Carabineros
La decisión fue adoptada por un ministro de fuero del tribunal de alzada capitalino y permitirá al jefe de la Unidad de Investigación del organismo, Andrés Montes, acceder al contenido de los teléfonos incautados. Además, alzar el secreto bancario sobre una empresa de Topelber. Todo en el marco de una investigación secreta por entrega de información falsa al mercado que inició la CMF en noviembre pasado.
Sebastián Benfeld señaló a Interferencia que la defensora medioambiental recibió "amenazas que constan de ataques verbales explícitos, cortes de camino, agresiones físicas y también a la propiedad de Julia Chuñil".
La Unidad de Crimen Organizado y Drogas detalla nuevas tendencias y agrega delitos como el robo de cajeros y autos a estas asociaciones delictivas. También destaca el alza de “delitos predatorios” como secuestros y extorsiones, mayormente ligados a extranjeros. Y un detalle, hoy el crimen organizado está en todo Chile.
La respuesta firmada por la presidenta (s) Gloria Ana Chevesich contiene duros cuestionamientos a los argumentos vertidos por Muñoz en el libelo de protección. Entre otros, que el contenido de este último tiene un “defecto insalvable”, de “origen incomprensible”, entre otros calificativos jurídicos. Además de lo anterior, le recordaron que las actuaciones de la Comisión de Ética que hoy cuestiona, fueron aprobadas cuando ejercía su ministerio.
Una “alerta de monitoreo” preparada por la Unidad de Coordinación Estratégica de la Macrozona Norte, da cuenta del ingreso de un ex militar venezolano el pasado 28 de octubre, pero en el mismo mes habrían al menos otros cuatro casos similares. Una vez que ingresan a suelo nacional, es imposible seguirles el rastro, dicen en la PDI.
Tras el receso a la formalización del ex subsecretario del Interior decretada por el juez Mario Cayul, a solicitud de la defensa de Monsalve, estos son los hechos que iniciaron con un beso no consentido el 1 de septiembre y que se extienden hasta la detención del ex sheriff en una unidad policial a la espera de retomar la audiencia.
En un comienzo, la administración de Tomás Vodanovic estuvo centrada en mejorar lo que había dejado el paso de Cathy Barriga por el municipio. Aumentó el presupuesto a SMAPA, disminuyó el déficit municipal, revitalizó la plaza de Maipú y controló el comercio informal. No obstante, a nivel interno, Vodanovic también ha enfrentado críticas por parte de los trabajadores a honorarios.
Nannan Shen de 42 años, mantenía domicilios en tres regiones de Chile, un contrato de trabajo y tenía pendiente una solicitud de residencia. Se movía con libertad entre Asia y Sudamérica ingresando a personas traficadas por pasos no habilitados y el pago se hacía en al menos seis bancos chinos. Otro alto miembro de la organización sigue prófugo.
Ayer iniciaron ambos juicios orales, con el ex carabinero Claudio Crespo, acusado de cegar a Gatica durante el estallido social, y el cabo primero de la Armada, Ricardo Seguel, formalizado por el homicidio del comunero mapuche Yordan Llempi en 2021. Acá la cobertura de Interferencia de estos crímenes.
A dos semanas de que la denuncia por abuso sexual y violación en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se hiciera pública, el caso suma nuevos antecedentes y hechos que revelan la concatenación de los acontecimientos que sumieron a La Moneda en su crisis más profunda. Interferencia realizó una cronología desde ese primer encuentro el 1 de septiembre entre Monsalve y la víctima, hasta la declaración de la ministra Carolina Tohá ante el fiscal Xavier Armendáriz este 30 de octubre.
El general (r) de Carabineros no fue seleccionado para el cargo en que ocupó el segundo lugar en la terna propuesta. En su pasado como jefe de la Dirección Policial de Carabineros, Interferencia publicó que fue parte de una estrategia para socavar al gobierno de Gabriel Boric entregando informes parciales y reduciendo los patrujalles nocturnos a su residencia.
Interferencia accedió a tres oficios donde Ángel Valencia, establece nuevas matrices para los juicios abreviados, protección a fiscales e informantes que podrían infiltrarse en asociaciones delictivas. Ello con miras a identificar líderes, financistas y creadores de las mismas. Valencia advierte que si no se cumplen sus instrucciones habrá sumarios.
En 2 horas 40 minutos de exposición, la fiscal Chong pudo describir brevemente sólo 138 de las 1.386 causas del estallido social por las que acusan a los ex directores de Carabineros, R. Yáñez y M. Rozas, y al ex subdirector, D. Olate, por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio.
La información consta en una querella criminal interpuesta en el Séptimo Juzgado de Garantía por delitos de estafa, administración desleal, falsificación de instrumento público, privado y usurpación de nombre. El caso apunta a 27 personas, entre ellas dos empleados de la gremial, a quienes se les congelaron propiedades a su nombre. Los hechos han ocurrido desde 2021 en las narices de varios directorios, sin que nadie lo detectara.
En la indagatoria existen pagos de asociaciones de pesqueras a las sociedades de Leonarda Villalobos, su esposo Luis Angulo y el ex diputado DC Exequiel Silva. Además, pagos de sociedades provenientes de uno de los dueños de Factop al ex subsecretario de Pesca de la primera administración Bachelet, Pablo Berazaluce. También depósitos millonarios de Alexis Yáñez, un operador ligado al PPD y socio del tío de Natalia Compagnon, imputado en un caso de corrupción, que decía ser un lobbista PS.
