores, a los trabajadores, a los pequeños comerciantes, a los marginados, etc. Entonces su trabajo multiplica el rendimiento y puede sembrar a campo abierto y cosechar con abundancia. 

La "promoción popular", como esfuerzo por organizar al pueblo al margen de las colectividades políticas tradicionales, redituaría grandes beneficios, siempre que el poder político se gestara con participación de los organismos o cuerpos sociales intermedios, única forma capaz de evitar que éstos sean subordinados por aquéllos. Pero en la medida que los nacientes organismos sociales queden a merced de los partidos en la solución de sus problemas y la proyección de su actividad, NO HAY POSIBILIDAD NINGUNA DE QUE PUEDAN SUSTRAERSE A SU INFLUJO Y DOMINACION. 

Por esta razón y no por otra, la "promoción popular" favoreció al marxismo y fue un factor determinante para su triunfo posterior. 

Especialmente significativa fue esta ventaja en el campo sindical y agrario. En el primero, el comunismo, a través de la Central Única de Trabajadores (CUT), a la cual ya nos hemos referido, gravitó determinantemente en la masa laboral, al extremo de terminar siendo el brazo sindical del Partido Comunista. En el campo agrario aprovechó, además, la agitación que provocó la reforma agraria que analizaremos más adelante. 

A medida que la Democracia Cristiana se empeñaba en fundar los organismos que intermediarían entre el individuo y el Estado, el comunismo iba apoderándose de los mismos y dándoles la tarea política de sembrar el descontento y la revolución. De este modo, los más importantes cayeron en manos de los totalitarios -CUT, FECH, Organizaciones campesinas, etc.-, quienes usaron de ellos con los fines políticos consabidos. 

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Mineros de Caletones partidarios de Allende.

Ningún esfuerzo serio realizó entonces la Democracia Cristiana por evitar que la política partidista interviniera en la misión de los sindicatos, como lo proclamara en sus célebres "Veinticuatro Puntos Fundamentales de la Falange Nacional". Por el contrario, compitió con el marxismo en el control de estos organismos y, como era inevitable, sacó la peor parte. 

En suma, la "promoción popular", sentida aspiración del nacionalismo, como paso previo para establecer un régimen democrático de raíces orgánicas, fue un incentivo que facilitó el avance comunista y permitió intensificar el grado de agitación y descontento que culminó en 1970. 

3. El Error Económico 

Lo que llamamos el "error económico" tiene dos vertientes fundamentales: la política cuprera o "chilenización del cobre" y la "reforma agraria". Nos referiremos a ellas separadamente. 

"La chilenización del cobre" 

La pretensión original del Partido Demócrata Cristiano se planteó en un proyecto de ley, presentado en 1961 por Eduardo Freí, Radomiro Tomic, Julián Echavarri y Tomás Pablo, al Senado de la República. Entonces se aspiraba a un estanco del cobre por parte del Estado. Eduardo Novoa, en su libro "La Batalla del Cobre", expresa sobre el particular: 

"Esta 'chilenización' no significaba, como cualquiera pudiera suponerlo, que las minas de cobre y sus instalaciones pasaran al dominio del Estado chileno, sino tan sólo que debía acentuarse la intervención del Estado, a fin de que las grandes empresas cupreras, siempre bajo el dominio de las compañías norteamericanas, obtuvieran utilidades razonables en negocios que quedaran sujetos a la soberanía nacional. Ese proyecto de ley aspiraba a que el comercio del cobre quedara centralizado en el Estado, a cargo de una corporación autónoma, bajo la forma de un estanco; pero aquellas compañías continuarían teniendo propiedad sobre las minas y sobre las instalaciones destinadas a la explotación, y seguirían ganando utilidades provenientes del excelente negocio de explotar cobre en gran escala”. 

