Orlando Durán, quien fuera el jefe de la División de Atención Primaria durante los meses más críticos de la pandemia, fue sentenciado a dos penas de 900 días de presidio menor en su grado medio, por negociación incompatible y fraude al fisco, debido a la contratación residencias sanitarias vinculadas a él y su pareja. El tribunal sustituyó las penas por la libertad vigilada intensiva. Además, deberá pagar multas que superan los $102 millones.

La fiesta Aldea Futrono fue realizada sin autorización municipal ni de la delegación presidencial en los terrenos de Inmobiliaria Arenas Blancas S.A., donde la familia Piñera-Morel impulsa el proyecto Bahía Coique. Durante el evento, un hombre fue atacado, tras lo que permanece internado en la UCI. 

Republicanos solicitarán la creación de una comisión especial para investigar los tratos directos por $6.700 millones entre la Delegación Presidencial de Valparaíso y San Nicolás SpA, empresa cuestionada por sobreprecios para combatir los efectos del megaincendio de 2024 y que Interferencia reveló es propiedad de un joven de 20 años.

Se trata de San Nicolás SpA y Tomás Avilés Tillería, quien firmó su primer contrato millonario cuando tenía 19. Su socia es Catalina Jara Briones, de 25. Contraloría cuestionó su contratación para el arriendo de maquinaria por sobreprecios y subcontratación. El gerente general es Pedro Briones, padre de Jara, y está asociado a las compañías subcontratadas.

El juzgado laboral acreditó que Enel -como empresa continuadora de Endesa- faltó a su deber de cuidado con J.C.C., quien fue excluido del programa de vigilancia para ex empleados, a pesar de haber trabajado entre 1965 y 1975 en la Central Huasco, donde se contaminó con asbesto. El tribunal desestimó el intento de prescripción alegado por Enel, que ahora apeló para anular la condena.

A través de la casa de subastas Monge & Cía, el club ofreció al MNBA seis pinturas por $108 millones. El museo aceptó la oferta en diciembre. Sin embargo, el óleo Venecia de Félix Ziem, por el que se pagó $30 millones, figura en el acta de incautación realizada el pasado 29 de enero debido a la quiebra del club. Desde el museo aseguran que la pintura se encuentra en sus dependencias y que fue restaurada.

Rodrigo Álvarez Aguirre, futuro subsecretario de Defensa del gobierno de Kast, encabezaba el Estado Mayor Conjunto cuando se gestó la contratación de Entel para la ciberdefensa de las Fuerzas Armadas. Dos años después fueron hackeados y se expusieron 400 mil correos electrónicos que revelaron información reservada de la inteligencia nacional.

El magnate chileno, también arrendó una mansión a Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump, en el año 2017. En adición, Andrónico Luksic, tiene un proyecto minero en Minnesota que durante la administración de Obama fue bloqueado. 

Con la participación de influyentes grupos económicos, hasta llegar a la actual administración de Aclara Resources, la iniciativa ha tenido varios traspiés sin lograr la aprobación ambiental y sufrió un duro revés en la Corte Suprema en una causa contra ambientalistas opositores. El proyecto ha vuelto a ser foco de atención y cuestionamientos tras los recientes incendios que afectaron la zona donde se pretende emplazar. 

El creciente comercio ilegal de fármacos demuestra la baja fiscalización que existe sobre este mercado. El ISP, encargado de supervisar las farmacias establecidas, no dan abasto con los más de 2.700 locales que deben cubrir durante el año. El desorden es mayor en el ISP: tienen una bodega donde yacen los medicamentos apilados, sin rotulaciones claras.

Hackers robaron 250 GB de datos de pacientes y como amenaza publicaron parcialmente la información en la darkweb. En respuesta, la Clínica Dávila incorporó “equipos expertos en ciberseguridad” y notificó a las autoridades correspondientes.

El grupo hacker Devman robó 250 GB en información de la Clínica Dávila. Tras amenazar al centro médico por no recibir un pago por el rescate, han comenzado a publicar parte de las fichas de pacientes en un foro en la darkweb.

Según el grupo hacker Devman, la información compromete datos personales de pacientes, resultados de exámenes de VIH y cédulas de identidad. Desde su cuenta X y sitio en la darkweb, los hacker presionan a la Clínica Dávila por no responder y dicen que publicarán los datos el 31 de diciembre. Expertos recomiendan “nunca pagar el rescate como primera opción”.

A través de una demanda de tercería para recuperar los bienes embargados a Álvaro Saieh por una deuda de US$27 millones con el Banco Itaú, su esposa dio detalles de las obras incautadas: cuadros de Roberto Matta y Gracia Barrios, un mosaico del imperio romano, esculturas de Raúl Valdivieso y otros figuran entre los objetos confiscados

Desde el grupo representado por el empresario Manuel Cruzat Infante han mostrado resquemores por un nuevo intento de rematar un inmueble correspondiente a suelo urbano con vocación directa para desarrollo habitacional, para el que el tribunal ha fijado un mínimo de 80.000 UF, es decir, apenas el 7% de la tasación pericial y cerca del 8% de su valor comercial conservador.

