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El Ministerio de Educación adjudicó una licitación en 11 de 16 regiones por $660 millones para la realización de talleres artísticos a Productora Fibra, propiedad de Mery Ortiz Donoso, dueña de fundación Fibra y formalizada por fraude al fisco en el Caso Convenios. A pesar de que debe cumplir con arresto domiciliario nocturno en San José de Maipo, Ortiz Donoso figura como coordinadora del programa en O’Higgins.
Andes Salud, propiedad de la familia Imschenetzky, presentó un informe en derecho que el TDLC sigue para determinar el alcance de las autorizaciones que ha recibido la ACHS para actuar fuera de las prestaciones que otorga por el seguro laboral. Desde la mutualidad señalan a Interferencia que están dentro de la legalidad.
Confiado por su perfil político, el preparador físico firmó un contrato para que Hasbún invirtiera parte de su finiquito en acciones, a través de su empresa ISS SpA. Sin embargo, el ex alcalde dejó de responder. Cuando lo fue a buscar a su oficina, no lo recibió. Ni Hasbún ni su empresa figuran como corredores de bolsa, requisito necesario para intermediar la compra de acciones. Tras querellarse en su contra, el ex diputado devolvió parte del dinero.
Pese a las advertencias de ser uno de los artífices del fallo que “aprobó” Dominga a fines de 2024, Alamiro Alfaro fue la carta del gobierno de Gabriel Boric como nuevo ministro del Primer Tribunal Ambiental. Este 26 de agosto, fue elegido como presidente del tribunal que ha fallado constantemente a favor de la minera de Andes Iron.
El gobierno de Bolivia firmó dos contratos de extracción de litio: uno con un consorcio chino y otro con una empresa pública rusa, pero ambos convenios necesitan el aval legislativo. Por eso, el fallo judicial también demanda a la Asamblea Legislativa de Bolivia no proceder al tratamiento de los contratos de extracción de litio hasta que se apruebe un estudio ambiental.
El Serviu removió al fiscalizador de la obra, tras denunciar que la constructora Noval, del holding Salfacorp, no contaba con los antecedentes ni permisos para ejecutar el proyecto y que demoró el inicio de la construcción más de seis meses. Aún así, el servicio entregó el terreno, perdonó una cuantiosa multa por el retraso y otorgó un aumento de $1.155 millones en el subsidio.
En total, son 103 reclamos los que ha recibido el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de usuarios que denunciaron productos falsificados que estaban siendo vendidos a través de Mercado Libre. Desde la plataforma aseguran que detectan las falsificaciones a tiempo, que el número de casos es mínimo, y que “la compañía trabaja incansablemente para combatir la venta de productos falsificados en el sitio y colaborar con los titulares de derechos de propiedad intelectual y con las autoridades”.
Una demanda laboral de la ex gerente contralor contra la matriz de La Tercera reveló que las cuentas de Copesa S.A. no tienen dinero disponible para pagar los $67 millones que le adeuda. El único embargo exitoso obtuvo 15 mil dólares de una cuenta del Banco Itaú. En el juicio laboral no se llegó a conciliación y los abogados demandantes apuntan a que todo el holding de Saieh sea responsable en el pago de las deudas laborales.
Este es uno de los contratos más abultados de un organismo dependiente del Ministerio de Justicia. No solo aparece Sonda, perdiendo en uno y ganando en otro, sino que ambos procesos se parecen en la forma completamente legal, en que un solo proveedor quedó como el más probable ganador. En este caso se pasó por alto el historial de controversias y las acusaciones de corrupción que tiene la empresa británica que postula en conjunto con la firma chilena.
Un contrato por $9.626 millones fue adjudicado a Vigatec, para el arriendo de cámaras corporales. La empresa ya lleva más de la mitad del servicio ejecutado. Sin embargo, recientemente una sentencia del Tribunal de Contratación Pública declaró ilegales tanto a la Comisión Evaluadora como a la resolución de adjudicación del concurso.
El 1°Juzgado Civil de Santiago declaró la quiebra de la matriz de la multitienda, pero no de las otras 12 sociedades relacionadas, donde habría patrimonio para cubrir la deuda laboral pendiente, acusa el abogado que representa a trabajadores y gerentes de Corona. Con la quiebra, se terminan todos los contratos y se ordenó la incautación de los bienes del retailer.
Tras la aprobación del proyecto Maratué por el Coeva en octubre de 2024, Claudia Lería, directora ejecutiva, Felipe Lizana, gerente del proyecto, y el ex senador Patricio Walker intensificaron su lobby ante subsecretarías y ministerios, buscando avanzar en permisos y enfrentar reclamaciones de vecinos preocupados por los impactos ambientales y sociales de las más de 14 mil viviendas proyectadas.
Los reclamantes acusan que la Superintendencia del Medio Ambiente archivó sus denuncias contra Copec, en las que reportan haber sido excluidos del Plan de Monitoreo Participativo, en que el municipio está mandatado a nombrar miembros y realizar una mesa de trabajo. Desde Las Salinas aseguran que el municipio no se ha presentado a pesar de múltiples llamados.
La falta de un marco normativo claro para la producción y distribución del hidrógeno verde genera incertidumbre sobre su impacto ambiental y social. Chile apuesta por este “gas limpio”, pero la construcción de puertos, plantas desaladoras y redes de transporte requerirá grandes inversiones y ponen en duda la viabilidad económica.
