Gobierno de Chile
Este miércoles 30 de agosto, en el día que se recuerda a las víctimas de la desaparición forzada a nivel internacional, el Gobierno firmó el decreto que crea el Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, que indagará el paradero de 1.162 víctimas. El Plan será ejecutado por la Subsecretaría de Derechos Humanos y tendrá un presupuesto permanente para su desarrollo.
El canciller de la UP aterrizó en Chile el 10 de septiembre luego de asistir a la Conferencia de los Países No Alineados. En el viaje de retorno, afirmó a su delegación que Augusto Pinochet era el único en quien se podía confiar, pues el militar días antes presentaba a Salvador Allende alternativas para salir de la crisis.
La lectura de la resolución del 22 de agosto de 1973 en la Cámara, mediante la cual se quiso hacer ver ilegítimo el gobierno de Salvador Allende, tensionó el Congreso a días de la conmemoración por los 50 años. Detrás hay una disputa por el relato histórico, donde figuras de la derecha han impulsado operaciones comunicacionales orientadas a suavizar el juicio histórico contra la dictadura y favorecer el negacionismo de las violaciones a los derechos humanos.
Susana Herrera ostentó el cargo durante 14 meses, hasta que se dio a conocer un proyecto entre la Embajada de Chile en Reino Unido y el Gobierno Regional del Bío Bío, que ella misma había diseñado y que requería de una inversión público-privada de US $5 millones en el que supuestamente participarían Circular Bioeconomy Alliance (CBA), fundación creada por el rey Carlos III y el estudio de arquitectura Zaha Hadid.
A la salida de Giorgio Jackson del Ministerio de Desarrollo Social, se suma la caída de Marco Antonio Ávila en Educación, con la 'compensación' de la llegada de Marcela Sandoval a Bienes Nacionales y Francisca Gallegos a la Subsecretaría de Servicios Sociales. La crisis en RD no se detuvo ahí, y la noche de este miércoles el senador Juan Ignacio Latorre renunció a la presidencia del partido.
El ex ministro de Desarrollo Social dio un paso al costado en un gesto que buscó signar como 'altruista' para no entorpecer el diálogo en torno a la agenda gubernamental y de pensiones. La derecha desistió de la acusación constitucional, pero dice que la renuncia no es suficiente para bajar la presión frente a este caso de corrupción sistemática.
La medida alcanzó su prórroga número 29 en el Congreso y alcanza los 450 días con las Fuerzas Armadas desplegadas en el sur de Chile (y más de 100 días con el Ejército en el norte del país). A raíz de los últimos hechos reportados en Traiguén, Republicanos junto con la UDI han solicitado considerar la aplicacíón del estado de sitio. Mientras, el Gobierno anunció la instalación de una base militar.
Tras las críticas de Fabiola Campillai, Gustavo Gatica, diversos movimientos sociales y un grupo de parlamentarios y ediles oficialistas, por contratar a Full Clean, de la familia del ex carabinero Claudio Crespo, el Ministerio del Interior comunicó la renuncia de Miguel Ángel Rojas (PS).
Full Clean S.A., de propiedad de la suegra, esposa y cuñada de Crespo, recibió $40 millones vía trato directo por 9 meses de servicio. Desde la entidad explican no haber estado al tanto de que Crespo, quien firmó documentos como gerente de Operaciones de la empresa, “fuera parte del proceso judicial” por el “lamentable hecho sucedido contra Gatica”.
El robo de 23 computadores del Ministerio de Desarrollo Social puso a Jackson (RD) en la polémica debido al trasfondo del Caso Convenios. La rápida acción de Carabineros y Fiscalía que encontraron los equipos electrónicos, liberaron la presión sobre el ministro, pese a que la caja fuerte robada sigue sin encontrarse. Desde la Moneda blindaron a Jackson, afirmando que había respaldo de todo y trataron de infame una carta en que la UDI pedía la renuncia del ministro.
Chile sufre una feroz regresión autoritaria, con políticos que reivindican el golpe y redes sociales que hierven en violencia verbal hacia quienes padecieron la brutalidad de la represión. No corresponde pedirle a las organizaciones de DDHH que se hagan cargo de aquello que no ha logrado la política: ampliar la convocatoria del cincuentenario a una conmemoración de Estado y buscar un diálogo unitario en un país severamente dividido.
Se trata de un estudio de calidad de servicio de la Dirección del Trabajo, el cual se adjudicó la encuestadora presidida por Karen Thal mediante una licitación pública.
Primero Latorre y después Boric, ambos indicaron que sabían del caso antes de que un medio antofagastino lo publicara. Latorre dijo que no le había comunicado ni al ministro Montes ni a Jackson, pero al ser consultado por otros personeros del Gobierno, guardó silencio. Todo esto mientras recrudece el fuego amigo entre partidos oficialistas y la oposición saca ventaja de la crisis.
Ayer en la mañana, Fernández Chadwick presentó su renuncia al cargo, lo cual venía siendo solicitado hace días por más de 160 organizaciones de derechos humanos, las que afirman que no definió una propuesta con visión de Estado para la conmemoración, y que apenas se habían reunido con él una vez.
