En 2011 el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul junto con otras tres personas fueron condenadas por el delito de homicidio frustrado en contra del fiscal Mario Elgueta, lo que llevó al reconocido dirigente mapuche a cumplir una sentencia de 5 años y un día de presidio.

Este caso, –junto con otras avanzadas judiciales contra dirigentes mapuche que llevaban otros persecutores–, tuvo una fuerte respuesta política de los líderes indígenas, principalmente con huelgas de hambre que se desarrollaron en 2010 y 2011.

En medio de todo esto figuraba Andrés Cruz, actualmente profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Concepción y también candidato a la convención constituyente por el Distrito 20 (Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé) como independiente utilizando un cupo del Partido Socialista. Este abogado era en ese entonces el fiscal que lideraba las investigaciones contra Llaitul y los demás acusados.

Pese al trabajo enfocado en materia penal que ha desarrollado durante su carrera, y a que particularmente lo tocó perseguir un caso emblemático para el conflicto que vive el Estado con el Pueblo Mapuche, el jurista tiene una perspectiva más amplia de lo que ocurre en La Araucanía y en la Provincia de Arauco con los hechos de violencia.

No es de ninguna de las partes involucradas directamente en el conflicto, pero en base a su experiencia como fiscal y habitante de la Región del Bío Bío, sostiene que es necesario alcanzar un diálogo entre todas las partes involucradas, sin marginar a nadie.

- Tu fuiste fiscal y liderazte una investigación contra Héctor Llaitul, se podría pensar que tu visión sobre el conflicto es más punitivista y rígida, pero ¿Es tan así?

- En primer lugar quiero hacer mención de que en realidad la investigación que se desarrolló en su oportunidad por la emboscada en contra del fiscal Mario Elgueta, las lesiones que se produjeron a varios policías, además de un robo con intimidación asociado a estas circunstancias, estaba dirigida contra un grupo de individuos, daba exactamente lo mismo si era francés, alemán, chileno o que se identificara con cualquier etnia, que quede super claro. Nosotros partimos desde la perspectiva de que la función que nos correspondía desarrollar en esos momentos, por un principio que se denomina el de igualdad ante la ley, todo el que cometa un delito tiene que hacerse responsable, no importando de quien se trate.

Dicho eso hay que dejar bien en claro que hemos visto una confusión entre lo que está ocurriendo en nuestra zona, identificándose única y exclusivamente con la Región de La Araucanía. Esto responde al centralismo atrofiado en el que estamos inmersos, en el que no existe la capacidad de la autoridad de precisar geográficamente dónde ocurren los hechos, porque no es en toda La Araucanía, sino que en un sector de ésta, pero también en la siempre dejada de lado Provincia de Arauco, que pertenece a la Región del Bío Bío. Esto es lamentable, porque el lenguaje crea realidad y esta omisión responde también a la actitud que asumió la autoridad de hacerse cargo de un problema que no es de hoy, que no es un problema de banderas políticas, no es algo que se solucione escondiéndose en una trinchera ideológica, sino que se soluciona abriendo espacios de diálogos.

- Hoy algunos sectores están pidiendo estado de sitio e intervención militar para las zonas donde ocurre el conflicto ¿Qué te parece esto?

- En la experiencia comparada se ha demostrado que la militarización de este tipo de conflictos lo único que hace es profundizar el conflicto. De hecho algunos me van a decir que eso es ser permisivo con la comisión de delitos, pero no, es simplemente separar lo que significa la criminalidad de aquellas reivindicaciones que puedan estar siendo demandadas de manera justificada por quienes sufren en el lugar, tomando en consideración que las víctimas no pertenecen a una específica condición. 

La ausencia de derecho ha llegado a tal punto en ciertos sectores de la Región de La Araucanía y de Arauco que ha permitido que en esta cantera de resentimiento, rabia, discriminación, falta de reconocimiento, pobreza y ruralidad, las organizaciones criminales puedan encontrar individuos que pueden ser reclutados para los efectos de cometer hechos punibles de distinta naturaleza. 

Aquí tampoco hay un solo factor, es lo que algunos denominan que debería solucionarse con una metodología interseccional, porque muchos de los factores que implican la discriminación de las personas que viven en este territorio responden a temas distintos, ya sea pobreza, ruralidad, etnia, el hecho de vivir en provincia también es factor de discrminación, todo esto tiene que ser abordado para buscar la solución del conflicto. En mi opinión el Estado ha dejado que se violen sistemáticamente los derechos humanos de las personas que se encuentran en ese lugar, esto al no intervenir de manera efectiva.

