El 27 de diciembre de 1978 José Piñera entró al edificio Diego Portales (hoy GAM) como asesor del grupo Cruzat Larraín y salió como ministro del Trabajo. Con nombramiento recién firmado por Augusto Pinochet, su primera acción oficial consistió en llamar al embajador de los Estados Unidos, George Walter Landau, y pedirle audiencia.

Según un cable desclasificado del Departamento de Estado, el embajador lo recibió el día subsiguiente. La representación diplomática funcionaba frente al Parque Forestal, en el palacio Bruna, sede actual Cámara Nacional de Comercio. Hablaron de las amenazas de boicot de la central estadounidense AFL-CIO debido a las políticas antisindicales de la dictadura chilena. Piñera señaló que su nombramiento tenía por objeto dictar una nueva normativa laboral y regularizar la existencia de sindicatos. Para el final de la reunión se reservó su gran comodín: el otro eje de su gestión sería crear un nuevo sistema de seguridad social.

La idea llevaba años entrampada entre las luchas de poder internas de la dictadura. El mito de Piñera como padre de las AFP acababa de nacer.

Engendro de muchos

Lo cierto es que la idea de privatizar el sistema de seguridad social había comenzado varios años antes de que José Piñera arribara al Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

Ya durante el gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964) se venía planteando la necesidad de reformar el sistema, pero fue durante los estertores del gobierno de Salvador Allende cuando se incubó la idea que más tarde decantaría en las actuales AFP.

La “Inception” del sistema de capitalización individual se encuentra en El Ladrillo, el voluminoso programa de reformas económicas encargado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) a un grupo de economistas de la escuela de Chicago, en los últimos meses del gobierno de Salvador Allende. 

Uno de los redactores del programa, el economista Sergio de Castro, vinculado al grupo Edwards, encargó a un joven colega de la Universidad Católica que estudiara el sistema de pensiones estadounidense. Dicho economista era Miguel Kast Rist, padre del actual senador Evópoli, Felipe Kast, y quien se encontraba realizando sus estudios de posgrado en la Universidad de Chicago. Lo que más atrajo del modelo estadounidense fue el hecho de que los ahorros previsionales de los trabajadores pudieran ser administrados por empresas privadas. 

Así fue como El Ladrillo incorporó la que hasta ahora constituye la primera exposición de la forma que tomaría el sistema de pensiones a partir de 1981: cuentas individuales de capitalización administradas por privados complementadas por un esquema de pensiones mínimas. De este modo, en la sección “Políticas de Previsión y Seguridad Social” del documento, se propuso que el sistema de pensiones constaría de “dos subsistemas: uno de carácter estatal, financiado con impuestos, que establecería una previsión mínima igual para todos los chilenos que cumplieran más de 65 años y que hubieran trabajado un número mínimo de años (25 o 30)”. El otro sería un subsistema de ahorro que se depositaría mensualmente en una institución especializada, según “un mecanismo contractual de administración delegada de esos fondos, los que podrían ser cobrados en forma de una pensión vitalicia sólo cuando se alcance la edad de retiro”.

Otro nombre clave en el grupo redactor de El Ladrillo fue Manuel Cruzat Infante. Este ejecutivo del grupo BHC, que en 1974 formó su propio grupo financiero con Fernando Larraín Peña, tuvo un rol gravitante en la reforma previsional. Cruzat era conocido como un mago de las finanzas, un innovador audaz que contaba además con medios de comunicación propios.

A través de la influyente revista Ercilla, una radio de alta audiencia como Minería y el Informe Económico que elaboraba el propio José Piñera para el banco de inversiones Colocadora Nacional de Valores, Cruzat apuntó sus dardos para fustigar el sistema de seguridad social vigente y promover el modelo bosquejado en El Ladrillo.

Pero para que dicha visión se cristalizara en la realidad, sus promotores tendrían que superar un obstáculo de proporciones, el más grande de la época: la desconfianza de los militares.

