Senado

Luego de ocho años en trámite, el proyecto que busca abolir la Ley Longueira -conocida por la corrupción implicada entre pesqueras y parlamentarios-, fue detenido en su primera sesión en la Cámara Alta. Esto, debido a la ausencia de los senadores de la Comisión de Pesca, quienes estuvieron presentes en el Congreso durante el día. Si bien algunos luego se excusaron por redes sociales, esta es otra demostración más de la forma en que la corporación ha resistido cambios que afectan fuertes intereses.

Durante la semana pasada se cayó la alternativa de sustituir los estados de excepción con una reforma constitucional para el resguardo de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas, lo que obligó al Gobierno a buscar una nueva prórroga del decreto que militariza las rutas en Wallmapu, pero sin que haya claridad de que tenga los votos en el Congreso en la semana que viene.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD) y su símil del Senado, Álvaro Elizalde (PS), aprobaron la contratación de la ex congresista para que apoye en la realización de dos libros que contarán la historia de ambas instituciones parlamentarias, basados en su calidad de socióloga y ex presidenta de la Cámara y del Senado.

La escasa capacidad de los partidos tradicionales para oponerse a los acuerdos dentro la Convención ha llevado a que busquen que la transición hacia la nueva Constitución y los quórum de reforma constitucional pasen por el viejo Congreso en Valparaíso, lugar donde concentran el grueso de su disminuída fuerza política.

En caso de que el proyecto constitucional sea aprobado, el mismo texto debe definir los plazos para la aplicación de la nueva normativa y establecer los protocolos para una transición ordenada al nuevo régimen político, legislativo y judicial. Para tal fin, Normas Transitorias está deliberando el articulado que pondrá fin a viejas instituciones, transicionará de unas a otras y dará fecha de comienzo a los nuevos órganos.

El Pleno rechazó la preeminencia del Congreso sobre la Cámara de las Regiones. No obstante, la norma se repuso en el informe final de Sistemas de Justicia, que se votará este viernes como parche de lo que quedó pendiente de Sistema Político. De rechazarse otra vez, el sistema legislativo podría quedar virtualmente como un bicameralismo simétrico, con una cámara revisora, tal como es hoy.

Pese a una agenda política comprometida producto de diversos problemas en la instalación, el Gobierno de Gabriel Boric se las ha arreglado para llevar una agenda legislativa que no se diferencia en ritmo a la de sus predecesores.

El economista y profesor de la Universidad de Cambridge y la Usach ha seguido de cerca el proyecto de ley de nuevo royalty minero, que pasó de la Cámara al Senado, donde sigue debatiéndose. Allí, dice, sufrió tales cambios,- tras un fuerte lobby de las mineras-, que al final recaudaría lo mismo que el actual royalty. "En la práctica, nada cambia", afirma.

Aunque tiene sus días contados en la Convención Constitucional, La Moneda busca quemar los últimos cartuchos para, por primera vez en 30 años, girar el Tribunal Constitucional hacia la izquierda. Mientras tanto, el ministro Letelier, abogado defensor de agentes de la CNI e involucrado en el Caso Penta, podría asumir de facto la presidencia del TC.

Los independientes suman a dos nuevas figuras: Fabiola Campillai, quien fue electa con la primera mayoría a nivel nacional, y Karim Bianchi. Jacqueline van Rysselberghe y Ena Von Baer no lograron la reelección, pero la derecha pasó de 19 a 22 escaños, quedando como la fuerza más numerosa en la cámara alta. En tanto, el Partido Comunista vuelve al Senado después de casi 50 años.

La acusación contra el Mandatario no alcanzó los 29 votos que se necesitaban, lo que abre la discusión sobre la pertinencia de esta cámara revisora en un país que -según varios sondeos- esperaba en más de un 60% que Sebastián Piñera fuera destituido por la venta de su participación en la minera Dominga. El caso sigue en investigación en el Ministerio Público, por cohecho, soborno y fraude. Dos senadores DC favorecieron al Mandatario.

Con votos en contra de su propio partido, Yasna Provoste dejó caer la última bandera que le quedaba para capitalizar ante las presidenciales: ordenar al sector opositor en apoyo al retiro. La abanderada tampoco consiguió evitar que Sebastián Piñera triunfara en su afán de mantener a los militares en La Araucanía y Bío Bío.

El diputado Jaime Naranjo (PS) protagonizó una peculiar intervención de 15 horas, que terminó durante la madrugada de este martes y que buscó darle tiempo al diputado Giorgio Jackson (RD) para llegar al Congreso y obtener el quórum para aprobar la acusación. Ahora el Senado tendrá que decidir el futuro del mandatario, que sólo puede aprobar la acusación constitucional con dos tercios de los votos.

Si es que sus colegas se ponen detrás suyo, la senadora DC podrá sacar provecho de la caída de Sichel y -eventualmente- ponerse en carrera. De lo contrario, Yasna Provoste habrá desperdiciado tal vez su única chance para salir de la intrascendencia.

La acusación se basa en que el contrato entre Matus y el Ejército no menciona asumir patrocinios, defensas o asesorías en materia penal a militares. Jean Pierre Matus por su parte dijo ante el Senado que era su "deber profesional" defender al general acusado de espiar al periodista Mauricio Weibel, entre otros.