El programa presidencial de 1964, ya acusa en la posición de Frei un cambio importante. Allí se aboga por el estímulo a la inversión extranjera, como fuerza coadyuvante en el desarrollo económico y, por un estatuto de "cooperación internacional y de solidaridad con los intereses nacionales, expresada en una verdadera asociación con el Estado chileno, que buscaremos a través de fórmulas imaginativas y audaces". Especial hincapié se hace en un aumento significativo de la producción y la necesidad de incrementar las inversiones de las compañías extranjeras en la gran minería del cobre. Estas inversiones debían tener cinco grandes metas: a) refinación total de su producción en Chile; b) completa solidaridad con los intereses nacionales mediante el máximo empleo de fuerza de trabajo e incremento de sus adquisiciones en Chile; c) reconocer primacía a los intereses nacionales en el comercio internacional del cobre y la intervención que al Estado corresponde en la realización de ese comercio internacional; d) comercio del cobre con todos los países del mundo; v e) industrialización del cobre en Chile para producir y exportar cobre manufacturado. 

Para alcanzar estos objetivos, se propuso un nuevo trato a las compañías norteamericanas que se tradujo en un acuerdo, que el Ministro de Minería de la época llamó "progreso contratado". Este nuevo acuerdo se aprobó por ley N° 16.425. El consistía medularmente en lo siguiente: concesión de ventajas tributarias -hasta por veinte años- para aquellas compañías que se comprometieran a realizar las inversiones necesarias para duplicar el volumen físico de la producción; constitución de sociedades mixtas entre el Estado chileno y las empresas norteamericanas; y regulación de las atribuciones de la Corporación del Cobre para actuar en la comercialización del mineral. 

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En busca del agua escasa durante la reforma agraria en el asentamiento Jorquera. Foto de Hernán Castillo.

El proyecto de ley dio origen a interesantes debates parlamentarios en los cuales quedó de manifiesto que estos convenios accedían en beneficio de las compañías más que en beneficio del Estado. No está de más recalcar que estas gestiones en el Congreso se presentaron para una formidable campaña de propaganda oficialista, en que se hablaba con majadería de la "viga maestra" que sustentaría el desarrollo económico del futuro, de una nueva etapa histórica, de "colocarse brusca y revolucionariamente entre los pueblos más avanzados de la tierra". En el mismo Senado se exhibieron 558 micro programas de radio emitidos diariamente, a lo largo y ancho del territorio, para inclinar a la ciudadanía a favor del proyecto. 

Eduardo Novoa, en su libro "La Batalla del Cobre", sintetiza las causas que determinaron la frustración de la "chilenización del cobre" señalando: 

"1. Se concedieron a las compañías norteamericanas, muchas y muy excesivas franquicias, liberaciones y tratamientos favorecidos de todo orden, a cambio de un supuesto esfuerzo que ellas habrían de hacer para traer al país capitales del exterior, a fin de costear los planes de expansión de la industria en circunstancias que, como se ha visto, ellas podrían cumplir sus obligaciones de inversión sin más que aplicar la mayor utilidad que les resultó como consecuencia del privilegiado estatuto que obtuvieron. Esto significa que sus utilidades ordinarias las mantuvieron y aún las incrementaron, pero hubo utilidades extras con las cuales habrían podido cubrir en demasía sus obligaciones de inversión. 

"Hay algo todavía peor, y es que las compañías norteamericanas ni siquiera gastaron sus utilidades extraordinarias en el plan de inversiones, que había sido la pantalla para lograr un tratamiento tributario, aduanero y cambiario de privilegio. No, ellas sacaron esas utilidades extraordinarias fuera del país y efectuaron los gastos que debían hacer para el plan de inversiones con préstamos bancarios y, en algunos casos, con préstamos de instituciones chilenas. Dichos préstamos quedaron avalados por el Estado y en definitiva van a ser pagados por el Estado chileno. 

