Contraloría General de la República
Raymond Duch, académico británico que dirige el Centre For Experimental Social Sciences tanto en el Reino Unido como en Chile, creó una sociedad privada y vendió servicios del mismo centro de estudios al Sernac en octubre de 2019. Ante la consulta de INTERFERENCIA, Oxford señaló que había iniciado una investigación.
El terreno está ubicado en área de preservación ecológica, está calificado como sitio eriazo y desde que el empresario del fútbol lo adquirió en 2005 no se han cancelado el pago de este impuesto asociado a los bienes inmuebles.
Este empresario del fútbol dividió su terreno en Vitacura en 43 parcelas, antes de un proceso de invalidación de 2017. En este escenario, cedió a un asesor 4 lotes por $638 millones lo que permitió argumentar derechos adquiridos, pero luego de que la anulación de la subdivisión no prosperó, el precio cambió a $165 millones.
El Municipio de Providencia había pedido reconsiderar esta decisión, pero no tuvo suerte en vista del dictamen emitido este jueves 23 de abril por el órgano fiscalizador.
El ministro de Salud ha entregado datos que se contradicen con la evidencia internacional, y ha propuesto acciones que a las pocas horas son desechadas. También ha desoído propuestas del Colegio Médico. Todo indica que Mañalich es parte del problema, más que de la solución. ¿Llegó la hora de sacarlo para salvar vidas?
Fueron rechazados los recursos de protección de varias inmobiliarias en contra de la Contraloría General de la República, descartando un actuar arbitrario del organismo que declaró ilegales los permisos de edificación.
Patagon Land, ligada al hijo de Carlos Alberto Délano, certificó en 2015 varias subdivisiones de terrenos en una zona de preservación ecológica. Más actores del rubro lograron lo mismo en ese tiempo, sin ajustarse a derecho según dictaminó la Contraloría en 2017. Algunas de estas certificaciones se invalidaron; no así las del condominio Mirador Pie Andino. INTERFERENCIA detectó que en 2018 se vendieron dos terrenos allí señalando que levantaban un “proyecto inmobiliario”, prohibido para un área protegida.
Contraloría acreditó que Walker pernoctó en dependencias de Manuka cuando su ex gerente general estaba siendo juzgado por la muerte de miles de terneros. La autoridad reconoció el hecho, aduciendo el principio de eficiencia para aceptar la invitación, pues no habría hoteles a la redonda, pero el ente contralor demostró lo contrario.
Después del despertar social chileno, el gobierno intenta retomar la normalidad legislativa. En esto, la ministra de Educación utilizó uno de sus recursos digitales habituales: enviar correos masivos usando las bases de datos del Mineduc, acto similar que en septiembre pasado fue cuestionado por Contraloría.
El legislador del PC Hugo Gutiérrez pidió al órgano fiscalizador que se pronuncie sobre la legalidad que existió cuando la concejala Francisca Cruzat –actual directora de asuntos internacionales de Corfo– aprobó en 2018 el presupuesto de la comuna que incluía recursos para la empresa Instagis, donde ella trabajaba entonces.
Juan José Domínguez -quien llegó a ese cargo en julio de 2017- se ha reunido bajo ley de lobby durante su periodo con representantes de Aguas Nuevas S.A., la empresa que a través de cuatro filiales opera en cinco regiones del país, y cuyo directorio ya lo integraba en esa época el hermano de su padre, Vicente Domínguez Vial.
Scott Libert, dueño de Kauai Labs de Estados Unidos, desistió repentinamente de emprender acciones legales en contra de los hijos del Presidente por usar el mismo nombre y giro de su empresa. “Fue un malentendido”, aseguró. Todo indica que llegó a un acuerdo privado con los chilenos, cuyo contenido se desconoce.
El órgano fiscalizador emitió hace unas semanas un informe que revela una serie de irregularidades que se cometieron por el municipio al permitir desarrollos inmobiliarios. El edil enfrenta un fuerte rechazo por parte del grupo Salvemos Lo Barnechea, el que lo acusa de ser un “facilitador del negocio inmobiliario”.
La semana pasada la Inmobiliaria Placilla presentó un requerimiento ante ese tribunal para anular un dictamen de Contraloría que ordenaba paralizar las obras en Estación Central.
Un decreto de Pinochet de 1975 le ha permitido, hasta hoy, al Ejército enajenar propiedades fiscales, realizando lucrativos negocios inmobiliarios. Pese a un pronunciamiento de la Contraloría en 1998, que anuló ese decreto, la institución continúa con la práctica. Ahora está negociando con terrenos premium en el sector oriente de Santiago.
