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La crisis económica de comienzos de los ochenta detonó una ola de protestas, que llegó a conocerse como “Las marchas del hambre”. Había cacerolazos en todas partes y constantemente. Sin embargo, la primera protesta masiva que sorprendió al país fue el 11 de mayo de 1983, convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre tras una huelga en El Teniente de una magnitud y diversidad sorprendentes. La dictadura tomó fuertes represalias contra la población: cientos de carabineros y militares allanaron poblaciones como La Victoria, La Legua y Villa O’Higgins. Comenzaron con métodos de amedrentamiento y persecución: sacaban de las casas a los hombres mayores de catorce años y los ponían durante horas en las canchas de fútbol, mientras chequeaban sus datos.

El 14 de mayo de ese año, durante la madrugada, personal de Ejército, Carabineros, Investigaciones y agentes civiles realizaron un vasto operativo y allanaron más de seis mil hogares de la zona sur de la capital. Se calcula que en poblaciones como La Victoria, Joao Goulart, Yungay y La Castrina diez mil hombres fueron concentrados en canchas deportivas y plazas públicas, debiendo prestarse a un chequeo policial. Operativos semejantes fueron repetidos en otras zonas en varias oportunidades.

Junto con las protestas, comenzó la represión. La Vicaría intentaba hacer un catastro de los daños provocados en las viviendas de los pobladores y un listado de los detenidos y vejados. Y para esos efectos, en varias ocasiones nos constituimos en poblaciones. Ahí trabajábamos en carpas habilitadas con una máquina de escribir.

La segunda protesta masiva fue el 14 de junio del 83 y, a esas alturas, se había formado el Comando Nacional de Trabajadores. En esa ocasión, detuvieron al dirigente sindical Rodolfo Seguel, que llegó sangrando a la Vicaría. Como casi todas las manifestaciones eran en el centro de Santiago, llegaban muchos heridos al edificio, que se transformaba en una especie de improvisado hospital de campaña. Me acuerdo de los regueros de sangre en un pasillo largo hasta nuestro policlínico – chiquitito – cercano a la calle Compañía. Fue una sala que adaptamos: en una parte estaban los desmayados, en otra los heridos. Y las protestas no cesaban: hubo otra el 12 de julio del 83, donde murieron cuatro personas. Después vino la cuarta: 11 y 12 de agosto del 83, cuando Sergio Onofre Jarpa sacó a veinte mil militares a la calle. Hubo treinta muertos, doscientos heridos y más de mil detenidos. En la Vicaría no dábamos abasto: se tuvo que habilitar un salón para las víctimas. Luego vino la quinta protesta, que duró cuatro días, del 8 al 11 de septiembre: hubo diez muertos. Y la sexta: 11, 12 y 13 de octubre.

Prácticamente todos los días había una actividad popular de resistencia. Por ejemplo, el 11 de julio de ese año el Movimiento por la Dignidad realizó una marcha a través del Paseo Huérfanos hasta la Confederación de Trabajadores del Cobre, en calle Mac Iver, conmemorando el día de la Dignidad Nacional, en recuerdo del decimosegundo aniversario de la nacionalización del cobre.

El 28 de agosto de 1983, como consecuencia de la lucha que habían dado los familiares de los exiliados, la Vicaría y la comunidad internacional, el gobierno militar entregó una lista de 1.160 exiliados a los que se les permitió el ingreso al país.

El 18 de septiembre, más de un centenar de religiosos, sacerdotes y laicos realizaron un ayuno por tres días en el Instituto Alfonsiano de Teología y Pastoral de Santiago, como un “signo solidario con nuestros hermanos víctimas de la injusticia”.

El 18 de octubre, un grupo compuesto por cerca de ciento cincuenta personas, sacerdotes, religiosos y laicos del Movimiento Contra la Tortura, realizaron una manifestación pacífica frente al cuartel secreto de la CNI de calle Borgoño N° 1470, y extendieron un lienzo que decía: “Aquí se tortura”.