El fracaso de Kast y el éxito de Piñera

A partir de 1974 desde la Oficina de Planificación (Odeplan) y liderados por Miguel Kast, los Chicago Boys intentaron infructuosamente imponer la idea del sistema de pensiones basado en cuentas individuales manejadas por empresas privadas. Se encontraron permanentemente con la oposición de los uniformados nacionalistas y corporativistas ubicados en el Ministerio del Trabajo y el COAJ (Comité Asesor de la Junta). Este grupo era liderado por los generales Gustavo Leigh, miembro de la junta, y Nicanor Díaz Estrada, ministro del Trabajo. 

Los corporativistas no solo lograron oponerse en forma férrea a la reforma previsional planteada en El Ladrillo. Además, habían desarrollado su propia propuesta de reforma centrada en la expansión de beneficios y el robustecimiento de diferentes prestaciones como asignaciones familiares y programas de salud. 

El régimen autoritario resolvió esta tensión mediante un proyecto que combinaba aspectos de la propuesta de Kast/Odeplan con la desarrollada por los oficiales corporativistas del ministerio del Trabajo. Se le conoció como el "Anteproyecto" (“Estatuto de principios y bases del sistema de seguridad social” era el título oficial del proyecto), anunciado con bombos y platillos en 1975 y archivado poco después.

En 1976 asumió como ministro del Trabajo Sergio Fernández Fernández, un abogado cercano al gremialismo y por extensión a los Chicago Boys. Fernández se encargó de cerrar el debate y bloquear el avance del Anteproyecto. Durante casi dos años la discusión en torno a la reforma al sistema previsional estuvo en el congelador. Los corporativistas y los Chicago Boys se habían anulado mutuamente.

El punto de quiebre vino en 1978 con la salida de Gustavo Leigh de la Junta de Gobierno tras su polémica entrevista dada al diario italiano Corriere della Sera. Leigh lanzó una dura crítica al régimen autoritario, destacando la falta de un calendario claro para la devolución del poder a los civiles. Pinochet estaba enfurecido. Con la salida de Leigh, la hegemonía de los Chicago Boys en materia de política económica dentro de la dictadura se hizo incontrarrestable. Controlando ya los principales centros de toma de decisión económica, el grupo liderado por Sergio de Castro se jugó para que su propuesta de reforma previsional viera la luz. 

El gato a cargo de la carnicería

El triunfo de los Chicago fue en realidad el triunfo del lobby financiero. Como lo demuestra el politólogo Eduardo Silva, de los diez economistas que se reunieron regularmente para elaborar El Ladrillo, seis tenían lazos directos con grupos empresariales como el BHC (Bancos Hipotecario y de Chile), Cruzat Larraín (Banco Santiago) o Edwards. Todos ellos controlaban los principales bancos privados nacionalizados por Allende en 1971 y devueltos por la Junta Militar entre 1974 y 75. Más importante aún, controlaban las empresas de seguros llamadas a administrar pólizas de invalidez y otros elementos clave del nuevo sistema previsional. 

Uno de los aspectos que más sobresale en la prensa de la época fue el secretismo que rodeó la discusión interna de la reforma. Pese a ello, los grupos financieros estaban completamente al tanto, como lo demuestran sucesivos artículos de la revista Hoy publicados entre octubre y noviembre de 1980.

Un mes antes de que se promulgara el decreto ley 3.500, comenzaron a publicarse en el Diario Oficial una serie de registros de marcas con nombres peculiares: "Trust de Previsión Privada", "Caja de Empleados de la Educación" o "Corporación Previsional de Profesionales". La carrera por gestionar los ahorros de los trabajadores había comenzado.

Firmado el decreto 3.500 todos los grandes grupos económicos de la época procedieron a crear una AFP. Cruzat fundó Provida y Alameda; Vial inscribió Santa María y San Cristóbal. Incluso Edwards fundó una con un nombre significativo: El Libertador. Luksic, Matte y Angelini se asociaron en Summa. También hubo espacio para los gremios: la Cámara Chilena de la Construcción fundó Habitat, mientras que el Colegio de Profesores fundó Magíster. 

Los grupos financieros habían logrado el premio mayor: fondos frescos de los trabajadores, es decir, pasivos de larguísimo plazo que podían ser transformados en sustanciosos activos para financiar su propia expansión empresarial.

Todos terminarían por darle la paternidad de la criatura a José Piñera, un advenedizo que no participó de El Ladrillo ni del grupo de Chicago, pero que logró vencer la desconfianza del dictador.