Ministerio Público
Un registro de las conversaciones por WhatsApp entre el fiscal Sergio Moya y el jefe del Ministerio Público revela que ambos se coordinaron, hasta cierto punto, para denunciar a Arias en abril de este año. En los diálogos analizan las reacciones del acusado ante los medios, coordinan llamados a otros fiscales y acuerdan qué destino tendría la investigación contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Pablo Gómez, ex líder de las investigaciones por financiamiento irregular de campañas políticas, hoy se encuentra asesorando al Ministerio del Interior en querellas en el marco de las protestas iniciadas el 18 de octubre. En este trabajo, coincide con personajes como Jorge bofill, Gabriel Zaliasnik, Samuel Donoso y Marcelo Sanfeliú, quienes participaron de las defensas de involucrados en los casos Penta y SQM.
Se trata del único de los cinco cadáveres que permanecía sin identificar, reconocido finalmente como Luis Antonio Salas Martínez. Cabe señalar que no es el mismo cuerpo que presenta fragmentos metálicos en su muslo, el que corresponde a Andrés Ponce Ponce, ni tampoco el que presenta orificios en su tórax que no fueron indagados, perteneciente a Yoshua Osorio Arias, ambos casos informados por INTERFERENCIA.
El Servicio Médico Legal confundió las autopsias en su reporte a la Fiscalía. Sin embargo, el pasado 6 de noviembre, la entidad forense reconoció que el cuerpo con fragmentos metálicos en su muslo izquierdo en realidad corresponde a Andrés Ponce Ponce.
El Servicio Médico Legal (SML) describió estas lesiones en el tórax de Yoshua Osorio (17). Según Luis Ravanal, médico forense, el SML debió haber analizado los orificios, definiendo cuál fue su origen y haberlos medido. Su análisis contrasta con el de otro médico forense, quien indicó que los orificios “se deben interpretar como secundarios a la temperatura”; es decir, como un resultado de lo que produce el fuego en un cuerpo que se está calcinando.
Existen una serie de interrogantes sobre qué pasó y cómo murieron las cinco personas encontradas en la fábrica de esa empresa hace diez días. INTERFERENCIA fue al lugar de los hechos y conversó con varios médicos forenses a partir de un video real donde se ven los cadáveres en la fábrica.
Diputado Hugo Gutiérrez pretende llevar el caso de la empresa de big data –que asesoró a Chile Vamos en las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias–a la Contraloría y al Ministerio Público. La punta de lanza es Francisca Cruzat, concejala por Vitacura, quien aprobó el presupuesto comunal 2018 que incluía la contratación de servicios a esa firma tecnológica, y no se inhabilitó siendo que trabajaba en Instagis. Ello sería sólo la punta de un inmenso iceberg.
La historia ha salido a flote nuevamente a raíz de la audiencia de preparación de juicio en contra de Marco Enríquez-Ominami, quien está involucrado en el caso OAS por la utilización de un avión durante la misma campaña en que se cuestionó a Evelyn Matthei.
El tribunal de Lautaro fijó para el 22 de julio como nueva fecha para audiencia de preparación del juicio oral del caso del lonko Alberto Curamil y tres comuneros, acusados de asalto. Los imputados cumplen casi un año en prisión preventiva.
En 2011 José Morales fue alertado de un millonario lavado de activos en Carabineros. Ordenó seis diligencias acotadas y prohibió que se hiciera cualquier otra. El trabajo se lo encargó a la Dipolcar, entonces dirigida por Bruno Villalobos. Los uniformados dijeron que no había irregularidades y el persecutor archivó la causa. Ahora, un formalizado en el caso PacoGate presentará una querella en contra del fiscal.
¿Qué está pasando en la fiscalía? Las últimas noticias hablan acerca de la reyerta protagonizada por el fiscal Moya y Marisa Navarrete, la pareja del fiscal Emiliano Arias y abogada del ex capitán de Carabineros, Leonardo Osses, formalizado por el caso Huracán. Pero todo parece ser una bolsa de gatos.
La incautación de documentos contables en las oficinas centrales de la concesionaria de vehículos de lujo Ditec impactó el Ministerio del Interior, donde cumple un alto cargo Cristóbal Lira. Este asesor es copropietario de la firma donde la diligencia policial encontró un cheque por US$ 30.000 a nombre del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Manuel Fuente-Alba, actualmente procesado y en prisión preventiva por malversación de caudales públicos por más de $3.000 millones de pesos.
Eugenio Campos, a cargo del Pacogate, tuvo un sumario en su contra que recomendó que fuera expulsado del Ministerio Público. Pero el ex fiscal nacional Sabas Chahuán sólo lo amonestó.
José Queipul -comunero de Temucuicui- recibió un disparo de Carabineros en la pierna y actualmente está hospitalizado. Los policías dejaron la cámara GoPro en la guantera y el mapuche está en prisión preventiva después de la querella presentada por el abogado del gobierno, Reinaldo Osorio, quien ha sido cuestionado por también ejercer para la Corte de Apelaciones de Temuco, en un claro conflicto de intereses.
