Historia
El organismo publicó ayer en la red X que la crónica revelada por Interferencia dando cuenta de filtraciones y posibles afectaciones en los sistemas del reactor de La Reina y potencial riesgo de fuga de material radiológico, era “completamente falsa”. Sin embargo, este medio revela un informe interno donde sí se habla de riesgos eventuales en “la eléctrica” de la Sala de Control y un segundo edificio ante “un eventual accidente nuclear o radiológico”.
En el marco de una cautela de garantía en el Séptimo Juzgado del ramo, el titular Centro Norte Xavier Armendáriz reveló el antecedente inédito. Todo en el marco de la legalidad de la diligencia que permitió incautar un tercer celular que manejaba el suspendido PS. Si bien se extraerán los datos, el magistrado Ponciano Sallés ordenó borrar los whatsapp con sus abogados y familiares.
Un miembro del Consejo Directivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, explicó a Interferencia que desde enero se venía pidiendo impermeabilizar el recinto y las bases de licitación siguen pendientes. El director del organismo Luis Huerta confirmó el hecho e indicó que existen medidas de seguridad para evitar fugas de material.
La acción legal apunta al creador de Procultura, Alberto Larraín, y da cuenta de cinco convenios firmados por casi $405 millones entre 2021 y 2023. En un correo, Larraín aseguró que no podrán justificar el desarrollo de los proyectos y dejó en libertad de acción a la firma para que adopte las medidas que estime pertinentes.
La acción legal detalla al menos 20 productos que contienen elementos prohibidos por la autoridad sanitaria expresamente. Algunos provocan efectos anabólicos, depresión e incluso otros se venden como remedios en farmacias. El libelo ya está en manos del Ministerio Público.
Interferencia accedió a tres oficios donde Ángel Valencia, establece nuevas matrices para los juicios abreviados, protección a fiscales e informantes que podrían infiltrarse en asociaciones delictivas. Ello con miras a identificar líderes, financistas y creadores de las mismas. Valencia advierte que si no se cumplen sus instrucciones habrá sumarios.
La decisión del Pleno del tribunal de alzada capitalino, obedeció a que el informe evacuado por la magistrada, Carla Capello, no fue satisfactorio e incluso algunas explicaciones carecían de verosimilitud.
La información consta en una querella criminal interpuesta en el Séptimo Juzgado de Garantía por delitos de estafa, administración desleal, falsificación de instrumento público, privado y usurpación de nombre. El caso apunta a 27 personas, entre ellas dos empleados de la gremial, a quienes se les congelaron propiedades a su nombre. Los hechos han ocurrido desde 2021 en las narices de varios directorios, sin que nadie lo detectara.
En la indagatoria existen pagos de asociaciones de pesqueras a las sociedades de Leonarda Villalobos, su esposo Luis Angulo y el ex diputado DC Exequiel Silva. Además, pagos de sociedades provenientes de uno de los dueños de Factop al ex subsecretario de Pesca de la primera administración Bachelet, Pablo Berazaluce. También depósitos millonarios de Alexis Yáñez, un operador ligado al PPD y socio del tío de Natalia Compagnon, imputado en un caso de corrupción, que decía ser un lobbista PS.
La decisión de suspender y abrir cuaderno de remoción en contra de la magistrada que adoptó el pleno del máximo tribunal, reordenó también el mapa político. El oficialismo busca acusar constitucionalmente a Vivanco y Jean Pierre Matus. La derecha propone su apoyo, pero incluyendo a Sergio Muñoz. Todo recién comienza en la peor crisis judicial gracias a los mensajes no borrados de una aplicación.
La decisión fue adoptada por el persecutor Centro Norte Francisco Ledezma. Incluye comunicaciones entre el 17 de junio de 2020 al 1 de marzo de 2023 que vinculan a dos ex directores de la PDI: Héctor Espinosa, formalizado por lavado de dinero y malversación y su colega Sergio Muñoz, por violación de secreto. Espinosa y Martorell fueron representados por Hermosilla. Esta es la historia.
Dos ex jefes del área de sistemas manipularon un software que transfiere de manera masiva plata a las cuentas. De no ser porque uno de ellos se autodenunció, el banco no se habría enterado. En esta historia confluyen una investigación confidencial, el dueño de una empresa que prestaba servicios al banco, una ciudadana colombiana, 15 sociedades por donde se blanqueó el dinero y reuniones secretas en Huechuraba.
De esta manera, Musante se convierte en una nueva recurrente en representación de la Cámara, en un caso de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial y al abogado Luis Hermosilla, pero en una arista de la Fiscalía Centro Norte
El concurso tuvo algunas particularidades: se tramitó en forma secreta y no se respondieron preguntas de las empresas participantes, lo que provocó molestia e incertidumbre en el mercado. De todos modos, el sistema seguirá funcionando con la actual administradora, la gigante estadounidense Track Group.