Los abogados de la Vicaría solíamos ir al cuartel de la CNI en Borgoño 1470 a golpear hasta con piedras para que nos abrieran, aunque no nos dejaran entrar. Durante el paro nacional del 2 y 3 de julio de 1986 nos acercamos Carmen Bertoni y yo, con el mismo ritual de siempre, ya que la noche previa muchas personas habían sido detenidas por la CNI. De pronto, para nuestra sorpresa, nos abrieron el portón y unos agentes armados hasta los dientes, de pelito corto y muy feos, nos preguntaron “qué queríamos”…

-Ver a los detenidos – respondimos –. Somos abogados de la Vicaría.

Nos hicieron entrar a un patio de cemento y nos llevaron a una especie de mediagua que estaba a un costado. Ahí desfilaron ante nuestros ojos atónitos al menos una docena de detenidos, esposados, vestidos con unos overoles azules. Llevaban el pelo mojado y tenían cara de no saber nada de lo que estaba pasando. Solo atinamos a decirles que éramos de la Vicaría, que sus familiares habían presentado sendos recursos de amparo y que velaríamos por su suerte. Enseguida los CNI nos ordenaron a gritos que saliéramos.

Por cierto, corrimos a la Vicaría a informar a nuestro jefe, el abogado Alejandro González, los detalles de lo ocurrido. Él informó de inmediato a los tribunales.

A partir de 1983, comenzó la expulsión de sacerdotes, y como abogado de la Vicaría me tocó presentar recursos por los curas extranjeros expulsados. Entre ellos, los columbanos y los de la congregación Holy Cross, que eran del Saint George’s. Me hice muy cercana a los sacerdotes, a quienes admiraba y respetaba. Tenían la gentileza y el cariño de invitarme a compartir sus reflexiones e incluso el té con ellos. Tuve mucho contacto con el padre Roberto Bolton, que era un verdadero santo; con Mariano Puga, quien se movía incansablemente por sus pobladores; con el padre Pepe Aldunate, un ser humano de otro mundo.

El año 83 comenzaron a llegar los primeros exiliados; lo hicieron con permisos provisorios que conseguimos mediante el amparo. Algunos, sin embargo, llegaban sin autorización para que los echaran de vuelta en el mismo avión. Eso lo sabíamos de antemano y lo preparábamos: íbamos al aeropuerto e interponíamos un recurso a su favor. Me acuerdo de las mujeres que ayudaban. Se organizó incluso una agrupación de familiares de exiliados. Recibimos a un montón de personas que lograron ingresar a Chile. Luis Guastavino, Mireya Baltra y doña Julieta Campusano. Otros entraban para salir. Hasta me tocó hacer gestiones por Enrique “Guatón” Correa, que estaba en Chile mucho antes del 88, cuando se hizo público. Hice gestiones preventivas para protegerlo. Posteriormente fue uno de los artíficas de la transición pactada y jugó el papel de una suerte de Fouché a la chilena…

Existe un informe de la Vicaría muy descriptivo de la situación vivida entre el 83 y el 86, donde puede advertirse el trabajo que significó el auge de las movilizaciones, porque las víctimas se sumaban por cientos. La Vicaría decidió entonces generar acciones de educación para la autodefensa y sacó una buena cantidad de cartillas en las que enseñaba a la población a abordar las distintas situaciones de represión. La idea era que las personas se cuidaran a sí mismas y a sus respectivas familias. “Ellos los primeros defensores, nosotros los apoyadores”, era el lema de la Vicaría. En ese contexto se creó el Departamento de Educación Solidaria. Estaba a cargo de Sergio Sánchez, que posteriormente falleció.