"2. Los planes de expansión de la industria del cobre encargados a las empresas extranjeras no fueron concebidos ni realizados con eficiencia, debido a lo cual no ha sido posible alcanzar ni de cerca la duplicación de la producción de cobre a que se aspiraba por el plan de "chilenización", 

"3. No Se consiguió que las grandes minas ya establecidas, de propiedad de The Anaconda Company, fueran adquiridas en copropiedad por el Estado chileno, uno de las metas declaradas de la 'chilenización', simplemente porque los personeros de ella se negaron tercamente a ceder parte alguna de sus derechos. Pese a esta negativa, se otorgaron a las empresas extranjeras que explotaban esas grandes minas las franquicias y beneficios excesivos que hemos consignado en el punto primero precedente. 

"4. En los casos en que el Estado- obtiene copropiedad de empresas explotadoras del cobre a través del sistema de sociedades mixtas, la obtiene en condiciones desfavorables, sea por pagar por ella un precio muy superior al que resultaba de la contabilidad de la empresa (El Teniente), sea por aceptar una proposición de condominio muy reducida siendo que efectuaba el mayor aporte (Andina), sea por amparar irregularmente un régimen tributario favorable al interés extranjero (Exótica).

"5. Se reservaron a la parte extranjera las facultades de administración y dirección técnica de las empresas y de manejo de las ventas al exterior, aún en aquéllas en que Chile había obtenido copropiedad, incluso mayoritaria en estos aspectos, el Gobierno de Frei llegó hacer concesiones inauditas a las firmas extranjeras. 

"6. No se alcanzó otra de las metas declaradas de la 'chilenización' que era establecer en el país la elaboración del cobre y su manufactura en una parte sustancial. Lo único que se logró fue un ofrecimiento por parte de Anaconda de que realizaría estudios para examinar la posibilidad de tal manufactura. 

"7. Se mantuvo para las compañías norteamericanas el 'indefendible privilegio' de retornar solamente una parte del valor de sus ventas al exterior. Olvidó Freí en este punto lo que había escrito antes, cuando afirmaba: Todo exportador chileno retorna el total y obtiene autorización para sus compras en el exterior. Igual sistema debe operar en el cobre. El valor íntegro producido debe volver, y sólo es admisible que saquen del país, en la moneda de origen, la utilidad y los intereses de los capitales invertidos, pues necesariamente el inversionista debe tener garantías expresas que lo estimulen y resguarden sus legítimos derechos, como cualquier otro inversionista extranjero, pues al país le interesa que vengan capitales y éstos no vendrán si no se les dan esas garantías. Proceder de distinta manera sería insensato. Pero una legislación excepcional nada lo explica. ¿Cómo no va a ser inverosímil, por ejemplo, que las amortizaciones que se le calculan por el desgaste de Ia mina vayan al exterior y no queden como un fondo de garantías en Chile, que es donde está la mina que se agota? 

"8. Los convenios y el régimen legal que fue su consecuencia vinieron a constituirse en causa y fuente de desorbitadas utilidades para las compañías extranjeras, sin que ellas compensaran tanto beneficio en una forma satisfactoria al interés nacional. 

"9. Los sacrificios económicos verdaderos y la obligación de constituir garantía en favor de los acreedores para asegurar los préstamos obtenidos para las inversiones de ampliación de las plantas, quedaron por cuenta exclusiva del Estado chileno. 

 "10. No solamente no se estableció el monopolio de ventas del cobre en favor del Estado propugnado en el proyecto de estanco que se presentara el 12 de julio de 1961 al Senado por los entonces senadores Frei, Tomic, Pablo y Echavarri, sino que los parlamentarios demócrata cristianos y el Gobierno combatieron tenazmente en el Congreso los esfuerzos de la izquierda por incorporar ese monopolio al proyecto de ley. Debe recordarse que ese monopolio formaba parte de la idea misma de la 'chilenización', tal como fuera formulada inicialmente".

Hemos querido transcribir íntegramente este párrafo, para que el lector analice cómo la izquierda retoma la bandera de la nacionalización, sin que el proyecto de "chilenización' sirva más que para justificar aquel requerimiento. 

