“¿Quién tiene acciones de Endesa?”. Corría el mes de abril de 1990 y la pregunta circulaba de boca en boca en el centro de Santiago entre los clientes del Bar Restaurante La Unión y del cercano café Haití. La inminente junta de accionistas de la mayor generadora eléctrica de Chile era la conversación obligada entre viejos abogados y notarios, pequeños apostadores de bolsa y los llamados capitalistas populares, jubilados de empresas públicas y de las fuerzas armadas que en los años anteriores habían recibido acciones como parte de sus indemnizaciones por años de servicio.

La junta de accionistas que se realizaría el día 19 de abril sería una instancia clave, ya que allí se reunirían todos los poseedores de acciones de Endesa para elegir al nuevo directorio que controlaría la empresa. Los más enterados sabían lo que estaba en juego. “Se estaba produciendo un caso emblemático”, recuerda el abogado Ramón Briones. El grupo Enersis – es decir, José Yuraszeck y José Piñera – ya controlaba Chilectra, la distribuidora de energía eléctrica. “Pero ahora querían ir sobre Endesa y reorganizar un nuevo monopolio eléctrico”, añade.

El abogado se refiere a la posibilidad de integrar verticalmente la generación y transmisión de energía eléctrica (por medio de Endesa) con la distribución (a través de Chilectra). Sin embargo, para lograr su objetivo, Yuraszeck y Piñera debían sortear un obstáculo importante: Enersis sólo poseía un 12% de las acciones de Endesa.

Cada acción cuenta como un voto en una junta de accionistas, por lo que el grupo Enersis necesariamente debía hacer alianzas con otros accionistas para lograr un porcentaje de votos que les permitiera elegir la mayoría de los sillones del directorio de Endesa. Para lograr la mayoría, Yuraszeck y Piñera hicieron un pacto con dos actores clave: las AFP y el grupo Luksic. Además, debieron asegurar el apoyo del mayor número posible de capitalistas populares, los jubilados de las FF. AA. y de empresas públicas que frecuentaban el Haití y sus alrededores.

La jugada de los "Pepes"

A inicios de los años 90, mientras la mayoría de los chilenos celebraba el retorno a la democracia, grandes empresarios y ejecutivos bien ubicados aprovechaban al máximo las múltiples oportunidades de una regulación laxa y un mercado en alza. “Todo era muy favorable, todo era fantástico, llovía plata, caía agua”, recuerda un ex alto ejecutivo de la industria eléctrica, en alusión al generoso caudal hídrico que entonces alimentaba a las represas de Endesa.

Endesa era una empresa dirigida por sus ejecutivos, viejos ingenieros de la Corfo, sin un inversionista mayoritario que tuviera el porcentaje de acciones necesario para controlar la empresa por sí solo. Pero existían tres grandes accionistas: las AFP, que en conjunto controlaban un 22,5% de las acciones de Endesa, el grupo Enersis, que poseía el 12%, y la familia Luksic, la que durante la subasta privatizadora de los años 1985-87 había logrado hacerse de un 5% del patrimonio bursátil de la generadora. Unidos, estos tres mayores accionistas de Endesa controlaban cerca de un 40% de la empresa. Pero para lograr el control del directorio necesitaban más acciones. Es decir, más votos en la junta de accionistas. Para ello debían entonces lograr el apoyo de los accionistas minoritarios: los capitalistas populares.

La estrategia ideada por Yuraszeck y Piñera fue encomendar a los jóvenes ejecutivos de la gerencia de desarrollo de Enersis que recorrieran los cafés del centro convenciendo a los jubilados de las FF. AA. y las empresas públicas de que su proyecto era el mejor para Enersis. Que votando por los candidatos al directorio presentados por Enersis en la junta de accionistas sus acciones subirían de precio y obtendrían mejores retornos.

En la práctica, el conseguir el voto de los capitalistas populares implicaba que estos firmaran un poder para ser representados por Enersis en la junta de accionistas. Los ejecutivos salieron con todo para obtener el máximo número de poderes para la votación del 19 de abril de 1990. Yuraszeck y sus ejecutivos no se detendrían hasta alcanzar la meta.

En efecto, la campaña de recolección de poderes fue un éxito. Incluso salvó a Yuraszeck de un hecho bochornoso. Cuando llegó el momento de elegir a los nuevos directores, un ansioso Yuraszeck se equivocó al momento de emitir sus votos. Los votos correspondientes al porcentaje de las acciones de Enersis destinados a su candidatura al directorio se perdieron. Pero pudo asegurar un sillón en el nuevo directorio de Endesa gracias a los poderes que habían recolectado sus ejecutivos “en la calle” y al predecible apoyo que le dieron las AFP en la votación.

