8 días de tregua tuvo Lula da Silva desde que volvió a la Presidencia de Brasil este 1° de enero de 2023, antes de enfrentar los intentos desestabilizadores y potencialmente golpistas por parte de Jair Bolsonaro, el ultra derechista ex presidente, derrotado por estrecho margen en la elección presidencial de fines de octubre de 2022. 

Desde la campaña electoral que Bolsonaro venía preparando un escenario destinado a deslegitimar un triunfo de Lula, acusando fraude electoral, y -una vez conocido el resultado- desconociendo su derrota. En ese libreto, el entonces presidente brasileño en ejercicio huyó a Estados Unidos, a Orlando, Florida, para -entre otras cosas- no tener que participar de la ceremonia de asunción al poder por parte de Lula. 

Hasta ese momento, todas las decisiones parecían más o menos copiadas de la estrategia de Donald Trump -y su asesor Steve Bannon-, cuyo propósito es desestabilizar las instalaciones de los gobiernos rivales, sembrando entre los partidarios propios la idea de que los gobiernos entrantes son ilegítimos. Al respecto es interesante este artículo de Agência Pública; Steve Bannon y aliados de Donald Trump celebran el 'Capitolio brasileño'.

La asonada en la Plaza de los Tres Poderes no produjo un levantamiento militar, así como la invasión al Capitolio no produjo una crisis constitucional, y ambos podrían considerarse golpes fallidos, pero vale la pena preguntarse si son realmente considerados fracasos para quienes apuestan a desestabilizar la democracia y profundizar las divisiones del país. 

 A diferencia de Trump, Bolsonaro no intentó boicotear la asunción misma de su rival. En el caso de Estados Unidos, las fuerzas trumpistas invadieron el Capitolio un 6 de enero de 2019, buscando evitar que el vicepresidente Mike Pence firmara un documento con lo que el nombramiento de Joe Biden habría podido pender de un hilo legal y constitucional.  

En el caso de Brasil, Lula ya había asumido, por lo que la acción no estaba destinada a frenar su ascenso. Pero, en cambio, la irrupción de las fuerzas bolsonaristas en los edificios de los tres poderes del Estado Federal, iban acompañados de consignas destinadas a solivantar a los militares. Es decir, llamaban a un golpe clásico.

La asonada en la Plaza de los Tres Poderes no produjo un levantamiento militar, así como la invasión al Capitolio no produjo una crisis constitucional, y ambos podrían considerarse golpes fallidos, pero vale la pena preguntarse si son realmente considerados fracasos para quienes apuestan a desestabilizar la democracia y profundizar las divisiones del país. 

Trump está siendo juzgado por su participación en los hechos de Washington y probablemente Bolsonaro estará implicado de alguna manera -directa o indirecta- en los sucesos de Brasilia, pero ninguno parece temer ir a la cárcel por participar en eventos de esta fórmula, por lo que la inestabilidad, al menos para Brasil, es un desafío que no se borrará pese a que Lula ha sido transversalmente respaldado, incluso por personajes afines a Bolsonaro, como José Antonio Kast, de Republicanos de Chile. Al respecto, es interesante este artículo de Folha; Brasil es un laboratorio de la extrema derecha global, afirma historiador Odilon Caldeira Neto.

Aunque Brasil es -de algún modo- único en la región, por su tamaño y matriz portuguesa, históricamente no escapa de las lógicas políticas de sus vecinos. Por ejemplo, cuando hubo dictaduras militares, Brasil no fue la excepción (de hecho fue el país precursor), como tampoco escapó de la ola liberal de los 90.

El caso más serio es el de Bolivia, pues el gobierno de Boluarte -a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones-dictó la prohibición de ingreso a territorio peruano de Evo Morales, el ex presidente de Bolivia, y figura de amplio respeto en la población indígena peruana, por estar supuestamente azuzando las protestas.

Así, la inestabilidad política está intensamente presente en varios países sudamericanos, además de Brasil.

Es el caso de Perú, país que vivió hace breves dos días, la jornada de protestas más intensa de la ola que sacude el país, desde la destitución de Pedro Castillo a finales de noviembre de 2022, la que costó la vida de 18 personas en la sureña y andina ciudad de Puno, cerca de la frontera con Bolivia.   

Con los sucesos de Puno, suman 47 los muertos, lo que ha hecho que la crisis escale, y se intensifique la presión por adelantar elecciones para este año -y no 2024, como planteó la elite política en Lima- y liberar a Castillo, sobre quien pesa una orden de detención por 18 meses por los delitos implicados en ñp que se considera un golpe de Estado fallido, cuando intentó cerrar el Congreso sin las atribuciones para hacerlo.

La presidenta Dina Boluarte, quien era la vicepresidenta de Castillo, y sucesora legal del defenstrado mandatario, es quien está recibiendo la máxima presión. Prueba de ello es que la Fiscalía Nacional aceptó una querella por genocidio en su contra, dadas las víctimas mortales de las protestas, a manos de policías y militares. 

Por ahora, el Congreso defiende a Boluarte, cuyo gobierno ha sido también objetado desde el exterior, en tanto los presidentes de México, Colombia y Bolivia, -Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro y Luis Arce- piden la liberación de Castillo y se hacen eco de la crisis de derechos humanos desatada por las protestas.