El aumento espectacular del precio del cobre hizo que las compañías extranjeras aumentaran escandalosamente sus utilidades, en parte, además, por el nuevo trato aprobado. Pero había una brecha enorme entre el precio de los productores chilenos, a que se vendía nuestro cobre, y el precio en la Bolsa de Metales de Londres. Mientras el primero alcanzaba en enero de 1966 a cuarenta y dos centavos de dólar la libra, en Londres se cotizaba a un dólar. Esta situación  provocó inquietud en el partido gobernante que veía la posibilidad de aprovechar este precio en favor del país. Sólo en 1969, poco antes de la elección presidencial, Frei se resolvió por lo que se ha dado en llamar la "nacionalización pactada". Por cierto, este nuevo paso se dio en medio de una farándula propagandística, en la cual no se ahorraron epítetos para magnificar el acuerdo. 

Novoa Monreal dice al respecto: 

"Los hechos iban a demostrar otra vez, sin embargo, que todas éstas eran palabras que ocultaban la falta de coraje para adoptar medidas que por fin rescataran para el país la principal de sus riquezas, y que encubrían las seguridades, ampliamente satisfactorias para ellas, que las compañías habían obtenido en las negociaciones”. 

La "nacionalización pactada" consistió en que el Estado adquirió por intermedio de Codelco el 51% de las acciones de las subsidiarias de Anaconda, las compañías Andes Copper Mining Co. y Chile Exploration Co. al precio que determinaba el valor libros. Las sociedades mixtas empezaban a operar el 10 de enero de 1970, pero las utilidades de la parte chilena se devengaban desde el 1° de septiembre de 1969. Así nacieron las Compañías de Cobre El Salvador S.A. y la 

Compañía de Cobre Chuquicamata S.A. El pago del precio se haría en veinticuatro cuotas semestrales con un interés anual del 6%. El saldo de los derechos, esto es, el 49% en manos de los intereses norteamericanos, se prometían vender, no pudiendo Codelco ejercer la opción antes de concluido el año 1972 ni después de extinguido el pago de las cuotas semestrales relativas al 51%. El contrato determinaba además, la forma en que debía calcularse el precio del saldo. ' 

Las críticas de la izquierda nuevamente arreciaron. Se comenzó por rechazar la negociación, arguyendo que la inmensa mayoría del país aspiraba a una nacionalización que se realizara como acto de soberanía. Se cuestionó el precio pactado y la forma de determinar lo que correspondería al 49% norteamericano. Se criticó las ventajas que conservaba el socio minoritario, que mantenía control sobre la administración, al retener facultades esenciales. Y se señaló que era inaceptable que las empresas extranjeras mantuvieran la dirección técnica de la explotación. 

Eduardo Novoa, que refleja el pensamiento de la izquierda, concluye sus comentarios sobre la materia con el siguiente párrafo: 

"¡Y a esto se llamó 'nacionalización' pactada, al grito de: 'Ahora el cobre es chileno!” "En suma, mientras Chile no pagara precios excesivos para comprar el total de las empresas de El Salvador y Chuquicamata, todo seguiría de hecho casi igual que antes, con la diferencia que Chile empezaba a pagar el valor del 51% de las acciones prácticamente de inmediato. 

"Para referirse a esto, Frei habló en su Mensaje al Congreso el 21 de Mayo de 1970, el último de su sexenio, que éste era 'el más grande esfuerzo de gestión e inversión conocido por el país'. En su opinión, con esto se opera un vuelco fundamental en la posición de Chile como nación' y 'Chile, sin sentirlo, ha adquirido el dominio de esta riqueza... dentro del respeto de las normas jurídicas (alcanzando) los mismos resultados y en mejores condiciones que la nacionalización impuesta)". 

Como puede observarse, lejos de desteñirse las banderas marxistas, éstas subieron el tono de su color. La "nacionalización pactada" demostró que la primitiva "chilenización" no fue un paso acertado y la nacionalización forzada posterior, apoyada por todos los partidos políticos, incluido el demócrata cristiano, reveló que tampoco el paso siguiente fue exitoso. Nuevamente el Gobierno de Frei robustece la plataforma comunista, vacila en una materia fundamental y siembra en la ciudadanía la duda y luego la convicción de que la gran minería del cobre debía ser nacionalizada, como acto soberano, por los poderes competentes del Estado. 

