Contraloría General de la República
INTERFERENCIA accedió a la totalidad del chat donde funcionarios municipales y carabineros solicitaban a miembros del internado información clave para aplicar Aula Segura. Aparte del caso de Ana María Gajardo, los mensajes revelan el sometimiento de algunos directivos que fueron parte del sistema de delación a la policía y al alcalde Alessandri, la publicación de datos sensibles de alumnos de otros liceos y reportes de asambleas de apoderados.
Un oficio sobre la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), da cuenta que la entidad no tiene un Sistema de Registro de Comunidades Indígenas actualizado.
La Contraloría auditó la contratación de cinco establecimientos hoteleros por parte del servicio de salud de Aconcagua y Viña del Mar, encontrando graves irregularidades que incluso podrían constituir un enriquecimiento ilícito. Los contratos fueron firmados cuando el ex subsecretario Arturo Zúñiga estaba al mando de las residencias sanitarias.
En su declaración judicial realizada el pasado 14 de septiembre, y a la cual tuvo acceso INTERFERENCIA, el ex comandante en jefe del Ejército aseguró que todo lo que se hizo en el caso del Fondo de Ayuda Mutua (FAM) se “ajustaba a la legalidad”. La fiscalía indaga gastos irregulares por más de 3.500 millones de pesos para cubrir el desfalco de esa entidad privada de ahorro tipo “Cutufa”, que descontaba dinero a los militares a través de sus planillas de pago.
INTERFERENCIA accedió a distintas cuentas de electricidad correspondientes a la alcaldía de Cathy Barriga, constatando que al menos siete no se han pagado desde agosto y trece desde junio. Concejales de la comuna aseguraron que se llegó a un acuerdo con la empresa de luz para pagar lo adeudado en 36 meses, excediendo el periodo de la alcaldesa.
El ente de control también comprobó que ese municipio no registró en la contabilidad deudas por más de $1.900 millones, además de inconsistencias en la conciliación bancaria por más de $2 mil millones. A esto se suma la eventualidad de dudosas prácticas contables, lo cual tendría como fin comenzar los años sin hacerse cargo de estos déficit.
La entidad fiscalizadora confirmó que abrirá una investigación por presuntas irregularidades.
El alto mando habría recibido pagos por realizar labores de seguridad privada en las cuales ocupó a personal activo de Carabineros y autos institucionales para realizar trabajos de escolta, denuncia hecha a Contraloría por la diputada Cristina Girardi.
Jorge Bermúdez señaló que el documento fue entregado de manera gratuita por la empresa Alto Data Analytics a la Agencia Nacional, por lo que no se afectó la ley de compras públicas. Además, el organismo aseguró que no se afectó la ley de lobby en estos hechos ni tampoco menciona el rol que tuvo Quiñenco en esta trama, hecho revelado por INTERFERENCIA en enero de este año.
El viernes pasado se confirmó la renuncia del jefe de gabinete de Instituto de Previsión Social, Jorge Mardones, militante RN quien a través de la OTEC que tiene junto a su esposa ganó millones por capacitaciones relacionadas a fondos Pro Empleo, del Ministerio del Trabajo, tal como lo reveló INTERFERENCIA. Tres diputados solicitaron oficios a Contraloría y al Ministerio del Trabajo, para aclarar la relación de Mardones con estos fondos.
El ministerio realizó más de 900 viajes al exterior entre octubre del 2019 y junio de este año. Esto significó un gasto de más de $860 millones. Todas esas compras se concretaron a través de Mercado Público, plataforma que busca la “transparencia y probidad”. Sin embargo, existe falta de información en las adquisiciones de pasajes y una evidente preferencia a ciertos proveedores, los que han estado vinculados a investigaciones judiciales.
El organismo público multó a la multinacional Idemia por supuestamente incumplir el contrato e impedir el paso a cierto tipo de información interna. La empresa se negó por temas de confidencialidad. Todo en el marco de una investigación por falsificación de pasaportes y cédulas que investiga a ex funcionarios del Registro Civil.
Hernández es el suboficial en retiro que puso la denuncia que obligó a los altos oficiales activos que prestaban servicios remunerados en Mutucar a desvincularse de esta por percibir sobresueldos. Ahora arremete contra los ex generales directores para que devuelvan el dinero recibido durante estos años de doble militancia laboral.
Hace unos días la Fiscalía formalizó al suspendido militante de Revolución Democrática, Mariano Rosenzvaig. Según correos a los que accedió nuestro medio, el partido abordó este tema como algo propio, y ahora ante la judicialización se pusieron al margen.
Raymond Duch, académico británico que dirige el Centre For Experimental Social Sciences tanto en el Reino Unido como en Chile, creó una sociedad privada y vendió servicios del mismo centro de estudios al Sernac en octubre de 2019. Ante la consulta de INTERFERENCIA, Oxford señaló que había iniciado una investigación.