De los nueve directores que conformaban el directorio de Endesa, Enersis logró elegir cuatro, incluyendo al propio Yuraszeck, José Piñera y el ex Ministro de Economía en los dos gobiernos de Sebastián Piñera, Juan Andrés Fontaine. Las AFP pusieron a tres de sus hombres y la presidencia quedó en manos de Rodrigo Manubens, hombre de la familia Luksic.

La jugada pudo haber terminado en canasta limpia. Sin embargo, pocas semanas después de su elección, al flamante nuevo directorio de Endesa le cayó una bomba encima. En lo que sería la última acción realizada por la Comisión Fiscalizadora de la Democracia Cristiana, Ramón Briones presentó ante la Fiscalía Nacional Económica un requerimiento por abuso de poder y prácticas monopólicas en contra de las AFP y de Enersis.

 “Ellos fueron a la pelea por controlar Endesa y yo los denuncié”, recuerda Briones. “Denuncié esta connivencia entre las AFP para designar directores en estas empresas privatizadas”.

El Mercurio envió rápidamente a los periodistas de Economía y Negocios como fuerza de tarea para defender la operación. El sábado 9 de junio apareció en las páginas del cuerpo B un artículo elaborado exclusivamente con los descargos de la Asociación de AFP y de la propia Enersis.

“No es efectivo que la votación de las AFP viole precepto alguno”, señaló Sergio Baeza, presidente del gremio previsional. Todos los directores elegidos con votos de las administradoras eran, según él, “personas de indiscutible idoneidad profesional” y lo único que estas buscaban era una administración eficiente para así maximizar la rentabilidad y “pagar pensiones más elevadas”.

Enersis, por su parte, emitió un comunicado para descalificar al acusador. “Entendemos que el Sr. Briones no domine con la necesaria profundidad el complejo tema de la tarificación eléctrica. Le invitamos a estudiarlo en detalle”.

En el equipo económico del gobierno de la concertación se habían encendido las alarmas y en la propia bancada democratacristiana se multiplicaban las voces de protesta, pero no precisamente contra la colusión entre AFP y las sociedades de inversión de los exfuncionarios de la dictadura. “Valoramos muy positivamente el papel desempeñado por el camarada Briones en otros momentos… pero creemos que hoy solo le corresponde fiscalizar por parte de nuestro partido a su bancada de diputados”, dice una carta enviada en julio de 1990 al presidente del partido Andrés Zaldívar por los diputados Jorge Pizarro, José Miguel Ortiz y Hossain Sabag.

A confesión de partes

La investigación avanzó rápidamente y el 13 de mayo de 1991 el fiscal Gilberto Villablanca evacuó su informe. En el curso de su investigación tuvo acceso a antecedentes que le permitieron comprobar la existencia de un cartel conformado por las AFP y el grupo Enersis. (Revisa acá el informe de Fiscalía)

Entre estos se cuentan sendas actas de las sesiones ordinarias del Directorio de la Asociación de AFP, realizadas los días 3 de septiembre y 3 diciembre de 1990. En ellas hay reconocimientos explícitos por parte de directores de dicha entidad gremial de la existencia de acuerdos entre las AFP, y de éstas con grupos económicos, en la elección de varios directorios.

“La modalidad actual por las cual las AFP llegan a acuerdos con grupos minoritarios de accionistas, generalmente de grandes ex empresas estatales privatizadas, ya sea para nombrar en ellas a sus directores o para tomar la administración y el control de las mismas, escapa del todo al propósito de las AFP, que es la de administrar los Fondos de Pensiones a través de adecuadas inversiones, en lugar de tomar, a través de inversiones en estas empresas que han llegado a ser grandes centros de poder, un control económico y político”, fueron las declaraciones de un director de la Asociación de AFP registradas a fojas 789 de la carpeta judicial del caso.

Luego, a fojas 790, quedó estampado el reconocimiento de otro director de la gremial: “Así las AFP, con razón o sin ella, se ponen de acuerdo para nombrar directores en las compañías en las cuales han invertido, tomando el control de éstas y concentrando el poder en sólo pequeños grupos de decisión administrativa”.

Este reconocimiento era una prueba contundente del modus operandi de las AFP para proporcionar votos que concentraban el poder en torno a Enersis y otros grupos económicos emergentes para controlar empresas recientemente privatizadas.  Pero hay un detalle más que evidencia el pacto entre las AFP, el grupo Enersis y el grupo Luksic.

