Hace unos días el presidente Gabriel Boric emplazó a las fuerzas oficialistas a lograr un acuerdo previo al plebiscito en aquellos puntos que consideran son perfectibles una vez aprobada la propuesta de nueva Constitución. 

“Estamos instando a que puedan tener conversaciones tanto intra-partido como inter-partidos para que podamos tener con mayor claridad los elementos, los escenarios, las acciones que debiera emprender el Gobierno en conjunto con el Congreso desde el día 5 de septiembre en adelante”, complemento el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson. 

De tal modo, la idea de 'aprobar para reformar' ha ido adquiriendo peso no solo en Socialismo Democrático, coalición conformada por partidos que fueron parte de la Concertación como el PS, PPD, PR y PL. Pero sigue siendo ahí, donde más se empuja esa agenda. 

Según dio a conocer Ex-Ante el pasado martes, los máximos dirigentes de cada uno de los partidos que componen Socialismo Democrático mantuvieron una reunión donde discutieron siete puntos centrales de la propuesta de nueva Constitución, que supuestamente incomodan y tienen efectos electorales negativos para el Aprueboo. Estos abordan temas como la plurinacionalidad, los sistemas de justicia, la reelección presidencial y... la eliminación del Senado. 

Justamente una de las modificaciones más estructurales que propone la nueva Constitución es la eliminación de esta institución y su reemplazo por la Cámara de las Regiones. De esta forma, se busca conformar un sistema legislativo que sostenga un bicameralismo asimétrico, donde la segunda Cámara no tenga las facultades de entorpecer y ralentizar el trabajo legislativo, como ocurre con el Senado y las 50 personas que lo conforman. 

Se trata además, de una institución impopular, conforme lo refrendan varias de las encuestas, por lo que es poco probable que su restitución tenga efectos electorales favorables para el Apruebo, más bien lo contrario.

Y es que históricamente se ha visto con recelo el amplio poder que concentra la llamada Cámara Alta, caracterizada además por el relativo mayor conservadurismo de los representantes que la componen. Actualmente, las fuerzas socialistas y de la ex Concertación mantienen sus cúpulas de poder en dicho espacio, en un contexto donde los sectores más conservadores se han visto derrotados en las elecciones recientes de representación popular.

Hace poco más de un año atrás, en las elecciones de convencionales, la Democracia Cristiana fue la gran perdedora de aquel selecto grupo luego de únicamente obtener un escaño. Mientras que el PPD corrió una suerte similar al obtener tres cupos. 

Por otro lado, el Colectivo Socialista sí logró concentrar más fuerzas y se mantuvo a lo largo del proceso con 16 integrantes, quienes junto a los 17 convencionales del Frente Amplio lograron conformar un importante bloque que le puso freno a las iniciativas más progresistas propuestas por los sectores independientes y de izquierda de la Convención. 

Meses después, en las elecciones parlamentarias, la situación se repitió y las colectividades más conservadoras de lo que fue la Concertación sufrieron una nueva derrota al reducir considerablemente su representatividad en el Congreso, pero logrando mantener sus filas en el Senado.

Convención y la eliminación del Senado: búsqueda de un nuevo sistema legislativo

Y con el pesar de aquel sector, la Convención parecía inclinarse por presentar un sistema legislativo unicameral, con la finalidad de eliminar el Senado y quitarle esas atribuciones exacerbadas que mantuvo durante las últimas décadas y que fueron clave en el bloqueo de solicitados proyectos de ley.

En el panorama posterior al estallido social y con un hervidero de demandas ignoradas por la clase política, la Convención planteó sus propuestas considerando la histórica desconfianza en las instituciones y la labor del poder legislativo. En consecuencia, se buscó constitucionalizar materias como la inapropiabilidad del agua, la protección de los glaciares, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos o la garantización del derecho a la educación, salud o vivienda. 

No obstante, tras fuertes presiones externas, donde personajes como Álvaro Elizalde (PS), Mariana Aylwin (DC) o Ximena Rincón (DC), además de una intensa presión mediática, se logró bloquear el acuerdo alcanzado en la Convención y esta se vio obligada a llegar a un nuevo consenso, mediado por los partidos más conservadores.

De esta forma, el texto constitucional terminó proponiendo un bicameralismo asimétrico, que de todas forma elimina el Senado pero lo reemplaza por la Cámara de las Regiones, que si bien no tiene las mismas facultades que la actual Cámara Alta, si mantuvo mucho del poder que sus actuales integrantes se niegan a perder. 

