Cuando estalla un caso de corrupción lo lógico es que la atención mediática se centre principalmente en los involucrados en los delitos, pero en la arista Procultura del Caso Convenios el Ministerio Público logró algo sorprendente: posicionar a la institución como los protagonistas de la trama, al punto en que se habla más de los fiscales que de los personajes que siendo gobernadores regionales entregaron más de $6.853 millones a la organización.
Aunque esto no es precisamente por un buen trabajo hecho por los persecutores.
El pasado viernes durante la noche, la Fiscalía Nacional impactó al anunciar que Patricio Cooper, fiscal regional de Coquimbo, sería removido de la investigación del caso Procultura y que ésta pasaría a manos de su par de Antofagasta, Juan Castro.
La decisión fue tomada por el fiscal nacional, Ángel Valencia, después de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declarara como ilegales las escuchas telefónicas sobre Josefina Huneeus, ex psiquiatra del presidente de la República, Gabriel Boric, y ex esposa del director ejecutivo de Procultura, Alberto Larraín, las cuales fueron solicitadas por Cooper y aprobadas por la jueza de garantía de Antofagasta, Sissi Bertoglio.
Pero el título de este artículo no se basa únicamente en el episodio que tiene al fiscal Cooper como protagonista, sino que nace de la acumulación de conflictos del Ministerio Público en los dos años que lleva investigando este caso, los que tienen como consecuencia que al día de hoy no exista ningún formalizado ni un mínimo de certeza sobre qué hay detrás de los miles de millones traspasados a Procultura.
Procultura estalló públicamente cuando el 22 de junio de 2023 Radio Biobío publicó que la ONG se había adjudicado $500 millones provenientes de la Secretaría Regional Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Seremi Minvu) de Antofagasta, información dada a conocer una semana después de que el medio Timeline revelara que esa misma entidad gubernamental había entregado $426 millones a Democracia Viva, fundación presidida por el militante del Frente Amplio, Daniel Andrade, entonces pareja de la diputada Catalina Pérez.
El caso Procultura partió casi al mismo tiempo que Democracia Viva, aunque por el entusiasmo con que los medios y representantes políticos lo promocionan por estos días, pareciera que fuera una historia reciente.
Porque así fue. El caso Procultura partió casi al mismo tiempo que Democracia Viva, aunque por el entusiasmo con que los medios y representantes políticos lo promocionan por estos días, pareciera que fuera una historia reciente.
Pocos después de la primera publicación sobre Procultura, específicamente el 30 de junio, ya se conocía públicamente que Procultura era la arista más cuantiosa del Caso Convenios, superando los 2.300 millones.
Lo anterior porque a Antofagasta se sumó que el 30 de junio de 2023 un grupo de parlamentarios de Aysén solicitó que se investigaran $1.673 millones aprobados a la fundación por el Gobierno Regional de dicha región, encabezado en aquel entonces por Andrea Macías (Partido Socialista).
Con el tiempo el pozo se fue acumulando. Aparecieron también $23 millones transferidos por el todavía gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies (independiente cercano al Partido Radical); $268 millones dados por el aún gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo (Partido Socialista); $25 millones del símil de Valparaíso, Rodrigo Mundaca (independiente cercano al Frente Amplio); $2.553 aprobados por el ex gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz (independiente cercano a Evópoli); y $1.680 millones transferidos por el todavía gobernador de la Metropolitana, Claudio Orrego (Independiente, ex Democracia Cristiana).
En agosto de 2023 ya eran conocidos públicamente todos estos convenios, pero en aquel entonces la atención mediática y política a nivel nacional estaba centrada en Camila Polizzi, modelo y ex candidata a alcaldesa por Concepción que dirigía un proyecto de $250 millones de la Fundación en Ti, el cual fue financiado por el ex Gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz y que se hizo muy popular por involucrar $57 mil pesos gastados en la tienda Intime, presuntamente en compra de lencería.
Temporalmente, es en medio de éste, el llamado ‘Caso Lencería’, cuando ocurre el primer escándalo de la Fiscalía en torno a Procultura.
Rodrigo Díaz envió antecedentes de Procultura a la Fiscalía Regional del Biobío el 14 de julio de 2023, como señal de cooperación con las investigaciones de los convenios, pero dicha repartición del Ministerio Público simplemente no investigó nada al respecto.
En el libro ‘Camila Polizzi y el poder al desnudo’, escrito por el autor del presente artículo y publicado por Editorial Zig-Zag, se da cuenta de que Rodrigo Díaz envió antecedentes de Procultura a la Fiscalía Regional del Biobío el 14 de julio de 2023, como señal de cooperación con las investigaciones de los convenios, pero dicha repartición del Ministerio Público simplemente no investigó nada al respecto.
En el mismo libro, como también en artículos de Interferencia, consta que tanto la fiscal a cargo del Caso Convenios en la zona, María José Aguayo, como también la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, tienen un nivel de conexión con un actual investigado en la arista Procultura.
Se trata de Paul Esquerré, destacado empresario turístico de Concepción.
La fiscal Aguayo es amiga del aludido e incluso compartieron en un restaurant mientras ya se conocían vínculos de Esquerré con Procultura. En tanto, el esposo de Cartagena, Álvaro Sepúlveda, cuando el Caso Convenios estaba en marcha realizó una asesoría verbal para el gremio de empresarios Irade, el cual es presidido por el mismo Esquerré.
Paul Esquerré no fue investigado por sus vínculos con Procultura sino hasta diciembre de 2023, cuando el fiscal nacional, Ángel Valencia, agrupó todas las indagatorias a esta fundación en manos del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien continuó las investigaciones nacidas en Antofagasta, Magallanes y su zona, además abrió la causa en el Biobío, Valparaíso, Ñuble y la Metropolitana.
