Hace un año, el 16 de mayo de 2022, la ex ministra del Interior, Izkia Siches, anunció el primer estado de excepción de emergencia de la administración del presidente Gabriel Boric, a 66 días de iniciado su Gobierno. “Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas”, dijo en su momento Siches. 

Este miércoles 17 de mayo, la Cámara votará la prórroga número 23 de aquella decisión, que incluye a la Región de la Araucanía y las provincias de Arauco y Bío Bío.

Cabe mencionar que un hito importante que llevó a instaurar los estados de excepción fue la visita anterior de Siches a Temucuicui, con el gobierno recién empezado, donde fue recibida con disparos al aire, ya que no había acordado su presencia con el lonko de la comunidad autónoma, Víctor Queipul. Acto que implicó cerrar cualquier apuesta por el diálogo.

Dentro del itinerario legislativo de este miércoles, la corporación también decidirá la extensión del despliegue de las Fuerzas Armadas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, que desde el 21 de febrero colaboran con las policías en la gestión migratoria y de seguridad. 

No obstante, el plan del Ejecutivo también contemplaba otra vía, la del Plan Buen Vivir, una iniciativa que también ha sido criticada por comunidades debido a la complejidad de buscar el diálogo en medio de una militarización y porque en lo concreto no ha tenido mayores avances.

Si bien no fue fácil la decisión de decretar estado de excepción -y mantenerlo, en la práctica, indefinidamente- por parte del Ejecutivo, desde su interior valoran la disminución de los delitos en este tiempo. Daniela Dresdner, delegada presidencial del Bío Bío, sostuvo en 24 Horas que "los resultados que tenemos en este trimestre versus los del anterior son un 257% mejor".

Por otra parte, desde el Ministerio Público, afirmaron que durante el 2022 los delitos de violencia rural disminuyeron más de un 40%, una cifra que en parte se atribuye al despliegue de las Fuerzas Armadas.

No obstante, el plan del Ejecutivo también contemplaba otra vía, la del Plan Buen Vivir, una iniciativa que también ha sido criticada por comunidades debido a la complejidad de buscar el diálogo en medio de una militarización y porque en lo concreto no ha tenido mayores avances.

En enero, Interferencia consultó al Gobierno sobre los avances del Plan en materia de diálogos con las comunidades. Pese a que se había anunciado el inicio de los parlamentos territoriales para julio de 2022, hasta tal fecha no se había realizado ninguno, aunque sostienen que se habían registrado un total de otros 235 encuentros territoriales con autoridades locales y comunidades, en 50 comunas de las 4 regiones.

Con todo, la medida del Gobierno también ha encontrado resistencia y críticas al interior de sus filas, sobre todo desde las parlamentarias mapuche Emilia Nuyado (PS) y Ericka Ñanco (RD).

En la oposición también hay voces que critican la medida debido al carácter ‘acotado’ con el que el Gobierno inició el decreto. En ese sentido, parlamentarios de la UDI solicitaron desde La Moneda avanzar hacia un estado de sitio en las regiones del sur de Chile con la amenaza de rechazar las próximas prórrogas.

“Como diputada mapuche he votado permanentemente en contra de los estados de excepción, porque siempre he señalado que no nos acerca al diálogo, que no se acerca a la búsqueda del entendimiento, y que finalmente se termina persiguiendo, criminalizando, en particular al pueblo mapuche”, dijo la diputada Nuyado la semana pasada.

Por otra parte, Ñanco sostuvo en entrevista con CNN que “es complejo cuando abordamos esta situación solamente desde el área de la seguridad. Entendemos y el presidente Boric lo ha entendido, de que esto no se trata solo de un tema netamente de seguridad, sino que también de restitución de derechos históricamente violentados y desplazados de la macrozona sur”.

En la oposición también hay voces que critican la medida debido al carácter ‘acotado’ con el que el Gobierno inició el decreto. En ese sentido, parlamentarios de la UDI solicitaron desde La Moneda avanzar hacia un estado de sitio en las regiones del sur de Chile con la amenaza de rechazar las próximas prórrogas.

“Este Gobierno no puede actuar bajo amenazas, tiene que actuar en función de sus convicciones y en función del uso de las herramientas que son más inteligentes para enfrentar la situación que estamos viviendo”, fue la respuesta de la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo (PC). 

Con todo, es probable que la medida nuevamente se prorrogue, y por amplia mayoría. En su última extensión alcanzó 115 votos a favor, 24 en contra y 10 abstenciones en la Cámara, mientras que en el Senado 39 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. 

Militarización

El uso de las Fuerzas Armadas para tareas que no son de su competencia es algo que también molesta al Ejército. De hecho, su comandante en jefe, general Javier Iturriaga, quien en medio de la discusión sobre la reforma constitucional que habilitaba el resguardo de infraestructura crítica por parte de los militares, criticó el proyecto. 

“Todas estas tareas que se derivan hacia el orden público van desvirtuando la tarea de nuestro rol principal”, dijo Iturriaga durante una sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados. 

Sobre lo mismo, Iturriaga precisó que “es un deber dejarlo en público conocimiento, sé que es parte de la discusión, pero son tareas que finalmente van a afectar nuestra operacionalidad, porque son las mismas tropas que están equipadas y entrenadas para otras tareas, que tienen que derivar esta función principal hacia otros problemas que está teniendo hoy el país". 

Desde La Moneda, la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que, en virtud de cumplidas determinadas condiciones, "una vez que se retiren las Fuerzas Armadas y queden solamente las policías, no pueden ser las mismas policías que teníamos cuando empezó el estado de excepción", lo anterior en referencia a la compra de nuevos vehículos para Carabineros en la zona. 

Sobre la presencia permanente en funciones de orden interno por parte de las Fuerzas Armadas, el ex director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana, Hugo Fruhling, sostuvo en entrevista con Interferencia que “es evidente que esto crea las mejores condiciones posibles para el populismo penal o las soluciones más conservadoras y represivas. Si la presencia no es suficiente y tiene escasos resultados, siempre existirán los proponentes de aumentar la apuesta”.

Desde La Moneda, la ministra del Interior, Carolina Tohá, indicó que, en virtud de cumplidas determinadas condiciones, "una vez que se retiren las Fuerzas Armadas y queden solamente las policías, no pueden ser las mismas policías que teníamos cuando empezó el estado de excepción", lo anterior en referencia a la compra de nuevos vehículos para Carabineros en la zona. 

Es por ello que para el retiro de los militares en las regiones del sur, deben concretarse la disminución de hechos de violencia, aumentar la seguridad en carreteras y lugares estratégicos, fortalecer a las policías, efectividad en la persecusión penal y avances en el diálogo que con el Plan Buen Vivir.