En oficio entregado el 23 de octubre a Contraloría la diputada Cristina Girardi solicita que se “emita un pronunciamiento, investigación y fiscalización por posibles faltas a la probidad e incumplimiento de la normativa pública y administrativa a raíz de hechos que involucran al Jefe de Zona de Carabineros Santiago Este, General Enrique Bassaletti Riess”.

En el documento, al cual tuvo acceso INTERFERENCIA, se detalla que el General Bassaletti “estaría prestando servicios a entidades de derecho privado, entre ellas a British American Tobacco Chile, más conocida como Chiletabacos. Empresa que habría generado pagos por sus servicios, existiendo facturas por dichos trabajos”. Situación que significa un claro conflicto de intereses dado su alto cargo en la institución y su rol de empleado público, según constata el artículo 56° de la Ley Orgánica Constitucional.

Bassaletti, junto a otros seis generales del alto mando de Carabineros, enfrenta desde septiembre un sumario de la Contraloría por sus responsabilidades administrativas en la violenta represión policial de las manifestaciones durante el estallido social. El general, quien es jefe de la zona Santiago Este de la institución, hizo noticia el año pasad al comparar los abusos de derechos humanos de Carabineros con el tratamiento contra el cáncer: “para matar células malas a veces se matan células buenas”, dijo en noviembre de 2019.

La denuncia establece que entre la empresa privada y algunos miembros del alto mando “existe una relación amparada en la mala praxis de tráfico de influencias".

Además, la diputada señala en el escrito que según audios de comunicación interna de Carabineros, existen antecedentes de una situación irregular cuando un vehículo de Carabineros señala estar realizando labores “de escolta del camión GFKG22, el cual tras una consulta a la plataforma digital de Registro de Vehículos del Servicio de Registro Civil, se constata por su certificado de inscripción que es un vehículo perteneciente a BAT CHILE SA, Rut N° 88.502.900-0, que sería la misma British American Tobacco Chile Operaciones S.A, Chiletabacos”.

La denuncia establece que entre la empresa privada y algunos miembros pertenecientes al alto mando de Carabineros de Chile “existe una relación amparada en la mala praxis de tráfico de influencias, esto porque la seguridad de la mercadería y trabajadores de dicha entidad comercial depende única y exclusivamente de la parte empleadora o prestadora de servicios, no así de Carabineros de Chile, que por lo cierto y para ejecutar de manera eficiente estas labores aparentemente irregulares, se dejaría de lado un sin número de obligaciones y roles que la referida Institución debe cumplir constitucionalmente”.

Pero eso no es todo, la diputada no consignó en su escrito que la Ley Orgánica Institucional en la cual se le otorga a Carabineros la función de supervisar y fiscalizar a las empresas de seguridad privada del país, convierte este actuar irregular de Bassaletti en una eventual mala praxis de parte de otros miembros del alto mando, incluido el propio Director General. Esto porque la supervisión y fiscalización de estas empresas de seguridad privada está en manos del general Raúl Aburto, un oficial de menor antigüedad que Bassaletti, , quien es compañero de promoción de Mario Rozas, el actual Director General y quien además fue nombrado en ese rango y ese cargo por el mismo Rozas.

Es decir, sea por acción u omisión, tanto Rozas como Aburto deberán rendir cuentas a Contraloría acerca del por qué no se informó de esta grave irregularidad de parte del General Bassaletti, la cual no es reciente y no sólo se refiere a su presunto contrato directo con “Chiletabacos”; sino también al hecho de que su hermano, Miguel Bassaletti, esté a cargo de la Gerencia de Operaciones y servicios de Metro S.A., ocupado principalmente de la seguridad de las estaciones de la red de trenes subterráneos y quien tiene a su cargo a una empresa privada de seguridad que él mismo contrató para esa función.

Esto porque la Ley de Transparencia es clara al señalar que oficiales en servicio de Carabineros no pueden tener -ni ellos, ni sus familiares directos- relación con rubros directamente relacionados con su trabajo en la institución. Y al ser Carabineros quienes fiscalizan estas empresas, se presenta además un claro conflicto de intereses y falta de probidad de parte del General Bassaletti y su hermano.

Cabe señalar que, según detalla una fuente del rubro de la seguridad privada, esta industria mueve al año más de US$ 1.000 millones, por lo cual es un apreciado nicho laboral para ex uniformados, quienes en un caso normal deben sortear muchas trabas y controles para conseguir el permiso de la institución y operar legalmente.