Las protestas actuales en Santa Cruz -que exigen la liberación de Camacho- son delicadas, si es que mutan hacia una nueva demanda regionalista que rebase el sector político al que adscribe este abogado y empresario

El caso más serio es el de Bolivia, pues el gobierno de Boluarte -a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones-dictó la prohibición de ingreso a territorio peruano de Evo Morales, el ex presidente de Bolivia, y figura de amplio respeto en la población indígena peruana, por estar supuestamente azuzando las protestas.

Respecto de las protestas en el sur de Perú, es recomendable este artículo de Ojo Público: El descontento del sur en Perú: masivas protestas y enorme desaprobación a poderes del Estado.

En todo caso, la situación también es complicada para el MAS que gobierna Bolivia, al que pertenecen Arce y Morales. Esto, porque la Fiscalía de ese país decidió la detención del gobernador de la provincia de Santa Cruz. Luis Fernando Camacho, por su participacíón en el golpe de Estado de 2019, en el que se derrocó al propio Morales.

Camacho es un líder de extrema derecha, quien azuzó huestes para perseguir a líderes del MAS caídos en desgracia, cuya provincia tradicionalmente rivaliza con La Paz en la búsqueda de mayor poder político y autonomía, habiendo una fuerte corriente independentista. 

Por eso las protestas actuales en Santa Cruz -que exigen la liberación de Camacho- son delicadas, si es que mutan hacia una nueva demanda regionalista que rebase el sector político al que adscribe este abogado y empresario.

Respecto de los efectos de las protestas en Santa Cruz, es interesante este análisis de Humberto Vacaflor en Infobae: La crisis en Bolivia puede derivar en un terremoto económico y elecciones anticipadas.

Probablemente ningún político en Argentina pueda sacar partidarios masivamente a protestar, y los ciudadanos seguramente esperán a votar en las elecciones primarias y generales de este 2023 para zanjar las diferencias, pero el país igualmente vive un clima de inestabilidad dado un agudo clima de tensión entre el peronismo en el poder, con Alberto Fernández, y la oposición que busca desbancarlo electoralmente.

La batalla ha ido más allá de la mera discusión política. Esto, pues los peronistas acusan a la oposición de estar interviniendo el Poder Judicial, para transformarlo en arma arrojadiza contra -especialmente- Cristina Fernández de Kirchner, quien es la actual vicepresidenta del país, y quien fue la presidenta argentina entre 2007 y 2015.

Si bien al principio Fernández dijo que no acataría el fallo, finalmente se desdijo. Pero, en lugar de rebelarse decidió impulsar un juicio políco en el Congreso contra los jueces supremos, para lo cual contó con el respaldo de once gobernadores. Fernández no cuenta con mayorías en las cámaras como para destituir los jueces, pero la comisión puede investigar y hacer puntos políticos en el caso.

A principios de diciembre los tribunales determinaron someter a proceso a Cristina Fernández por un caso de corrupción en la asignación de fondos para infrastructura vial en la provincia de Santa Cruz, con lo que los peronistas acusaron la colusión de jueces, fiscales, empresarios y medios, con la oposición, con el fin de perjudicarlos electoralmente; de un modo parecido al que se persiguió a Lula da Silva en Brasil, con la participación de un juez corrupto, como Sérgio Moro, quien lo condenó presuntamente motivado por razones políticas, y quien llegó a ser ministro de Justicia de Bolsonaro. 

Después de esos eventos, la Corte Suprema de Argentina falló en contra del gobierno de Fernández, obligándolo a restituir unos fondos en disputa hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por el opositor Horacio Rodríguez. 

Si bien al principio Fernández dijo que no acataría el fallo, finalmente se desdijo. Pero, en lugar de rebelarse, en la primera semana de enero decidió impulsar un juicio políco en el Congreso contra los jueces supremos Horacio Rosatti (presidente), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, para lo cual contó con el respaldo de once gobernadores (de un total de 24). Fernández no cuenta con mayorías en las cámaras del Congreso como para destituir los jueces, pero la comisión puede investigar y hacer puntos políticos en el caso. En la acusación se suma la polémica declaracón inconstitucional de la ley del Consejo de la Magistratura de 2006, en la que se considera que los jueces se inmiscuyeron en asuntos propios del Congreso.

Al respecto, un artículo de La Nación explica: "El presidente y los once gobernadores que lo acompañan en su cruzada contra la Corte sostienen que ambos fallos fueron arbitrarios y que los jueces incurrieron en mal desempeño en sus funciones por avasallar atribuciones propias del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo". 

Las elecciones primarias argentinas, para definir candidatos, incluido el presidencial, serán el próximo 13 de agosto, y todavía no hay claros favoritos, lo que incluye a Aberto y Cristina Fernández, esta última quien descartó ser candidata luego del fallo en su contra. Las elecciones generales son el 22 de octubre de 2023 y en caso de que ninguno de los candidatos presidenciales obtenga el 45% de los votos o el 40% y una diferencia de 10 puntos con el segundo, habrá segunda vuelta dentro de los 30 días de de después de elección general.