La decisión del tribunal afecta además a la abogada Leonarda Villalobos y a su marido Luis Angulo, a nueve meses de que se conociera el audio revelado por Ciper, en el cual Hermosilla hablaba de coimear a funcionarios públicos.
La decisión que afecta a la titular del Séptimo Juzgado de Garantía, Carla Capello, fue adoptada ayer en el Pleno del tribunal de alzada capitalino. Si bien la conducta de la magistrada fue abordada “sin pasiones”, lo cierto es que el video que circuló en las redes que la muestra junto a un hombre tapado con la capucha de un “canguro” apropiándose de pedruscos de hermoseamiento, es calificada como “impresentable”.
El abogado Juan Pablo Hermosilla buscó derribar los antecedentes entregados por el Ministerio Público, asegurando que detrás de la parafernalia mediática, hay poco sustento legal. Esto, en primera instancia, para evitar la prisión preventiva de su hermano.
El caso que involucra a la magistrada del Séptimo Juzgado de Garantía, Carla Capello, podría ser analizado hoy en el ampliado de ministros del tribunal de alzada capitalino. Esto luego que el fin de semana se viralizó un video que la muestra junto a un sujeto apropiándose de piedras para el hermoseamiento de la comuna de Colina.
En el libelo al que accedió Interferencia, el organismo agregó a Daniel Sauer como autor de delitos reiterados de soborno, al igual que el abogado Luis Hermosilla, su colega Leonarda Villalobos y el marido de esta última Luis Angulo. También incluyó a dos funcionarios públicos por ilícitos de cohecho, pertenecientes a la Tesorería y el SII.
De acuerdo a sendos fallos, los postulantes quedaron fuera de competencia debido a la “impericia” de los encargados de las inscripciones en la web del Servel, descartando los problemas informáticos invocados por la tienda en sendas presentaciones.
La celebración de Piñera tras enterarse del golpe de Estado fue recordada por James S. Henry, un ex compañero de Harvard que escribió el recuerdo en un artículo para la revista Forbes. En paralelo, el propio Piñera contó que una vez pudo contactarse con Cecilia Morel tras el golpe, aprovechó la instancia para proponerle matrimonio.
El medio neerlandés Algemeen Dagblad (AD) reveló que Truus Kuijpers, haciéndose pasar por una monja, envió menores chilenos a Países Bajos sin el consentimiento de sus padres durante la dictadura. Su responsabilidad criminal ya no será investigada en Chile luego de fallecer el año pasado, según AD pudo confirmar.
El estudiante universitario fue secuestrado por la Fuerza Aérea de Maquehue. “Cuando veíamos a un mendigo en la calle lo mirábamos”, dice su hermano Hugo Curiñir. Fue el primer detenido desaparecido encontrado después de 17 años. Su otro hermano, Hernán, a través de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche, levantó un memorial dedicado a víctimas mapuche en el Parque Cautín en Temuco.
Desde que el jefe de Gobierno declaró “estamos en guerra”, 19 personas han perdido su vida y cinco de estas a manos de agentes del Estado. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía están investigando estos casos. Este fue el artículo de portada de Interferencia del miércoles 23 de octubre de 2019.
Este artículo fue publicado originalmente por Interferencia el 30 de mayo de 2021. Hoy decidimos reeditarlo por la vigencia de un nuevo conflicto en el Cercano Oriente. Las razones son múltiples y muchas de ellas se remontan a los albores de la civilización; otras, más recientes, mantienen en ascuas a una región que vive en permanentes dificultades.
Sión designa en hebreo a la colina de la parte noreste de Jerusalén donde se encontraba el templo de Salomón, símbolo de esta ciudad santa, y es expresión creada en 1886 por el austriaco Natam Bimbaun para caracterizar este movimiento que tenía como finalidad la reconstrucción de una patria nacional judía en Palestina.
Las primeras vertientes terroristas del siglo XX en el Medio Oriente provienen de los judíos quienes, antes de la formación del Estado de Israel, en 1948, utilizaron la violencia política de forma semejante a lo hecho por ETA en España o por el IRA en Irlanda, con el fin de lograr que el actual Estado de Israel fuera una realidad.
Este artículo corresponde a la serie “La guerra oculta”, publicada por la revista HOY en febrero de 1986. El trabajo, poco difundido, es una de las primeras investigaciones periodísticas que dieron algunas luces sobre la feroz represión a los disidentes que había impuesto la dictadura militar desde el golpe de septiembre de 1973.
El conflicto israelí-palestino se reavivó de nuevo el sábado 7 de octubre después de que Hamás lanzó una ofensiva sorpresa contra Israel. En represalia, el Estado hebreo ordenó el lunes 9 de octubre el "asedio total" de la Franja de Gaza, controlada por el movimiento islamista palestino. Se trata de un nuevo capítulo mortífero de un conflicto que remonta a mediados del siglo XX.
Una de las principales razones del terrorismo en el Medio Oriente tiene su punto de partida en el conflicto árabe-israelí y, en específico, entre palestinos y judíos.