Según las listas de candidatos que fueron presentadas al Servel el lunes, 95 diputados buscan la reelección y 60 no se repostularán a sus cargos. De aquellos que no repostulan, la mayoría lo hace porque la nueva ley les impide ser reelectos. Nueve de ellos buscarán un cupo en el Senado.

Respetar los derechos de las niñas y las mujeres, particularmente las pobres, no es materia de “conciencia íntima” ni “convicción valórica”. Los y las representantes del pueblo que piensan que su fe y espiritualidad justifican rechazar estándares internacionales de derechos humanos, como la despenalización del aborto, están confundiendo gravemente su rol.

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, ha pedido que los convencionales no interfieran en el rol del poder legislativo, pero el futuro mismo de sus instituciones depende de lo que decida el poder constituyente. Y las cosas parecen inclinarse hacia un sistema unicameral. En tal caso, los senadores que se elijan en 2021 ¿podrán durar ocho años en sus cargos?

Renunció Francisco Encina pero el gobierno lo reemplazó por una endeudada Catalina Parot. Provoste prestó el Senado y sumó puntos de cara a su eventual campaña presidencial, pero también presentó problemas técnicos. Los convencionales avanzaron en la ampliación de la mesa, la cual busca integrar a más sectores políticos.

Corresponde a gastos de vehículos, traslación, alimentación, alojamiento y locomoción de senadores y personal de apoyo por ‘trabajo parlamentario’ en terreno durante el año pasado, marcado por las reuniones telemáticas. Quienes más gastaron fueron la senadora Adriana Muñoz, Juan Antonio Coloma y Jorge Pizarro, los cuales superan montos por $8 millones. Entre 2015 y 2020, se le pagó $1.888 millones a los senadores por estos gastos.

El monto corresponde a la Asignación de Complemento de Jornada, una especie de sobresueldo legal acordado por el Senado en 1994, el cual abulta los ingresos de funcionarios de esta corporación. En 2020 el beneficio fue rebajado, lo que desató la molestia de los funcionarios quienes iniciaron acciones judiciales para revertir la medida. En el mismo periodo, se gastó $1.028 millones en seguros para senadores y funcionarios, y $105 millones por traslados entre la capital y Valparaíso.

Más de $5.300 millones recibieron 71 funcionarios del Senado al retirarse entre 2015 y 2020, pagos que corresponden a leyes de incentivo al retiro y 'premios al desempeño'. Quince de ellos recibieron montos que superan los $100 millones, siendo el más alto de $171 millones. Entre los beneficiados se encuentran el ex Secretario del Senado, Mario Labbé y también el ex Prosecretario y Tesorero de la corporación, José Luis Alliende, retirados en 2019.

Un grupo de abogados que trabaja hace 30 años en las comisiones legislativas -y que ganan más de 8 millones de pesos neto al mes- demandó al secretario del Senado por aplicar un descuento a una asignación salarial. Detrás de esta acción hay una soterrada pugna entre el antiguo y el nuevo régimen en ese poder del Estado. Varios senadores de la ex Concertación se inclinan hacia el primero.

El afectado es Rodrigo Vattuone, un ex marino que postula como independiente al sillón municipal. Arancibia, en tanto, quiere ser constituyente.

Tras el desfonde de Sebastián Piñera por el tercer retiro, la presidenta del Senado emergió como una contrafigura -no elitista- capaz de ofrecer conducción, en un contexto en que los candidatos de su sector no despegan. ¿Es un espejismo?

Al gobierno le interesa reemplazar al ministro Rodrigo Pica para volver a afirmar su frágil mayoría en el TC, mientras que el máximo tribunal buscaría premiar a uno de los suyos que está naufragando en su intento por llegar a esa misma corte. Mirando hacia el futuro, el diseño piñerista es blindarse ante posibles juicios internacionales.

Soy Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) y este es mi resumen político del domingo televisivo, el que estuvo marcado por los “mínimos comunes” entre la oposición y un Presidente derrotado en el Tribunal Constitucional y que tiene apenas un 9% de aprobación, según la CEP.

El Tribunal Constitucional apostó por su propia supervivencia y dejó al presidente solo en su intento por evitar un tercer retiro de fondos de las AFP. En tanto, el panorama partidista muestra a un oficialismo más alejado de La Moneda y a una oposición más cohesionada. Por su parte, el descontento social sigue marcando la pauta.

La reacción de los presidenciables de la derecha fue tibia, mientras que la oposición cree que la movida tardía del mandatario agrava pugna entre ambos poderes del Estado. La Unión Portuaria, en tanto, aseguró que hoy paralizarán 25 terminales, exigiendo un retiro “sin letra chica”.

La decisión de resolver el tercer retiro en el Tribunal Constitucional -sin ofrecer alternativas viables ni negociar incluso entre aliados- conflictúa a un oficialismo cada vez más dividido y preocupado de que su adhesión a un gobierno impopular termine cobrando en su capacidad electoral y en su opción de tener más de 1/3 de los constituyentes.