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En enero de 2024, la Subsecretaría de Derechos Humanos contrató vía trato directo a la empresa Unholster por más de $619 millones, para elaborar una plataforma informática que ayudara al Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia. Unos meses después, el observatorio de ChileCompra cuestionó esta adquisición, diciendo que la situación “podría implicar una transgresión a la normativa de compras públicas”. La información fue derivada a Contraloría.
En 2022 el principal asesor económico de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, y sus socios pusieron en marcha el proyecto Sierra Atacama en Antofagasta, durante el peak del precio del cobre. Dos años después, quedaron al borde de la quiebra con deudas por $70.000 millones. La aventura acabó en 2024, cuando los compró Salar Blanco.
Subsecretario Víctor Orellana y rector Rodrigo Vidal favorecieron la compra del quebrado instituto pese a advertencia de riesgo patrimonial. USACH desestima los temores.
El 12° Juzgado Civil de Santiago admitió a trámite una demanda de una ex trabajadora que busca aplazar el cierre de Santiago 2023 ante el no pago de deudas laborales. La entidad podría disolverse en noviembre, recibiendo las propiedades de los Panamericanos pero dejando en vilo el pago de millones en deudas. “Se sabía que esto iba a ocurrir”, dice Harold Mayne-Nicholls en una de las últimas asambleas de directorio que fue censurada completamente por la corporación.
El tribunal no aceptó la solicitud de la empresa querellante Pegasus de reabrir la investigación contra la ex subsecretaria Katherine Martorell, y Fiscalía decidió no perseverar en la indagatoria.
La demanda del ex subgerente de Auditoría Interna buscaba declarar la unidad económica de las sociedades del holding periodístico de Saieh. Sin embargo, llegó a conciliación y los abogados del diario solicitaron la reserva de la causa. Esta acción sigue la línea de otras demandas de altos gerentes de Copesa, quienes acusan que las utilidades de La Tercera se están transfiriendo a otra sociedad económicamente sana.
A mediados de septiembre de este año, la Policía de Investigaciones (PDI) decidió dar de baja al proveedor que mantenía el sistema de control migratorio en Chile. Este registro es fundamental para tener datos migratorios. El contrato estipulado con las empresas Asesorías Tecnológicas Beacon 42 e Inversiones y Asesorías Tecnológicas Beacon 42 S.A. era de $317 millones, pero fue incumplido según la PDI.
Hace un año se detuvo a personas vinculadas a salas de juegos en el Biobío. Recientemente, la defensa de los imputados se enteró de que la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, compuesta por grandes cadenas, pagó el traslado y acopio de las máquinas incautadas, siendo parte querellante y poniendo en riesgo la calidad de las pruebas.
Contraloría acogió el reclamo del fiscalizador externo, quien fue removido luego de denunciar que la Serviu subrogante y seremi de Vivienda, Gladys Acuña, visó un millonario subsidio a la constructora a cargo de 144 viviendas sociales pese a retrasos en más de seis meses. También apunta a retrasos de más de 700 días en la respuesta a oficios contra otras obras fiscalizadas, lo que implicaría notable abandono de deberes por parte de la autoridad.
En su querella contra la minera de BHP, los pescadores artesanales señalaron desconocer si el derrame tóxico era investigado por las autoridades ambientales. Consultada por Interferencia, desde la SMA afirman que fueron alertados y que se encuentran analizando el caso.
Una piscina de acopio de escoria y ácido sulfúrico propiedad de Minera Escondida se derramó en el sector de Piedras Rojas, al sur de Antofagasta, donde pescadores artesanales de la Bahía San Jorge desarrollan sus actividades de sobrevivencia. La querella apunta a una multa de hasta $207 millones según la normativa ambiental.
Tras la quiebra de Corona, sus dueños habrían activado la venta de un inmueble por $19 millones de dólares en Lampa. Los principales interesados serían grandes marcas como Cannon y Grupo Patio. La venta preocupa a los abogados de ex trabajadores que esperan se declare la unidad económica de las sociedades de los Schupper y que el dinero se destine a pagar liquidaciones.
La discusión de la nueva legislación ha revelado una profunda brecha en el sector artesanal, centrada en el mecanismo de cuotas y su impacto en la Plataforma Social, donde unos ven con optimismo la posibilidad de financiar beneficios sociales mediante licitaciones, mientras otros lo condenan, considerándolo perpetuador de la concentración de recursos. Organizaciones como Condepp han criticado a Conapach, acusándola de tener vínculos con la industria por oponerse a esta iniciativa.
El diputado socialista, Juan Santana, ofició a la Superintendencia de Educación, la Unidad de Análisis Financiero y la Dirección del Trabajo para que informen de posibles incumplimientos del Colegio Campanario, luego de que Interferencia diera a conocer que es propiedad de la familia Kast, pero que nunca fue declarado por el candidato republicano.
El máximo tribunal rechazó los recursos del gobierno y ONGs contra la resolución del Tribunal Ambiental que anuló el rechazo del Comité de Ministros contra el proyecto Dominga. El fallo fue pronunciado por el supremo Matus, a quien se le solicitó inhabilitarse por sus vínculos con el abogado del sindicato pesquero pro-Dominga. La instancia ambiental está hoy encabezada por el redactor del fallo que ordenó un nuevo pronunciamiento.
En septiembre de 2022, a los 83 años, falleció de un mesotelioma pleural –cáncer maligno producido por inhalación de asbesto– un hombre de iniciales J.C.C., que entre 1965 y 1975 trabajó en la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa), que tiene como su continuadora legal a Enel Generación Chile S.A. La demanda dice que fue precisamente durante su trabajo en la Central Huasco, entonces propiedad de Endesa, que se contaminó con este mineral mortífero.
