Según la investigación de la fiscalía el dinero para ese pago provino de Factop. El actual ministro de la Corte Suprema indicó a Interferencia que se trató de honorarios por un informe en derecho elaborado en 2019, cuando ejercía de manera privada su profesión.

Desde la repartición señalaron que tras el análisis de los 646 casos denunciados, se obtuvo que 352 de estos podrían incurrir en una eventual causal de caducidad de acuerdo a los antecedentes disponibles en Sernapesca. Desde la CGR instruyeron un sumario administrativo en el servicio y en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas por no haber fiscalizado ni denunciado la caducidad de las concesiones.

Se trata de Rodrigo Castillo, quien acusa "distorsión" en los precios acordados con los productores de energía solar, lo que justificaría cargarlos con el mayor peso del subsidio tarifario. Energía asegura que su propuesta fue hecha sin los insumos del abogado.

El medio estadounidense publicó este martes un reportaje en el que critica a la industria salmonera por el excesivo uso de antibióticos, la alimentación a base de soya y subproductos ganaderos que se consideran "artificiales" que, junto con las heces de los salmones, se cree que dañan la vida oceánica. 

Se trata del ingeniero en ejecución en gestión pública, Renato Robles Iturrriaga, adscrito como ejecutivo a la gestión de cobro, en la Tesorería. Como sueldo percibe poco más de $2 millones 599. Patricio Mejías Esparza es un sujeto que desarrolla labores administrativas en la regional Oriente del SII. La audiencia de formalización quedó fijada pafra el 21 de agosto.

Según el índice que mide el promedio de horas sin suministro eléctrico en el año, las causas asociadas a eventos climáticos o accidentes van en aumento desde hace cinco años, pese a lo cual las distribuidoras no han realizado mejorías.

En la indagatoria interna realizada en la entidad registral -y que publica Interferencia- se descubrió que el abogado externo de la casa financiera que tramitaba los casos de remates, utilizó word 19 para falsificar certificados de gravámenes e hipotecas de tribunales de la Región Metropolitana, Viña del Mar y Antofagasta.

A través de seis capítulos, el medio Austerra Society cuenta la historia de mujeres que luchan por preservar el medioambiente y las comunidades locales en Chile. Interferencia invita a ver el segundo capítulo, donde la concejala María Brevis lucha para recuperar el paisaje de arenas blancas y aguas turquesas que industriales le quitaron a Mejillones.

Fundación Terram dio a conocer dos estudios que analizan en detalle la industria del litio en Chile. Uno de ellos diagnostica la corrupción dentro de las etapas de la cadena de valor del sector litífero, identificando en la “Decisión de extraer, licitar y contratar” y en la “Recaudación de ingresos” la mayor cantidad de hallazgos. En total, se encontraron seis riesgos de corrupción, identificando espacios de "Captura del Estado" y "Captura Política" por parte de integrantes de la industria.  

Prensa brasileña reveló que, pese a duplicar sus ganancias, Enel Brasil redujo sus empleados en un 35%, siendo fuertemente criticada después de que en noviembre de 2023 se produjeran cortes de luz prolongados en San Pablo. Lula firmó un decreto el mes pasado donde se autoriza a autoridades a rescindir un contrato cuando se producen fallos muy graves en la prestación del servicio. Fue bautizado como el “artículo Enel”.

Aunque la comisión gubernamental anti-distorsiones acogió la petición de la acerera para aplicar una tarifa de protección, de manera repentina la histórica compañía anunció su cierre. "Es la empresa la que le ha fallado al país", afirmó el ministro de Economía Nicolás Grau.

La unidad de investigación de ese medio dio cuenta que la empresa responsable de que miles de personas lleven más de 100 horas sin electricidad entrega datos erróneos sobre afectados, al punto que copiaron y pegaron el mismo número de hogares sin luz en distintas comunas. Según el Estado, esto les permite “ahorrar” dinero que están obligados a invertir para cumplir con la ley.

BBCL Investiga dio cuenta que la empresa responsable de que miles de personas lleven una semana sin electricidad entrega datos erróneos sobre afectados, al punto que copiaron y pegaron el mismo número de hogares sin luz en distintas comunas. Según el Estado, esto les permite “ahorrar” dinero que están obligados a invertir para cumplir con la ley.

La información consta en una querella que interpuso la casa financiera ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, donde responsabiliza a un abogado externo de la situación. Sin embargo, asegura que todos los remates o acuerdos con clientes deudores son reales “y efectivamente cobrables”.

El juez federal A. Mehta determinó que “Google es un monopolista y ha actuado como tal para mantener su monopolio”. El fallo va en la misma dirección de lo que alega la compañía dueña de La Tercera, la que demandó al gigante tecnológico ante el Tribunal de Libre Competencia por abusar “de su posición cuasi monopólica en los mercados de búsquedas”. 

La determinación se funda en una investigación interna realizada por la entidad registral, donde se acreditó que al menos 37 certificados fueron allegados a juicios ejecutivos del Banco Santander, usando un código QR falso y en algunos casos sin firma electrónica avanzada. El titular de la entidad Luis Maldonado aseguró que los documentos “fueron bien emitidos y un tercero los falsificó”. El caso está en la fiscalía.