El terreno está ubicado en área de preservación ecológica, está calificado como sitio eriazo y desde que el empresario del fútbol lo adquirió en 2005 no se han cancelado el pago de este impuesto asociado a los bienes inmuebles.
Este empresario del fútbol dividió su terreno en Vitacura en 43 parcelas, antes de un proceso de invalidación de 2017. En este escenario, cedió a un asesor 4 lotes por $638 millones lo que permitió argumentar derechos adquiridos, pero luego de que la anulación de la subdivisión no prosperó, el precio cambió a $165 millones.
El Municipio de Providencia había pedido reconsiderar esta decisión, pero no tuvo suerte en vista del dictamen emitido este jueves 23 de abril por el órgano fiscalizador.
El ministro de Salud ha entregado datos que se contradicen con la evidencia internacional, y ha propuesto acciones que a las pocas horas son desechadas. También ha desoído propuestas del Colegio Médico. Todo indica que Mañalich es parte del problema, más que de la solución. ¿Llegó la hora de sacarlo para salvar vidas?
Fueron rechazados los recursos de protección de varias inmobiliarias en contra de la Contraloría General de la República, descartando un actuar arbitrario del organismo que declaró ilegales los permisos de edificación.
Patagon Land, ligada al hijo de Carlos Alberto Délano, certificó en 2015 varias subdivisiones de terrenos en una zona de preservación ecológica. Más actores del rubro lograron lo mismo en ese tiempo, sin ajustarse a derecho según dictaminó la Contraloría en 2017. Algunas de estas certificaciones se invalidaron; no así las del condominio Mirador Pie Andino. INTERFERENCIA detectó que en 2018 se vendieron dos terrenos allí señalando que levantaban un “proyecto inmobiliario”, prohibido para un área protegida.
Contraloría acreditó que Walker pernoctó en dependencias de Manuka cuando su ex gerente general estaba siendo juzgado por la muerte de miles de terneros. La autoridad reconoció el hecho, aduciendo el principio de eficiencia para aceptar la invitación, pues no habría hoteles a la redonda, pero el ente contralor demostró lo contrario.
Después del despertar social chileno, el gobierno intenta retomar la normalidad legislativa. En esto, la ministra de Educación utilizó uno de sus recursos digitales habituales: enviar correos masivos usando las bases de datos del Mineduc, acto similar que en septiembre pasado fue cuestionado por Contraloría.
El legislador del PC Hugo Gutiérrez pidió al órgano fiscalizador que se pronuncie sobre la legalidad que existió cuando la concejala Francisca Cruzat –actual directora de asuntos internacionales de Corfo– aprobó en 2018 el presupuesto de la comuna que incluía recursos para la empresa Instagis, donde ella trabajaba entonces.
Juan José Domínguez -quien llegó a ese cargo en julio de 2017- se ha reunido bajo ley de lobby durante su periodo con representantes de Aguas Nuevas S.A., la empresa que a través de cuatro filiales opera en cinco regiones del país, y cuyo directorio ya lo integraba en esa época el hermano de su padre, Vicente Domínguez Vial.
Scott Libert, dueño de Kauai Labs de Estados Unidos, desistió repentinamente de emprender acciones legales en contra de los hijos del Presidente por usar el mismo nombre y giro de su empresa. “Fue un malentendido”, aseguró. Todo indica que llegó a un acuerdo privado con los chilenos, cuyo contenido se desconoce.
El órgano fiscalizador emitió hace unas semanas un informe que revela una serie de irregularidades que se cometieron por el municipio al permitir desarrollos inmobiliarios. El edil enfrenta un fuerte rechazo por parte del grupo Salvemos Lo Barnechea, el que lo acusa de ser un “facilitador del negocio inmobiliario”.
La semana pasada la Inmobiliaria Placilla presentó un requerimiento ante ese tribunal para anular un dictamen de Contraloría que ordenaba paralizar las obras en Estación Central.
Un decreto de Pinochet de 1975 le ha permitido, hasta hoy, al Ejército enajenar propiedades fiscales, realizando lucrativos negocios inmobiliarios. Pese a un pronunciamiento de la Contraloría en 1998, que anuló ese decreto, la institución continúa con la práctica. Ahora está negociando con terrenos premium en el sector oriente de Santiago.
A raíz de la crisis interna que provocó su quiebre con la subcontralora, el jefe del organismo fiscalizador del Estado ha buscado respaldos en la masonería y en el propio gobierno para mantenerse en el cargo. El mundo político -de izquierda y derecha- está feliz con esta situación: nada mejor que tener a un Contralor debiendo favores.