Con Palma la investigación parecía avanzar. Se vieron allanamientos en los gobiernos regionales y distintas oficinas involucradas a nivel nacional. Y con él también comenzó a destacarse la conexión entre Procultura y Gabriel Boric.
Con Palma la investigación parecía avanzar. Se vieron allanamientos en los gobiernos regionales y distintas oficinas involucradas a nivel nacional. Y con él también comenzó a destacarse la conexión entre Procultura y Gabriel Boric.
Esto principalmente porque ya era un hecho público que el director de la fundación, Alberto Larraín, mantenía una amistad con el presidente de la República. Asimismo, en medio de las indagatorias de Palma es que Irina Karamanos, ex primera dama y ex trabajadora de Procultura, fue citada a declarar en calidad de imputada.
Pero recientemente se han conocido datos que cuestionan la labor que realizó Palma. En concreto, el periodista de The Clinic, Nicolás Sepúlveda, señaló en entrevista con Daniel Matamala que el fiscal regional de Aysén y los funcionarios de la Policía de Investigaciones que trabajaban con él cometieron un error grave: indicar que Karamanos abonaba dineros a Procultura después de recibir su sueldo, siendo que en realidad eran montos que rebotaban de vuelta a la fundación automáticamente porque la Cuenta Rut de la ex primera dama tenía su cupo a tope.
De todas formas, a fines de junio de 2024 Carlos Palma fue removido del Caso Procultura después de aparecer en los chats de Luis Hermosilla. Pero esa es otra historia.
Lo relevante en esto último es que fue ahí cuando la investigación pasa a manos del fiscal Cooper, por orden del fiscal nacional, Ángel Valencia.
A inicios de marzo de este año, Interferencia destacaba el hecho de que a casi dos años de que estallara el caso, no se conocían novedades en torno a Procultura de la mano del fiscal Cooper.
Pero asimismo, en el artículo se ponía énfasis en el estilo del fiscal regional de Coquimbo, quien ya se perfilaba como un personaje altamente mediático en sus diligencias, principalmente en las que tienen que ver con casos políticos.
Pero asimismo, en el artículo se ponía énfasis en el estilo del fiscal regional de Coquimbo, quien ya se perfilaba como un personaje altamente mediático en sus diligencias, principalmente en las que tienen que ver con casos políticos.
Lo anterior a raíz de que Cooper había allanado el departamento de la diputada Karol Cariola e incautado su teléfono celular, horas después de que la congresista diera a luz a su primer hijo.
El 8 de mayo pasado fue cuando el fiscal regional de Coquimbo llegó más lejos de lo que alcanzó su par de Aysén cuando tuvo en sus manos la arista Procultura.
Aquel día, Ciper publicó un artículo con antecedentes filtrados de la carpeta del caso, en donde se reveló que en medio de las diligencias encabezadas por Cooper, la Policía de Investigaciones intervino una conversación telefónica del presidente Boric.
La anterior corresponde al diálogo que el mandatario sostuvo con Josefina Huneeus, la ex psiquiatra de Boric y ex esposa de Alberto Larraín, quien era interceptada en aquel momento por los funcionarios policiales.
El contenido de esta conversación también se filtró el 8 de mayo, esta vez por Canal 13. Pero en este no se muestra ninguna evidencia de que los dineros de Procultura hayan sido para financiar la campaña de Boric. A lo más, se da cuenta de que el mandatario reconoce su amistad con Larraín y le señala a Huneeus que alguna vez lo consideró para que fuera ministro de Desarrollo Social.
Un día después de estas publicaciones, el 9 de mayo, un artículo de La Tercera, también con antecedentes de la carpeta del caso, mostró que además el fiscal Cooper había solicitado interceptar directamente el teléfono de la máxima autoridad del país, cuestión que fue rechazada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta.
El argumento del fiscal regional de Coquimbo era que existía un “posible financiamiento irregular de campañas políticas”, sospecha que se fundaba en la conversación telefónica interceptada a dos integrantes de Procultura –Patricia Csillag, cofundadora de Procultura, además de María Constanza Gómez, representante legal de la organización–, con una mujer identificada como ‘Lucía’, quien acusaba que la ONG le adeudaba un dinero el cual Alberto Larraín se negaba a pagar porque –según indicó Lucía–, había gastado “esta plata en la campaña del Boric”.
Poco después, el 14 de mayo, Ciper revelaría que los dineros aludidos en este diálogo y usados por Cooper como argumento no provenían de fondos públicos, lo cual desbarató la tesis de la Fiscalía.
Pero el golpe de gracia para el fiscal regional de Coquimbo llegaría dos días después, el 16 de mayo, cuando la Corte de Antofagasta declaró la ilegalidad de las escuchas telefónicas a Huneeus –las que por consecuencia afectaron al presidente Boric–.
Pero el golpe de gracia para el fiscal regional de Coquimbo llegaría dos días después, el 16 de mayo, cuando la Corte de Antofagasta declaró la ilegalidad de las escuchas telefónicas a Huneeus –las que por consecuencia afectaron al presidente Boric–.
Entre otros argumentos, el tribunal de alzada tomó su determinación porque la Fiscalía solicitó el pinchazo identificando el número como propio de Alberto Larraín y no de la psiquiatra, sin embargo, pese a que los policías y el Ministerio Público notaron que en realidad pertenecía a Josefina Huneeus, siguieron oyendo ilegalmente, realizaron un informe y el fiscal lo incluyó en la carpeta.
Esto significó que el fiscal nacional, Ángel Valencia, removiera a Patricio Cooper del caso Procultura y designara a Juan Castro de Antofagasta.
A dos años de iniciada esta arista, el tema principal sigue siendo cómo el Ministerio Público intenta ordenarse para seguir la investigación.
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