La gran diferencia entre la izquierda tradicional y la nueva generación radica en la vilipendiada ideología. Sin ella, los partidos están más expuestos a la fragilidad ética; bien lo sabe la vieja Concertación. Pero se puede madurar y aprender de los errores del pasado, para no repetir la impunidad del financiamiento ilegal de la política.
La derecha anunció una comisión investigadora para llevar la responsabilidad política al titular de Vivienda, donde sucedieron los posibles delitos, y al titular de Desarrollo Social, quien es el fundador y líder de RD. En tanto, dentro del PS no cayó bien el respaldo irrestricto de Gabriel Boric a autoridades regionales salpicadas por el caso.
La huelga de los mineros del cobre, dirigida por el PDC, marcó el inicio de la arremetida final de la oposición en contra del gobierno de la Unidad Popular. En esta serie de artículos, publicados el 20 de junio de 1973, la revista Ercilla, cercana al freísmo, enfatiza su particular visión sobre los hechos.
El consumidor de medios del país se ha acostumbrado con el tiempo a un periodismo de filtraciones y operaciones interesadas, que benefician a determinados sectores políticos, de la misma manera que perjudican a otros con influencias más acotadas. En esa red de poder e influencia, el poder judicial y los jueces juegan un rol importante.
El objetivo es muy difícil de conseguir en clave negociadora, pues el Ejecutivo tendrá que convencer al menos a 10 parlamentarios de oposición para continuar con la tramitación de la reforma tributaria. La intención es traspasar la responsabilidad de un problema país a la oposición en uno de los escenarios más desfavorables para La Moneda: el Senado.
Un nuevo pacto fiscal fue el leitmotiv de la cuenta pública, en la cual buscó endosar al Congreso la responsabilidad de aprobarlo, luego del bochornoso fiasco de marzo en el que ni siquiera se discutió el proyecto gubernamental. También, cerró la puerta a un perdonazo a las isapres y atacó el germinal 'negacionismo' frente a la dictadura y el golpe.
Desempleo, inflación, crecimiento, inversión extranjera, seguridad y delitos de mayor connotación social, han sido algunos indicadores que han marcado el primer año de la administración Boric.
El Ministerio del Trabajo pierde a un interlocutor clave para una reforma previsional entrampada y de cara a una oposición que tiene mayoría en el Senado. El Gobierno ha tenido que salir a dar explicaciones por no ordenar una investigación sobre un supuesto acoso sexual por parte de Christian Larraín, pero de lo cual aún no se conocen mayores antecedentes, en lo que podría ser el primer problema en la gestión de la ministra Jeannette Jara.
¿Hasta qué punto tiene razón Elisa Loncon cuando señala que la petición de información emanada originalmente desde El Mercurio tiene componentes racistas o de clase? ¿Tienen un punto quienes cuestionaron el famoso tuit de Gabriel Boric y le recordaron que debe ser particularmente cuidadoso al señalar a un medio de comunicación?
A 366 días del primer decreto que impulsó la ex ministra Izkia Siches, el Congreso ha prorrogado 22 veces el estado de excepción de emergencia en dos regiones del sur. Este miércoles se votará una nueva prórroga del estado de excepción acotado y también el despliegue de las Fuerzas Armadas en tres regiones del norte del país.
En la tienda hay preocupación respecto de la polarización política y la pérdida de un centro político sin electores, además del avance de la ultraderecha que los obliga a tomar una distancia de un polo y acercarse a otro. Una de las alternativas es acercarse al Gobierno para un pacto electoral que en los próximos comicios contribuya a su supervivencia.
La jornada laboral de 40 horas ya es un hecho en el país. Actualmente existen más de 500 empresas certificadas de diverso tamaño y localización geográfica, con jornadas de 40 horas semanales. Estas empresas han declarado esta medida como exitosa. Entre los desafíos que tendrá el gobierno para implementar la ley está el apoyo estatal a la capacitación y a la innovación.
La estrategia nacional del litio anunciada por Boric tiene el mérito de volver a discutir el modelo de desarrollo, el gran tabú de los treinta años. De ahí a que se abra una nueva era de industrialización es otra cosa.
Larga fue la espera de la que es tal vez es la política económica más relevante de este siglo. Largo y difícil también es el camino que debe recorrer para llegar a concretarse.
Por primera vez desde el retorno a la democracia que un gobierno debutante tiene que realizar cambios tan seguidos en la cartera encargada de negociar con el Congreso. Un antecedente parecido es durante Piñera II, con tres Segpres en nueve meses, pero en el segundo año de su mandato. ¿Son señales de un parlamentarismo de facto?
La ministra Jeannette Jara (PC) sumó una nueva victoria a su gestión. Al igual que en el aumento del salario mínimo, la titular de Trabajo nuevamente logró transversalidad en la Cámara, sin tener una mayoría oficialista previa e impulsó un proyecto emblemático de la administración Boric. La iniciativa partió en 2017, al ser ingresadas por las entonces diputadas comunistas Karol Cariola y Camila Vallejo, y plantea la reducción de la jornada laboral en 5 horas.