Esa fue la época en que también empezaron a suspenderse las revistas: Análisis, APSI, Cauce, Hoy. Decreto tras decreto. A veces no censuraban toda la revista, pero salían páginas enteras donde se leía “censurado”. Impresionaba mucho ver revistas con secciones enteras censuradas. Por ejemplo, el 24 de septiembre de 1982, el Ministerio del Interior revocó la autorización concedida para editar, publicar y distribuir la revista APSI, prohibiendo desde ese momento su publicación y distribución. La sentencia, sin embargo, aclaraba que podía continuar publicándose “solamente con informaciones internacionales de actualidad y noticias económicas extranjeras”. La censura y la persecución a la prensa se mantuvieron a lo largo de toda la dictadura.

Cuando llegó 1984, en vez de amainar, las jornadas masivas de protesta y diversas actividades de resistencia se acrecentaron. Recuerdo que en una de esas ocasiones fuimos a La Legua y al campamento Silva Henríquez a hacer un catastro de los daños a las casas. Era espantoso: las marcaban con una cruz, entraban a metrallazos y rompían todo lo que tenían adentro. Los enseres, la loza, el refrigerador. Las hacían añicos. Los pobladores tenían que enfrentarse con sus manos a esa gente que andaba con metralletas, tanquetas, helicópteros. Elevamos un catastro y todavía conservo unas fotos de esos días en La Legua junto al valiente cura obrero Mariano Puga.

Y así, suma y sigue:

El 4 de enero de ese año, más de un millar de personas llegó a la inauguración del Teatro Don Bosco de la V Escuela de Verano de la Pastoral Obrera. El lema era: “Somos un pueblo que camina”.

El 31 de enero, la “cazadora de nazis” Beate Klarsfeld, junto a familiares de detenidos desaparecidos, realizó una manifestación ante el Palacio de la Moneda para conseguir la expulsión del país del miembro de la S.S. alemana, Walter Rauff, acusado de asesinar a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

El 5 de febrero, en un Teatro Caupolicán que albergaba a más de siete mil personas, se realizó la Primera Asamblea Nacional del Movimiento Democrático Popular (PC, PS Almeyda, MAPU Obrero Campesino y MIR). Con posterioridad, el Ministerio del Interior presentó un requerimiento en contra del presidente de esa agrupación, doctor Manuel Almeyda Medina, por infracciones a la Ley de Seguridad del Estado, a raíz del discurso que pronunció llamando a derrocar al tirano, siendo detenido y encarcelado por dos meses.

El 26 de febrero se registraron serios incidentes en la Plaza de Armas de punta Arenas, cuando un grupo numeroso de personas realizó una manifestación en contra de Augusto Pinochet, en el minuto en que éste llegaba al lugar a presidir una ceremonia oficial. Entre los detenidos figuraron el presidente de la Confederación de Trabajadores del Petróleo, José Ruiz de Giorgio, y el presidente del partido Demócrata Cristiano de la ciudad, Carlos Mladinic. El hecho, que fue conocido como Puntarenazo, constituyó un evento político de repercusión nacional e internacional. La Intendencia culpó a la Iglesia de su organización.

El 20 de marzo, Jorge Lavandero, ex parlamentario democratacristiano y entonces dirigente del PRODEN (Proyecto de Desarrollo Nacional y Regional), además de editor del diario Fortín Mapocho, resultó con lesiones graves al ser agredido brutalmente por diez civiles no identificados. Le robaron de su automóvil la documentación sobre la propiedad de Pinochet en El Melocotón, que iba a ser publicada.

El 27 de marzo se realizó en todo el país la octava jornada de protesta nacional, convocada por el Comando Nacional de Trabajadores, la Alianza Democrática y el Movimiento Democrático Popular. En los hechos, tuvo más características de paro: calles desiertas, toque de queda a las 20 hroas, paralización de locomoción y comercio. En los días previos se vivió un clima de atentados, detenciones masivas, seguimientos y arrestos.

El 11 de mayo se realizó una nueva jornada de protesta, convocada por el Comando Nacional de Trabajadores, registrándose numerosas detenciones de personas.