- ¿Cómo ves una solución política a esto? Hace unos días, en entrevista con Héctor Llaitul en INTERFERENCIA, él hablaba de una mesa de diálogo con condiciones, como la participación de organismos internacionales.

- Me parece que esto tiene un profundo cariz político, lo que no significa aplaudir la violencia o que quienes se amparen en esto se puedan convertir de un día para otro en los máximos precursores del pacifismo. Lamentablemente, cuando uno constata que un individuo vive de la violencia y logra hacer de esta un estilo de vida que le permita subsistir, su perspectiva para convocar al diálogo me parece poco creíble. 

Por otro lado hay opiniones tan delirantes, como desde aquellos que sustentan, cómodamente desde Santiago sentados detrás de un escritorio, que todos los hechos constituyen un montaje y que esto favorecería a determinados grupos que están haciendo un negocio de esto. También están las posiciones del otro cariz, que dicen que esto simplemente se trata de organizaciones terroristas puras y duras y que hay que abordarlas a través prácticamente de aviones de guerra con el objeto de exterminarlas. Las dos posiciones me parecen sumamente lejanas de lo que ocurre en la realidad. 

Sin perjuicio de ello es indudable que en estos momentos esos espacios de diálogo son indispensables, y para ello hay que convocar a todas aquellas comunidades que están en los territorios y que estén dispuestas a conversar. 

- ¿Qué componentes crees fundamentales para un diálogo que sea efectivo para una solución?

- Indudablemente que existen también personas que se sienten identificadas con la causa mapuche, que alegan reivindicación, invocan la no discriminación y que sustentan un discurso a que se apruebe la plurinacionalidad, que es uno de los factores indispensables en el momento histórico que estamos viviendo. Por otro lado la autonomía, que también es indispensable que se reconozcan espacios de autonomía de los pueblos originarios en su conjunto. 

También desde esa perspectiva hay que asumir que personas que siendo partidarias de este discurso se sienten amedrentadas y aterradas en el territorio en el cual ocurren estos acontecimientos, frente a hechos que son sumamente variopinto.

- ¿A qué hechos te refieres?

- Hay varias organizaciones que han hecho de la violencia una forma de obtener algún tipo de lucro o reivindicar su premisa, hay delincuencia común y delincuencia ideológica. Hay hechos vinculados también, los relacionados al narcotráfico y que se tratarían solamente de marihuana, la que en Chile su producción y comercialización se encuentra penada por la ley. No puede ser que nosotros asumamos que por simpatías ideológicas se va a permitir que algunos empiecen a producir y vender este tipo de sustancias ilícitas. 

En segundo lugar tenemos también los delitos vinculados con la sustracción de madera y todo lo que esto conlleva, en la que no se puede identificar quiénes no están sacando un provecho de esto, porque hay antecedentes de que hay empresas forestales que les conviene que les roben la madera, porque terminan comprando esta misma madera sin pagar a contratistas por la explotación y señalan finalmente que se trataría de actividades lícitas, las que blanquean a través de facturas señalando un sobreprecio que les permite recuperar IVA. También se da la situación de individuos que cobran para los efectos de permitirle a ciertos empresarios forestales para que exploten sus predios, una suerte de peaje, también están aquellos que cobran por protección. 

- Aquí entramos al terreno penal del conflicto, pero me da la sensación que esto también requiere ser afrontado políticamente.

- Como digo, esto es multifactorial y se debe por una falta de intervención del Estado, y no hablo de intervención represiva, cuando uno habla de política criminal tenemos que señalar que se puede abordar desde distintas perspectivas, la primaria, secundaria y la terciaria. La política criminal primaria dice relación con la adopción de políticas públicas de carácter social que eviten que se den las condiciones para los efectos de que se produzcan hechos punibles, ya sean derecho a la vivienda, oportunidades de trabajo, la educación, el reconocimiento cultural, entre otros aspectos. El problema que tenemos es que las políticas públicas han estado dirigidas a absorber a la cultura mapuche, no a integrarla. Una cosa es simplemente aducir que existe una normalidad, decir “yo quiero que tú seas igual a esto que yo te digo que es normal”.

La política criminal secundaria es aquella que está vinculada con la aplicación de dispositivos destinados a perseguir y reprimir las responsabilidades penales, tenemos a las policías, los jueces y los fiscales. En la terciaria tenemos la resocialización de los individuos que cometen hechos punibles. 