El general (r) de Carabineros fue seleccionado para la terna al cargo que se designará a finales de septiembre según estipula el cronograma de la postulación. En su pasado como jefe de la Dirección Policial de Carabineros, Interferencia publicó que fue parte de una estrategia para socavar al gobierno de Gabriel Boric entregando informes parciales y reduciendo los patrujalles nocturnos a su residencia.
La decisión de suspender y abrir cuaderno de remoción en contra de la magistrada que adoptó el pleno del máximo tribunal, reordenó también el mapa político. El oficialismo busca acusar constitucionalmente a Vivanco y Jean Pierre Matus. La derecha propone su apoyo, pero incluyendo a Sergio Muñoz. Todo recién comienza en la peor crisis judicial gracias a los mensajes no borrados de una aplicación.
El magistrado le propuso a Hermosilla vender a Sebastián Piñera un informe en derecho preparado para la acusación constitucional en contra de Andrés Chadwick en 2019, con un trabajo adicional menor y así conseguir plata para que el autor, el académico alemán Kai Ambos, pudiera viajar a Chile.
La decisión fue adoptada por el persecutor Centro Norte Francisco Ledezma. Incluye comunicaciones entre el 17 de junio de 2020 al 1 de marzo de 2023 que vinculan a dos ex directores de la PDI: Héctor Espinosa, formalizado por lavado de dinero y malversación y su colega Sergio Muñoz, por violación de secreto. Espinosa y Martorell fueron representados por Hermosilla. Esta es la historia.
Dos ex jefes del área de sistemas manipularon un software que transfiere de manera masiva plata a las cuentas. De no ser porque uno de ellos se autodenunció, el banco no se habría enterado. En esta historia confluyen una investigación confidencial, el dueño de una empresa que prestaba servicios al banco, una ciudadana colombiana, 15 sociedades por donde se blanqueó el dinero y reuniones secretas en Huechuraba.
El concurso tuvo algunas particularidades: se tramitó en forma secreta y no se respondieron preguntas de las empresas participantes, lo que provocó molestia e incertidumbre en el mercado. De todos modos, el sistema seguirá funcionando con la actual administradora, la gigante estadounidense Track Group.
El fiscal Francisco Ledezma deberá tomar esa decisión. Esto luego de que la parte querellante en el caso solicitó que sea revisada la extracción que hizo la Fiscalía Oriente -en el marco del “caso audio”- al celular de Hermosilla, quien patrocinó a Martorell por casi dos años.
El 2 de agosto de 2021, cuatro días después de ser designado por el Senado como nuevo ministro de la Corte Suprema, le agradece a Hermosilla por su apoyo en lograr la nominación. De inmediato, Hermosilla responde: “Un día deberíamos conversar sobre el fenómeno que esto produjo y que tuvimos que dar una pelea feroz para el éxito”.
La decisión del tribunal afecta además a la abogada Leonarda Villalobos y a su marido Luis Angulo, a nueve meses de que se conociera el audio revelado por Ciper, en el cual Hermosilla hablaba de coimear a funcionarios públicos.
En el libelo al que accedió Interferencia, el organismo agregó a Daniel Sauer como autor de delitos reiterados de soborno, al igual que el abogado Luis Hermosilla, su colega Leonarda Villalobos y el marido de esta última Luis Angulo. También incluyó a dos funcionarios públicos por ilícitos de cohecho, pertenecientes a la Tesorería y el SII.
La indagatoria de la Fiscalía Centro Norte lleva cuatro años y la ex secretaria de Estado no ha sido formalizada. Es altamente probable que la solicitud sea rechazada por el tribunal de garantía.
El sábado y en el marco de una investigación por artefactos explosivos se realizaron múltiples allanamientos en cinco comunas, incluyendo el comedor popular Luisa Toledo y la radio independiente, siendo calificados como “muy valiosos” por la ministra Tohá. En 9 de las detenciones fiscalía no logró establecer tenencia ilegal de armas.
El autor de los delitos ocurridos en 2015 con más de una docena de aspirantes, fue el entonces teniente Aldo Valenzuela Perroni, quien se encuentra procesado y preso desde 2021. Solo fue acusado por el fiscal castrense en enero de 2023 y desde entonces la sentencia está en manos de un general de Brigada que no es abogado, pero funge como Juez Militar de Santiago. Se trata de una historia plagada de crueldad y abuso de poder, donde algunas de las víctimas han intentado quitarse la vida.
El 13 de octubre, inspectores ordenaron retirar el auto la cónyuge del teniente coronel Rodrigo Pérez por documentación vencida. Jamás ingresó al corral. Al día siguiente y mientras vehículo debía estar retenido, su revisión técnica fue aprobada luego de fallar un primer intento. Este mes Pérez ascendió y asumió en la Prefectura de Tránsito y Carreteras.
En la causa donde el Ministerio Público ingresó ayer la petición de formalización en contra del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y su antecesor Mario Rozas, el Consejo de Defensa del Estado figura como querellante. Serán los consejeros quienes resolverán si acompañan a la fiscalía para imputar delitos ante un tribunal.