El corte de luz que afectó a más de 500 mil clientes en el punto más álgido del sistema frontal y provocó que el Gobierno formulara cargos en contra de la empresa, contrasta con los réditos económicos que la compañía ha obtenido desde junio de 2023. 

La venta forzada de la exclusiva propiedad es consecuencia de cinco años de juicio civil que inició Omega Factoring, luego que en 2019 quedara al descubierto que Francisco Frei ocupaba la sociedad Inversiones Saturno de su hermano Eduardo para pedir plata a los factoring en una verdadera bicicleta financiera.

Jaime Tohá indicó que no tiene “ningún interés”, ya que “las comisiones suelen ser una puesta en escena”. Independiente de lo anterior, Interferencia descubrió que a través de su empresa asesoró a la firma “Tuwe”, la misma que ganó el concurso por $300 millones para modificar la orgánica del organismo y que fue anulado por la Contraloría. El caso se suma a la licitación del BAES, donde su consultora preparó un documento para Sodexo, una de las participantes.

Karen González cuenta que ya son 92 de los 395 locales de Walmart cerrados por huelga, con otros 54 con un cierre parcial. Exigen el reajuste al sueldo por IPC y que no que bajen la calidad de la alimentación de los trabajadores del gigante supermercadista. “Están realizando negociaciones paralelas con otras organizaciones”, asegura, además de denunciar el reemplazo de huelguistas.

Max Silva dejará su cargo y pasará a ser “asesor estratégico en varios temas clave de la operación”, según comentaron a Interferencia desde la empresa. Además, el CEO y cofundador Matías Muchnik, también anunció en una reunión interna que 14 empleados dejaron ser parte de la compañía en Chile y en otros países sudamericanos en los que opera NotCo.

Es una de las primeras esquirlas que deja un documento relativo al concurso que ganó la empresa Soser y que reflotó la denuncia en 2022 del ex director de Junaeb, Cristobal Acevedo, en la acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. En la oportunidad, Acevedo indicó que la entidad había pagado $3.500 millones por 30 colaciones para la Región de O’Higgins.

Tras la negativa de la CNE, la compañía acudió a la instancia que dirime conflictos del sector eléctrico, donde se definió que la audiencia pública se realizará el 7 de agosto. La solicitud tiene que ver con la revisión del precio de la energía de los contratos de suministro de energía y potencia para servicio público de distribución celebrados por Acciona con las empresas concesionarias. 

En febrero Sodexo subió al portal de licitaciones de la Junaeb un documento cuyos metadatos revelan que la oficina del ex director de esa entidad estatal, el PS Jaime Tohá, le prestó asesoría a la multinacional francesa de alimentación en el marco de un concurso para quedarse con la tarjeta BAES por un monto de $619 mil millones. Cristóbal Acevedo, antecesor de Tohá en la Junaeb, también ha asesorado a empresas de este sector.

Bosco González, presidente del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de Chile, analiza en esta columna los hitos en torno al proceso de cierre de faena en Cerro Colorado de la multinacional minera BHP Billiton. “Un cierre de operaciones de esta magnitud, se espera, debe aspirar a restituir daños, equiparar condiciones de origen y promover los valores sociales del territorio como la reciprocidad y colaboración social”, advierte.

El Juzgado del Trabajo de Rancagua concluyó que la División El Teniente despidió injustificadamente a un ingeniero luego de que se manifestara en contra de una oferta de la empresa durante una negociación colectiva. Siendo una sentencia de primera instancia, Codelco dio a entender que apelará al fallo.

El empresario y dueño de La Tercera interpuso ante el 14 Juzgado Civil de Santiago una demanda en contra del medio electrónico, acusando que un reportaje lo difamó y desprestigió. “Solo hemos cumplido con nuestro deber de informar, con pleno respeto a la verdad”, aseguró en una editorial El Mostrador.

La Seremi de Salud RM detectó en octubre deficiencias a la normativa sanitaria durante una fiscalización en la casa matriz de Minuto Verde, de la que también participó la Dirección del Trabajo y la PDI. La empresa, sancionada con 90 UTM, asegura contar con procesos que garantizan “la inocuidad de los alimentos bajo estándares de food safety”.

El abogado José Gatica fue despedido como representante legal el 6 de junio y al día siguiente retiró una querella que apunta al delito de administración desleal que pudo cometer Hazbún cuando era dueño de la casa de estudios. Lo llamativo es que Hazbún también desistió de recurrir en contra de la UB y en el directorio no pocos sospechan que Gatica fue un espía.

Organizaciones medioambientales y comunidades pewenche del Alto Bío Bío acusan que no se realizó una consulta indígena, por lo que ingresarán un recurso de protección en favor de machis y lawentuchefe, conocedores de hierbas medicinales. Poco antes, la empresa china CWE, responsable del proyecto, envió cartas a cuatro ministros exponiendo su molestia para la reactivación de las obras.