Ministerio Público
El conflicto entre los fiscales Arias y Moya es sólo la punta del iceberg de un profundo quiebre en el Ministerio Público, que se originó con la llegada a la fiscalía nacional de Jorge Abbott. Era el hombre que la Nueva Mayoría impuso a fines de 2015 para tratar de enterrar los escándalos de financiamiento de la política.
Sergio Moya realizó asesorías a los carabineros involucrados en el montaje de la Operación Huracán, lo que llevó a su jefe, el fiscal regional Emiliano Arias, a abrir un sumario. Hasta ese momento, ambos eran casi amigos.
Para el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, víctima del montaje Operación Huracán realizado por Carabineros en 2017, los recientes whatsapp revelados por Ciper muestran que el ex general director de Carabineros articuló el procedimiento que lo inculpó a él y otros siete mapuche con pruebas falsas. Además, apunta al ex subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.
El que fuese el factótum de la UDI fue sobreseido por delitos tributarios y está a la espera de que algo similar pase con las acusaciones de cohecho que pesan en su contra, con lo que -hasta el momento- se suma a la larga lista de políticos que no pagan judicialmente en casos de corrupción.
El 34º Juzgado del Crimen de Santiago acogió una querella presentada por Nelson Valenzuela, uno de los formalizados en la causa que lidera el Ministerio Público, en la que denuncia que cinco ex generales directores de Carabineros aprobaron un desfalco de $ 16 mil millones.
Este fin de semana el subsecretario del Interior visitó la comunidad Mariano Millahual, donde tiene su casa de veraneo. Su presencia tensionó a los comuneros. Unos días antes, el werkén de esa comunidad, Carlos Quiñenao, fue detenido en un operativo policial en Temuco.
En 2017 el ex General Director entregó $21,5 millones de sus gastos reservados para adquirir el programa que permite manipular información de un teléfono sin dejar rastro. En su última rendición a Contraloría, Villalobos no entregó los detalles que exige la ley y el Contralor rechazó su rendición.
Los abogados de uno de los mayores (r) formalizados en el PacoGate, recurrieron a esta acción judicial para que se investigue esta millonaria arista que el Ministerio Público se negó a incluir dentro de la causa.
Los cuatro condenados por la muerte del matrimonio Luchsinger - Mackay están bajo el control de la Justicia, pero la Fiscalía abre ahora una línea de investigación contra la red de apoyo que permitió a José y Luis Tralcal estar prófugos. Mientras, la defensa continuará su labor con un recurso ante la CIDH y contra el fiscal del caso.
La Ley de Inteligencia establece que los antecedentes policiales recopilados a su amparo son de carácter secreto, sin embargo, un correo de un fiscal a un detective de la PDI revela que el Ministerio Público manejaba información clave a la que no debió tener acceso y que terminó perjudicando la defensa del lonko.
En menos de dos días, Pedro Chávarry removió y restituyó a los fiscales que persiguen a Keiko Fujimori y Alan García, entre otros políticos vinculados al caso más grande de corrupción de Latinoamérica. El presidente peruano, Martín Vizcarra, va ahora por la cabeza del persecutor.
Este jueves 20 de diciembre el máximo tribunal se pronunciará respecto de los recursos de nulidad presentados por las defensas de los condenados por la muerte de Eduardo Lara Tapia, que falleció asfixiado en dependencias del Concejo Municipal de Valparaíso, inmueble incendiado durante las protestas realizadas mientras se desarrollaba el discurso presidencial.
Los policías que, desde el aire, supervisaron el operativo que terminó con el asesinato del comunero, entregaron a la fiscalía testimonios contradictorios y, en algunos casos, derechamente falsos. Así lo indican documentos obtenidos por INTERFERENCIA.
El jubilado Andrés Figueroa fue por un instante noticia en abril de este año. Apareció en un matinal y algunos canales de TV consignaron el caso de este "abuelito" que se paseaba por el centro de Santiago con un cartel. Después todos se olvidaron. Pero pruebas encargadas por su defensa evidencian que en esa institución le habrían falsificado su firma para generarle créditos falsos que pagó durante años. Esta es la historia.
El primer juicio por este caso está en su etapa final. Víctimas y testigos vienen declarando desde marzo en la mayor causa bursátil que ha vivido Sanhattan. Entre ellos, ejecutivos de la AFP Habitat, quienes cifraron en US$ 11,6 millones las pérdidas para sus fondos. INTERFERENCIA obtuvo sus declaraciones.