El empresario José Luis Cuevas solicitó la retención de USD $2,8 millones a Jorge Quiroz, acusando una serie de movimientos societarios ocultos con los que el asesor de Kast se hizo del control del proyecto minero Sierra Atacama, que acabó quebrando en 2023. La causa se tramita ante el Centro de Arbitraje y la justicia civil.

Francisco Leturia, ex titular del Consejo para la Transparencia, reactivó un caso de 2023 que reveló cómo fallas internas y vínculos personales influyeron en ocho causas de camiones armados con partes usadas, además de exponer distorsiones en el sistema informático que asigna causas en los tribunales de Santiago.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó el levantamiento del secreto bancario del holding del empresario Álvaro Saieh, Corp Group Banking, para “establecer el destino de los dineros” del supuesto vaciamiento de un bono de US$500 millones a sociedades relacionadas.

Este tribunal ha sido objetado por su actuar en el Caso Curauma, en el cual el empresario Manuel Cruzat acusa un "despojo orquestado" por parte del síndico nombrado por dicha instancia judicial, quien trasladó inopinadamente US $500 millones a la cuenta de Euroamérica. Cruzat acusa un "sabotaje informático" en la asignación de causas de quiebras al 2° Juzgado. A estas sospechas se suman los casos de insolvencia transfronteriza de LATAM y la quiebra de la Inmobiliaria Don Balta S.A.

Una querella por competencia desleal, denuncias en Contraloría, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y una maraña de contratos opacos con TVN, Canal 13 y Mega revelan algo más profundo que un conflicto comercial: el posible atentado a la libre competencia en la industria musical chilena, una deuda pendiente con la industria que pide a gritos ser subsanada.

La Superintendencia de Pensiones ofició al gremio de AFP para que informen sobre la publicidad que pagan, tras darse a conocer que financiaron indirectamente a fundaciones y trolls que generan contenido contra reformas al sistema previsional. Sólo en 2025, las AFP han gastado $10.400 millones en publicidad de distinta índole y transferido $3.428 a su asociación gremial.

Más de 250 mujeres resultaron con embarazos no deseados debido a anticonceptivos defectuosos. Las fallas son alertadas a través de un simple comunicado en el sitio del ISP que no asegura que la información llegue a tiempo. Pese a estas alertas, CENABAST continuó realizando compras al mismo grupo farmacéutico, sancionado en el rubro de anticonceptivos, Grünenthal.

La DGA fiscalizó diversos puntos del río Mapocho y sus afluentes en junio de 2025, luego de una denuncia por contaminación. Lo que encontró fueron altos y peligrosos niveles de cobre, manganeso y arsénico, y sugirió que esta contaminación podría provenir del tranque de relaves Pérez Caldera, propiedad de Anglo American. La empresa indica que no han tenido “ningún incidente operacional que pueda haber tenido impacto en la calidad y el color del agua del río”.

En su declaración para la trama bielorrusa, el conservador de Puente Alto, Sergio Yáber, afirma que un “colega y amigo” rechazó representar al Consorcio Belaz Movitec en su disputa contra Codelco: “Estaban dispuestos a pagar lo que fuera necesario por ganar ese juicio”. Tras ser rechazados por ese estudio jurídico, llegaron hasta Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes habrían formado parte del esquema de lavado de activos y coimas para ex suprema Vivanco.

Fiscalía investiga al círculo cercano de Ángela Vivanco, a su esposo Gonzalo Migueles y a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, por el posible pago de $57 millones en coimas por fallos favorables en la Corte Suprema. El consorcio está encabezado por Movitec, de las familias chilenas Duch León y Sekul Camus, y la estatal bielorrusa Belaz.

Ocho ex gerentes presentaron una querella contra Corona por retener y desviar el pago del Formulario 29, donde se incluye el IVA e impuesto a la renta, hacia otros gastos durante la quiebra de la tienda. Fuentes al tanto aseguran que podrían ser hasta 100 trabajadores afectados, quienes tendrán que dar explicaciones al SII en la Operación Renta 2026. 

Hace un año, Inmobiliaria Los Mogotes se querelló contra MásAval SGR, empresa ligada a Sebastián Piñera Morel hasta 2018, por usura en el cobro de intereses para una garantía de un crédito de $1.300 millones. Ahora amplían el delito a estafa, denunciando un esquema con que MásAval gestionó la entrega de créditos directamente con sociedades relacionadas, actividad prohibida por ley.

La viña reconoció la adulteración, por lo que el SAG suspendió su autorización de exportación y presentó una querella contra quienes resulten responsables de haber modificado el documento.

“La necesidad de contar con una ley que establezca la receta médica electrónica como norma general en Chile se vuelve cada día más evidente. En un escenario donde los documentos médicos en papel aún están vigentes, el sistema enfrenta importantes vulnerabilidades: falsificación, suplantación de identidad y uso indebido de documentos”, aseguran desde Recemed, startup que acaba de lanzar una funcionalidad que permitirá a los médicos emitir prescripciones virtuales a través de WhatsApp con un asistente de inteligencia artificial. 

Las críticas no tardaron en llegar luego del veredicto del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Carlos Gajardo, ex persecutor quien estuvo involucrado en esta causa en sus comienzos, señaló que esto es “sin duda, la mayor derrota que ha tenido la Fiscalía en la historia de la reforma procesal penal”.