Coronavirus
De esta forma Mutucar pretende obtener dinero fresco de la crisis generada por la sanción de la CMF que le impide ofrecer seguros y créditos, dado que no transparenta su información desde 2018. Uniformados manifiestan preocupación por lo que consideran “un nuevo robo a sus ahorros”.
La pandemia de Covid-19 ha desmontado la idea de Chile como un país a las puertas del desarrollo. Ante la emergencia sanitaria ha quedado al descubierto la pobreza, desigualdad y desamparo que aqueja día a día a la mayoría de los chilenos. INTERFERENCIA presenta este fotorreportaje del fotógrafo Luis Hidalgo, el cual entrega una mirada sobre esta realidad.
El legislador (Evópoli) pidió suma urgencia al proyecto que tipifica el delito de robo de madera. Iniciativa que afecta a los mapuche en conflicto por recuperación de tierras, pues muchas de ellas están destinadas a producir dicho bien. No es la 1° vez que Kast sirve de modo claro a los intereses forestales, de los cuales participa directamente.
INTERFERENCIA había revelado que fueron 187 millones los que se pagó a Hotel Puerto Mayor para que albergara a pacientes de Covid-19. El recinto pertenece a la familia del subsecretario y vicrepresidente de la UDI, Cristóbal Leturia y dejó de funcionar por el alto precio de sus habitaciones.
En los medios estadounidenses se ha comenzado a hablar de una segunda ola de Covid-19, debido al fuerte aumento en los contagios que han experimentado algunos de los estados del país. Este artículo de The Conversation desmonta esa idea, señalando que, al contrario de lo ocurrido en países europeos o asiáticos, los cuales sí han conseguido sobrellevar con éxito una primera ola, en Estados Unidos nunca ha sido posible superarla.
La emergencia sanitaria por Covid-19, con las medidas de confinamiento, clausura económica y distanciamiento social, ha significado un tiro de gracia para una generación de jóvenes que ya atravesaban un escenario complejo antes de la pandemia debido al endeudamiento, las precarias condiciones laborales y áreas profesionales ya copadas de egresados. La OIT advierte que son los jóvenes los que se verán más afectados a largo plazo por la crisis que conlleva la pandemia.
Pese a que Carabineros tardó doce horas en informar a la Fiscalía sobre la explosión de una antena de telecomunicaciones en la Provincia de Arauco, el gobierno no tardó en reaccionar anunciando el envío de Fuerzas Armadas para “resguardar las rutas”. En la misma semana, la Comisión de Seguridad Pública del Senado le dio el carácter de suma urgencia al Proyecto de ley para proteger a empresas forestales.
Luego de años en otra postura, la Superintendencia de Salud se allanó a entregarle a la isapre parte del fondo de garantía que MasVida entregó en custodia para poder funcionar en el mercado. Supuestamente la idea es que ese dinero llegue a los afiliados, pero esto puede aplazarse hasta diciembre, lapso pandémico en el que la aseguradora puede usar el monto a su discreción.
Si bien el Servicio de Salud de Valparaíso San Antonio realizó una compra pública por $ 222 millones a fines de mayo, el 9 de junio la anuló para realizar un nuevo trato vía arrendamiento de inmueble, cuyo contenido no se ha dado a conocer y que puede tardar meses en ser subido a Transparencia. Algo que recuerda mucho a Espacio Riesco.
El ministro de Salud, Enrique Paris, informó que ya no será Redes Asistenciales la repartición a cargo de administrar las residencias sanitarias, sino la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en coordinación con el ex subsecretario Rodrigo Ubilla. Esto luego de una seguidilla de artículos de INTERFERENCIA que mostraron irregulares contratos que benefician a personeros UDI dentro del gobierno.
Hace dos días el proyecto que buscaba la creación de un postnatal de emergencia fue declarado inadmisible en el Senado, con varios senadores argumentando inconstitucionalidad. No es la primera vez que se esgrime ese argumento basado en la Constitución de 1980, promulgada por Augusto Pinochet. ¿Qué tienen en común? Un presidencialismo que impide que nadie más que el Presidente tenga iniciativa legislativa cuando se involucran recursos fiscales.
En medio de los cuestionamientos a los contratos de residencias sanitarias por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, los antecedentes dan cuenta que este organismo -junto con la Subsecretaría de Salud Pública- han desembolsado millones en esta empresa, pagando cada mascarilla por más de 500 pesos, valor superior al de otros proveedores.
Representantes de la DC y de RN, por separado, solicitaron al Ministerio Público que se indaguen los antecedentes revelados por INTERFERENCIA, en donde al menos dos órdenes de compra del organismo del subsecretario Arturo Zúñiga, han beneficiado a funcionarios del gobierno.
Ante la Cámara de Diputados, el Ministerio que dirige Cristián Monckeberg no ha entregado ninguna explicación técnica que permita saber las razones de estas alzas automatizadas y unilaterales que sucedieron durante el mes de mayo, ni su impacto. La subsecretaria Alejandra Candia dice que las familias pueden corregir, pero eso tarda entre 30 y 45 días. INTERFERENCIA conoció ocho casos al detalle.
