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Documentos internos de la institución revelan que Carabineros debió solicitar la apertura de investigaciones administrativas contra dos de sus funcionarios civiles. Las indagatorias apuntan, por un lado, a Francisco Barison, sorprendido reuniéndose con una empresa tecnológica sin autorización ni registro formal; y por otro, a Francisco Acuña, denunciado por exigirle a un proveedor que incidiera en una nota periodística.
En febrero, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite una querella criminal interpuesta por el empresario Manuel Cruzat Infante. La acción judicial acusa los delitos de estafa residual y otras defraudaciones, imputando la existencia de un esquema diseñado para despojar a la empresa Curauma S.A. de sus activos, lo que según se acusa se habría logrado a través de una serie coordinada de maniobras en los ámbitos financiero, societario, concursal y judicial.
La acción penal fue interpuesta por más de 390 pescadores artesanales y la Corporación de Desarrollo y Fomento de Orilleros, Pescadores Artesanales y Algueras de Chile, que denuncian un "cementerio invisible" bajo el mar, mientras la empresa asegura haber activado planes de contención.
Un caso contra el BCI revela como pequeños y medianos empresarios deben aceptar que las controversias las resuelva esta entidad privada cuyos fallos son inapelables. El problema es que el costo es insignificante para los bancos, pero inabordable para los proveedores.
El gobierno de Kast retiró su propuesta inicial para el Consejo Directivo de la nueva Agencia de Protección de Datos Personales y presentó una nómina renovada ante el Senado. El cambio ocurre después de que Interferencia revelara los estrechos vínculos entre los candidatos originales y la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido.
El grupo Lockbit publicó 180 gigabytes de información robada a la Clínica Dávila por otro actor malicioso conocido como Devman, que hoy está siendo buscado por la Interpol. Desde la institución afirman haber identificado la información que fue sustraída y divulgada, y que iniciaron un proceso de notificación individual a los afectados.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió a trámite un recurso de casación presentado por el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte en un giro judicial que en la práctica restablece la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Dominga mientras la Corte Suprema se pronuncie sobre la acción judicial.
Orlando Durán, quien fuera el jefe de la División de Atención Primaria durante los meses más críticos de la pandemia, fue sentenciado a dos penas de 900 días de presidio menor en su grado medio, por negociación incompatible y fraude al fisco, debido a la contratación residencias sanitarias vinculadas a él y su pareja. El tribunal sustituyó las penas por la libertad vigilada intensiva. Además, deberá pagar multas que superan los $102 millones.
La fiesta Aldea Futrono fue realizada sin autorización municipal ni de la delegación presidencial en los terrenos de Inmobiliaria Arenas Blancas S.A., donde la familia Piñera-Morel impulsa el proyecto Bahía Coique. Durante el evento, un hombre fue atacado, tras lo que permanece internado en la UCI.
Republicanos solicitarán la creación de una comisión especial para investigar los tratos directos por $6.700 millones entre la Delegación Presidencial de Valparaíso y San Nicolás SpA, empresa cuestionada por sobreprecios para combatir los efectos del megaincendio de 2024 y que Interferencia reveló es propiedad de un joven de 20 años.
Se trata de San Nicolás SpA y Tomás Avilés Tillería, quien firmó su primer contrato millonario cuando tenía 19. Su socia es Catalina Jara Briones, de 25. Contraloría cuestionó su contratación para el arriendo de maquinaria por sobreprecios y subcontratación. El gerente general es Pedro Briones, padre de Jara, y está asociado a las compañías subcontratadas.
El juzgado laboral acreditó que Enel -como empresa continuadora de Endesa- faltó a su deber de cuidado con J.C.C., quien fue excluido del programa de vigilancia para ex empleados, a pesar de haber trabajado entre 1965 y 1975 en la Central Huasco, donde se contaminó con asbesto. El tribunal desestimó el intento de prescripción alegado por Enel, que ahora apeló para anular la condena.
A través de la casa de subastas Monge & Cía, el club ofreció al MNBA seis pinturas por $108 millones. El museo aceptó la oferta en diciembre. Sin embargo, el óleo Venecia de Félix Ziem, por el que se pagó $30 millones, figura en el acta de incautación realizada el pasado 29 de enero debido a la quiebra del club. Desde el museo aseguran que la pintura se encuentra en sus dependencias y que fue restaurada.
Rodrigo Álvarez Aguirre, futuro subsecretario de Defensa del gobierno de Kast, encabezaba el Estado Mayor Conjunto cuando se gestó la contratación de Entel para la ciberdefensa de las Fuerzas Armadas. Dos años después fueron hackeados y se expusieron 400 mil correos electrónicos que revelaron información reservada de la inteligencia nacional.
El magnate chileno, también arrendó una mansión a Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump, en el año 2017. En adición, Andrónico Luksic, tiene un proyecto minero en Minnesota que durante la administración de Obama fue bloqueado.
