Marco Antonio Zúñiga fue contratado en julio de este año en Gobierno Digital, organismo que asesora en temas digitales al Estado y que depende de Segpres. El mismo asesor cuenta con más de 57 reuniones por ley de lobby registradas, la mayoría con representantes de Gobierno Digital, mientras que la fundación que creó propuso un proyecto de 5 mil millones de pesos al mismo servicio este año.

Por primera vez desde el retorno a la democracia que un gobierno debutante tiene que realizar cambios tan seguidos en la cartera encargada de negociar con el Congreso. Un antecedente parecido es durante Piñera II, con tres Segpres en nueve meses, pero en el segundo año de su mandato. ¿Son señales de un parlamentarismo de facto?

A diez días de iniciada la administración de Gabriel Boric, el ministro de Segpres, Giorgio Jackson, anunció un paquete legislativo que incluía la suma urgencia al proyecto de amnistía para los 'presos de estallido', desatando rápidamente críticas opositoras, pero también oficialistas. La iniciativa no prosperó, acabó postergándose y 'durmiendo' en el Senado, sin urgencia. 

El actual fiscal nacional subrogante dirigió la investigación del caso Sename, caso que archivó tras dos años a la espera de nuevos antecedentes. En tanto, Erika Maira, gerenta de atención de víctimas del Ministerio Público, otra de las candidatas, fue acusada hace algunos años por organizaciones feministas de revictimizar y relativizar la violencia de género.

La ministra Ana Lya Uriarte, el jefe de la UDI, Javier Macaya, el senador Matías Walker… todos se la jugaron por el derrotado fiscal Morales. Pero los verdaderos perdedores son el Presidente Boric, y los poderes en la sombra detrás de esa candidatura: el piñerismo y el girardismo.

Existe consenso que el actual proceso de elección para el nuevo jefe del Ministerio Público es una muestra de la decadencia del sistema institucional. Sobre papel, Morales debería tener una ratificación fácil.

Iba a ser uno de los hombres clave del gobierno de Gabriel Boric, pero el ex ministro de Segpres y actual titular de Desarrollo Social ha dado pasos en falso que han reducido su capital político. Escasas negociaciones y poca credibilidad como interlocutor con los partidos, son algunos elementos que muestran un desempeño lejano a la expectativa original.  El cambio ministerial no solo implicó un golpe personal por su salida del Comité Político, sino también para su colectividad (RD), el supuesto partido ancla del Frente Amplio.

Con ellos, el Ejecutivo suma once proyectos de ley de iniciativa propia que envía al Congreso. Entre estas iniciativas, solo dos están contempladas dentro de las 75 propuestas legislativas de campaña de Gabriel Boric. Hasta ahora, van un proyecto arriba respecto a los dos primeros meses de Sebastián Piñera. 

Tras una reunión de seis horas en La Moneda con todos los ministros y presidentes de los partidos de la coalición de gobierno, el presidente Boric anunció que, a 46 días de iniciada su administración, “se acabó el período de instalación”. Y en un intento por reforzar a la debilitada ministra Izkia Siches, afirmó que ella será la encargada de “llevar adelante las relaciones entre los ministerios”.

Durante la jornada la gran mayoría de los constituyentes se encontraba en el edificio trabajando en las indicaciones que debían votarse en el pleno. La semana cerró con un convencional y un asesor contagiados del virus, además de 28 contactos estrechos. La Secretaría Administrativa de la Convención y el Ministerio de Cultura asegura que se tomaron todos los protocolos.

Renunció Francisco Encina pero el gobierno lo reemplazó por una endeudada Catalina Parot. Provoste prestó el Senado y sumó puntos de cara a su eventual campaña presidencial, pero también presentó problemas técnicos. Los convencionales avanzaron en la ampliación de la mesa, la cual busca integrar a más sectores políticos.

El vicepresidente de la Convención dijo que si persistían las fallas técnicas terminarían por sesionar en la Universidad de Chile, lo cual no era técnicamente muy factible de hacer en lo inmediato, sino que se trato más bien de una acción de la Mesa de la Convención en respuesta a la obstrucción del Ejecutivo. Tras la pugna, el gobierno debió disculparse y quedar como responsable, mientras que el secretario ejecutivo de la Convención, nombrado por Sebastián Piñera, podría quedar sin trabajo.

Se trata de Street Machine Corp –propiedad de Paul Morrison, antiguo socio de Joaquín Lavín Jr. en una discoteque e hijo de la ex diputada UDI, María Angélica Cristi– la cual se hizo conocida en 2016, cuando la entonces alcaldesa de Maipú y nuera de Joaquín Lavín la contrató por $44 millones a para construir un pórtico de pino adornado con merengue y organizar un evento anexo. 

El Ejecutivo ha provocado molestias a los constituyentes. Primero el decreto de instalación, luego las cuestionables licitaciones de servicios de funcionamiento, el choque con los pueblos indígenas y ahora la falta de condiciones para sesionar. Los convencionales piden la salida del organizador Francisco Encina y su jefe, el ministro Juan José Ossa.

En el escándalo de Maipú, que buscaba lograr un contrato municipal con una empresa de seguridad, el actual asesor de avanzada de la secretaria general de Gobierno fue sindicado como el Mono Mayor, como revelan los audios del caso, y es cercano a la madre de la ministra, la ex alcaldesa de Renca, Vicky Barahona.

Luego de que la Asociación de Funcionarios del ministerio que dirige Gonzalo Blumel presentara una denuncia formal –lo que fue informado el pasado jueves por INTERFERENCIA– Andrés Bustamante dejó de encabezar Gobierno Digital.

Este psicólogo a cargo de Gobierno Digital, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia, no ha tenido mayor figuración pública durante su gestión. Sin embargo, actualmente tiene abierto un sumario en su contra por graves acusaciones de tratos vejatorios con sus colaboradores.