El presidente electo en Endesa, Rodrigo Manubens, era el hombre de los Luksic. Fue elegido en el cargo con votos de aquel grupo económico y de las AFP. En su declaración en el caso, Manubens reconoce que “con motivo de haber obtenido un exceso de votación en relación al mínimo que aseguraba mi designación, decidí en forma independiente y por mi propia cuenta apoyar con los votos que me sobraban al señor Juan Andrés Fontaine”.

La teoría del chorreo en acción: el representante de la familia Luksic en Endesa había decidido motu proprio traspasar a Fontaine – representante de Enersis – parte de los votos que había recibido de las AFP.

En su informe, Villablanca, además de acreditar la denuncia de Briones, le solicita en forma expresa al gobierno de Patricio Aylwin que patrocine una reforma al D.L. 3.500 para prohibir a las AFP la administración de empresas en las que tengan invertidos los Fondos de Pensiones, así como la adopción de cualquier acuerdo entre ellas y/o con otros accionistas tendientes a elegir los directores en dichas empresas.

Además, prohibía a Enersis aumentar su participación accionaria en Endesa con el objeto de evitar “la creación de un poder monopólico” por medio de “la integración vertical de la actividad generadora y distribuidora”.

A pesar de la contundente investigación y su fallo, el 7 de julio de 1992 la Comisión Resolutiva Antimonopolio (antecesora del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia) no dio a lugar a su informe. “El antiguo tribunal económico me echó para abajo la denuncia por cuatro votos contra uno”, recuerda Briones. “El único que votó a favor nuestro fue Oscar Landerretche, el padre”.

Briones no se dejó amilanar. Fue de queja a la Corte Suprema y, de forma unánime, el 25 de mayo de 1993 la Suprema acogió su recurso anulando la resolución de la Comisión Resolutiva. En el fallo se lee que, si bien las AFP “pueden comprar acciones, votar y elegir directores en las empresas en que efectúan sus inversiones, no resulta procedente que exista concierto, en forma alguna, entre ellas y/o con otros accionistas de las empresas en que efectúan sus inversiones para elegir a determinadas personas”.

El máximo tribunal concluyó que los hechos denunciados constituían “un atentado a la libre competencia y un abuso de la posición económica que tienen las AFP, los cuales, por ende, no pueden seguir ejecutándose, sin afectar gravemente el orden público económico”. Como si fuera poco, la Suprema ordenaba al Ejecutivo que patrocinara en el Congreso los cambios legales recomendados por el fiscal.

Fue un duro golpe para las AFP, un verdadero sisma en la industria previsional. La reacción no se dejó esperar. Las administradoras buscaron victimizarse y confundir a la opinión pública. El fallo solamente prohibía la acción concertada, pero según ellas la Suprema les estaba negando el derecho a voto en las elecciones de directorios.

No faltó la campaña del terror. “La pretensión de modificar la legislación vigente sólo tendría por consecuencia perjudicar la mejor rentabilidad del ahorro previsional de los cuatro millones 400 mil trabajadores chilenos”, declaró Baeza, el dirigente gremial de las AFP, al cuerpo B de El Mercurio.

En una acción sin precedentes, la Asociación de AFP, junto a Provida y Santa María, apelaron para dejar sin efecto el fallo.

En forma inexplicable la Suprema cedió ante la presión. De oficio, y mediante una forma completamente irregular (el escrito fue hecho a mano alzada), el 24 de junio de 1993 el dictamen fue enmendado. En lugar de ordenarle al Ejecutivo promover los cambios en la legislación, el nuevo fallo sólo indicaba que la Comisión Antimonopolios debía oficiar al Ejecutivo para sugerirle las modificaciones legales pertinentes. (Revisa acá el fallo y enmienda de la Corte Suprema)

A pesar de la enmienda, la caja de pandora abierta por Briones tardó en cerrarse. La arista relacionada a prácticas monopólicas en contra de Enersis se zanjó años más tarde, y la discusión en torno a los conflictos de interés de las AFP saltó al parlamento.

En 1993 se discutía un proyecto de reforma al mercado de capitales, que incluía medidas concretas para impedir los conflictos de interés y la colusión entre AFP y grupos económicos. Un senador que hasta hacía poco había formado parte del directorio de Provida torpedeó las disposiciones más estrictas en la materia. Nadie reparó en aquel momento que el senador tenía a dos hombres cercanos en el directorio de Enersis: su hermano mayor, exministro de la dictadura y padre del nuevo sistema previsional, y uno de sus socios más cercanos, José Cox Donoso, elegido con votos de las AFP.

Aquel senador formaba parte de nada menos que la Comisión de Hacienda de la cámara alta, y su nombre era Sebastián Piñera.