A raíz de la crisis interna que provocó su quiebre con la subcontralora, el jefe del organismo fiscalizador del Estado ha buscado respaldos en la masonería y en el propio gobierno para mantenerse en el cargo. El mundo político -de izquierda y derecha- está feliz con esta situación: nada mejor que tener a un Contralor debiendo favores.
Un fallo del 2º Juzgado de Letras del Trabajo condenó a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación a pagar 36 millones de pesos a Osvaldo Garay, ex Contralor de esa casa de estudios. El tribunal consideró que su remoción fue una represalia debido a la participación que tuvo en la discusión de la Ley de universidades estatales realizada en el Senado el 8 de enero de 2018.
Scott Libert, CEO de Kauai Labs, está preocupado por el emprendimiento de los hijos del Presidente, ya que usan “nuestro mismo nombre y nuestro mismo giro”. Dice que en cuanto se enteró de la noticia de INTERFERENCIA, avisó a sus clientes en todo el mundo, y que no descarta interponer acciones legales contra la empresa chilena.
La comuna de descanso de la elite chilena está envuelta en un torbellino. Gustavo Alessandri parece sentirse traicionado y ha emprendido una cruzada de transparencia, "caiga quien caiga".
El escrito de los ediles busca que el órgano fiscalizador se pronuncie sobre la legalidad de los contratos suscritos entre el Municipio y la multinacional Veolia. Hace unas semanas, la Corte Suprema indicó que dichos vínculos estaban fuera de norma.
La acción se suma a la demanda interpuesta en su contra el fin de semana y a los cuestionamientos de consejeros de la Conadi ante la Contraloría. Pese a estar cercado en tres frentes, el gobierno y el afectado mantienen que todo está en orden.
Los trabajadores de los Astilleros de la Armada reclaman un bono por asignación de zona que dejaron de percibir en noviembre de 1995, mientras que la empresa se niega a reconocer el beneficio, argumentando en base a dictámenes de la Contraloría. La defensa de Asmar corre por cuenta del Consejo de Defensa del Estado, en un flanco que podría costarle miles de millones de pesos.
INTERFERENCIA accedió al documento que a fines del gobierno de Michelle Bachelet concedía 309,5 mil hectáreas al parque y que no fue considerado por Felipe Ward, actual ministro de Bienes Nacionales. Según Nivia Palma, la ex titular de la cartera, el asunto de fondo siempre fue la entrega o no de territorio para una minera australiana.
Con el fin de obtener los permisos para construir el relave minero más grande de Sudamérica, la empresa del Grupo Luksic manipuló estudios arqueológicos. Expertos afirman que se trata de la mayor pérdida de patrimonio precolombino en Chile, a pesar de que la compañía construyó un pequeño museo en que se alojan algunos objetos rescatados.
Osvaldo Garay, contralor interno de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, detectó y quiso poner atajo a una serie de irregularidades administrativas al interior del plantel durante 2017. En marzo de 2018, la junta directiva de la universidad lo sacó abruptamente del cargo, utilizando como argumento una carta de Ennio Vivaldi, en su calidad de presidente del Consorcio de Universidades del Estado. A la fecha, Contraloría ha emitido informes que respaldan las precauciones de Garay, desoídas por el rector Jaime Espinosa.
El alcalde está siendo acusado por notable abandono de deberes y falta a la probidad administrativa. Y pese a que fue absuelto en primera instancia, la demora del fallo en segunda genera creciente inquietud.
Esta asignación fiscal, que incluía chofer, bencina, pago de tag y mantención, estaba vigente en las Fuerzas Armadas y de Orden Público hasta comienzos de este año. Actualmente sólo permanecería en Carabineros.
Corte de Apelaciones rechazó recurso interpuesto por la entidad que dirige Osvaldo Macías, que se oponía a informar sobre la forma en que las AFP manejan los US$ 200 mil millones ahorrados por los trabajadores y trabajadoras del país. Con ello, será posible conocer en profundidad el destino de las llamadas comisiones fantasmas que se pagan a las AFP con dineros de los fondos de pensiones de los afiliados.
La entidad policial maneja cifras que no coinciden con las observadas por el órgano fiscalizador respecto del polémico beneficio por Asignación de Casa de 2016,. ¿Quién tiene razón?
El órgano fiscalizador está encima de la entidad policial desde el año pasado. Encontraron más de $5 mil millones en asignaciones de casas sin la documentación que justificara el gasto, además de otros montos que no correspondía entregar y que se deben reintegrar a las arcas fiscales. El asunto ahora enfrenta a funcionarios con el Alto Mando de la institución.