El 19 de junio fueron detenidos y posteriormente relegados el secretario general del Movimiento Democrático Popular, José Sanfuentes, y el sacerdote Rafael Maroto.

Los días 4 y 5 de septiembre tuvo lugar la novena jornada de protesta nacional. Once personas murieron en incidentes con carabineros, uno de ellos fue el sacerdote André Jarlan, asesinado en su casa de la población La Victoria por efectivos de Carabineros. Se registraron numerosos detenidos, heridos a bala y balines. Se impuso una restricción informativa a las radios Chilena y Cooperativa.

El 30 de octubre se realizó un paro nacional de actividades por 24 horas, convocado por el Comando Nacional de Trabajadores. Durante ese día murieron por lo menos siete personas.

El 10 de noviembre, efectivos del Ejército, la FACH, Carabineros, Investigaciones y la CNI realizaron un vasto operativo en el campamento Raúl Silva Henríquez, en la comuna de La Granja. La Vicaría de la Solidaridad registró 431 personas detenidas, de las cuales 146 fueron relegadas.

El 21 de noviembre se encontraban relegadas en el campamento militar de Pisagua 424 personas detenidas a fines de octubre y en noviembre, en virtud de las facultades que dio a la dictadura el Estado de Sitio.

Los días 27 y 28 de noviembre se realizó en todo el país una nueva jornada nacional de protesta, convocada por la totalidad de las organizaciones políticas disidentes y un gran número de organizaciones gremiales y sindicales, lideradas por el Comando Nacional de Trabajadores. Se realizaron numerosas manifestaciones, en especial estudiantiles, registrándose centenares de detenidos y numerosos relegados.

En noviembre, el gobierno adoptó medidas que afectaron a la Iglesia Católica: se prohibió el ingreso al país del vicario de la Solidaridad, Ignacio Gutiérrez; se censuró una declaración del arzobispo de Santiago; se canceló la celebración de las tradicionales Semanas Sociales organizadas por la Conferencia Episcopal; se prohibieron actos programados por la iglesia de Punta Arenas conmemorativos de la Carta de Santiago; se detuvo a dos sacerdotes y se allanó el hogar de uno de ellos.

En diciembre, fuerzas militares, policiales y de seguridad allanaron con especial brutalidad las poblaciones Violeta Parra, Cruz Gana, Exequiel González Cortés, Rosita Renard, La Legua, Las Industrias y El Pinar.

El 25 de febrero de 1985 se realizó, en las inmediaciones de la Plaza Italia, un acto del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en homenaje al héroe nacional Manuel Rodríguez. Fue secuestrado por desconocidos el arquitecto Ramón Arriagada Escalante.

El 29 de marzo de ese año, frente al Colegio Latinoamericano de Integración, fueron detenidos por un comando el sociólogo José Manuel Parada, integrante de la Vicaría de la Solidaridad, y el profesor Manuel Guerrero. Al día siguiente fueron encontrados degollados en las cercanías del Aeropuerto Arturo Merino Benítez en Quilicura, junto a Santiago Nattino, quien había sido arrestado con anterioridad. Los tres eran militantes del Partido Comunista. El doloroso hecho conmovió a la opinión pública. Más tarde se comprobó que los autores del asesinato integraban la DICOMCAR, un organismo de Carabineros ligado directamente al general comandante de la institución, César Mendoza. Grandes movilizaciones exigieron su renuncia.

Ese mismo día funesto se informó de la muerte, en un presunto enfrentamiento, de la joven Paulina Aguirre Tobar, en una vivienda del sector El Arrayán. También murieron ametrallados los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, hijos de dos funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad. Vivían en Villa Francia, comuna de Estación Central. Se instauró en su memoria el Dïa del Joven Combatiente.