Con la participación de influyentes grupos económicos, hasta llegar a la actual administración de Aclara Resources, la iniciativa ha tenido varios traspiés sin lograr la aprobación ambiental y sufrió un duro revés en la Corte Suprema en una causa contra ambientalistas opositores. El proyecto ha vuelto a ser foco de atención y cuestionamientos tras los recientes incendios que afectaron la zona donde se pretende emplazar.
El creciente comercio ilegal de fármacos demuestra la baja fiscalización que existe sobre este mercado. El ISP, encargado de supervisar las farmacias establecidas, no dan abasto con los más de 2.700 locales que deben cubrir durante el año. El desorden es mayor en el ISP: tienen una bodega donde yacen los medicamentos apilados, sin rotulaciones claras.
Hackers robaron 250 GB de datos de pacientes y como amenaza publicaron parcialmente la información en la darkweb. En respuesta, la Clínica Dávila incorporó “equipos expertos en ciberseguridad” y notificó a las autoridades correspondientes.
El grupo hacker Devman robó 250 GB en información de la Clínica Dávila. Tras amenazar al centro médico por no recibir un pago por el rescate, han comenzado a publicar parte de las fichas de pacientes en un foro en la darkweb.
Según el grupo hacker Devman, la información compromete datos personales de pacientes, resultados de exámenes de VIH y cédulas de identidad. Desde su cuenta X y sitio en la darkweb, los hacker presionan a la Clínica Dávila por no responder y dicen que publicarán los datos el 31 de diciembre. Expertos recomiendan “nunca pagar el rescate como primera opción”.
A través de una demanda de tercería para recuperar los bienes embargados a Álvaro Saieh por una deuda de US$27 millones con el Banco Itaú, su esposa dio detalles de las obras incautadas: cuadros de Roberto Matta y Gracia Barrios, un mosaico del imperio romano, esculturas de Raúl Valdivieso y otros figuran entre los objetos confiscados
Desde el grupo representado por el empresario Manuel Cruzat Infante han mostrado resquemores por un nuevo intento de rematar un inmueble correspondiente a suelo urbano con vocación directa para desarrollo habitacional, para el que el tribunal ha fijado un mínimo de 80.000 UF, es decir, apenas el 7% de la tasación pericial y cerca del 8% de su valor comercial conservador.
El empresario José Luis Cuevas solicitó la retención de USD $2,8 millones a Jorge Quiroz, acusando una serie de movimientos societarios ocultos con los que el asesor de Kast se hizo del control del proyecto minero Sierra Atacama, que acabó quebrando en 2023. La causa se tramita ante el Centro de Arbitraje y la justicia civil.
Francisco Leturia, ex titular del Consejo para la Transparencia, reactivó un caso de 2023 que reveló cómo fallas internas y vínculos personales influyeron en ocho causas de camiones armados con partes usadas, además de exponer distorsiones en el sistema informático que asigna causas en los tribunales de Santiago.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó el levantamiento del secreto bancario del holding del empresario Álvaro Saieh, Corp Group Banking, para “establecer el destino de los dineros” del supuesto vaciamiento de un bono de US$500 millones a sociedades relacionadas.
Este tribunal ha sido objetado por su actuar en el Caso Curauma, en el cual el empresario Manuel Cruzat acusa un "despojo orquestado" por parte del síndico nombrado por dicha instancia judicial, quien trasladó inopinadamente US $500 millones a la cuenta de Euroamérica. Cruzat acusa un "sabotaje informático" en la asignación de causas de quiebras al 2° Juzgado. A estas sospechas se suman los casos de insolvencia transfronteriza de LATAM y la quiebra de la Inmobiliaria Don Balta S.A.
Una querella por competencia desleal, denuncias en Contraloría, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y una maraña de contratos opacos con TVN, Canal 13 y Mega revelan algo más profundo que un conflicto comercial: el posible atentado a la libre competencia en la industria musical chilena, una deuda pendiente con la industria que pide a gritos ser subsanada.
La Superintendencia de Pensiones ofició al gremio de AFP para que informen sobre la publicidad que pagan, tras darse a conocer que financiaron indirectamente a fundaciones y trolls que generan contenido contra reformas al sistema previsional. Sólo en 2025, las AFP han gastado $10.400 millones en publicidad de distinta índole y transferido $3.428 a su asociación gremial.
Más de 250 mujeres resultaron con embarazos no deseados debido a anticonceptivos defectuosos. Las fallas son alertadas a través de un simple comunicado en el sitio del ISP que no asegura que la información llegue a tiempo. Pese a estas alertas, CENABAST continuó realizando compras al mismo grupo farmacéutico, sancionado en el rubro de anticonceptivos, Grünenthal.
La DGA fiscalizó diversos puntos del río Mapocho y sus afluentes en junio de 2025, luego de una denuncia por contaminación. Lo que encontró fueron altos y peligrosos niveles de cobre, manganeso y arsénico, y sugirió que esta contaminación podría provenir del tranque de relaves Pérez Caldera, propiedad de Anglo American. La empresa indica que no han tenido “ningún incidente operacional que pueda haber tenido impacto en la calidad y el color del agua del río”.