Nosotros ni siquiera hemos adoptado una política criminal primaria. Fíjate tú que lo único que se está debatiendo en el Congreso son leyes que van a tener aplicación para el futuro, no tienen efecto retroactivo, que tienden a reemplazar muchas de las disposiciones que están vigentes, bastantes de ella muy malas, hay que reconocerlo, pero con las que ya se pueden hacer cosas. O sea aquí hay un problema de voluntad política. 

- A propósito de que mencionas que en algunas comunidades están aterrados con el actuar de ciertos grupos, imagino que te refieres a los más radicales. Sobre esto es indiscutible que Héctor Llaitul junto con la CAM es un símbolo de la reivindicación y también de la postura que recurre al sabotaje a las forestales ¿Crees que también debería ser incluido en una mesa de diálogo?

- Yo creo que nadie debería ser excluido y los espacios para poder dialogar, en estos momentos, en la situación de crisis, deben dar pie a que todos nos miremos a los ojos y digamos que tenemos que construir un camino en paz para los efectos de alcanzar los objetivos que nos trazamos. Lo peor que podemos hacer en estos momentos es asumir que hay algunos que son dueños de la verdad, el concepto de verdad se debe ir construyendo entre todos. La única manera que se ve desde esa perspectiva, aprovechando también las circunstancias que se están abriendo las puertas para elaborar una nueva constitución, es que esto lo hagamos entre todos. 

Esos espacios de diálogo social no existen y es super importante tomar en consideración que no podemos esperar a que vengan los señores de Santiago a solucionar un problema que es de parte de La Araucanía y la Provincia de Arauco. Hay que preguntarles a las personas que están sufriendo ahora, mientras estamos conversando, cómo ellos creen que se pueden abrir las puertas para la solución. Esto implica sentar a comunidades y a otras personas que legítimamente quieren ejercer su derecho en ese espacio territorial.

Mira, esa indolencia, esa falta de empatía, estos anuncios generales sin ningún tipo de contenido,- que no es monopolio de un gobierno de derecha, sino que consecuencia de un centralismo atrofiado-, no van a solucionar la dinámica de lo que está aconteciendo, porque esto implica crear espacios de participación mucho más grandes de lo que se está dando.

- En concreto, desde lo político, el gobierno tiene la sartén por el mango ¿Ve con alguna esperanza lo que pueda hacer el gobierno de Sebastián Piñera en lo que queda de mandato?

- Lo veo sumamente complicado. El hecho de que tengamos un ministro que se reúne con algunas de las personas que han sido víctimas de esta violencia, excluyendo a muchas  otras; que prefiere aducir a canales comunicacionales con el fin de dar cuenta de que está haciendo algo cuando no se está haciendo nada; con cargos construidos sin posibilidad de ser vinculantes con las decisiones que se están adoptando, como el coordinador que se nombró (Cristián Barra); con un gobierno super golpeado y muy baja credibilidad, creo poco probable que se logre una solución en estos momentos. Y eso es lamentable, porque a todos los que vivimos estas circunstancias nos gustaría que estos canales, estos parlamentos, se pudieran realizar en este momento invitando a todos quienes tengan algún tipo de injerencia en este aspecto, es decir, comunidades, grupos de interés, trabajadores, vecinos, empresas. Todos aquellos que puedan abordar los pilares esenciales para lograr un proceso de paz, como corresponde. 

- Volviendo al tema penal, entiendo que sostienes que se deben perseguir las responsabilidades individuales de quienes cometan delitos. Pero en un proceso de diálogo y búsqueda de paz ¿Crees que debería hacerse con el mismo marco legal que se enfrentan los casos actualmente? Como la ley antiterrorista, por ejemplo.

- Eso es otra cosa. Si nos sentamos a conversar en un parlamento y llegamos a un acuerdo de paz, y resulta que parece conveniente que se dicte alguna ley de amnistía o un indulto, indudablemente eso tiene que ser materia de discusión, respecto a aquellos que han sido directamente afectados por el caso. Y aquí es sumamente importante escuchar a las víctimas, para llegar a una decisión de esas características. 

Sin perjuicio de ello, creo que resulta urgente sustituir la ley antiterrorista actualmente vigente, tanto por su origen, como por las herramientas que entrega para el efecto de investigar delitos. Se trata de una ley que respondía a otro tipo de realidad y contexto, que tiene un sustrato además autoritario. Aunque ha sido ajustada, modificada, adolece de un defecto primordial: no tiene herramientas investigativas efectivas para enfrentar esta clase de pesquisas. Son vagos y poco efectivos los elementos de protección de testigos, las herramientas intrusivas que regula son poco precisas y existen inconvenientes en torno a la tipificación de conductas consideradas como delitos.