Dicho acuerdo obtuvo los ⅔ de los votos (103 votos) necesarios para su aprobación junto al resto de normas constitucionales que componen la propuesta de nueva Constitución. A pesar de aquello, los socialistas junto a Socialismo Democrático están apostando por llegar a un acuerdo previo para que en caso de triunfar el Apruebo, ambas Cámaras puedan realizar la reforma a la nueva Constitución que permita reponer el Senado, entre otras cosas.

Es que la propuesta constitucional que será sometida a un plebiscito el 4 de septiembre señala en su séptima norma transitoria que para reformar aquel aspecto de la Constitución el actual Congreso y Senado –que terminarán sus funciones en 2026– precisan de los ⅔ de aprobación para concretar el cambio. En caso de no obtener dicho quórum supramayoritario, la iniciativa reformadora tendría que ser sometida a un referéndum ratificatorio. 

Frente a ese panorama, tanto los socialistas como la DC y el resto de la ex Concertación están particularmente interesados en no tener que realizar dicho referéndum para reponer la existencia del Senado y en cambio esperan obtener con facilidad los ⅔. Esto es algo que no sería muy complejo de lograr, considerando la composición actual tanto del Congreso como del Senado, y de la magnitud de los intereses que intentan resguardar. 

El Senado es actualmente, en buena medida, visto como la coronación de carreras políticas exitosas de diputados y otras autoridades, que todavía ven en dicha corporación una fuente de prestigio y una trinchera de influencia deseable como fin de sus carreras. Es por eso que es altamente probable que diputados y senadores den el quórum para restituir esta institución. 

De no ser posible modificar estos aspectos del nuevo modelo que propone el texto constitucional, un grueso de la élite política quedaría excluida de seguir ocupando un espacio en el Poder Legislativo. Además, el margen de actuación se podría ver disminuído en vista de que la Cámara de las Regiones no posee exactamente las mismas atribuciones que sí tiene el Senado, disminuyendo de esta manera el poder que concentra la segunda Cámara. 

Hoy por hoy las conversaciones por alcanzar el pre acuerdo no han establecido una fecha límite en la cuál definirán la línea, pero el PS se ha mostrado inquieto por no alargar el diálogo, a lo que la DC y PPD le pusieron paños fríos. 

Por otro lado, el oficialismo se ha manifestado de acuerdo en sentarse a dialogar con los otros colectivos, pero han mostrado un matiz importante respecto de la avanzada concertacionista. 

Según planteó el ex convencional comunista Marcos Barraza a la prensa, el PC se inclinaría más por llegar a un acuerdo que permita aclarar aquellos puntos que generan dudas en la futura legislatura más que iniciar reformas a la Constitución. 

La DC y los 4/7: Rechazar para Reformar

Otro de los elementos que favorecen al Congreso, independiente del resultado del plebiscito del 4 de septiembre, son los quórum de reformas constitucionales con los que cuenta tanto la actual Constitución como la propuesta presentada por la Convención Constitucional. 

En ese sentido, hace pocas semanas fue aprobada en el parlamento la rebaja de los quórum supra mayoritarios con los que contaba la carta magna que hoy rige. De esa forma, se disminuyó la votación necesaria de 2/3 y 3/5 -dependiendo del capítulo a reformarse- a 4/7 en cualquier caso. 

La iniciativa, que fue presentada por los senadores Matías Walker (DC), Ximena Rincón (DC) y Pedro Araya, fue leída como una forma de allanar el camino hacía una ‘tercera vía’ que diera posibilidades de victoria al Rechazo, pues posibilitan con mayor facilidad alcanzar los votos necesarios para reformar. 

Tras su aprobación en ambas cámaras, la rebaja se tradujo en una disminución para aprobar reformas constitucionales en la Cámara de Diputados y Diputadas de 103 a 89 parlamentarios y en el caso del Senado, de 33 a 29 congresistas. 

De hecho, tras el despacho a Sala por la Comisión de Constitución el senador Walker calificó la medida como la ‘llave maestra’. “En caso de ganar el rechazo, esta reforma va a ser la llave maestra para los cambios futuros…Si este proyecto se aprueba antes del 4 de septiembre, la ciudadanía va a tener la certeza de que se va a poder habilitar un proceso constituyente y este proyecto es la llave maestra. Es un proyecto muy importante y es un día histórico”, sostuvo el senador. 

La actual Constitución, de ser aprobada, cuenta con el mismo quórum de 4/7 para reformarse. 

En ese sentido, el flanco que se abriría para el oficialismo de imponerse el Rechazo, es que tan solo cuentan con 67 diputados y 18 senadores, lo que de todos modos determina que para convocar una nueva Constitución sea necesario buscar los votos de la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente.