Ministerio Público
Algunas figuras disparan contra Gabriel Boric y sus ministras Ana Lya Uriarte (Segpres) y Marcela Ríos (Justicia), mientras que las voces oficialistas las emprenden contra los senadores, y no falta quien dice que la quina de la Corte Suprema fue el problema desde el principio. Pero nadie renuncia.
Nuevamente el gobierno no fue capaz de alinear los votos para aprobar la nominación de Marta Herrera. Pero este inédito doble rechazo –hace dos semanas se objetó al fiscal José Morales- no sólo evidencia la falta de dirección política en La Moneda, sino también una descoordinación entre los tres poderes del Estado.
Este lunes la nueva candidata a dirigir el Ministerio Público tendrá que presentarse frente a la Comisión de Constitución del Senado en un escenario complejo, dado que la mayor parte de la oposición a resistido su nominación. También preocupa posibles 'descolgados' en filas oficialistas, con lo que no podría reunir los 33 votos necesarios para quedarse con el cargo.
“Lo único que te digo es que pienses en el bien de la institución y de don Jorge (Abbott)”, le dijo Mansilla al fiscal Sergio Moya, pocas horas antes de acusar a su jefe Emiliano Arias por corrupción, acusaciones descartadas por la justicia. Además, la fiscal de Ñuble dio luz verde a una infructuosa y costosa investigación por el robo de seis cápsulas de café dentro de dependencias del Ministerio Público.
El máximo tribunal votó por Nayalet Mansilla y Juan Agustín Meléndez para rellenar la quina a Fiscal Nacional. Ahora Boric tiene cinco días para escoger un nuevo candidato, y el Senado otros cinco para ratificar o rechazarlo.
La ministra Ana Lya Uriarte, el jefe de la UDI, Javier Macaya, el senador Matías Walker… todos se la jugaron por el derrotado fiscal Morales. Pero los verdaderos perdedores son el Presidente Boric, y los poderes en la sombra detrás de esa candidatura: el piñerismo y el girardismo.
En sesión de la comisión de Constitución del Senado, la ministra de Justicia no supo explicar por qué La Moneda escogió a José Morales como candidato a Fiscal Nacional. Y este se vio en aprietos para explicar por qué muchas de sus causas más connotadas en los que participó al inicio, como el PacoGate y SQM, no llevaron a nada.
Existe consenso que el actual proceso de elección para el nuevo jefe del Ministerio Público es una muestra de la decadencia del sistema institucional. Sobre papel, Morales debería tener una ratificación fácil.
INTERFERENCIA tuvo acceso a partes del reporte que está confeccionando la policía civil, el que recomienda diligencias adicionales en el caso que lleva el fiscal José Morales, insinuando un trabajo deficiente del Ministerio Público.
La quina elaborada por la Corte Suprema no convence a La Moneda, que se ve en la disyuntiva de escoger un ‘mal menor’.
Según el querellante –un funcionario de Carabineros formalizado por el megafraude– Morales y el entonces jefe de la Dipolcar, Bruno Villalobos, se concertaron para “encubrir” los desfalcos. El fiscal asegura que la querella no tiene sustento, por lo que debería ser sobreseído. La causa, declarada admisible en 2019, no registra avances según la página de seguimiento del Poder Judicial.
Tres son considerados detractores de la gestión de Abbott y los otros dos parte de la ‘familia permanente’ de ese poder del Estado. Sólo hay una mujer, sindicada como cercana a la actual directiva. Ahora será La Moneda quien nombrará a un candidato de esa lista que tendrá que ser ratificado por el Senado.
En conversaciones informales entre ambos poderes del Estado, los senadores comunicaron que verían con buenos ojos candidatos no ligados a Jorge Abbott, y que ojalá enfaticen una persecución penal más eficiente y sean ajenos a la institución, aunque conocedores del sistema penal. El criterio de género, si es mujer u hombre, no es relevante para el Senado.
El coronel (R) de Ejército, Óscar Coddou, abusó de dos jinetes de la Escuela Clásica Lipizzana –fundada por Ibáñez en su campo en Purranque– bajo la excusa de enseñar posturas y “alinear chacras”. Coddou fue condenado por unanimidad a cinco años de cárcel, pena sustituida por libertad vigilada intensiva.
El joven fue atropellado por un vehículo de la Armada en medio del Estallido Social. En Chile los tribunales dejaron en libertad a Leonardo Medina, el marino que manejó el vehículo. Por esto sus familiares recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Alejandra Arriaza asegura que no se ven avances de la fiscalía en torno a esclarecer el fallecimiento de cinco personas al interior de la fábrica textil el 20 de octubre de 2019. Destaca el trabajo de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI en contraste con Carabineros, quienes “no realizaron esfuerzos por ubicar registros audiovisuales ni levantar evidencias”.
El pasado 1 de septiembre el ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, fue declarado culpable de disparar a la cara de Fabiola Campillai; despojándola de su visión, gusto y olfato. En conversación con INTERFERENCIA, su abogada da cuenta de un juicio “complejo y doloroso”, con una defensa “que no prestó colaboración alguna en el esclarecimiento de los hechos”.
La PDI interceptó y transcribió llamadas de Llaitul con al menos media docena de periodistas, entre ellos profesionales de Mega, Radio U. de Chile, La Red e INTERFERENCIA. Algunos figuran con fichas con sus direcciones particulares, números de teléfono y correos personales. En un caso aparecen fotos de una periodista en las afueras de su domicilio.
El Gobierno -en tanto- informó que solicitó los antecedentes al general director Ricardo Yáñez y destacó la importancia de las acciones de contrainteligencia. Desde distintos sectores del Congreso anunciaron medidas de fiscalización.
Ninguno de los manifestantes detenidos en Plaza Dignidad fue encontrado culpable por la ley antibarricadas, en una causa que duró cerca de dos años y medio. Abogado acusa uso del sistema judicial para perseguir políticamente a manifestantes.
El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago autorizó investigar la información de los administradores del Facebook e Instagram de la asociación de ciclistas luego de que denunciaran que durante una convocatoria 600 ciclistas ingresaron a la Costanera Norte.
En 2021, Fullclean —propiedad también de la suegra y la cuñada del ex carabinero acusado de cegar a Gustavo Gatica— se adjudicó la limpieza del hospital institucional por 36 meses. El propio Crespo, ahora en libertad, trabaja en la división de seguridad de la compañía.
Los marinos Luis Videla y Ricardo Seguel permanecerán detenidos en la Base Naval de Talcahuano. El Ministerio Público y los querellantes buscarán revertir la decisión del juez Cristián Rosenberg en la Corte de Apelaciones de Concepción.
El ex funcionario del Poder Judicial, en prisión preventiva en Valdivia desde abril de 2021 tras ser acusado de guardar un importante arsenal de armas en su domicilio, busca ser trasladado a la cárcel de Traiguén, su comuna, para poder recibir visitas de su familia.
En caso de que el proyecto constitucional sea aprobado, el mismo texto debe definir los plazos para la aplicación de la nueva normativa y establecer los protocolos para una transición ordenada al nuevo régimen político, legislativo y judicial. Para tal fin, Normas Transitorias está deliberando el articulado que pondrá fin a viejas instituciones, transicionará de unas a otras y dará fecha de comienzo a los nuevos órganos.
Una auditoría interna de Carabineros reveló que no existe documentación de respaldo para cientos de préstamos de este fondo de $147 mil millones financiado por descuentos mensuales a todos los funcionarios del país. Entre quienes recibieron créditos millonarios figuran involucrados en el caso PacoGate y ex jefes del Departamento de Bienestar.
El coronel Araya Parodi pasó a retiro el mes pasado con un sumario por acoso sexual en curso, el cual le podría haber significado la baja. Debía terminar en octubre de 2021, pero fue prorrogado cinco veces. Ahora, estando en retiro, no enfrentará consecuencias institucionales fuera de una anotación en su hoja de vida.
Jorge Montre en 2018 fue parte de la obstrucción del allanamiento de los cuarteles en Temuco por parte de la PDI, cuando blindados bloquearon las dependencias policiales. Hoy es el coronel a cargo de Fuerzas Especiales en 21 comunas, y tiene asignado el control del orden público en la Alameda y la sede de Gobierno.
La defensora de presos políticos mapuche apunta que para las comunidades indígenas la institucionalidad chilena en su conjunto es una sola, por lo tanto el esfuerzo político de Boric y Siches podría ser insuficiente para alcanzar el objetivo planteado por La Moneda. Asimismo, confía en que quienes “siguen con el discurso de Mahmud Aleuy puedan abrir sus mentes”, aludiendo al subsecretario Monsalve.
Hace tres días, INTERFERENCIA reveló que el coronel Araya Parodi –en arresto domiciliario nocturno acusado de agredir a un niño– sigue recibiendo beneficios institucionales a pesar de tener una investigación por acoso sexual en su contra y una denuncia por VIF. Esta semana le abrieron otro sumario en relación a mal uso de su arma.