Además, en este período estuvieron en juego conceptos tales como el "contrato ley", la capacidad del Estado para dictar normas impositivas a las compañías extranjeras y su obligación de retornar las divisas, etc. Todo ello fue creando un ambiente de amplio rechazo a las empresas norteamericanas, lo que era fácil extender a la posición política de Estados Unidos. El comunismo transitó fluidamente en este campo y se sirvió con habilidad felina de los errores de su antecesor. 

"La reforma agraria" 

La reforma agraria figuraba entre los puntos preponderantes del programa de la Democracia Cristiana. En un folleto publicado bajo el título "El Gobierno Nacional y Popular" ("Resumen del Programa de Gobierno de Frei, destinado a servir de guía a los Jefes de los Frentes y Dirigentes de la Campaña, en general"), se establecen los siguientes objetivos: 

" 1. Establecimiento de cien mil nuevos propietarios agrícolas en un plazo de cinco años. 

"2. Limitación de la posibilidad de acumular tierras en manos de una misma persona natural o jurídica.

"3. Terminación con el abuso del manejo in eficiente y del comercio del agua que hoy hacen algunos propietarios en perjuicio de los demás agricultores del país. 

"4. Política de salarios, de participación y de organización campesina. 

"5. Mejoramiento de los empresarios minifundistas". 

Más adelante, en el mismo programa, se señala con mayores pormenores la "Política Agrícola". En suma, los objetivos que se perseguían en lo inmediato eran fundamentalmente tres: mejor distribución de la tierra, aumento de la producción y organización del sector agrario para generar un movimiento sindical campesino de importancia. Esta política tenía, sin embargo, un gran objetivo a largo plazo que constituía, por así decirlo, el cimiento del éxito electoral que en el futuro buscaba la democracia cristiana. Se trataba, ni más ni menos, que de formar una nueva clase social que integrarían cien mil familias propietarias de tierras en quienes se despertaría un acendrado espíritu conservador, característico de quien detenta la propiedad del agro. Este sector estaba llamado a cambiar esencialmente la correlación de fuerzas políticas y dar un respaldo incontrarrestable al partido de Gobierno. 

No se necesita de mucha imaginación para descubrir que la estrategia era correcta. Si, como se aspiraba, en cinco años se llegaba a formar cien mil nuevos propietarios agrícolas, dotados de créditos baratos y oportunos, de un eficiente sistema para comercializar sus productos y con un régimen tributario de excepción, era previsible que los favorecidos fueran clientela electoral constante del Partido Demócrata Cristiano. No era descabellado, por lo mismo, sostener que esta política estaba diseñada para mantener cautivo al Gobierno durante treinta años, según rezaba el slogan predilecto de aquel partido en el año 1964. 

Pero las cosas no se dieron como se proyectaron. Desde luego, para implementar la reforma agraria era necesario modificar la Constitución de 192 5, ya que el artículo 10 N° 10 establecía que "nadie puede ser privado de su dominio (la propiedad), ni de una parte de ella o del derecho que a ella tuviere, sino en virtud de sentencia judicial o de expropiación por razón de utilidad pública, calificada por ley. En este caso, se dará previamente al dueño la indemnización que se ajuste con él o que se determine en el juicio correspondiente". 

La ley N° 16.615 del 20 de enero de 1967 modificó esta disposición constitucional en el siguiente sentido: "Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, calificada por el legislador. El expropiado tendrá siempre derecho a indemnización cuyo monto y condiciones de pago se determinará equitativamente tomando en consideración los intereses de la colectividad y de los expropiados. La ley determinará las normas para fijar la indemnización, el tribunal que conozca de las reclamaciones sobre su monto, el que en todo caso fallará conforme a derecho, la forma de extinguir esta obligación y las oportunidades y modo en que el expropiado tomará posesión material del bien expropiado". 