Vinculado a la Operación Huracán, al millonario fraude “Pacogate” y a la muerte de un estudiante durante la dictadura, el ex general director de Carabineros -muy cercano a Michelle Bachelet y también a su poderoso subsecretario Mahmud Aleuy- sigue con su situación judicial en calma.
El conflicto entre los fiscales Arias y Moya es sólo la punta del iceberg de un profundo quiebre en el Ministerio Público, que se originó con la llegada a la fiscalía nacional de Jorge Abbott. Era el hombre que la Nueva Mayoría impuso a fines de 2015 para tratar de enterrar los escándalos de financiamiento de la política.
Sergio Moya realizó asesorías a los carabineros involucrados en el montaje de la Operación Huracán, lo que llevó a su jefe, el fiscal regional Emiliano Arias, a abrir un sumario. Hasta ese momento, ambos eran casi amigos.
Para el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, víctima del montaje Operación Huracán realizado por Carabineros en 2017, los recientes whatsapp revelados por Ciper muestran que el ex general director de Carabineros articuló el procedimiento que lo inculpó a él y otros siete mapuche con pruebas falsas. Además, apunta al ex subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.
El que fuese el factótum de la UDI fue sobreseido por delitos tributarios y está a la espera de que algo similar pase con las acusaciones de cohecho que pesan en su contra, con lo que -hasta el momento- se suma a la larga lista de políticos que no pagan judicialmente en casos de corrupción.
El 34º Juzgado del Crimen de Santiago acogió una querella presentada por Nelson Valenzuela, uno de los formalizados en la causa que lidera el Ministerio Público, en la que denuncia que cinco ex generales directores de Carabineros aprobaron un desfalco de $ 16 mil millones.
Este fin de semana el subsecretario del Interior visitó la comunidad Mariano Millahual, donde tiene su casa de veraneo. Su presencia tensionó a los comuneros. Unos días antes, el werkén de esa comunidad, Carlos Quiñenao, fue detenido en un operativo policial en Temuco.
En 2017 el ex General Director entregó $21,5 millones de sus gastos reservados para adquirir el programa que permite manipular información de un teléfono sin dejar rastro. En su última rendición a Contraloría, Villalobos no entregó los detalles que exige la ley y el Contralor rechazó su rendición.
Los abogados de uno de los mayores (r) formalizados en el PacoGate, recurrieron a esta acción judicial para que se investigue esta millonaria arista que el Ministerio Público se negó a incluir dentro de la causa.
Los cuatro condenados por la muerte del matrimonio Luchsinger - Mackay están bajo el control de la Justicia, pero la Fiscalía abre ahora una línea de investigación contra la red de apoyo que permitió a José y Luis Tralcal estar prófugos. Mientras, la defensa continuará su labor con un recurso ante la CIDH y contra el fiscal del caso.
La Ley de Inteligencia establece que los antecedentes policiales recopilados a su amparo son de carácter secreto, sin embargo, un correo de un fiscal a un detective de la PDI revela que el Ministerio Público manejaba información clave a la que no debió tener acceso y que terminó perjudicando la defensa del lonko.
En menos de dos días, Pedro Chávarry removió y restituyó a los fiscales que persiguen a Keiko Fujimori y Alan García, entre otros políticos vinculados al caso más grande de corrupción de Latinoamérica. El presidente peruano, Martín Vizcarra, va ahora por la cabeza del persecutor.
Este jueves 20 de diciembre el máximo tribunal se pronunciará respecto de los recursos de nulidad presentados por las defensas de los condenados por la muerte de Eduardo Lara Tapia, que falleció asfixiado en dependencias del Concejo Municipal de Valparaíso, inmueble incendiado durante las protestas realizadas mientras se desarrollaba el discurso presidencial.
Los policías que, desde el aire, supervisaron el operativo que terminó con el asesinato del comunero, entregaron a la fiscalía testimonios contradictorios y, en algunos casos, derechamente falsos. Así lo indican documentos obtenidos por INTERFERENCIA.
El jubilado Andrés Figueroa fue por un instante noticia en abril de este año. Apareció en un matinal y algunos canales de TV consignaron el caso de este "abuelito" que se paseaba por el centro de Santiago con un cartel. Después todos se olvidaron. Pero pruebas encargadas por su defensa evidencian que en esa institución le habrían falsificado su firma para generarle créditos falsos que pagó durante años. Esta es la historia.
El primer juicio por este caso está en su etapa final. Víctimas y testigos vienen declarando desde marzo en la mayor causa bursátil que ha vivido Sanhattan. Entre ellos, ejecutivos de la AFP Habitat, quienes cifraron en US$ 11,6 millones las pérdidas para sus fondos. INTERFERENCIA obtuvo sus declaraciones.