Al contrato hecho por el subsecretario Arturo Zúñiga por $ 205 millones para arrendar una residencia sanitaria ligada a uno de sus subalternos, se suma ahora que el Servicio de Salud de Valparaíso, contrató un hotel que es negocio de la familia de Cristóbal Leturia del MOP, quien también es vicepresidente de la UDI.
El nuevo Permiso Único Colectivo – desde ayer, el único salvoconducto disponible para prensa – exigirá que los medios que lo soliciten tengan inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos, cuestión que deja afuera a medios comunitarios como Piensa Prensa, Mapuexpress, Radio Villa Francia y otras voces de la sociedad civil. Esto se da en paralelo a un periodo de 90 días de estado de excepción, con toques de queda militares indiscriminados.
INTERFERENCIA reveló que el subsecretario de Redes Asistenciales contrató por $205 millones un hotel vinculado a un alto cargo del servicio. La autoridad aseguró que ordenó un sumario y detener el pago, pero los correos de sus cercanos sugieren todo lo contrario.
Se trata de una iniciativa para explotar potasio y litio en un pueblo de San Pedro de Atacama, que fue ingresada por primera vez hace más de una década y que hasta la fecha no ha logrado una resolución de calificación ambiental para poder funcionar. Opositores al proyecto temen que se termine aprobando como parte de las medidas para incentivar la economía en el país.
El ex ministro de Salud fue hasta ayer el brazo derecho del presidente Sebastián Piñera durante la larga primera parte de la crisis sanitaria y la autoridad con mayor peso propio en el gabinete. ¿Qué lo hizo salir de escena más allá de sus errores, faltas a la verdad y su desgaste? Todo indica que Mañalich sale a tiempo para verse más fortalecido que dañado.
El subsecretario de redes asistenciales firmó una orden de compra con Hotel Clínico Spa, cuya dirección y teléfono coinciden con un negocio hotelero perteneciente a Orlando Durán, jefe de la División de Atención Primaria y encargado de coordinar las residencias sanitarias. Este último dice que la coincidencia fue por error de una funcionaria.
El operador de casinos y hoteles busca acogerse al capítulo 15 de la ley de protección de quiebras de ese país, siguiendo los pasos de Latam. Pero ambos casos son muy distintos.
Escritor. Ensayista y muy esencialmente cuentista. Hoy está en cuarentena en un antiguo barrio de la comuna de Independencia en Santiago de Chile. Un barrio que antes tuvo una marcada presencia de comerciantes emigrantes de origen palestino y libanés y que hoy acoge a familias de peruanos, ecuatorianos y haitianos. Mientras, la comuna permanece a nivel nacional entre las doce con mayor contagio.
El politólogo norteamericano -alabado y criticado por su ensayo El Fin de la Historia publicado hace 30 años- afirma que el éxito en el combate al Coronavirus no se explica por el régimen político, democracia o autoritarismo. Países con “estados poco efectivos, sociedades polarizadas y liderazgos pobres”, sufrirán un mayor impacto.
Restaurantes, hoteles y el comercio se han visto paralizados frente a la nula visita de turistas. Por una parte, la isla le ha ganado al coronavirus, sin contagios nuevos en más de 80 días. Pero las autoridades y los comerciantes coinciden en que el gobierno no ha tomado medidas para evitar el encarecimiento de alimentos ni generar nuevos empleos, para una población que en un 80% vive del turismo.
A fines de abril la empresa operadora de casinos más grande del país informó que se iba a someter a una reorganización judicial para evitar la bancarrota, justificándose en los acontecimientos ocurridos en los últimos meses en Chile. Pero informes financieros y académicos muestran cómo la firma controlada por la familia Martínez enfrentaba una compleja situación financiera con pérdidas consecutivas en los últimos cuatro años.
Ayer el tribunal echó por la borda la legalidad de la declaración jurada que el Departamento de Extranjería y Migración hizo firmar a aquellos colombianos que se acogieran al programa de retorno a su país a condición de prohibirse su regreso a Chile en nueve años. En la víspera de la decisión del tribunal, el gobierno canceló el vuelo programado para el martes pasado.
La medida beneficia a Sacyr, un gigante español que se ha adjudicado concesiones en los cinco continentes y que controla la sociedad de privados que administra el hospital público. Esto, a la vez que funcionarios acusan bajos sueldos, falta de implementos y despidos como represalias.
El Plan humanitario de regreso ordenado al país de origen, ofrecido por el Departamento de Extranjería y Migración de Chile, requiere a quienes postulen declarar “bajo promesa o juramento de fe” comprometerse a no regresar a Chile en el plazo de nueve años. Más de 200 personas esperan, alojando en carpas en la calle, la salida del primer vuelo, el cual estaba programado para hoy pero que por razones no del todo claras fue cancelado.
La sala fue habilitada como una “morgue adicional” según testimonio de funcionarios, los cuales acusan falta de una resolución que permita dicha adaptación. El ministro Mañalich fue oficiado para conocer más detalles sobre el caso.
Hospitalizados en sillas plásticas o en literas a treinta centímetros del suelo, familiares esperando en la intemperie, personal que llora a escondidas y pacientes que mueren en la carpa esperando una cama crítica, según indican varios testimonios. Esto pasa en el hospital de campaña del recinto hospitalario más importante de la zona norte de Santiago. ¿Por qué no trasladan los pacientes a otros establecimientos?