En el inciso siguiente se resuelve el problema que generaba la reforma agraria, al consagrarse la siguiente regla: 

"Cuando se trate de expropiaciones de predios rústicos, la indemnización será equivalente al avalúo vigente para los efectos de la contribución territorial más el valor de las mejoras que no estuvieren comprendidas en dicho avalúo, y podrá pagarse con una parte al contado y el saldo en cuotas en un plazo no superior a treinta años, todo ello en la forma y condiciones que la ley determine". 

Al amparo de esta modificación se dictó la ley N° 16.640 del 16 de julio de 1967, que constituye la culminación de las aspiraciones reformistas en el agro. Cabe observar que el avalúo fiscal estaba congelado desde hacía varios años, de modo que el propietario apenas recibía por el casco del predio una suma ínfima en relación a su valor comercial. Por otra parte, las expropiaciones se pagaban, conforme a esta ley, con un UNO por ciento al contado cuando el predio estaba inexplotado, con un CINCO por ciento al contado cuando estaba semi explotado y con un DIEZ por ciento al contado cuando la causal de expropiación era otra -extensión excesiva- por ejemplo. El saldo se solucionaba en bonos a VEINTICINCO años plazo que eran parcialmente reajustables, lo cual significaba todavía agregar una pérdida neta adicional para el expropiado. 

La ley disponía que el acuerdo de expropiación era adoptado por el Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria y este mismo organismos tasaba las mejoras indemnizables, lo cual le dio margen a consumar odiosas persecuciones o favoritismos. Contra su resolución podía deducirse recursos de apelación para ante un tribunal agrario especial. Los predios, en lugar de asignarse por parcelas a los trabajadores, eran destinados a ASENTAMIENTOS que tenían por objeto generar un capital de explotación y preparar técnicamente a los beneficiarios de la tierra. Los asentamientos fueron consagrados con carácter temporal, pero se mantuvieron de hecho por tiempo indefinido. 

El espíritu y la letra de la ley fijaban en OCHENTA HECTAREAS básicas la mayor extensión admisible de los predios. Estas ochenta hectáreas se medían con referencia a las propiedades de la zona del río Maipo que, se presumía, eran las de mayor productividad y calidad en el país. Para aplicar la equivalencia, se confeccionó un catastro que indicaba el número de hectáreas que correspondía en cada región a una hectárea básica. 

Es indudable que la ley de reforma constitucional y de reforma agraria debilitaron el derecho de dominio, muy especialmente referido a los propietarios agrícolas. Los acuerdos de expropiación, el magro pago de contado, el plazo para cubrir el saldo, el mecanismo de reajustabilidad, las instancias para la tasación de las mejoras, la fijación de la indemnización sobre la base del avalúo fiscal, etc., erosionaron la certidumbre que siempre tuvieron en Chile los propietarios de que su derecho era constitucionalmente amparado. Agréguese a esta circunstancia, la ley sobre sindicalización campesina y la agitación que ésta produjo en los campos, especialmente promovida por elementos extremista s de militancia marxista, y se comprenderá por qué la vida en el agro cambió fundamentalmente en provecho del comunismo. 

Como es de suponer, la constitución de los asentamientos campesinos, verdaderas granjas estatales, lejos de aumentar la producción la hicieron caer apreciablemente. A cargo de esta reforma estaban dos connotados democratacristianos: Jacques Chonchol y Rafael Moreno. El primero terminó en el movimiento que lideraba Salvador Allende. El segundo, como Senador por O'Higgins, con el apoyo de la derecha tradicional. iCosas de la política! Cada uno encabezó un organismo eje para este proyecto: el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), respectivamente. 

Ambos eran esencialmente políticos y aplicaron la ley en esa precisa dirección, haciendo prevalecer los intereses electorales por sobre las consideraciones técnicas. 