El 27 de agosto de 1985, luego de casi tres años de exilio forzado, regresó al país, gravemente enfermo, el histórico dirigente de la Construcción, Héctor Cuevas Salvador. La autorización temporal la concedió el Ministerio del Interior en razón de su grave estado de salud. Héctor Cuevas murió pocos meses después. En su funeral, en medio del cortejo, Carabineros – en una acción sin precedentes – se llevó el vehículo que contenía los restos del líder, en un intento de impedir el masivo homenaje, lo que por cierto no ocurrió.

En definitiva, entre 1983 y 1986 hubo quince jornadas de protestas nacionales, sin perjuicio de las que sucedían todos los 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer), el 1 de mayo, el 4 y el 11 de septiembre, y las masivas protestas estudiantiles, particularmente contra el rector designado de la Universidad de Chile, José Luis Federici.

El 10 de abril de 1986, en la Plaza Italia, la mesa de la Concertación Juvenil – organismo que agrupó a entidades de doce organizaciones políticas, desde la Juventud Republicana hasta las Juventudes Comunistas – convocó a mirar el cometa Halley. Hubo decenas de detenidos y dos heridos a bala.

El 15 y 16 de abril de ese año se realizó un paro estudiantil organizado por el consejo de Federaciones de Estudiantes de Chile (CONFECH), bajo las consignas “Fin a la Intervención” y “Contra el Autofinanciamiento”, resultando centenas de estudiantes detenidos en Santiago, y en varias ciudades del país, Valparaíso, Arica y Talcahuano.

El 8 de mayo, monseñor Juan Francisco Fresno emitió una declaración pública afirmando que “se vulnera el derecho de los más pobres”, a raíz del allanamiento masivo de quince poblaciones de la Arquidiócesis de Santiago por las Fuerzas Armadas. A partir del 17 de mayo se realizaron nueve operativos de fuerzas conjuntas de Carabineros, Ejército, Investigaciones y CNI, afectando a 94.100 personas en 33 poblaciones de Santiago.

El 23 de junio comenzó una huelga de hambre de familiares de ejecutados políticos en el norte de Chile.

El 2 y 3 de julio se realizó la jornada de paro nacional convocada por la Asamblea de la Civilidad. Se registraron numerosos casos de detención, muerte y abuso por parte de las fuerzas policiales y militares. Los jóvenes Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana fueron quemados vivos por una patrulla militar. Rojas de Negri murió y la joven salvó con vida, pero resultó con graves quemaduras. El hecho causó conmoción pública.

Entre el 10 y el 14 de julio fueron detenidos dieciocho miembros de la Asamblea de la Civilidad, contra los cuales el gobierno presentó un requerimiento por infracción a la Ley de Seguridad del Estado, luego de convocar al paro de los días 2 y 3 de julio.

En septiembre del 86, horas después del atentado contra Pinochet, Pierre Dubois fue detenido junto a dos misioneros franciscanos para ser deportados del país. Los agarraron a culatazos, porque Pierre se resisitió.

El 7 de octubre el ministro Carlos Cerda fue sancionado por el pleno de la Corte Suprema, y ese mismo día se aplicó la amnistía a los cuarenta funcionarios activos y en retiro de las Fuerzas Armadas, incluyendo al general en retiro y ex comandante en jefe de la FACH, Gustavo Leigh Guzmán. Todos habían sido sometidos a proceso por la detención y desaparición de trece personas.

El 1 de diciembre, alrededor de medio millar de presos políticos, repartidos en 32 penales a lo largo del país, se declararon en huelga de hambre indefinida, con el fin de acogerse a beneficios que otorga la ley y pedir la derogación de la pena de muerte que pesaba sobre catorce de ellos.

Como queda de manifiesto en este recuento, el movimiento popular estaba muy organizado y decidido a lograr el derrocamiento de la dictadura. Es al mundo popular, a los sencillos y anónimos resistentes a quienes le debemos la salida de Pinochet, quizá no como muchos la anhelábamos, pero es claro y contundente a quiénes debemos agradecer el haber terminado con la noche del horror.