Luego de que Interferencia diera a conocer que José Antonio Kast y su familia son accionistas del Colegio Campanario, el líder republicano reconoció que es propietario en rueda de prensa. Sin embargo, un asesor señaló a nuestro medio que no lo declarará cuando deba reportar su patrimonio como candidato presidencial, pues no sería necesario según la normativa.
A través de su empresa familiar, Inmobiliaria Padua, el candidato del Partido Republicano es accionista de Sociedad Educacional Campanario, colegio ubicado en la comuna de Buin desde 1998. La esposa de Kast, María Pía Adriasola, y uno de sus hijos, Nicolás, figuran como miembros del directorio del establecimiento. El presidente, Andrés Palomer, fue candidato a concejal por el Partido Republicano. En 2021, tuvieron utilidades por $180 millones.
Desde la Subsecretaría de Educación aseguran que la licitación que ganó la productora ligada a Fundación Fibra “se realizó conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente” y que “no existen causales legales que impidan a la empresa adjudicada participar en el proceso, ya que una investigación penal en curso no constituye inhabilidad”.
El Ministerio de Educación adjudicó una licitación en 11 de 16 regiones por $660 millones para la realización de talleres artísticos a Productora Fibra, propiedad de Mery Ortiz Donoso, dueña de fundación Fibra y formalizada por fraude al fisco en el Caso Convenios. A pesar de que debe cumplir con arresto domiciliario nocturno en San José de Maipo, Ortiz Donoso figura como coordinadora del programa en O’Higgins.
Andes Salud, propiedad de la familia Imschenetzky, presentó un informe en derecho que el TDLC sigue para determinar el alcance de las autorizaciones que ha recibido la ACHS para actuar fuera de las prestaciones que otorga por el seguro laboral. Desde la mutualidad señalan a Interferencia que están dentro de la legalidad.
Confiado por su perfil político, el preparador físico firmó un contrato para que Hasbún invirtiera parte de su finiquito en acciones, a través de su empresa ISS SpA. Sin embargo, el ex alcalde dejó de responder. Cuando lo fue a buscar a su oficina, no lo recibió. Ni Hasbún ni su empresa figuran como corredores de bolsa, requisito necesario para intermediar la compra de acciones. Tras querellarse en su contra, el ex diputado devolvió parte del dinero.
Pese a las advertencias de ser uno de los artífices del fallo que “aprobó” Dominga a fines de 2024, Alamiro Alfaro fue la carta del gobierno de Gabriel Boric como nuevo ministro del Primer Tribunal Ambiental. Este 26 de agosto, fue elegido como presidente del tribunal que ha fallado constantemente a favor de la minera de Andes Iron.
El gobierno de Bolivia firmó dos contratos de extracción de litio: uno con un consorcio chino y otro con una empresa pública rusa, pero ambos convenios necesitan el aval legislativo. Por eso, el fallo judicial también demanda a la Asamblea Legislativa de Bolivia no proceder al tratamiento de los contratos de extracción de litio hasta que se apruebe un estudio ambiental.
El Serviu removió al fiscalizador de la obra, tras denunciar que la constructora Noval, del holding Salfacorp, no contaba con los antecedentes ni permisos para ejecutar el proyecto y que demoró el inicio de la construcción más de seis meses. Aún así, el servicio entregó el terreno, perdonó una cuantiosa multa por el retraso y otorgó un aumento de $1.155 millones en el subsidio.
En total, son 103 reclamos los que ha recibido el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de usuarios que denunciaron productos falsificados que estaban siendo vendidos a través de Mercado Libre. Desde la plataforma aseguran que detectan las falsificaciones a tiempo, que el número de casos es mínimo, y que “la compañía trabaja incansablemente para combatir la venta de productos falsificados en el sitio y colaborar con los titulares de derechos de propiedad intelectual y con las autoridades”.
Una demanda laboral de la ex gerente contralor contra la matriz de La Tercera reveló que las cuentas de Copesa S.A. no tienen dinero disponible para pagar los $67 millones que le adeuda. El único embargo exitoso obtuvo 15 mil dólares de una cuenta del Banco Itaú. En el juicio laboral no se llegó a conciliación y los abogados demandantes apuntan a que todo el holding de Saieh sea responsable en el pago de las deudas laborales.
Este es uno de los contratos más abultados de un organismo dependiente del Ministerio de Justicia. No solo aparece Sonda, perdiendo en uno y ganando en otro, sino que ambos procesos se parecen en la forma completamente legal, en que un solo proveedor quedó como el más probable ganador. En este caso se pasó por alto el historial de controversias y las acusaciones de corrupción que tiene la empresa británica que postula en conjunto con la firma chilena.
Un contrato por $9.626 millones fue adjudicado a Vigatec, para el arriendo de cámaras corporales. La empresa ya lleva más de la mitad del servicio ejecutado. Sin embargo, recientemente una sentencia del Tribunal de Contratación Pública declaró ilegales tanto a la Comisión Evaluadora como a la resolución de adjudicación del concurso.
El 1°Juzgado Civil de Santiago declaró la quiebra de la matriz de la multitienda, pero no de las otras 12 sociedades relacionadas, donde habría patrimonio para cubrir la deuda laboral pendiente, acusa el abogado que representa a trabajadores y gerentes de Corona. Con la quiebra, se terminan todos los contratos y se ordenó la incautación de los bienes del retailer.