Pablo Baraona Urzúa escribe, en "Visión Crítica de Chile", sobre la reforma agraria: "Durante el primer período de aplicación de la ley (se refiere a la ley N' 16.640) se actuó con el criterio de expropiar exclusivamente !os fu n dos abandonados o mal trabajados y constituir en ellos un asentamiento -una especie de sociedad entre la Corporación (Reforma Agraria) y los campesinos que habitaban el predio expropiado- encaminado a la constitución de propiedades individuales y, por excepción, de propiedades cooperativas o comunitarias. 

”Estas ideas, por lo demás, respondían fielmente a los argumentos esgrimidos hasta ese momento por los partidarios de la ley. 

"Sin embargo, con el correr del tiempo ellas fueron transformándose sutilmente -empujadas por el extremismo de izquierda, que supo y pudo colocar ante los ojos de la opinión pública el volumen de las expropiaciones como el objetivo fundamental y único de la reforma agraria. 

"Así, al cabo de uno o dos años se iniciaron las expropiaciones por razones diferentes a la mala explotación; se fue relegando al olvido la idea de la propiedad individual, entregándose los predios en propiedades colectivas, con excepción de la casa en que habitaba el campesino; y se inició la expropiación de predios aun contra la opinión de los propios campesinos. 

"El objetivo de aumentar la producción y el ingreso de los trabajadores agrícolas fue olvidado tanto en la aplicación de la ley como en la administración dada a la Corporación de Reforma Agraria. 

"Hubo otro proceso muy interesante paralelo a la aplicación de la ley, que fue el nacimiento de un vigoroso movimiento sindical campesino, cuyo objetivo fundamental debía ser el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y el rompimiento de su dependencia patronal. Sin embargo, a poco andar, el movimiento sindical fue apadrinado por los partidos políticos a través de las instituciones públicas, cambiando sus objetivos hacia la meta fundamental de lograr nuevas expropiaciones”.

Para graficar estas observaciones, se señala concretamente que durante la administración de Frei se expropió una superficie de 3.564.300 hectáreas correspondientes a 1.408 predios, ubicados de preferencia en Aconcagua, Santiago, Colchagua y Linares, la zona del Valle Central con mejores aptitudes productivas, lo cual afectó a 28.700 familias. 

Me correspondió estudiar, durante el año 1965, un anteproyecto de ley de reforma agraria, como asesor de ICIRA (Instituto de Capacitación de la Reforma Agraria). En aquellos estudios propicié dos ideas matrices: la reversión del dominio de las tierras abandonadas al Estado y la dictación de un estatuto jurídico funcional como instrumento jurídico para la Reforma Agraria. Lo primero tenía por objeto acentuar la función social de la propiedad agrícola, obligar a los detentadores de su dominio a explotar las tierras en aptitud de ser trabajadas y centrar sobre estas ideas el proyecto para redistribuir la superficie agrícola. La segunda idea fue expuesta técnicamente en mi libro "De la Relatividad Jurídica", publicado por la Editorial Jurídica en 1965. Se trataba de introducir en Chile la primera ley que sería interpretada por los jueces sobre la base de los objetivos que esta norma perseguía, para evitar, lo que era de presumir, el uso de subterfugios encaminados a burlar la letra y el espíritu de la ley. Por cierto, ninguna de mis ideas fue aceptada. Ellas no servían las finalidades políticas que se perseguían que, en todo caso, eran de preocupación preponderante para los ejecutores del plan. 

En síntesis, la reforma agraria no hizo cien mil nuevos propietarios ni aumentó la producción agrícola ni les dio a los trabajadores una organización acorde con la legítima defensa de sus intereses. Pero sí que agitó a este sector, introdujo una creciente preocupación en agricultores e inversionistas, creó granjas estatales, acentuó el distanciamiento que había entre empleadores y dependientes y sembró la semilla .de la revolución marxista. Como veremos en las páginas siguientes de este libro, la tarea del marxismo no consistió más que en utilizar los instrumentos que creó la democracia cristiana e intensificar la lucha entre el propietario y el trabajador. 

(*) Extracto del libro “El Mito de la Democracia en Chile”, Tomo I, de Pablo Rodríguez Grez; Edición de EVES S.A; 1985, Santiago de Chile.