Sergio Abumohor acusa al empresario de perjudicar al Fisco simulando el pago de dividendos a través de cuentas corrientes mercantiles, lo que le habría permitido solicitar devoluciones y evadir impuestos. También apunta al uso de una sociedad en Luxemburgo para diluir la participación de los accionistas minoritarios de CorpGroup Financial y de cobrarles honorarios de administración que no fueron facturados, dinero que habría ido a parar a una cuenta en Nueva York.
El centro de arbitraje sentenció al empresario chileno a indemnizar a Joyvio por la venta con sobreprecio de la salmonera Australis en 2019. La defensa de Quiroga anunció que apelarán al fallo. En paralelo, se tramitan querellas cruzadas por la supuesta ocultación de un plan de sobreproducción que habría elevado el precio de la compañía durante la compraventa.
La Superir detectó que la multitienda de los Schupper no reportó que su tercer mayor acreedor es la Tesorería, a la que deben $3.433 millones, y por lo tanto tiene derecho a voto en el proceso de liquidación. La institución ofició para aclarar los errores y dio la oportunidad a realizar una nueva nominación. Matías Berríos Fuchslocher, abogado de los trabajadores, acusa que esta situación “genera un paragua de incertidumbres en torno a la quiebra de Corona”.
El empresario se declaró en quiebra en EE. UU. por un bono de US$500 millones que no logró pagar en 2023. Sus acreedores acusan que parte de ese dinero se habría destinado a una donación a la Universidad de Chicago, para la remodelación de un edificio hoy llamado “Saieh Hall for Economics”.
Se trata de un video de capital importancia con que el tribunal pudo comprobar “que para la organización, todos los colaboradores eran iguales”. Por estas malas prácticas, la corporación ha tenido que pagar casi $1.000 millones en juicios laborales.
Esta es la segunda muerte en menos de tres meses reportada por Blumar, empresa involucrada en el hundimiento de la lancha "Bruma". El 17 de abril falleció el buzo mariscador Luis Godoy, mientras realizaba en labores en Aysén. Ahora, se confirmó la muerte del buzo Yonathan Vergara, quien estaba subcontratado para el mantenimiento de las redes anti-lobos marinos en Magallanes.
En menos de cuatro años, organismos públicos han pagado a la encuestadora una cifra similar a los $2.800 millones del gobierno de Sebastián Piñera, situación que era cuestionada por figuras que hoy integran el gabinete presidencial. El principal contratante ha sido el Ministerio de Hacienda, que pagó más de $1.600 millones a Cadem.
Abogados de acreedores y trabajadores han puesto el ojo en el patrimonio de la familia Schupper, propietaria de Corona, estimado de casi 100 millones de dólares y con el que podrían pagar sus deudas laborales. La acción apunta a levantar el velo corporativo, una estrategia legal que permitiría a los demandantes recuperar su dinero de sociedades asociadas a la familia, sanas económicamente. Tampoco descartan acciones penales por delitos económicos y concursales.
Durante la investigación de la colusión de los pollos, Jorge Quiroz fue identificado como el creador del modelo usado por las empresas involucradas para estimar demanda y definir producción. “A partir de la información que proporcionaba, nosotros estimábamos las cantidades a producir", declaró un ex trabajador de Don Pollo.
La empresa querellante presentó un nuevo escrito para “complementar y precisar los hechos” imputados a Martorell como delito, en una causa por la licitación de $400 millones en cámaras corporales de Carabineros que no cumplían con las bases del concurso y que cayeron en desuso tras dos años de uso.
La Corte de Antofagasta ofició a la corporación para dar cuenta de sus observaciones técnicas realizadas durante el proceso de evaluación ambiental. CONAF respondió asegurando que el proyecto Dominga “no puede ser ejecutado en las condiciones en las cuales fue evaluado” y que su "eventual operación, tendría repercusiones insospechadas para el Medio Ambiente”.
El negocio del grupo familiar está diversificado, al punto en que su controvertido proyecto en Minnesota, paralizado en administraciones demócratas, obtuvo un nuevo impulso en el gobierno de Trump, el mismo que puso un arancel del 50% al cobre, lo que afectará a los países productores de este mineral. Pese lo anterior, el brazo minero en Chile de Luksic a través de Antofagasta Minerals no se vería tan perjudicado, ya que la mayoría de sus exportaciones se destinan al Asia.
La Dirección General de Aguas (DGA), en su división regional de Valparaíso, tiene abierta una fiscalización en contra del grupo minero, por extracciones irregulares de aguas. En particular, éstas se habrían llevado a cabo en 2023 en un sector del río Aconcagua denominado estero Riecillos. Anglo American niega haber cometido infracciones en este caso.
Juan Pablo Aguirre fue sobreseído luego de que Fiscalía no halló pruebas entre su administración y la pérdida de $194 millones en cheques de restaurante. La querella fue interpuesta por la USACH en 2020, pero la universidad no pudo probar la culpabilidad del ex director ni insistió en su persecución ante tribunales.
Con la participación de influyentes grupos económicos, hasta llegar a la actual administración de Aclara Resources, la iniciativa ha tenido varios traspiés sin lograr la aprobación ambiental e hizo noticia recientemente por un duro revés en la Corte Suprema en una causa contra ambientalistas opositores.
A través de una serie de documentos, la Fundación Terram denunció a AquaChile por sobrepasar los límites de producción de salmón en nueve concesiones ubicadas en la Reserva Nacional Las Guaitecas y el Parque Nacional Isla Magdalena.
